El acuerdo con el FMI

 

Hemos sostenido en varios artículos publicados en este medio que la deuda contraída por el gobierno macrista en el 2018 es ilegal y constituye, en consecuencia, un acto de nulidad absoluta, por cuanto ninguna de las partes —ni la República Argentina ni el FMI— ha cumplido con los requisitos formales y de razonabilidad.

No hubo intervención alguna del Congreso de la Nación en la negociación y aprobación del acuerdo. Conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional, son atribuciones del Congreso: “4) Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 7) Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 22) Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”.

Los partidarios del endeudamiento han argumentado que la ley de administración financiera otorga al Poder Ejecutivo la potestad de tomar deuda con organismos multilaterales de crédito sin acuerdo del Congreso de la Nación. Pero este argumento es falaz por dos razones fundamentales: 1) El monto de la deuda contraída en virtud del acuerdo del Ejecutivo macrista alcanzaba una dimensión equivalente a casi el 50 % del presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación para el año 2018. 2) Independientemente del monto, cualquier toma de deuda implica una modificación del presupuesto, excediendo la flexibilidad otorgada al Poder Ejecutivo en la administración presupuestaria.

El endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional careció de toda razonabilidad; ya que no tuvo como finalidad cubrir necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni paliar el déficit fiscal. Por el contrario, fue destinado a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

También el FMI ha violado su Convenio Constitutivo. El artículo VI de este dice: "Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital".

El FMI realizó una auditoría interna sobre el crédito otorgado y reconoció que se trataba de un tipo excepcional de acuerdo, equivalente a alrededor de un 1.110 % de la cuota de nuestro país en el Fondo, pero no adoptó medida alguna contra los funcionarios responsables del otorgamiento y se negó a modificar las condiciones más desfavorables para nuestro país, tales como las sobretasas de interés.

El volumen del crédito y la forma de pago convenida tuvo por supuesto un objetivo político coyuntural: contribuir a la reelección de Mauricio Macri en el 2019, indudablemente frustrado. Pero hubo un objetivo estratégico concertado entre dicho gobierno antinacional y el Fondo Monetario Internacional: el avasallamiento de la soberanía del país, sometiéndolo a un férreo control de la dirección de la economía, que se traduce en el ejercicio de un poder de veto sobre las decisiones del Estado.

De todo ello concluimos que la contratación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional constituye un acto ilegal y viciado de nulidad.

 

 

 

Condiciones desfavorables del acuerdo de refinanciación.

Cabe recordar que el 4 de marzo de 2022 el gobierno envió al Congreso el proyecto de aprobación —en los términos del artículo 2° de la ley 27.612— del Programa de Facilidades Extendidas a fin de refinanciar la deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al acuerdo stand-by suscripto en el año 2018.

El acuerdo de facilidades extendidas realizado con el FMI constituye en realidad un refinanciamiento de la deuda de 44.500 millones de dólares tomada por el gobierno macrista, que incluye diez revisiones a cumplirse trimestralmente durante dos años y medio, con desembolsos del Fondo que se efectuarán luego de completarse cada revisión. Con un plazo de gracia de cuatro años y medio, la deuda se comenzará a pagar desde el 2026 hasta el 2034.

Los condicionamientos impuestos por el FMI aprobados por la mayoría del Congreso de la Nación comprometen las posibilidades de desarrollo de nuestro país y la recuperación de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo.

Los lineamientos del llamado Memorando de Políticas Económicas y Financieras contribuyen a consolidar las relaciones económicas y sociales favorables a los sectores más concentrados del poder económico.

 

 

Menor crecimiento

En primer lugar, en virtud del acuerdo, el gobierno nacional se compromete a disminuir el crecimiento económico del país.

El punto 10 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras determina: “Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PIB (Producto Bruto Interno) crezca 3 ½ %-4 ½ % en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1 ¾ %-2 ¼ % a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales”. El cuadro de proyecciones macroeconómicas que sigue en el memorando muestra que nuestro país tuvo un crecimiento del 10,2 % en 2021, y proyecta crecer entre 3,5 % - 4,5 % en 2022, 2,5 % - 3,5 % en 2023 y 2,5 % - 3 % en 2024.

De estos términos del acuerdo se desprende que uno de los condicionamientos impuestos por el Fondo es que —a mediano plazo— el país disminuya su crecimiento a 1 ¾ % y 2 ¼ %, notoriamente inferior al alcanzado en el 2021 y 2022.

Ya a fines de 2021, ante la posibilidad de que el crecimiento se elevara a un 10 u 11 %, superando el previsto en el presupuesto (8 %), el Fondo había manifestado su preocupación, advirtiendo que aquel no debería superar el 2,5 % anual.

¿Cuáles son las razones que preocupan al organismo? Que uno mayor determina el incremento de las importaciones, en desmedro de la acumulación de reservas y el avance en la reducción del déficit fiscal.

En otras palabras, el crecimiento económico necesario para la recuperación del país —para una creciente sustitución de importaciones, para una mayor ocupación y la disminución de la pobreza— debería sacrificarse en aras de fortalecer la capacidad de repago de la deuda contraída.

 

 

 

El duro camino hacia el déficit cero

La Argentina se compromete en el Memorando, en lo que respecta a “Política fiscal y de financiamiento” a “continuar saneando las finanzas públicas de una manera favorable para el crecimiento y en forma coherente con la sostenibilidad de la deuda”.

Se fija como meta un déficit primario de 2,5 % en 2022, que se reducirá a un 1,9 % del PIB en 2023 y a 0,9 % en 2024. Dice que “el sendero fiscal previsto se financiará principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”. El memorándum adjunto al proyecto que ingresó al Congreso determina que “si los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómica”.

En síntesis, el acuerdo demuestra que el gobierno nacional ha aceptado uno de los paradigmas de la teología neoliberal: es necesario alcanzar el objetivo del superávit fiscal para atender los compromisos del Estado relativos a su deuda externa y el acceso a los mercados.

Pero para seguir por el sendero fijado hasta alcanzar el superávit fiscal —sin que sea posible utilizar el recurso de la emisión monetaria— se debería apelar a un nuevo endeudamiento, lo que implicaría agravar aún más la dependencia del país con los organismos de crédito internacionales.

El reciente “acuerdo de flexibilización” del gobierno nacional con el FMI admite una reducción de la meta de acumulación de reservas exigida, reconociendo la incidencia de la sequía que provocaría una pérdida en las exportaciones cercana a los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, cabe destacar que la meta de la reducción del déficit fiscal al 1,9 % en el corriente año se mantiene sin modificación alguna.

La drástica reducción del déficit fiscal exigida por el Fondo y pactada en el acuerdo de refinanciación implica la disminución del gasto público, fundamentalmente el destinado a los fines sociales del Estado.

 

 

Reducción de los subsidios energéticos

Se acordó un plan de reducción de los subsidios energéticos, y una segmentación de estos que conduciría a su total eliminación a partir del 1 de junio de 2023 para el 10 % de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. Para los usuarios beneficiarios de la tarifa social, los aumentos de tarifas fueron en el 2022 equivalentes al 40 % del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; y para el resto, la revisión de las tarifas fue equivalente al 80 % de dicho coeficiente.

Desconocemos hasta la fecha cómo se compone la estructura de costos por la generación, transporte y distribución de energía.

Ahora bien; el cumplimiento de estos objetivos no contribuye a disminuir la inflación, sino —por el contrario— a aumentarla.

La Argentina viene cumpliendo estrictamente con todo lo explicitado en el acuerdo de refinanciación, superando satisfactoriamente las sucesivas revisiones realizadas por los funcionarios del Fondo. Ha sobrecumplido la meta del déficit primario (del 2,5 % previsto al 2,4 %), ha cumplido con el objetivo de la restricción de la emisión monetaria, también con la reducción de los subsidios energéticos.

No obstante ello, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la inflación se elevó en febrero al 6,6 %, superando todas las peores expectativas de analistas y consultoras privadas. La variación interanual del índice de precios al consumidor ha alcanzado el 102,5 %; y el índice acumulado del primer bimestre de 2023 es del 13,1 %.

Se confirma la tendencia ascendente de los precios y pocos observadores destacan que el mayor aumento registrado, según las estadísticas del INDEC, es el de los precios de alimentos y bebidas: 9,8 %; y que ello se debe a la incidencia del alza de la carne, la leche y sus derivados.

Tampoco parece sorprender a los economistas del establishment que el segundo factor de importancia sea el aumento de los precios de la comunicación: 7,8 % (servicios de telefonía e internet).

El informe del Observatorio de Precios de la provincia de Santa Fe muestra una variación porcentual en el aumento de precios de los alimentos en el mes de febrero considerablemente superior a las que registra el INDEC: un 16,56 %.

Nada tienen que ver con estos aumentos el déficit fiscal, ni la emisión monetaria, ni los salarios de los trabajadores. Sí los sobreprecios en las cadenas de comercialización, sobre las que no existe ningún control estatal. Los “Precios Cuidados” son un instrumento insuficiente, ya que dependen de la voluntad de las empresas de acceder al sistema, solo alcanzan al último eslabón de la cadena y no llegan a todo el país.

 

 

Efectos sobre los ingresos de los sectores populares

El avance de la inflación —que implica un incremento aún mayor de los beneficios del capital— se traduce en una disminución de los ingresos de los trabajadores, jubilados y demás sectores populares.

El gobierno no ha accedido al reclamo de una parte importante del movimiento sindical de un aumento de suma fija de las remuneraciones y prestaciones previsionales.

El argumento de que los salarios se discuten en las paritarias para justificar la negativa a emitir un decreto que así lo disponga, también compartido por integrantes de la dirección de la CGT, no nos parece razonable. Los incrementos salariales determinados por las discusiones paritarias se hacen efectivos después de conocido el índice de precios, sin llegar a superarlos porque no hay retroactividad. Este deterioro tiene una estrecha relación no solo con el avance inflacionario registrado, sino con los procesos de devaluación cambiaria (oficiales e ilegales) y los constantes aumentos de precios de los grupos económicos concentrados. Las futuras paritarias vendrían a reparar los efectos de la inflación con aumentos que se pagarán en cuotas mensuales y, en dicho período, la inflación producirá nuevas desvalorizaciones de los salarios.

Por otra parte, las mejoras que puedan obtenerse a través de las paritarias solo beneficiarán a un porcentaje de la fuerza de trabajo que no llega al 40 % del total de la fuerza de trabajo ocupada. El resto de la clase trabajadora, sumergida en la precariedad, los jubilados y pensionados quedan excluidos de estos aumentos.

La desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza ha venido creciendo con la elevada concentración del capital. Este proceso de concentración impacta sobre el trabajo remunerado (registrado o no registrado), el trabajo precario y las riquezas naturales, deteriorando el medio ambiente.

No existen dudas acerca del crecimiento de la economía desde el 2021, pero solo se han acrecentado las ganancias de las empresas, mientras la creciente inflación potencia la concentración y desigualdad de ingresos, erosiona los salarios y las prestaciones sociales.

Decía un economista alemán neoliberal, W. Eucken: “La actividad económico-política del Estado debe estar encaminada a respaldar las formas existentes de organización de la economía, pero no a dirigir el proceso económico”.

La libertad de los mercados solo beneficia la concentración y centralización del capital y, con ellas, el aumento incesante de los precios, que garantiza las superganancias de las empresas y la grave situación socio-económica de los sectores populares.

Es esta cuestión la que está en juego hoy en nuestro país: si la economía va a ser dirigida por los grupos concentrados, siendo el Estado un simple agente de sus intereses, o a través de la dirección estatal de los resortes fundamentales de la economía.

El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional afecta las posibilidades de la reconstrucción del país, su re-industrialización e independencia económica, además, los crecientes desembolsos determinados para los próximos años son de cumplimiento imposible.

Por ello es necesario conocer el estado de la causa y exigir la continuidad efectiva de la querella contra los responsables de este iniciada por decreto N.º 239 del 8 de abril de 2021 contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Andrés Caputo —en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central— y de Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del Banco Central.

La querella se funda en que los fondos otorgados por el Fondo fueron destinados a “solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado argentino y de todo el pueblo de la Nación”; y que los denunciados “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas”.

El voto mayoritario del Congreso —cabe destacar la numerosa cantidad de votos negativos— no implica convalidar el carácter delictivo y la nulidad absoluta del endeudamiento contraído por el gobierno de Mauricio Macri en el 2018; se trata de una deuda odiosa en los términos del derecho internacional; y, por lo tanto, sería legítima la renegociación total del acuerdo o, en su defecto, el repudio de este.

 

 

 

 

 

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