EL ABL, SIN B DE BARRIDO NI L DE LIMPIEZA

 

Luego de la pandemia, el permanente mal estado de la higiene del espacio público fue incrementando, principalmente, la situación de los residuos dispersos fuera de los contenedores. En los últimos años de gobierno de Rodríguez Larreta, la cabeza de la gestión estuvo absolutamente abocada a su carrera presidencial, descuidando la imagen que supo construir de que era un buen gestor, a pesar de su complicidad con los constantes negociados con la tierra pública y la planificación de la ciudad.  

El descontrol de la basura también produjo el aumento de ratas y otras plagas en la ciudad o, por lo menos, el aumento de su visibilización pública. La gota que rebalsó el vaso fue la política de impulso de la ocupación gratuita del espacio público, con áreas gastronómicas (mesas y sillas en la vereda o en la calzada) obviamente sin los debidos controles del respeto a la normativa que regula y habilita esta ocupación, ni mucho menos respecto al cuidado de la higiene. 

Además de que los comercios no pagan un peso por esta ocupación masiva del espacio público y las vías públicas, la proliferación de “decks” sin control de higiene, el incremento repentino de la aglomeración de personas en los nuevos polos gastronómicos a cielo abierto, el aumento de la producción de residuos en estos clústeres gastronómicos, ha colaborado para que la ciudadanía porteña tenga al menos un consenso: que la Ciudad de Buenos Aires está hecha una mugre, con miles de mini basurales a cielo abierto con epicentro en los contenedores, con invasión de ratas y olores nauseabundos por toda la ciudad. 

Hasta Pilar Ramírez, punta de lanza de los liberarios del ala de Karina Milei en CABA y presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, apuntó contra Jorge Macri por la inutilidad de su gestión de la higiene urbana: “ABL pero sin la B de ‘barrido’ ni la L de ‘limpieza’”.

 

El más caro y el más ineficiente

La ciudad genera aproximadamente dos millones de toneladas de residuos al año, y un gran porcentaje termina enterrado en los rellenos sanitarios ubicados en la provincia de Buenos Aires administrados por el CEAMSE. 

El servicio de recolección se encuentra concesionado a diferentes empresas que se dividen la ciudad en sectores desde hace décadas. Estas concesiones son los contratos más caros que tiene la ciudad. El decreto N.º 162-GCABA/13 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la “Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana, Fracción Húmedos”. 

Los pliegos dividieron la ciudad en siete zonas. Seis sectores de esas zonas están destinados a que el servicio sea prestado por empresas privadas. El sector N.º 5 (Lugano, Soldati y Villa Riachuelo) está en manos de un ente público, el Ente de Higiene Urbana.

A través de las Resoluciones N.º 1.262-MAYEPGC/13 y N.º 106MAYEPGC/14 se aprobó la Licitación Pública N.º 997/SIGAF/13 adjudicándose la zona 1 a la empresa Aesa Aseo y Ecología S. A., la zona 2 a Cliba Ingeniería Urbana S. A., la zona 3 a Solbayres S. A., la zona 4 a Ecohabitat S. A. y otra UTE, la zona 6 a Ashira S. A. Martin & Martin S. A. UTE y la zona 7 a Transportes Olivos SACIyF-Urbaser Argentina S. A. UTE.

• Zona 1. Empresa AESA. Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto Madero, San Telmo y Constitución.
• Zona 2. Empresa CLIBA. Comunas 2, 13 y 14: Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales y Núñez.
• Zona 3. Empresa SOLBAYRES. Comunas 11, 12 y 15: Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.
• Zona 4. Empresa NITTIDA. Comunas 9 y 10: Parque Avellaneda, Mataderos, Liniers, Villa Luro, Versalles, Vélez Sarsfield, Floresta, Monte Castro y Villa Real.
• Zona 5. Ente de Higiene Urbana. Comuna 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati.
• Zona 6. Empresa ASHIRA MARTÍN & MARTÍN UTE. Comunas 5, 6 y 7: Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro.
• Zona 7. Empresa URBASUR. Comunas 3 y 4: Balvanera, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca.

La concesión inició el 1 de octubre de 2014 y finalizaba su plazo en el año 2024. 

En 2021, aprovechando los superpoderes otorgados por la pandemia, Rodríguez Larreta ordenó la suscripción de adendas al Servicio Público de Higiene Urbana, Fracción Húmedos con las contratistas (Resolución N.º 814/MEPHUGC/21).

A cambio de la reducción del 4% del monto que paga la ciudad por el servicio, autorizó la extensión de la concesión por cuatro años más, hasta 2028, tres años antes de que esta venciera. De esta forma, Larreta adelantó la negociación con las empresas, con todo lo que eso implicó en el marco de su campaña electoral y de su carrera presidencial, impidiendo ahora que Jorge Macri pueda negociar los términos de la nueva licitación y adjudicación que debería haberse realizado en el año 2024/2025 si Larreta no hubiera prorrogado los plazos de la concesión. 

Una cuestión no menor: esta concesión y sus pliegos nunca pasaron por la Legislatura porteña para su aprobación y control. 

 

Si incumplo la ley, la cambio.

Hace 20 años, por unanimidad, la Legislatura porteña sancionó la Ley N.º 1854, conocida como Ley de Basura Cero. Esta ley estableció metas de reducción progresiva de los residuos que terminan enterrándose en los rellenos sanitarios del CEAMSE a través de la adopción de medidas destinadas a reducir los residuos que generamos, a realizar separación selectiva, recuperación de residuos y reciclado. El eje arquitectónico de esta ley fue la prohibición de incinerar residuos y la realización de esfuerzos máximos para no enterrar la basura. 

La meta fijada por la ley consistía en una reducción escalonada del 30% para 2010, del 50% para 2012, y un 75% para 2017. Sin embargo, en 2017 se llegó a un 26% de reducción de residuos, es decir, no se cumplió ni siquiera el primer objetivo del plan.

Por este motivo, se decidió modificar las metas de la Ley N.º 1854 en una acción híbrida entre autoincriminación y búsqueda de impunidad. En el año 2018, se aprobó la Ley N.º 5.966 que dispuso un nuevo cronograma de reducción de residuos: 50% para 2021, 65% para 2025 y 80% para 2030. Los legisladores tomaron como base el año 2012, año en el que hubo un récord en el entierro de residuos (2.131.072 millones de toneladas de residuos), en vez de tomar como base el año 2017, cuando la cantidad fue aproximadamente la mitad.

Actualmente, la ciudad tampoco estaría cumpliendo con estas metas. En su página oficial informa que de las 5.800 toneladas de residuos que gestiona la Ciudad por día, más del 60% se recupera. Esto equivale a 846.000 toneladas que se entierran al año, cuando de acuerdo a la ley en el año 2025 no deberían estar enterrando más de 745.000 toneladas al año. 

Además, con esta ley se autorizó la posibilidad de incinerar residuos utilizando máquinas incineradoras, una tecnología criticada por contaminante, explícitamente prohibida en el texto original y que compite con el paradigma de la economía circular. 

La posibilidad de la incineración de residuos generó un enorme rechazo por parte de organizaciones ambientales y de organizaciones cartoneras; hubo movilizaciones importantes, informes elaborados por universidades desalentando la incineración y también acciones judiciales. Diferentes cooperativas de reciclado y organizaciones ambientales como la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad, FARN y Greenpeace presentaron una acción de amparo. La jueza Liberatori dictó una sentencia frenando la posibilidad de incinerar basura, pero esta fue revocada en segunda instancia. Los jueces entendieron que como no existía ningún proceso de licitación para la instalación de una planta incineradora, la acción judicial era prematura y, por lo tanto, “abstracta”. Quedará por ver qué resuelve la Justicia cuando el GCBA decida avanzar con la incineración de residuos que aún no ha ocurrido por el alto costo de las plantas.

La ineficacia no es por falta de presupuesto

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana tiene un presupuesto asignado para el año 2025 de casi 1.8 billones de pesos, es decir, casi 2 millones de millones de pesos. Las empresas de recolección de residuos se llevan 800.000 millones de pesos, casi un 6% del presupuesto total de la ciudad.

 

Con este presupuesto fenomenal, a Jorge Macri las únicas ideas que se le ocurrieron hasta ahora son rociar con olor a limón 33.000 contenedores, instalar contenedores que funcionan como trampas atrapa gente para quienes buscan algo en la basura para sobrevivir o perseguir penalmente a los cartoneros para expulsarlos de la ciudad. 

El propio gobierno hace alarde de su ineficiencia. Sostiene que tiene un total de 150 inspectores para supervisar cuestiones de higiene urbana en toda la ciudad. La ciudad tiene 12.192 manzanas. Le correspondería a cada inspector revisar 80 manzanas por día, algo absolutamente impracticable. 

¿Cuáles fueron las políticas destinadas a incentivar la separación de la basura en los hogares o a mejorar las condiciones de trabajo de los cartoneros en casi 20 años de gestión del PRO? Seguimos esperando la sanción de la ley de envases para minimizar la utilización de plásticos de un solo uso y de responsabilidad extendida al productor para que quienes generan residuos se hagan cargo de gestionarlos. ¿Qué medidas se implementaron para limitar el uso de bolsas y embalajes en los comercios o para controlar la actividad gastronómica que no sólo se apropió del espacio público de manera gratuita en distintas zonas de la ciudad, sino que son responsables de buena parte de la basura que se acumula en las esquinas o rebalsa los contenedores?

Jorge Macri instaló el discurso de la “limpieza y el orden” en el espacio público, con un único objetivo: perseguir y expulsar a quienes se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad.

 

 

  

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