ECONOMÍA POLÍTICA DE LA INFLACIÓN

 

En el debate de la estrategia antiinflacionaria está en juego la cuestión misma de la democracia. Desde la ortodoxia y variadas corrientes de la heterodoxia se cuestiona la validez y la efectividad de una política de control de precios de carácter permanente que tenga el objetivo de racionalizar planificadamente el funcionamiento de la economía. También el de determinar una estructura distributiva del ingreso asociada a un patrón determinado de acumulación, a la construcción de un perfil definido de la estructura económica y su inserción internacional, y al reconocimiento del valor de la igualdad como objetivo permanente de un gobierno democrático.

Hay que poner atención en lo que discuten quienes se oponen al control: no es respecto de una tecnología de administración de precios, sino a cualquier forma de establecerlo como intento válido para desinflacionar racionalmente la vida económica. Conviven en el pregón des-intervencionista de los mercados, tanto el argumento de la crítica al instrumento como su descrédito por una supuesta experiencia histórica de fracasos.

Está claro que toda política económica puede ser mejor o peor aplicada. Una cuestión es el control del precio exclusivamente en la boca de distribución final y otra es el seguimiento de toda la cadena de producción y distribución, que permite garantizar una lógica racional de distribución de beneficios y remuneraciones en sus distintos eslabones.

¿Cuál es la razón que se esgrime para cuestionar la intervención del Estado en la determinación de precios?:

• que es imposible controlar su cumplimiento,
• que los empresarios evaden esa política con la producción de bienes diferenciados,
• que los empresarios provocarían el desabastecimiento,
• que se generarían mercados negros.

Lisa y llanamente se afirma que la regulación de precios no es un instrumento de control adecuado, porque los empresarios se rebelarían contra la ley. Someterse a esa amenaza de comportamiento antisocial implica resignarse a no adoptar un procedimiento para la conformación de precios que no sea estrictamente mercantil. Porque si los precios no son intervenidos por el Estado democrático, quedan establecidos por el mercado de manera exclusiva y excluyente.

La pregunta es, entonces, si el poder democrático tiene la facultad de establecer la lógica de conformación de precios, organizando mercados con mayor, menor o ninguna intervención del Estado, en función de los objetivos distributivos y de planificación de largo plazo para la sociedad y la Nación. El establecimiento de una crítica a esa potestad significaría sostener que estas cuestiones pertenecen al ámbito mercantil. Sobre esa piedra basal se erige la sociedad de mercado en la que no reina precisamente el valor de la igualdad, ni ninguna lógica de solidaridad. La economía no constituiría parte de la discusión pública sino de la sociedad civil, de la vida privada. Si los precios lo son, también lo es la economía y la asignación de recursos.

La reactividad contra la administración de precios con intervención pública en las cadenas productivas estratégicas para la economía nacional y en la producción de bienes destinados a la cobertura de derechos humanos esenciales, tiene el destino de dejar el manejo central de la economía a los dueños de los medios de producción, pero concretamente en la Argentina actual, a unos centenares de empresas que tienen el dominio de la producción y distribución. En las ramas clave ese imperio empresario es tan concentrado que muchas se encuentran extremadamente oligopolizadas o hasta monopolizadas.

La actual resistencia del empresariado concentrado a la regulación de precios, en un momento en que la economía se desenvuelve en un régimen de alta inflación, es la prueba cabal de que la remarcación festejada en AEA constituye el síntoma de un tiempo de redistribución regresiva del ingreso comandada por un régimen de alta inflación que la favorece. Por eso, todo el poder concentrado está contra los derechos de exportación, porque el alineamiento de los precios locales con los internacionales de los commodities en alza, le permite a toda la plutocracia de la economía oligopolizada y concentrada llevar a cabo un festival de suba de precios, que descansa en un dispositivo de acomodamiento de los precios relativos de los demás bienes estratégicos a los que se exportan.

La inflación es alta porque hay puja distributiva, pero en el marco de una fuerte ofensiva del capital, muy representativa de la conocida expresión popular “mientras los precios suben por el ascensor los salarios lo hacen por la escalera”.

No es una inflación oligopólica, porque efectivamente la existencia de oligopolios es un tema estructural y no la fuente de la inflación. Pero la existencia de oligopolios permite una velocidad de reacomodamiento de los precios a la suba, que no existiría con otra estructura de mercado. Es un problema de economía política, de estructura de poder. El problema al ser de este carácter impone la necesidad de un disciplinamiento extraeconómico del empresariado. La descalificación de la intervención en los precios es un signo de una época de disputa entre una post-democracia y la democracia misma. Siendo la primera la que pretende reducir la vida ciudadana a una formalidad procedimental en la que se sucedan gobiernos que administren un presupuesto reducido, con poco poder (o ninguno) de transformar la realidad. Defender la democracia requiere la reorganización de la vida institucional que fortalezca y multiplique las regulaciones, las esferas de intervención y la densidad institucional. Pilares que le permitirían a los gobiernos populares y nacionales definir un rumbo de crecimiento, desarrollo y progreso social en una economía estable.

Resulta falso que la participación del Estado en la configuración de la vida económica, en la regulación de rentas, ganancias y salarios, y en la orientación del destino de las inversiones, produzca un desestímulo a la actividad privada. La Argentina requiere una redefinición de su sociedad y organización productiva hacia una estructura con una impronta de mayor participación popular y rol del Estado. Consolidado un poder de ese carácter, con una vida económica sólidamente organizada y un crecimiento asegurado por una dimensión política democrática fuera de cuestionamiento, tendrá una tasa de inversión superior. Si, a su vez, el mercado interno crece por una mayor demanda producida por el crecimiento del empleo y mayores salarios, atraerá inversiones externas integradas a un rumbo definido por una política de largo plazo que el apoyo popular a gobiernos democráticos garantizará como permanente.

Contrariamente, asumir la post-democracia como una realidad del mundo presente a la cual el país debe amoldarse, renunciando al disciplinamiento de un empresariado que hoy resiste el pago de impuestos como el de la renta inesperada; se niega al desacople de los precios internos de los internacionales; y rechaza una política antiinflacionaria sostenida en la participación del Estado para revertir un agudo proceso de recomposición de ganancias oligopólicas, asoma como el camino de la aceptación de una sociedad fragmentada, de asalariados pobres. Que también soportará una dependencia económica asociada a una fuga permanente de capitales, financiada con el endeudamiento externo sumado a los resultados comerciales favorables en las épocas, como la actual, de altos precios de commodities.

 

 

 

Los que predican contra la emisión y el déficit fiscal

La derecha de Juntos por el Cambio y los liber-autoritarios promueven la aplicación del programa del FMI, y más aún. En principio adjudican la inflación a la emisión. Es una interesante inversión de causalidades, porque las necesidades de emisión surgen antes que esta se realice, no son su consecuencia. Se emite para responder al nivel necesario de las transacciones, no porque se decide tirar papel pintado desde helicópteros y sus receptores acuden a comprar bienes. Los empresarios aumentan sus precios para ganar más, no porque leen en el diario que el día anterior el Banco Central emitió más.

Pero es cierto que la demanda de dinero no surge solamente porque los oligopolios ajustan ganancias y aumentan los costos de otros empresarios y, en consecuencia, estos aumentan sus precios para poder mantener sus márgenes, o las pymes apenas para sostener su existencia.

También el Estado demanda dinero para gastar. Y está muy bien que así lo haga. Porque es necesario mantener y mejorar el sistema jubilatorio de reparto, porque lo mismo se debe hacer con la salud y la educación pública, porque es necesario mantener la atención a los sectores vulnerables con la asignación universal por hijo y otros planes sociales. Pero además, el Estado debe participar y comandar la modernización de la infraestructura necesaria para abaratar los costos de producción y distribución haciendo más eficiente el sistema económico. Y también realizar Investigación y Desarrollo para avanzar en la complejidad tecnológica de la producción. Y además invertir en el despliegue cultural de un país con una potencialidad suprema en la actividad artística y en el interés popular por ella. Eso requiere ser financiado con emisión. Si te abstenés (o te prohíben) emitir, tendrás que recaudar los impuestos que el sector privado más poderoso deberá pagar para permitir el despliegue del Gasto Público. Cuanta más resistencia haya a pagar impuestos y más prohibición de emitir, los gobiernos se endeudarán internamente a tasas altas para financiar la diferencia entre lo gastado y lo recaudado. Si es que no recurren a una nueva locura de endeudarse en dólares para gastar en pesos. Corresponde decir que el Gasto Público es un poderoso redistribuidor de ingresos a favor de los sectores más postergados. Pues entonces, si te prohíben emitir, si se promueve la reducción de la presión impositiva y si es limitado el nivel del déficit por prescripción de política (tal como se convino con el FMI), el resultado buscado por este compendio de austeridades es la reducción del Gasto Público, que significará una amputación de la potencialidad futura de un país independiente económicamente, y una redistribución regresiva de ingresos hacia los más poderosos como consecuencia del derrumbe del Gasto Público.

El dogma que sostiene que la inflación es provocada por la emisión y por el déficit, y además machaca contra la intervención del Estado en el sistema de precios para frenar una inflación de recomposición de ganancias, es el credo de la reconversión antipopular del país. Concentración del ingreso, empobrecimiento de los más vulnerables, debilitamiento y reducción del Estado. Sometimiento de la Nación a la decisión privada en nombre de la una “libertad” que construirá desigualdad. Un oxímoron.

En nombre de esta versión de la libertad los liberales, en su versión tradicional o neo, se hicieron del poder por medio de golpes militares, dictaduras, terrorismo de Estado, transformismos de partidos populares o despolitización de la política para corroer la democracia desde su interior y transformarla en la post-democracia. Una democracia descafeinada, donde un pueblo incapaz y des-socializado optaba entre candidatos que ofrecían lo mismo, la versión descreída de la democracia que propalaba Schumpeter. Típica imagen de sociedades de consumidores sin ciudadanía.

 

 

La puja distributiva

Es indudable que la inflación resulta de una lógica de puja distributiva. También es necesario destacar los distintos estadios de la puja distributiva y el diferente poder que tienen trabajadores y empresarios en las épocas donde la tasa de desocupación es baja o alta. En términos clásicos, cuando la desocupación sube aumenta el poder de negociación de los empresarios y cae el de los trabajadores y viceversa. Por eso la distribución del ingreso y el nivel del salario mejoran cuando lo hace el tamaño de la actividad y el empleo y ocurre lo contrario en el caso inverso. La puja distributiva se asocia a los niveles de inflación. Pero no todas las inflaciones son iguales. En la mayoría de los años del kirchnerismo, cuando el empleo subió y los salarios también, la inflación trepó a más del 20%, pero en ese proceso los sueldos crecieron más que los precios. Luego, la inflación del gobierno de Juntos por el Cambio se disparó más arriba, con decrecimiento salarial y caída del nivel de actividad y del empleo. Durante el gobierno del Frente de Todos la situación muestra actualmente una caída del desempleo pero sin potencialidad redistributiva. Hay interrogantes que responderse para explicarlo.

Lo que no se puede obviar es que estas lógicas se desarrollan de un modo diferente en sociedades con distintas potencialidades del Estado, los sindicatos y la politización y poder organizado de los patrones del poder concentrado. La Argentina conserva una organización sindical relativamente más poderosa que otros países, la resistencia a la recomposición de ganancias empresariales es mayor, mientras el empresariado concentrado se ha consolidado en la defensa de una lógica neoliberal, contraria a un objetivo de unidad nacional. En ese marco, un Estado con tradición de épocas de intervención afronta una disyuntiva crítica: o es apropiado para mediar los conflictos consustanciado con el mandato popular, o es sometido a una reducción de su tamaño y peso para convertirlo en el eje de un rediseño regresivo de la Argentina futura. Regresividad a la que han sido sometidos otros países que tienen empresariados oligopolizados que mantienen tasas de ganancias altísimas en forma permanente, que no deben recomponer ante la falta de existencia de resistencias populares intensas.

Es por eso que en la Argentina se torna, no solamente imperativo desde el orden económico, sino desde el de la política, la introducción del Estado para intervenir en la conformación de los precios. Es un gesto de autoridad que debe romper con la descalificación sobre su eficiencia y la osadía del liberalismo económico que pretende naturalizar a nivel de prohibición su cometido de contrariar esa intervención.

 

 

 

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