Edad de merecer

 

En febrero de 1988, cuando tenía 32 años, Martín Sánchez Zinny publicó una carta en el diario Ámbito Financiero donde anunciaba su pase a la clandestinidad “para continuar el combate contra el enemigo marxista en el lugar donde éste se halle y bajo la máscara tras la cual se oculte”. Llevaba dos semanas ausentándose a su destino en la Escuela Superior de Guerra. No era su primer desacato: menos de un año antes se había acuartelado en Campo de Mayo durante el alzamiento carapintada liderado por Aldo Rico, que exigía impunidad para los responsables de la represión ilegal. En su carta pública, el capitán Sánchez Zinny pretendía jugar en la interna del Ejército y sólo reconocía como comandante “al señor teniente coronel Aldo Rico”. El diario español El País lo describía entonces como “uno de los oficiales intermedios más dispuestos a ‘matar o morir’ entre los que acompañaron a Rico durante sus motines”.

Su intensidad carapintada era un reflejo en defensa propia. El 10 de julio de 1976, cuando tenía 20 años y era subteniente en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, Sánchez Zinny tuvo un papel protagónico en el operativo de asalto del Ejército a la imprenta del PRT-ERP en la localidad bonaerense de San Andrés. Hugo Travi, un ex colimba del RI 6 que participó en el operativo, declaró ante la Justicia que Sánchez Zinny remató en plena calle al militante herido Jorge Arancibia. “Estos son los que matan a sus hermanos, a sus familias”, les gritó a sus compañeros mientras rodeaban a Arancibia en la vereda de la casa. Según Travi, “después tomó su escopeta y le voló la cabeza”. El testimonio del ex colimba fue casi el único momento del juicio en que Sánchez Zinny agachó la cabeza y desvió la mirada.

 

 

Ahora, a sus 66 años, Sánchez Zinny acaba de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Arancibia y por el secuestro de otro militante del PRT-ERP, Pablo Pavich, aún desaparecido, a quien torturaron para obtener el dato de la imprenta de San Andrés, y por el secuestro de otra persona de identidad desconocida. El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también lo declaró culpable del secuestro de Rocío Martínez Borbolla y su pareja Pedro Oscar Martucci, en junio de 1976, en su casa de Haedo. Bárbara García, hija de Rocío, entonces de nueve años, reconoció en fotografías a Sánchez Zinny como el militar que esa madrugada la golpeó y amenazó mientras se llevaban a su madre y a Pedro, de 31 y 24 años, ambos docentes y militantes del PRT-ERP. Sánchez Zinny era el oficial a cargo de la Sección Tiro de la Compañía C del RI 6. Rocío y Pedro siguen desaparecidos.

Además de Sánchez Zinny, el TOF 2 condenó como coautores de ese asesinato y los secuestros a otros dos ex miembros del RI 6 y ex carapintadas: Emilio Morello, vieja mano derecha de Rico y ex diputado por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN) entre 1993 y 1997, y Horacio Linari, otros de los alzados en Campo de Mayo en abril de 1987. El tribunal  absolvió por el beneficio de la duda a los también acusados Luis Brun y Rubén Andrade. A partir de testimonios de sobrevivientes, conscriptos e incluso personal militar subalterno, en el juicio se reconstruyó el rol del RI 6 en el desmantelamiento del área de propaganda y difusión del PRT-ERP, a través del secuestro de militantes ligados a las revistas El Combatiente y Estrella Roja.

La causa había llegado a juicio por 32 víctimas más, pero el apartamiento por incapacidad de Alberto Schollaert, ex jefe del RI 6, dejó fuera del debate esos hechos y el tribunal rechazó los pedidos de querellas y fiscalía para incluirlos en base al derecho a la verdad. Tampoco pudieron ser juzgados por muerte o incapacidad los ex oficiales Serapio Eduardo Del Río, Luis Felipe Fernández Bustos y Gustavo Delfor González Sass.

Al igual que Sánchez Zinny, los condenados Morello y Linari eran subtenientes y encargados de sección del RI 6 en el momento de los hechos. Morello tenía 23 años y Linari, 26. Para los tres represores es la primera condena judicial. “Hay una gran cantidad de oficiales que en la dictadura tenían poco más de 20 años, y hoy 70 o menos, que participaron activamente en los hechos−dice Pablo Llonto, abogado querellante en representación de los hermanos Bárbara y Camilo García−. La búsqueda de los responsables de la represión tuvo distintos tiempos: al principio empezamos por los culpables máximos, y después fuimos bajando. Hoy todavía buscamos a los jerarcas, pero la línea de búsqueda también se dirige a los autores ‘de mano propia’, a las patotas, que en general se integraban de gente joven”.

Los condenados alegaron tener personas a su cuidado y por eso el TOF les concedió prisión domiciliaria, un punto del fallo que será recurrido ante Casación. No media ningún tema de salud. A los tres acaso aún les quedan unos cuantos años para pasar presos. Y tal vez esta no sea su última condena. El juzgado federal de Daniel Rafecas tiene bajo investigación el rol del RI 6 en el centro clandestino El Vesubio. Otra de las incógnitas que quedaron sobrevolando la causa gira en torno a una locación que el grupo del RI 6 habría utilizado como centro clandestino, donde mantenía cautivos e interrogaba bajo tortura a secuestrados y secuestradas. Aunque en la investigación aún no se pudo identificar ni localizar el sitio, en el juzgado cuentan con indicios basados en declaraciones de ex conscriptos que conforman una hipótesis a explorar.

“Lo que se vio en este juicio es sólo una punta de todo lo que hizo el RI 6 de Mercedes −dice Llonto−. Hay sobrevivientes del Vesubio que dicen que, en 1977, la gente del RI 6 fue a hacerse cargo. Y eran todos oficiales jóvenes, pero se encargaban de un centro clandestino. A los 20 o 21 años ya sos grandecito como para saber que tener a personas engrilladas, encapuchadas, torturadas y después hacerlas desaparecer no está permitido ni en las peores circunstancias”.

 

 

 

 

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