Duro, pero nunca aburrido

 

Terminamos el año como lo empezamos: luchando contra las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno más hostil a su vigencia que hayamos tenido desde la finalización de la dictadura militar, empresarial y eclesiástica.

Hasta poco antes de reunirnos aquí, estuvimos trabajando en un recurso de amparo que vamos a presentar junto con otras organizaciones, contra el protocolo de la resolución 956/2018 que acicatea a las fuerzas de seguridad a disparar hasta por la espalda de alguien que escapa, lo cual contradice la excusa invocada del peligro inminente, las previsiones del Código Penal y de las convenciones internacionales, esas que el Presidente asocia con la vulgar palabra curro, que tan bien lo califica a él.

¿Ustedes se imaginan alguna peligrosa organización criminal que dé la espalda y huya ante algún Chocobar criollo que la persigue jadeando?

Hablemos en serio.

Hace unos días participamos en una audiencia ante la CIDH, cuya realización pedimos junto con organizaciones de otros diez países, sobre la militarización de la seguridad interior, que se emprende con la intención de combatir alguna de las “nuevas amenazas”. No tan nuevas, porque el Comando Sur las esgrime desde 1999 en reemplazo de los raídos fantasmas del comunismo o la subversión.

Estas políticas sólo incrementan el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, como lo prueba la tragedia mexicana. Y el objetivo no declarado de quienes las promueven es el control de la protesta social.

En la audiencia en Washington, la CIDH expresó su alarma ante esa tendencia, que incrementa las violaciones a los derechos humanos y advirtió sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.

Esto no nos toma por sorpresa. Hace ya tiempo cada vez que se convoca a una movilización coordinamos con otras organizaciones un sistema de guardias de abogads y en articulación con otros actores sociales frente a la represión de la protesta y la conflictividad social. Esto tampoco es nuevo. Lo hicimos por primera vez el día del asesinato de Kosteki y Santillán en Avellaneda, cuando Víctor Abramovich era el director ejecutivo del CELS.

Hay que reconocer que la Argentina no es el peor ejemplo en la región. Pero no por mérito oficial sino por la lucha de tantos años de los organismos defensores de los derechos humanos, compañers a quienes rindo fraternal homenaje.

Esa exigencia de Memoria, Verdad y Justicia fijó un piso que a este gobierno le cuesta perforar, pese a sus reiterados intentos. De hecho, fue la gigantesca movilización popular en la Plaza de Mayo la que revirtió el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2x1 en el caso Muiña. El Congreso, por unanimidad -1 votó una ley interpretativa y la misma Corte revisó su posición y aceptó en el caso Batalla que esa norma no es aplicable a crímenes de lesa humanidad.

Dos socios del CELS, Roberto Saba y Roberto Gargarella comentaron esos fallos en sendos artículos en La Nación y Clarín.

Algunas de las políticas represivas del gobierno cuentan con el aval de fiscales y jueces, como en el doloroso caso de Santiago Maldonado. Para el juez, la desaparición y la muerte de Santiago se produjeron por “la confluencia” de “simples y naturales realidades” que resultaron “inevitables”. Es decir que, según su análisis, no habría ninguna conexión entre la incursión irregular de la Gendarmería en el territorio de la Pu Lof, el uso de la fuerza, la persecución de los manifestantes y la muerte de Santiago cuando intentaba escapar. Esta construcción de los hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que justificar la violencia estatal, de lo que se jacta el Poder Ejecutivo.

El Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente todas las hipótesis que puedan haber conducido a la muerte de Santiago en el marco de aquella represión. Sin embargo, desde agosto de 2017 su principal ocupación es desligarse de su obligación de hacerlo y agredir a las víctimas. Luego del fallo, la Ministra volvió a atacar a la familia de Maldonado y también al CELS.

En la misma línea participamos en dos causas relevantes, que culminaron con las condenas a los agentes penitenciarios responsables de la muerte de 33 personas detenidas en el penal de Magdalena, en 2005, y a los seis prefectos que secuestraron y torturaron a dos pibes en la Villa Zavaleta, la misma en la que el Poder Ejecutivo muestra las tanquetas donadas por China con el pretexto del G20, y para qué se usarán. Lo anunciamos antes de que ocurriera y esa imagen vale más que mil palabras. Esta última causa el CELS la litigó junto con la organización social La Garganta Poderosa.

La  abogada de Thelma Fardin, Sabrina Cartabia, dio una conferencia de prensa en el CELS para informar sobre lo sucedido desde la denuncia por violación que ella formuló con el contundente respaldo de Actrices Argentinas.

 

 

Este caso se constituyó en un punto de inflexión en la lucha del movimiento de mujeres por la igualdad y el respeto a sus derechos. Atesoramos esa decisión de hablar desde el CELS como un reconocimiento a nuestra participación en la ola verde por la derogación del caràcter clandestino e inseguro del aborto, en articulación con la campaña por​​ el aborto legal, seguro y gratuito y el movimiento de mujeres: ¡Qué sea ley! La comisión directiva y el equipo de trabajo del CELS participamos en las marchas por el 8M, la legalización del aborto y todas las manifestaciones en favor de la agenda de género.

En busca de una mayor coherencia entre la palabra y los actos, rozamos la paridad de género en la Comisión Directiva con la incorporación de cuatro mujeres, cuya práctica coincide con los lineamientos del CELS. Ellas son:

• Dora Barrancos. Un ícono del movimiento de mujeres. Socióloga e historiadora (sobre el feminismo), con un rol destacado en todos los debates al respecto.
• Paula Abal Medina, socióloga, y docente, investigadora sobre la clase trabajadora y las distintas formas de la rebeldía popular, que además de sus trabajos académicos, publica sus artìculos en Crisis y en La Nación Trabajadora.
• Diana Wassner. Fundadora de Memoria Activa, quien continúa empeñada en que no haya impunidad por el atentado a la DAIA de 1994, en el que murió su compañero, Andrés Malamud.
• Eli Gómez Alcorta. Integrante del Movimiento de Profesionales por los Pueblos, de la red de abogados Mario Bosch, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena. Es defensora de Milagro Sala y querellante en nombre de 27 trabajadores que consiguieron la condena de dos altos directivos de Ford como partícipes necesarios en los crímenes de lesa humanidad que padecieron. ¡En estos tiempos!

El caso Ford fue uno de los capítulos de la monumental investigación sobre Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, que realizamos en conjunto con FLACSO, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y que presentamos la primera semana de diciembre de 2015.  

Con ellas a partir de 2019 en la Comisión Directiva seremos siete hombres, siete mujeres y un cura, nuestro querido compañero Marcelo Ciaramella, del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres. Si esto fuera un libreto, debería acotar RISAS, porque es un chiste. En el equipo de trabajo, en cambio, los varones son minoría. Cuando Lula preguntó cuántas personas rodeaban el sindicato metalúrgico para decidir si se entregaba a la policía del juez/ministro Moro, le respondieron que 10.000 y la mitad eran chicas. A nadie se le hubiera ocurrido señalar eso como un déficit en la Argentina. Es una de las tantas diferencias entre ambos países.

A propósito de la detención arbitraria de Milagro Sala, que está por cumplir tres años en prisión preventiva, sin condenas: el 16 de enero de 2016 la detuvieron, el 19 el CELS presentó la primera medida cautelar ante la CIDH, porque entendimos desde el primer momento que no sería un caso aislado, sino el primero de una serie. Hoy eso es inocultable, y los procesamientos y arrestos se dispensan de acuerdo con necesidades y conveniencias políticas, para favorecer amigos o perseguir adversarios. Hace ahora un año, el 7 de diciembre de 2017 dijimos en una declaración pública que "sin debido proceso, no hay justicia: hay persecución", impugnamos el procesamiento con prisión preventiva de ex funcionarios y cuestionamos la invocada“doctrina Irurzun”, según la cual "los imputados, por haber sido parte del gobierno, pueden entorpecer la investigación o fugarse, o que tendrían nexos para hacerlo, sin elementos concretos que den cuenta de que esto sea realmente así". Para el CELS, "este tipo de argumentación genérica, sin base constitucional, viola lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Loyo Fraire y los estándares de prisión preventiva del sistema interamericano de derechos humanos. Si no se cumple con los parámetros objetivos de los riesgos procesales, la prisión preventiva es una medida desproporcionada e ilegal que atenta contra los principios del debido proceso e implica una violación de las garantías constitucionales. Si no hay debido proceso, se trata de una instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos".

Como todos los años, intervinimos en el contrainforme que las organizaciones argentinas presentan al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y que nos insumió dos años de trabajo. Esto fructificó en la severa advertencia del Comité al Estado, de que no puede recortar derechos para cumplir con el FMI, y en la preocupación del organismo por el impacto de las medidas de ajuste en la desigualdad social y la pobreza, y en la vigencia de los derechos a la salud, seguridad social, vivienda, tierra y alimentación. También se refirió a la libertad sindical, el derecho al aborto legal, la concentración de los medios de comunicación y la situación de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los/as migrantes.

Sobre migrantes, precisamente, conseguimos que la Cámara Contencioso Administrativo Federal declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/17, por el que Macrì se apropió de facultades legislativas para modificar la ley de migraciones y dispuso medidas contrarias a los derechos humanos de ls migrantes, consagrados en “los instrumentos internacionales en la materia”. Esta sentencia permitió que las organizaciones de migrantes pudieran hacerse oír y ratificó la utilidad de la clínica jurídica del CELS y la de migrantes con CAREF, para emprender acciones de protección legal.

Así como realizamos talleres con organizaciones campesinas e indígenas en Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, sobre estrategias para defender el derecho colectivo a la tierra, también tuvimos un rol sustantivo en las discusiones de las leyes sobre el hábitat urbano (las de regularización de barrios populares y regulación de alquileres residenciales); trabajamos en estrategias judiciales y políticas que permitieron visibilizar el nexo entre empresas inmobiliarias, funcionamiento del mercado y gestión de políticas estatales que explican con claridad la vulneración del derecho a un hábitat digno. Además consolidamos la capacidad de incidencia y las alianzas con organizaciones de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, a la par que abrimos nuevas líneas de trabajo y alianzas fuertes en Neuquén y Santa Fe. Por último, comenzamos a trabajar en dos campos innovadores: políticas de desarrollo y derechos humanos y políticas fiscales tributarias y derechos humanos.

Desde la Comisión Directiva, que decide la línea política y la estrategia; el equipo de trabajo, que las aplica con plena identificación y profesionalidad, y la asamblea de socios que constituye el humus en el que hundimos nuestras raíces para nutrirnos de conocimientos e inspiración, sólo me queda desearles un feliz fin de año, que retemple el ánimo para responder a los desafíos del próximo, que se vislumbra como muy difícil.

 

Estas palabras fueron pronunciadas en el brindis de fin de año realizado en el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), que preside el director de El Cohete a la Luna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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