El abrazo del oso

 

Tras el arreglo con los acreedores privados, la turbulencia de la deuda se trasladó a la negociación con el FMI, cuya delegación llegó al país en visita informal la semana pasada. Tras haber respaldado al gobierno en la negociación, el siempre “nuevo” Fondo llega fortalecido.

 

“Aún más” no

Kristalina Georgieva, titular del organismo, señaló en una entrevista que “hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores. Así que no venimos con la idea de ajustar aún más el gasto en estos tiempos". Es imposible dejar de enfatizar el “aún más” de su alocución.

Es que la misión llega en un momento difícil. La pobreza alcanza a dos de cada 5 personas, y la tasa de desempleo supera el 13%, a pesar de que más de 2 millones de personas dejaron de estar activas para pasar a la inactividad (por lo que no se miden como desocupadas). Si bien gran parte de esta debacle social está heredada de Cambiemos e intensificada por el estallido de la crisis mundial vinculada al Covid-19, el gobierno no acierta a enderezar la economía según sus propias promesas.

El impuesto a la riqueza sigue demorando su aparición. Mientras, las paritarias estatales pierden una vez más contra la inflación, ya no solo pasada, sino presente y todo indica que también futura. A pesar de que la caída del PBI en 2020 se asemeja a la de 2002, el presupuesto 2021 espera una recuperación menos dinámica que en 2003, lo que implica menor creación de empleo. Aún así se retiraría la política social vinculada a la pandemia (IFE). La expectativa está puesta en la inversión pública (construcción) y las exportaciones, ramas que se caracterizan por la elevada participación masculina. En el caso de las exportaciones, están además centradas en productos primarios, bajo control de un puñado de empresas con mayor presencia extranjera. El gasto público caería en términos reales, para buscar reducir el déficit. Los pagos de intereses, aunque menores a los de 2019, aún se llevarían el 1,5% del PBI. El IVA ganaría peso en la recaudación, mientras que caen los ingresos por impuesto a las ganancias.

Todo esto sigue a pie juntillas las recomendaciones más recientes del Fondo. Ajustar, pero no tan velozmente como para liquidar una posible recuperación. Aprovechar para ello la inversión pública. Retirar políticas sociales, pero sin poner en juego la gobernabilidad. Abrir la economía, garantizar la continuidad de la deuda. Con los deberes ya en marcha, la misión del FMI parece encontrarse en terreno amigable.

Con todo, el programa concreto que se acordará no está claro, ni lo estará antes de estar. La negociación no está en nuevos fondos, en tasas de interés, quitas, condonaciones, ni legalidad. Ni siquiera está en moratorias como las que ofrece el organismo para países más pobres. El problema está en plazos y condicionalidades. El gobierno busca dilatar los pagos, tratando de despejar el espacio fiscal hasta 2024-2025.

Renovar el actual acuerdo de stand-by no sería suficiente, pues sólo otorga 3 años de tiempo, lo que frustraría todo el ahorro logrado en el canje con los acreedores privados para un eventual segundo mandato de Alberto Fernández. Su ventaja es que no requeriría mayores condiciones. La alternativa sería pasar a un acuerdo de facilidades extendidas, cuyos vencimientos van de 4 a 10 años, pero viene acompañado del pedido de reformas. ¿Es viable social y políticamente pedir reformas? Esto vino a explorar al país la misión del Fondo.

 

 

Garantizando el consenso

Aprovechando la ocasión para manifestar apoyo, esta visita fue la excusa perfecta para una serie de reuniones cruzadas con el gobierno y diferentes actores sociales. Recuperando su propia plataforma política, el albertismo hizo gala nuevamente de los llamados al consenso y los pactos sociales, algo que el Fondo valora como forma de consolidar los acuerdos a los que se llegue. Soldar más allá del gobierno, siempre efímero para el poder financiero, atando cabos en la sociedad civil.

Esta ronda de acercamiento tiene justamente como objetivo ubicar las demandas y medir la capacidad de reclamo de los diferentes sectores. El empresariado, de hecho, aprovechó para marcar la cancha, con devaluación del peso, reforma tributaria y laboral.

En el encuentro con la UIA encabezada por su titular, Miguel Acevedo (AGD), y vicepresidentes Daniel Funes de Rioja (Copal) y Luis Betnaza (Techint), junto con su director ejecutivo, Diego Coatz, los grandes industriales apuntaron a que “no se puede gravar más al sector formal de la economía” y que “la agenda laboral también es clave para poder crecer". “Se destacó la necesidad de mejorar el perfil exportador de Argentina a través de un sistema tributario que potencie la agregación de valor y los activos productivos que el país tiene en materia de industria, agro, servicios, energía y minería”. La agenda del sector parece ir por una reforma tributaria y laboral.

La Cámara Argentina de Comercio expresó en un comunicado que “para completar el proceso iniciado, y terminar de dotar de sostenibilidad a los pasivos públicos de la Argentina, resulta clave llegar a un satisfactorio acuerdo con el FMI, que permita que el país honre sus compromisos con la institución sin que ello implique una carga inviable sobre una economía ya muy golpeada por las consecuencias de la pandemia en curso”. Se anotó así en la misma línea que la UIA, reclamando rebajas impositivas.

La delegación del FMI se reunió también con la Cámara de la Industria Aceitera y con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, con similares reclamos. Este sector enfatizó la relevancia de unificar el tipo de cambio a un valor más alto, es decir, devaluar el peso.

Por su parte, la cúpula de la CGT mantuvo un encuentro de dos horas en la sede de la UOCRA, con la presencia del líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban Castro. En ella manifestaron “rechazo a la implementación de reformas estructurales que impliquen reforma laboral, rebaja de jubilaciones y reducción de empleados públicos”. Y advirtieron que “la deuda no puede pagarse a expensas del sacrificio y la pobreza de los trabajadores, que ya están atravesando una situación lo suficientemente crítica como para que se le pidan más esfuerzos”. De este modo, la central expresó lo que consideraría el límite para un acuerdo. Temas como la reforma tributaria, la política social o cuestiones de manejo de la balanza de pagos no parecen haber sido un factor decisivo.

Como señalamos, no se sabe cuál será el precio del acuerdo, pero estos tanteos ofrecen un panorama. Aunque forman parte del acervo típico del organismo, no se hicieron públicas discusiones en torno a reformas previsionales o privatizaciones.

 

 

Mientras tanto, en el vecindario

El Fondo no juega solo con la Argentina. En este momento, debe lidiar con lo que reconoce como la crisis mundial más profunda en décadas, donde la gestión de la deuda tiene un rol central. Si bien han existido diversos llamados a la racionalidad, parece que el organismo sigue más pendiente de los intereses de sus accionistas mayoritarios que de la estabilidad económica mundial. Para muestra, basta un breve comentario sobre su paso por la región.

El caso más sonado y reciente es el de Ecuador, que se endeudó con el Fondo por 6.500 millones de dólares a 10 años. En el marco de este acuerdo, Ecuador se obligó a subir el IVA al 15%, recortar el gasto público, incluyendo despidos y rebajas salariales, así como reducir el salario mínimo. Este acuerdo llega un año y medio después de haber acordado con el Fondo, el BID y el Banco Mundial (que entonces dirigía la misma Georgieva) otro préstamo, que obligaba a eliminar el subsidio a los combustibles. Esto fue lo que ocasionó una ola de manifestaciones que llevaron al presidente Lenín Moreno a declarar el estado de excepción e, incluso, a mudar la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil.

La misma semana pasada, el Fondo presentó su revisión periódica de la economía de Brasil. Allí celebró la retrógrada reforma jubilatoria realizada en 2019, y reclamó el recorte de la Ayuda de emergencia (similar al IFE argentino). Incluso más, sugirió avanzar en privatizaciones, una reforma fiscal integral y finalizar acuerdo con Unión Europea — lo que constituye un eufemismo para la apertura comercial.

Finalmente, en Costa Rica, las manifestaciones populares lograron la suspensión del acuerdo que había anunciado el Presidente Carlos Alvarado. El mismo se basaba en el aumento de impuestos sobre transacciones bancarias, salarios e inmuebles, llevar IVA del 13 al 15%, recortes del gasto público y la privatización del Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores fundada en 1850.

Como se ve, con nuevos bríos y en medio de la pandemia, el Fondo no parece haber perdido las mañas.

 

 

Harás lo que no digo…

Las condiciones exactas de arreglo que el gobierno cierre con el Fondo son materia especulativa, y de negociación secreta. Sin embargo, las señales de ambas partes no parecen augurar los mejores resultados. El FMI necesita usar el caso argentino como pauta internacional: significa cerca de la mitad de su cartera crediticia, en un mundo al borde del default. El gobierno podrá presentar potenciales ajustes como resultado de la presión externa, al mismo tiempo que contenta a sectores empresariales que considera socios.

De hecho, por las cartas puestas sobre la mesa, el mejor resultado posible es una corta moratoria sin condiciones, algo que no está garantizado de antemano. Ahora bien, esto implicaría pagar más de 50.000 millones de dólares para darle continuidad a un desfalco internacional, que se quitarían de asignaciones alternativas. Ciertamente, la situación actual dista de garantizar nuestros derechos más básicos, difícil no ver la urgencia que existe.

Quedará en las manos de las organizaciones sociales populares condicionar la cancha en la que se cocina este acuerdo, de modo de hacer inviable cualquier nuevo ajuste. Está aún por verse el resultado, pero la espera no puede ser pasiva.

 

 

 

* Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

 

 

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