Educar con el ejemplo

 

Este lunes 12 se presentará ante el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un pedido de juicio académico contra el juez Julián Ercolini, que se desempeña como profesor regular adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en esa institución.

Ercolini sumará así un nuevo dolor de cabeza derivado de su viaje a tierras del magnate británico Joe Lewis en compañía de magistrados de distintos fueros y niveles, un ministro y el jefe de fiscales del gobierno porteño de Juntos por el Cambio, dos directivos del Grupo Clarín y un ex integrante de los servicios de inteligencia.

El nombre del juez federal se incluye además en conversaciones que el grupo habría mantenido vía chat para considerar modos administrativos y mediáticos de ocultar el financiamiento del vuelo chárter y la estadía. El Cohete publicó parte de los intercambios el domingo pasado. Por su parte, el gobierno nacional denunció a los viajeros por recepción u ofrecimiento de dádivas, según el lado del mostrador en que se encuentren.

 

 

Son Códigos

El juicio académico es la herramienta prevista en la UBA para considerar la separación de sus cargos a docentes que, habiendo accedido a ellos por concurso, incumplan el Estatuto y el Código que rigen la vida institucional. Cualquier integrante de la comunidad universitaria puede solicitar la apertura del proceso, pero al cierre de esta nota –en la tarde del viernes 9– el planteo contra Ercolini reunía más de 7.000 firmas y continúa todavía abierto a nuevas adhesiones del mundo académico y referencias de la lucha por la democracia y los derechos humanos.

Las y los firmantes expresan su consternación y sorpresa por las conductas de Ercolini y entienden que “atentan contra la democracia y el Estado de derecho”. Al respecto, citan los incisos tercero y cuarto del artículo 502 del Código interno, que incluye entre las causales de juicio académico a “la deshonestidad intelectual” y “la ejecución de actos lesivos para la ética universitaria o su participación en ellos”.

En sintonía, el Estatuto de la institución exige a sus docentes “espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica”, y la disposición a “servir al país”. Los millares de firmantes consideran que ello supone demostrar “una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de ética en lo que por su función deba realizar”.

Ercolini no sólo es docente de la UBA, sino graduado de ella. Al recibir su diploma, debió prestar un juramento que suele variar entre incluir u omitir invocaciones religiosas, pero siempre requiere compromiso con la ética, el bien común, el respeto a la Constitución y las demandas nacionales.

Para que el pedido de juicio académico prospere, deberá ser ingresado al consejo directivo de la Facultad por uno o una de sus integrantes. Dos líneas distintas de Juntos por el Cambio se entretienen allí en luchas posicionales, pero en los asuntos sensibles cierran amplia mayoría. A eso puede atribuirse que no se hayan producido aún posicionamientos siquiera sutiles sobre el tema por parte de la unidad académica, el Rectorado o el Centro de Estudiantes, como sí los hubo por parte de otras Facultades de la misma UBA.

La reglamentación universitaria prevé que sea el propio consejo el encargado de tomar una determinación, si acepta abordar el pedido. En las sucesivas instancias, que incluyen al consejo superior, sólo el acusado podría apelar las decisiones ante alzadas internas o externas, estas últimas en el fuero federal. De todos modos, la presentación de la solicitud debería obligar a las autoridades de Derecho a fundamentar la posición que tomen.

 

 

El fin y los medios

El juez Ercolini es además director de una carrera de posgrado que, en la misma Facultad, forma especialistas en Administración de Justicia. La especialización nació a fines del siglo pasado como un modo de responder a la necesidad de formación de magistradas y magistrados acordes al nuevo marco normativo surgido de la reforma constitucional de 1994.

Su impronta progresista fue diluyéndose conforme pasaron los años y comenzaron a surgir nuevas alternativas, como la Escuela de Servicio de Justicia que la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó motorizó en 2013. Desde entonces, la influencia de sectores afines a lo que hoy es Juntos por el Cambio en la especialización ofrecida por la UBA fue creciendo hasta conformar una amplia hegemonía. Los aranceles para cursar el primer año oscilan entre 108 y 180.000 pesos, pagaderos en diez cuotas.

Actualmente, entre los miembros del Comité que secunda a Ercolini figura el nombre de Ricardo Lorenzetti, ministro y ex presidente de la Corte Suprema. Dos de las materias del plan de estudios de la carrera llaman especialmente la atención en el momento actual: “Ética” y “Administración de Justicia y Medios de Comunicación”.

Justamente, se solicitará un juicio académico para Ercolini por un episodio que bien podría estudiarse como caso de análisis en ambas asignaturas. En casa de herrero, cuchillo de palo.

Del plantel docente de la materia que se propone explorar la vinculación entre la Justicia y los medios de comunicación participa la pareja de Ercolini, María Julia Kenny, que durante el macrismo ofició como asesora del entonces ministro Germán Garavano y actualmente es la directora de comunicación institucional del Ministerio Público Fiscal, a cargo del perpetuo interino Eduardo Casal.

 

 

Separar a Ercolini de la dirección de la especialización no requeriría de un juicio académico, porque es un cargo político y su ocupante puede ser removido o simplemente reemplazado. En su continuidad o cese también se evidenciarán los posicionamientos que el sector predominante en la Facultad de Derecho tenga respecto de los hechos que involucran al juez federal.

 

 

Un mal Consejo

La única actividad laboral permitida a magistradas y magistrados por fuera de sus funciones es la docencia académica, pero la interpretación laxa de esa limitación les permite ejercer roles que exceden las aulas y pizarrones.

Un ejemplo es el propio Ercolini, que no sólo es director de una carrera en la Facultad de Derecho de la UBA sino también uno de sus representantes en el consejo académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

En el consejo tienen bancas además el Tribunal Superior de Justicia, las magistradas y magistrados, la Legislatura porteña, el Consejo de la Magistratura local y el Ministerio Público de la ciudad, representado por la ex ministra Carolina Stanley y por Juan Bautista Mahiques, fiscal general e hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Ambos integraron junto a Ercolini la comitiva que visitó los bellos paisajes bajo control de Lewis.

Por otra parte, por el Tribunal Superior de Justicia participa del consejo Marcela De Langhe, que hasta 2019 se desempeñó en simultáneo en dos funciones incompatibles: camarista del fuero penal, contravencional y de faltas del distrito, y directora en el Instituto Superior de Seguridad Pública en que se forman los y las policías de la ciudad.

Es claro que la docencia universitaria no representa un ingreso significativo para un juez federal, pero sí ofrece prestigio y oportunidades de nutrir vínculos dentro y fuera del mundo judicial o el académico.

 

 

 

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