El adiós a la UNASUR

 

El gobierno argentino denunció el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), por medio de una comunicación dirigida a la República de Ecuador en su calidad de depositaria y de una nota al Presidente pro tempore del organismo regional, el canciller boliviano Diego Pary Rodríguez. Según informó la cancillería argentina, la decisión “fue tomada en el marco de la crisis que aqueja a ese organismo, manifestada en la acefalía de la Secretaría General por más de dos años, así como una agenda con alto contenido ideológico y muy alejada de sus objetivos iniciales y el desorden administrativo que prevaleció en la organización en los últimos tiempos”.

La comunicación oficial señala que ese diagnóstico "es compartido por varios países de la región, algunos de los cuales, tal el caso de Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, también tomaron la decisión de retirarse de la Unión”. Para concluir, en una manifestación de verdadero cinismo político e intelectual, la cartera que comanda Jorge Faurie informa que el gobierno de Mauricio Macri, al adoptar esta decisión, “ratificó su vocación y voluntad integracionista” (https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-argentina-se-retira-de-la-unasur).

La decisión había sido anticipada en 2018, cuando nuestro país suspendió su participación en el organismo, pero el pasado 22 de marzo tomó verdadera densidad cuando los mandatarios de los gobiernos conservadores de la región se reunieron en Santiago de Chile para crear el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). Este espacio regional, creado por iniciativa de los presidentes de Colombia y de Chile, Iván Duque y Sebastián Piñera, se inscribe en un alineamiento automático y acrítico con la Casa Blanca, cuyo principal objetivo es el cambio de eje geopolítico en la región en línea con la confrontación creciente del gobierno de Donald Trump con la República Popular China. En lo estrictamente referido a la región suramericana, la meta inmediata de PROSUR –según se desprende de las declaraciones y acciones de los funcionarios de los gobiernos que lo componen– es la búsqueda del desplazamiento de Nicolás Maduro del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Según los motivos expuestos en la comunicación oficial, el gobierno de Macri se explaya sobre la crisis de la UNASUR como un simple comentarista de una realidad que, sin embargo, contribuyó a forjar con su desidia. De este modo, reproduce la lógica que lo orienta cuando, en el plano doméstico, comunica sus medidas con spots para las redes sociales que exhiben a un Presidente apesadumbrado por una crisis económica y social autoinfligida. Lo cierto es que la política exterior impulsada por el gobierno de Macri desde su asunción en diciembre de 2015 ha abonado sistemáticamente la destrucción de la UNASUR. El desplome del organismo es el resultado natural de un conjunto de iniciativas que lo han llevado a su actual estado de postración. Entre otras decisiones del gobierno argentino, cabe señalar el impulso al denominado Grupo de Lima a partir de agosto de 2017 con el fin de aislar al gobierno de Venezuela; la incompetente presidencia pro tempore desempeñada entre 2017 y 2018, período en el que Buenos Aires no fue capaz de citar una sola cumbre de primeros mandatarios, de ministros de Relaciones Exteriores o de ministros de Defensa; y la decisión de suspender la participación en el bloque justo en el momento en que la presidencia rotativa era asumida por Bolivia.

En efecto, se buscó deliberadamente asestar un golpe de gracia a una instancia de diálogo y concertación que se probó muy valiosa en momentos críticos de la región. Cabe recordar, entre otras intervenciones, su papel en la crisis política de Bolivia en 2008, cuando fue clave para frenar los intentos secesionistas de un grupo de prefectos que intentó dar un golpe de Estado al Presidente Evo Morales; su defensa de la democracia y el orden constitucional durante el golpe militar contra el presidente Zelaya en Honduras en 2009; su reafirmación de la región como “zona de paz” en 2009 frente al anuncio del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, de ceder siete bases militares para su utilización por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses; su papel mediador ante la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela en 2010, que finalizó con la reanudación del vínculo diplomático y la suscripción de un mecanismo de cooperación para abordar problemáticas fronterizas; y su firme condena al intento de golpe de Estado y secuestro del Presidente ecuatoriano Rafael Correa en el Hospital de la Policía Nacional en 2010, que incluyó un viaje de los cancilleres de la región en respaldo al mandatario.

En este contexto, caben dos reflexiones de orden estratégico. En primer lugar, abandonar la UNASUR implica reconocer sin pudor que las decisiones argentinas en materia de política exterior y de seguridad internacional se toman en la embajada de los Estados Unidos, del mismo modo que las disposiciones económicas las adopta el Fondo Monetario Internacional (FMI). La administración Macri es una simple “correa de transmisión”, carente de toda capacidad para visualizar dónde reside el interés nacional. Debilitar hasta el extremo a la UNASUR significó ponerse en manos de las instancias hemisféricas que comanda Washington, prescindiendo de la creación progresiva de espacios e instrumentos regionales de acción propios que reduzcan, excluyan o prevengan la injerencia de actores extrarregionales.

A los pensadores estratégicos de la Argentina les hubiera convenido leer con atención el excelente libro Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy, publicado hace una década y media por el profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard.  Académico de la conservadora corriente realista de las relaciones internacionales, Walt enumera las estrategias exitosas desplegadas por Estados de segundo o tercer orden en el mundo posterior a los atentados terroristas de septiembre de 2001. Entre ellas, menciona el soft balancing (equilibrio suave): “Los Estados están comenzando a unir fuerzas de maneras más sutiles (…) Más que conformando alianzas anti-norteamericanas, los países están apelando al soft balancing: coordinan sus posiciones diplomáticas para oponerse a la política estadounidense y obtienen así mayor influencia juntos. Para citar sólo algunos casos: Francia, Alemania y Rusia persiguieron una estrategia unificada que evitó que Estados Unidos obtuviera la autorización del Consejo de Seguridad para invadir Irak. A la vez, esta acción permitió que Estados como México y Chile se resistieran también a las presiones estadounidenses (…) Más allá del caso europeo, la oposición conjunta de los países latinoamericanos ha limitado los esfuerzos de la Administración Bush por presionar al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela; ha frustrado los intentos estadounidenses de imponer al nuevo Secretario General de la OEA; y ha bloqueado la propuesta de los Estados Unidos de crear un panel revisor de la democracia dentro del marco de la OEA”.[1]

La UNASUR constituía, efectivamente, un organismo diseñado bajo la lógica del “equilibrio suave”. No apuntaba a alterar la distribución global del poder (dado que la unipolaridad estratégico-militar norteamericana en el hemisferio es un factor estructural), pero buscaba alcanzar pequeñas modificaciones a través de una restricción limitada al accionar de Washington. La clave en un esquema de este tipo es la cooperación y la coordinación diplomática con otros Estados con intereses similares. La ventaja residía en la búsqueda de “soluciones sudamericanas” a los “problemas sudamericanos”, evitando los defectos históricos que ha arrastrado el centralismo de Washington en su abordaje de los conflictos de la región. La ausencia de una instancia de este tipo será cubierta, indefectiblemente, por la mirada pro-consular de los Estados Unidos.

Durante algún tiempo, muchos analistas hemos intentado detectar similitudes entre la política exterior actual y el paradigma de la “aquiescencia pragmática” desplegado en la década de 1990 por el gobierno del peronista Carlos Menem; y continuado por el del radical Fernando de la Rúa a principios de los años 2000.[2] Pero la insustancialidad de la política internacional del gobierno de Macri supera con creces todo lo conocido. Aun en disidencia con aquellas premisas que orientaron la inserción internacional de la Argentina en los años post Guerra Fría, sin duda existían tras aquellos posicionamientos argumentos más debatibles y bases teóricas más sólidas ligadas a un mundo en transición. Un abismo intelectual separa a Guido Di Tella de Jorge Faurie, a Jorge Castro de Fulvio Pompeo o a Oscar Camilión de Oscar Aguad.

El gobierno de Macri se esfuerza por insertarse en un mundo que ya no existe. La falta de sofisticación para comprender los cambios internacionales y la cerrazón ideológica lo han llevado a abrir indiscriminadamente el mercado a las importaciones con consecuencias gravosas para la industria o a flexibilizar al extremo el ingreso de capitales especulativos generando una monumental crisis cambiaria. A diferencia de la década de 1990, estamos ante un mundo proteccionista, conflictivo y de fronteras cerradas. El mundo de las guerras comerciales entre Washington y Beijing y de la reverberación de los conflictos militares convencionales y de las pujas por el ciberespacio. Poco y nada quedó del “fin de la historia” de Fukuyama y del engagement plus enlargement preconizado por Bill Clinton. Aplicar recetas propias de una etapa de fronteras sin límites y globalización sin inhibiciones nos ha llevado a la catástrofe actual. El gobierno de Macri aplica fórmulas extemporáneas, que además se han probado fracasadas en contextos mucho más amigables que el actual.

El abandono de la UNASUR es una muestra más de la incomprensión macrista del escenario internacional. Una expresión adicional de una política exterior sin rumbo en un país enfilado hacia el abismo.

 

 

 

*Profesor e Investigador (UBA, UNQ, UNSAM). Ex Director General de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.

 

 

 

[1] Walt, S. (2005). Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy, Nueva York: W.W. Norton, p. 113.

[2] Según Roberto Russell y Juan Tokatlian, las premisas de este paradigma eran : i) El plegamiento a los intereses políticos y estratégicos de los Estados Unidos, tanto globales como regionales; ii) La definición del interés nacional en términos económicos; iii) La participación activa en la creación de regímenes internacionales en sintonía con la posición de los países occidentales desarrollados, particularmente en el área de seguridad; iv) El apoyo a la integración económica en el marco del regionalismo abierto; v) La ejecución de una estrategia de desarrollo económico en torno a los lineamientos emanados desde Washington para los países periféricos; vi) La confianza en que las fuerzas del mercado más que el Estado asegurarán una exitosa inserción internacional para la Argentina; y vii) La aceptación de las reglas básicas del orden económico y financiero internacional. Ver Russell, R. y Tokatlian, J. G. (2003). El lugar de Brasil en la política exterior argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 46-47

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