El aborto texano
Desde 1973, la derecha estadounidense avanza con paciencia contra el aborto
Durante la última semana se conoció que el estado de Texas convirtió en ley un polémico proyecto que efectivamente prohibe el aborto casi completamente en su territorio. La legislación, desnuda, contiene varios elementos de preocupación para las libertades civiles y los derechos de las mujeres.
Enmarcada en un contexto de 50 años de lucha de la derecha cristiana y republicana de los Estados Unidos contra el derecho al aborto, es peor: señala el éxito de estos sectores.
La negativa de la Corte Suprema de ese país a cuestionarla es la afirmación del triunfo de una estrategia de sofocamiento que por momentos es agresiva y por otros menos estridente, pero que fue hilada con paciencia desde el segundo que el mallete bajó para ratificar Roe v. Wade.
Un abogado argentino que trabaja para una organización de derechos civiles usa la metáfora del “queso suizo” para referirse a la estrategia antiderechos: el queso proverbial del derecho al aborto en Estados Unidos existe, pero está lleno de agujeros cada vez más grandes.
Militancia
Las tasas de aborto en Estados Unidos han disminuido constantemente desde principios de la década de 1980, alcanzando los niveles más bajos registrados en los últimos años, según la organización sin fines de lucro Guttmacher Institute.
La disminución de los abortos parece estar relacionada con la baja de los nacimientos y embarazos en general. Hay una serie de posibles explicaciones para este amplio descenso, algunas más plausibles que otras, analiza el Guttmacher. Aún así, las restricciones al aborto, particularmente aquellas que imponen regulaciones innecesarias e intencionalmente onerosas a los proveedores, jugaron un papel en el cierre de las clínicas que ofrecían el servicio en algunos estados y, por lo tanto, redujeron exitosamente el acceso a este derecho.
De todos modos, la mayoría de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según una encuesta de 2019 del Pew Research Center.
Una minoría intensa y poderosa está detrás de las usinas que promueven las políticas para obturar el deseo mayoritario y socavar el derecho a decidir. Y para lograrlo, recurren a una herramienta conocida por sus oponentes: militancia, pura y dura.
El movimiento por los derechos civiles y el feminismo probaron ser docentes no sólo para aquellos que abonan a una cosmovisión solidaria. La derecha absorbió sus métodos tras sufrir en carne propia sus éxitos.
La derecha antiabortista acumula en las iglesias de distintas denominaciones, recluta y forma jóvenes para defender su línea, afila discursos y hace marchas y concentraciones.
Numerosos think-tanks antiderechos forman parte del paisaje político norteamericano y sustentan estos esfuerzos del activismo. En los 10 años previos a la promulgación de la ley de aborto de Texas, una organización de "dinero oscuro" llamada Texas Right to Life Committee y su red de organizaciones políticas y educativas gastaron millones en financiar el movimiento antiaborto del estado.
A nivel federal, uno de sus mayores éxitos fue lograr que Ronald Reagan desfinanciara el servicio de consejerías y clínicas. Y aunque siempre apuntaron a Ros v. Wade, los antiderechos tenían claro que la estrategia debía ser incremental. Para eso, necesitan a los políticos estatales.
Como aquí y en la China, la rosca es parte del ABC del activismo. El lobby es de y con los empresarios que financian las campañas de los legisladores estatales que luego votan leyes que condicionan el ejercicio del derecho. La organización texana antes mencionada, por ejemplo, invirtió $ 4.3 millones de dólares apoyando y oponiéndose a candidatos a nivel estatal desde 2005.
Desde entonces, los legisladores del estado de Texas introdujeron una serie de restricciones para las personas que buscan un aborto, como exigir una ecografía 24 horas antes del procedimiento y prohibir la cobertura de seguro para los abortos. El número de clínicas de aborto en el estado se redujo de más de 40 en 2013 a alrededor de 24 en la actualidad. El 96% de los condados del estado no tienen ni un proveedor del servicio.
Si bien los antiderechos suelen tener mayor éxito comprando a los políticos dentro del Partido Republicano, que toman sus demandas y las convierten en programa, también hay esfuerzos hacia el otro lado: en Alabama, la promotora de una de las peores leyes hiper punitivas contra las mujeres que abortan, es una legisladora demócrata y afroamericana.
Paso a paso
En total, las legislaturas estatales han promulgado 1.320 restricciones en los 48 años desde que se decidió Roe v. Wade, incluidas 573 restricciones promulgadas desde 2011. Este año, el 90% de las restricciones fueron adoptadas por estados que ya se consideraban hostiles hacia el derecho al aborto.
Las restricciones al aborto de 2021 amplifican el daño de las anteriores: cada limite adicional aumenta las barreras logísticas, financieras y legales de las pacientes para la atención, especialmente en regiones donde varios estados son hostiles al aborto, y la persona gestante debe recorrer miles de kilómetros para acceder al derecho.
Hay estados con prohibiciones casi totales (como en Arkansas y Oklahoma), que solo permiten el aborto si y solo si la vida de la persona está en riesgo.
Limitaciones de seis semanas, como la de Texas, también rigen en otros estados, pero esta es la más virulenta de ese estilo: permite a cualquier persona que se oponga al aborto, independientemente de dónde viva o si tiene alguna asociación con una paciente, demandar a un proveedor de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a la paciente a obtener un aborto (por ejemplo, brindándole ayuda financiera o transporte).
Otros estados prohíben las interrupciones pasadas las 20 semanas, aunque sólo el 1,0% de las personas que abortan lo hacen en este momento de la gestación. Algunos, como Dakota del Sur, no permiten abortar si el feto es diagnosticado con síndrome de Down.
Durante las discusiones de la IVE en Argentina, se usaron argumentos hermanos, y curas y pastores de todos los colores enarbolaron la idea de un “genocidio” contra personas con esta condición como razón para oponerse a la ley.
Sin duda, las políticas públicas contra el aborto más desconcertartes en Estados Unidos son las llamadas “trigger-laws”, leyes gatillo, una serie de normas que tienen varios estados “listas” por si Roe v. Wade es revertido por la Corte Suprema, y que automáticamente ilegalizarían y criminalizarían el aborto en sus territorios.
Durante el próximo mandato de la Corte Suprema, que comienza en octubre, los nueve jueces, incluídas las dos incorporaciones conservadoras de Trump, considerarán un caso del estado de Mississippi conocido como Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.
El tema central que debe decidirse es la constitucionalidad de las leyes que prohíben los abortos antes de que el feto sea viable fuera del útero.
La ley del estado de Mississippi en cuestión prohíbe el aborto después de 15 semanas sin excepciones por violación o incesto y fue bloqueada por un tribunal federal en 2019.
Los activistas por el derecho al aborto argumentan que cualquier retroceso tendría efectos inmediatos en todo el país.
Las consecuencias de una reversión de Roe v. Wade serían devastadoras. Más de 20 estados prohibirían el aborto por completo en virtud de sus respectivas trigger-laws.
Supremacía
Mientras celebran, los sectores conservadores texanos temen que su estado siga los pasos de California, otro gran territorio fronterizo, donde ya la mayoría de la población es de origen latino.
En 2019, los blancos constituían el 60% de la población de los Estados Unidos, frente al 90% en 1950. Se proyecta que para el 2050, serán la nueva minoría y la gente de color será la mayoría, una predicción que suena como pesadilla para algunos blancos, especialmente para aquellos que militan la agenda supremacista que reina en el partido republicano.
El senador Lindsey Graham expresó su preocupación por una “dilución demográfica” de la población blanca en la convención republicana de 2012 cuando dijo: "La carrera demográfica la estamos perdiendo gravemente ... [los republicanos] no están generando suficientes blancos enojados para permanecer en el negocio a largo plazo".
Los dichos de Graham se insertan en la teoría conspirativa súper extendida en el país del norte: la del “white replacement” (reemplazo de blancos), un mito derechista que sostiene que oscuros intereses propenden a “reemplazar” a la población blanca estadounidense por nuevos pobladores latinos, negros y marrones a través del fomento a la inmigración, entre otros factores, para destruir “el tejido social y los valores” americanos.
Mitín supremacista en Georgia, uno de los estados con leyes más restrictivas
Aunque parezca desopilante, este miedo blanco no es solo una idea, sino el catalizador de política pública. Entre las “soluciones” que proponen los que sostienen el mito, está el incentivo de políticas de natalidad -que favorecería el crecimiento de todas las demografías étnicas- pero también y con más fuerza, mayores restricciones al aborto, medidas que aumentarían la población de etnia caucásica. Hoy, un alto porcentaje de los abortos, son decididos por mujeres de raza blanca.
La integración definitiva de los supremacistas blancos a la política mainstream, “aceptable” en Estados Unidos, probó ser determinante para el activismo antiderechos. Es el caso de Texas.
Quizás el “momentum” de estos sectores sirva para fortalecer una reacción progresista, que mueva en las calles a la mayoría que apoya el derecho a decidir, y se mantenga perpetuamente en guardia.
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