Droga y muerte en Varela
Las disputas entre narcos se cobran víctimas inocentes en barrios humildes del Conurbano
Unos 130 disparos en dos minutos acabaron con cuatro vidas, entre ellas la de una chica de 18 años que no tenía nada que ver, y dejaron entre los heridos a un nene de 12. Fue en Florencio Varela, al sur del Conurbano. Lo sangriento de la novedad atrajo a los medios de la Capital que se limitan a difundir lo superficial de la situación. Lo que subyace, en cambio, es un magma de desempleo, escasez de tierra habitable y estrategias de supervivencia, sobre las que se tejen intereses de toda índole.
El caso
El miércoles a las 20, dos grupos que disputaban la exclusividad para vender drogas se tirotearon en el barrio San Rudecindo. A pocos metros del puente amarillo, sobre el arroyo Las Conchitas, quedó Matías Da Rosa (32) junto a una veintena de envoltorios negros. A unos metros, sobre envoltorios similares, yacía boca abajo otro hombre de la misma edad.
Una de las balas perdidas dio en la cabeza de Milagros Paola Saavedra, de 18 años, que estaba en su casa. Un nene de 12 recibió un balazo en el hombro mientras cenaba. A pocas cuadras, Guillermo Aguirre (28 años) estaba en el puente amarillo donde compraban la droga y debió ser internado por un balazo en la ingle.
La fiscal Vanesa Maiola, de la UFI 6, caratuló la causa como "triple homicidio y lesiones".
La Policía
Los vecinos se movilizaron hacia la Comisaría 4ª para exigir el traslado de su titular, Gonzalo Correa, debido a su continua inacción. Sus efectivos dependen del jefe de estación local, el comisario mayor Ramón Rodríguez. El jefe es un conocedor de la zona: había sido titular de la principal seccional de Berazategui antes de recalar en la contigua Varela, donde ascendió a jefe distrital antes de la creación de las jefaturas de estación en abril de 2020. El flamante puesto creado por el nuevo gobierno provincial lo dejó a cargo del Comando de Patrullas, de la Policía local y de siete comisarías, incluida la que los vecinos señalan por su pasividad ante el avance narco.
El gobierno debió suspender la entrega de patrulleros a la Municipalidad, donde se esperaba la visita de autoridades nacionales y provinciales. En tanto, el ministro del área, Sergio Berni, intervino la seccional y dispuso enviar más patrullas a la zona. Fuentes locales enviaron a El Cohete fotos de móviles de Gendarmería que también recorren sus calles.
El ministro Berni declaró ante las cámaras y frente a los vecinos que el 28 de julio le habían pedido “al juez” autorización para proceder. Nadie dio el nombre del juez pero no hay mucho espacio para la especulación ya que la ley sobre tenencia y tráfico de estupefacientes es de índole federal. El único juez federal del Departamento Judicial Quilmes-Berazategui-Varela es Luis Armella.
Luego de hacer carrera como fiscal encumbrado por quien fuera su docente, María del Carmen Falbo, Armella llegó a juez federal con la aprobación de los barones del Conurbano de ese departamento. En agosto de 2012, una investigación de Horacio Verbitsky lo expuso como quien tomaba decisiones en materia ambiental para propiciar la contratación directa de empresas constituidas con parientes suyos: el suegro, la hija, el cuñado... Armella iba camino al juicio político pero el expediente fue demorado por los barones. Cuando el gobierno provincial pasó de Daniel Scioli a María Eugenia Vidal no hubo ningún cambio, lo que constituye uno de los fundamentos del posterior fracaso electoral de la ubicua candidata. La administración Vidal prefirió negociar con el juez, que entonces pasó a allanar las municipalidades de sus ex aliados, con lo cual la gobernadora pudo blandir una vieja espada con nueva empuñadura sobre la cabeza de diputados con base en el Conurbano como Juan José Mussi (con mandato 2013-2017) para que le votaran lo necesario en la Legislatura. Mussi fue el secretario de Ambiente (2010-2013) a cargo de la limpieza del Riachuelo cuando Armella mandaba a sus parientes a hacer tareas en sus costas. Ambos son de Berazategui y viven a unos kilómetros del límite con la zona marginal del tiroteo del miércoles.
El otro barón de la época era Julio Pereyra, quien ahora ocupa el lugar de Mussi en la Legislatura y aspira a una banca nacional a fin de año. Por las dudas, pone huevos en distintas canastas: operó para que su yerno Nicolás Terrera encabezara la nómina de diputados provinciales pero por el partido de Florencio Randazzo. El berazateguense Terrera incluyó en esa nómina a su vecino y guardaespaldas Carlos Alberto Vulcano, ex subcomisario pasado a disponibilidad preventiva en mayo de 2003 tras ser acusado de torturar a presos en la Comisaría 9ª de Lomas de Zamora para obligarles a confesar delitos, según relató a La Nación el abogado Luis Valenga.
Antecedentes
En dos meses hubo cuatro crímenes en Varela. El diario local Infosur adelantó que “hay una guerra de transas por el narcomenudeo” y señaló a la banda “Los Paisa”. En los primeros días de junio, un cadáver fue encontrado con signos de tortura y baleado en un auto que intentó ser incinerado. A comienzos de julio se sumaron dos crímenes en Ingeniero Allan y Villa Brown. Un hombre de 40 años, en un basural. Dos días después, en un descampado, un joven arrodillado fue baleado en la frente. Por un cuarto crimen fue detenida una joven que habría llamado al remís en el que huyeron dos sicarios desde un kiosco de venta de drogas, según la Fiscalía 5 a cargo de Hernán Bustos Rivas.
Los derechos humanos
Hace justo una década, el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, le presentó al municipio fotos y datos de personajes ligados al narcomenudeo. El entonces secretario de Gobierno, Andrés Watson, respondió que las denuncias de esa índole eran elevadas por escrito para que actuara el Ministerio de Seguridad, como se oye en este video
El Ministerio estaba en manos del ex penitenciario Ricardo Casal, que había sucedido en 2010 a Carlos Stornelli cuando pidió licencia en la Fiscalía Federal 4 para hacer política por otros medios.
Luego de denunciar que en los barrios donde trabajan sus militantes observaron a “bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras”, el Centro Angelelli fue asaltado hacia octubre de 2013. Por ese ataque, en que dos mujeres fueron tomadas como rehenes durante un tiroteo con la Policía, hubo una manifestación de repudio. Entonces la Municipalidad a cargo de Julio Pereyra los denunció por supuestos daños en la vía pública.
En marzo de 2014, Verbitsky publicó que José Luis Calegari, del Centro Angelelli, era objeto de una campaña de carteles anónimos pegados frente a siete cámaras de seguridad en que lo acusaban de instigar tomas de tierra. “La inclusión de fotos de Calegari en los carteles agrega una dimensión ominosa al ataque“, subrayó el hoy director de El Cohete.
Después quisieron involucrar a Calegari con el narcotráfico, según una denuncia penal presentada por el intendente Pereyra (del Frente para la Victoria) a la que adhirió el Frente Renovador donde militaba Daniel Zisuela, quien llegó a ser concejal en 2017 pero un año después fue destituido cuando trascendieron sus audios al mando de una red de prostitución de menores.
El Centro Angelelli coordinó por más de dos décadas un “Espacio de Tierras Para Todos y Todas”, que funciona como una asamblea abierta integrada por 250 delegados de veinte asentamientos que discuten las estrategias frente al Estado y las empresas de servicios.
Verbitsky daba cuenta de que “la violencia ligada a mercados ilegales de tierras y de drogas, en conexión y connivencia con agencias del Estado, es uno de los fenómenos más novedosos y complejos".
El Informe Anual 2013 del CELS desarrolla (ver páginas 157 a 168) el rol de la policía como un engranaje fundamental de la violencia en Varela, con una sección sobre tierras y otra sobre narcotráfico. Desde la post dictadura, muchos de los barrios de Varela surgieron a partir de la toma de tierras para regularizarlas como asentamientos. “El acceso al suelo es el más grave problema social que tiene el país y se ha tornado crítico en el Gran Buenos Aires, donde las poblaciones corridas por el avance rural de la soja se topan con los barrios cerrados en la zona urbana y sólo pueden asentarse en terrenos bajos e inundables“, describía.
El corrimiento de la frontera de la soja puede verse con enorme claridad en Rosario pero no es ajeno al último cordón del Gran Buenos Aires. Allí, hacia 2014, la prensa dio cuenta del hallazgo de un cadáver cerca de una plantación sojera. El año pasado, podía comprarse por Mercado Libre una extensión de plantación de soja Según la creciente Inmobiliaria O’Keefe, de esa zona, “en el campo se siembra todos los años con una rotación de trigo-soja“.
Esa zona de El Pato, en Berazategui, es contigua al sur de Florencio Varela, donde están Ingeniero Allan (Comisaría 6ª) o La Capilla (Comisaría 5ª), el anterior destino del actual titular de la Comisaría 4ª donde se dio el último tiroteo por disputas de territorios.
Este video fue filmado instantes después del tiroteo:
* Agradecemos las imágenes cedidas por los colegas Hilda Díaz, del periódico La Colmena, y José Cáceres, de Infosur, ambos de Varela.
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