Dos tiros para un suicidio
A 30 años del caso Carrasco, otro soldado asesinado en el mismo cuartel de Zapala
Se cumple un año y medio de la muerte de un soldado voluntario que se suicidó con dos certeros balazos a la cabeza, según la convicción de un juez cercano a los militares. La víctima era Pablo Córdoba, muerto en el cuartel de Zapala donde hace 30 años asesinaron a Omar Carrasco. El juez federal es Hugo Greca, cuya instrucción coincidió con su interesada campaña por ascender a camarista. El máximo jefe militar era el actual general de brigada Hugo Tabbia, quien por estas horas sigue con atención las derivaciones en la Fuerza Aérea por el uso de aviones para fines íntimos (ver Delitos de uniforme).
La causa es tan amañada que motivó otros expedientes contra
- un soldado, Brian Jara, por borrar un video;
- los jefes del cuartel, tenientes coroneles Enrique Rafael Lamas y Germán Isidro Green, por encubrimiento, y
- el juez Greca, por abuso de autoridad.
Luego de que la familia marchara para exigir que no se caratulara como suicidio a una muerte con dos tiros, los jefes militares intimidaban a los padres del soldado, pero fueron filmados cuando admitían sus reuniones con el juez, que la emprendió a gritos contra familiares y testigos, por lo que fue denunciado.
Los hechos
El 1° de junio de 2023, el soldado voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba, con 21 años, hacía guardia en la Base de Apoyo Logístico (BAL). Allí vive y trabaja su padre, quien a las 6.30 recibió un frío llamado: “Su hijo se pegó un tiro”. Pronto sabría cuán vano sería el traslado al hospital de Zapala, Neuquén, donde falleció.
El juez demoró 37 días la inspección ocular al Regimiento. La tardanza pudo deberse a que sólo subroga el Juzgado de Zapala y que su asiento está en General Roca, Río Negro.
Mucho más se demoró en determinar el origen de los disparos, ya que la información era que las heridas “en diferentes sectores de la cabeza” eran de un arma no identificada con calibre desconocido. La hipótesis del suicidio combinada con el fusil FAL que tenía el soldado no es convincente para el abogado de la familia, Maximiliano Orpianessi: “Desde el sentido común, no puede dispararse dos veces; menos con un FAL, cuyo proyectil genera daños tremendos”.
A pesar de la “disposición a colaborar” con la Justicia manifestada por el Ejército, los progenitores Natalia Uribe y Juan José Córdoba se sintieron intimidados por la actuación de personal militar que tiene bajo control al padre, un suboficial principal que por entonces vivía en una casa en el interior del Regimiento, lo que llevó al abogado a pedir custodia para él y su ex esposa.
“Fue tema de las exposiciones por intimidación una visita de los mandos del regimiento a la casa de Córdoba para marcarle la cancha de la investigación, en la que no entra otra hipótesis que la del suicidio”, informó el 18 de julio de 2023 el diario local La Mañana.
Amigos del juez
Con el magistrado hablaba el coronel Gustavo Francisco Chimeno –por entonces jefe del Grupo de Artillería 16–, quien lo admitió en declaraciones radiales. “Eso afectaría lo establecido en el inciso 10, del artículo 55, que da lugar a la recusación”, planteó el abogado de los deudos.
También el máximo responsable del Ejército interprovincial, general de brigada Hugo Tabbia, relató que hablaba con el juez sobre el caso. Así puede apreciarse a los dos minutos del video que subió el Diario Río Negro.
La cámara oculta se hizo el 13 de julio en la casa del Regimiento en la que vive el suboficial, a 500 metros de donde le mataron al hijo. Sus jefes intentaron reunirse con el padre a solas, aprovechando que lleva once años separado. “Nos negamos –dijo su ex–. Sabíamos que a Juan José iban a aplicarle las tiras”.
Tabbia, Chimeno y Lamas se reunieron con los padres y una tía de Pablo. Casi sin mirar a las mujeres, Tabbia se dirigió a su subalterno “como comandante, como padre, como camarada”. No podía prohibirle hablar con la prensa, aunque le advirtió de su preocupación: “Velar por la integridad de todos”. Espíritu de cuerpo, quiso decir. Chimeno agregó que ponían a su disposición un vehículo: la ambulancia en la que agonizó su hijo. Cuando la mamá de Pablo les enrostró su insensibilidad, los militares se pusieron en retirada.
Juan José habrá de declarar en el expediente que ese cerco le “pareció intimidante”, lo que resultó en un pedido de protección policial y prohibición de acercamiento del personal militar.
Chimeno –quien venía de ser director de la Escuela de Artillería “Teniente General Eduardo Lonardi”, en Campo de Mayo– regresó a su asiento en la Agrupación de Artillería de Campaña 601 en San Luis, donde había reemplazado a Rodolfo Rafael Sammartino a fines de 2022 y desde donde habrá de coordinar el comando electoral de su región en 2023. Integrante del Estado Mayor Conjunto, es también oficial del Estado Mayor del Ejército del Perú.
El cuanto al juez Greca, el abogado justificó su pedido de recusación: “Si se le concede al Ejército tomar vista de las actuaciones, de las evidencias, se le da copia certificada del expediente, hay un entorpecimiento a la investigación toda vez que hay personal del Ejército que no ha declarado y otro que sí. Con las declaraciones certificadas de los que fueron convocados, es posible que se alineen los que faltan. La decisión del juez genera un entorpecimiento en la investigación, perjudicando a mis asistidos”.
Aniversario
Al año del crimen, Córdoba detalló: “Este juez intenta hacer valer una hipótesis absurda planteada por el impresentable comandante de Gendarmería, el señor Iglesias; dice que Pablo se disparó con el fusil debajo del mentón, sentado. Pero mi hijo no cayó hacia atrás producto de semejante disparo”.
Luego de puntualizar que la velocidad inicial de estas detonaciones es de 800 metros por segundo, el suboficial agregó: “Quedó sentado entre dos y cinco minutos, después se disparó en la sien con el mismo fusil, con la particularidad que la boca del cañón no fue apoyada en la sien porque hay una distancia según muestran las imágenes. Posterior a ese segundo disparo, Pablo ‘tomó’ el fusil y se lo colocó encima. Como ésta, tenemos miles de mentiras. Estoy seguro de que el disparo del mentón es de una pistola según la marca que deja el tatuaje”.
Al fin, se dirigió al juez Greca: “¿Es casualidad que usted haya venido al lugar 37 días después? ¿Es casualidad o complicidad que haya hablado con las autoridades del Ejército todo este tiempo? ¿Es casualidad o complicidad que Gendarmería haya omitido responder si el fusil tenía restos de pólvora dentro del cañón? ¿Es casualidad o es intencional que hayan relevado al jefe de la guarnición? ¿Es casualidad o complicidad que los testigos hayan sido trasladados? ¿Es casualidad o temor que luego de que lo denunciamos no haya avanzado la causa?”
Traslados
También el padre será alejado. Al mes de su arenga de julio, pidió participar de un acto por San Martín, donde profirió: “El o los asesinos de mi hijo están formados aquí o llevan el mismo uniforme”. Dos meses más tarde, el Ejército avisó por escrito al Juzgado que podría sancionar al padre: “Quien conduce, y con él las máximas autoridades que lo secundan, ven con preocupación una sostenida manifestación desmedida en las expresiones. Su sostenimiento tornará en el examen disciplinario de los agravios que afrentan y lastiman la imagen del Ejército”.
Las palabras lastiman, dice el general que al mes siguiente le pidió al juez que no dejara asistir al bocón a la Base de Zapala cuando, el 5 de diciembre, relevasen al teniente coronel Green. Fue el prolegómeno al cumplimiento de la amenaza: le quitaron la casa allí y su puesto de trabajo para mandarlo cada día a cumplir funciones a 25 kilómetros.
Desde la asunción de Javier Milei, los recambios militares dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional implicaron el pase a retiro de 22 generales para promover como jefe a Carlos Presti, íntimo amigo de Tabbia –según informaron fuentes militares a El Cohete– desde que compartieron la promoción 118 de Infantería.
Quien acompañara al general en la visita del 13 de julio, el teniente coronel Enrique Rafael Lamas, jefe de la BAL, también fue trasladado “en medio de fuertes rumores sobre las razones” relató Guillermo Berto, del Diario Río Negro, quien recordó que tras el crimen de Omar Carrasco, el jefe de la VI Brigada, general Carlos Díaz, dejó el mando a un subalterno coronel. Es el mismo desmembramiento de la cadena de mandos que implementaron este año hasta con los jefes que –oh, paradoja– habían pedido a los padres que no vinculasen su caso con el de Carrasco.
Por fin, el último en abandonar al barco fue general de brigada Hugo Tabbia, quien en la primera semana de febrero, antes de irse a Córdoba, pasó el mando a su segundo, el coronel Pablo José Conforte.
Así terminaron la operación iniciada con el cabo primero Maximiliano Torres, el sargento Gonzalo Silva y el teniente Rodrigo Emiliano González, de servicio aquel fatídico 1° de junio, según había detallado la madre de Pablo. En enero pidió una entrevista con el nuevo gobernador Rolando Figueroa (MPN), a la vez que requería al diputado Mario Cervi (JxC) llegar al ministro de Defensa, Luis Petri, o a Patricia Bullrich, quien la recibió en agosto para prometerle “todo el apoyo”, aunque es lógico deducir que una ministra de Seguridad dijera que debía “confiar en la Justicia”.
La última carta
Al Poder Judicial le dedicó sus dardos más explícitos cuando ya va un año del nuevo gobierno y se cumple un año y medio del crimen. Escribió por estas horas Natalia Uribe:
“Este domingo se cumplen 18 meses del terrible asesinato de nuestro Pablo. 18 meses de lucha, de reclamos por saber la verdad, con la esperanza de que algo de justicia permita que mi amado hijo descanse en paz”.
“18 meses de injusticia y 12 meses de impunidad dirigida por un juez que evidencia poder y lo ejerce sobre la familia de un asesinado injusta y planificadamente, un juez servicial a la impunidad y el encubrimiento de una institución que en nuestra ciudad ya tiene (al menos) dos asesinatos”.
“Un juez que tiene todas las pruebas científicas que evidencian un asesinato, un juez que cambió la carátula a HOMICIDIO y, sin embargo, no tiene la voluntad de investigar la verdad, de llegar a los asesinos y condenarlos. Un juez que, a sabiendas de que los testigos le mienten, no se inmuta. Un juez que dejó que Brian Abel Jara no tenga consecuencias sobre sus actos, eliminando pruebas importantes para la causa, y a la vez burlándose de nuestro dolor”.
“Se cumplen 18 meses de enfrentar al Ejército, una institución a la que mi hijo amaba sin saber que lo iban a traicionar, matar y encubrir su asesinato. Una institución que por cubrir a un puñado de asesinos nos dio la espalda. Los militares asesinos arruinaron nuestras vidas y el juez intenta por todos los medios arruinar nuestra salud mental”.
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