Dos para el ajuste

 

La economía creció un 6,4% durante el primer semestre del año en la comparación interanual. Pero el derrame no llega. Al menos esa es la percepción en los bolsillos de los sectores populares que claman por una mayor política de ingresos. Ni siquiera los trabajadores formales llegan a cubrir una canasta básica con su salario. Aproximadamente el 30% de los trabajadores obtiene ingresos mensuales por debajo del salario mínimo vital y móvil, recientemente aumentado.

Es indudable que, si la economía crece y las fábricas están operando al tope de su producción, alguien se está llevando esa riqueza. Ya sucedió en 2021, que con un crecimiento de 10 puntos, la participación de los trabajadores quedó en el 43%, mientras que los empresarios participaron con el 47%.

Del fifty-fifty ya ni se habla. Tampoco de la renta extraordinaria, cuando empresas como Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc, obtuvo una rentabilidad neta en los últimos seis meses de 5.195 millones de pesos, un incremento del 217% en comparación con el mismo período del año pasado. O Arcor (Luis Pagani), que tuvo una ganancia neta en el primer semestre del año de 19.935 millones de pesos, un incremento del 38% en la comparación interanual. Y ni hablar de los dueños de los campos que son arrendados a los productores, que triplicaron sus ganancias en dólares.

En un contexto de profunda desigualdad, el Estado debería ser el garante de que haya una redistribución equitativa de la riqueza ante los abusos (o la fortuna) de los sectores concentrados. Pero el gobierno continúa en modo teoría del derrame, heredada del tándem Martín Guzmán-Matías Kulfas, y ahora ejecutada por Sergio Massa. Todo en pos de la ofrenda que le llevará la semana que viene a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien discutirá algunos aspectos vinculados a la próxima revisión técnica, sumado a un posible nuevo pedido de dinero fresco del Fondo de Resiliencia.

El ajuste fiscal y presupuestario publicado el lunes a través de la decisión administrativa 826/22 confirma que el co-gobierno con el FMI sigue más vigente que nunca.

 

 

 

¿Para qué meterse?

El año pasado el gobierno no logró aprobar el presupuesto para 2022, por eso arrancó el año con una prórroga de la ley que estaba vigente en ese momento. En junio hubo una ampliación presupuestaria, en la cual se mejoraron muchas de las partidas que habían quedado desactualizadas, mientras que esta semana volvieron a tocarse los recursos nacionales con incidencia en las provincias, con el ajuste ya señalado. Algunas partidas quedaron por debajo de los recursos ejecutados en 2021 y otras, a pesar de haber sido aumentadas en junio, volvieron a los valores originales.

En esta etapa de la teoría del derrame, el discurso oficial indica lo siguiente: si la economía crece traccionada por el sector privado, ¿para qué debería meterse el Estado? Por eso la mayor poda de recursos ejecutada por Massa ocurre en la cartera de Desarrollo Productivo, ahora conducida por José Ignacio de Mendiguren. El ajuste recae sobre un sector en particular: las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El ajuste dentro del capítulo Financiamiento de la producción (Programa 47), que incide directamente sobre las pymes, llega a los 62.300 millones de pesos: una reducción del 39% con relación al presupuesto que estaba vigente a enero de este año.

El capítulo Gestión Productiva (Programa 43) sufre un recorte del 80% (6.300 millones de pesos), mientras que los recursos para la Promoción de la productividad y competitividad pyme y el desarrollo de emprendedores (Programa 45), caen un 41% (1.500 millones).

 

 

 

Procrear

El Programa 39 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, se encarga de “implementar acciones de impulso al crédito y asistencia financiera que faciliten el acceso a la vivienda única de forma asequible y con seguridad en la tenencia; desarrollar acciones de regularización dominial de viviendas existentes; capacitar y asistir técnicamente en políticas de suelo a técnicos y funcionarios de municipios y provincias”. Es también el corazón del Procrear, una de las políticas de vivienda más exitosas del kirchnerismo.

A principio de año, el Tesoro le había asignado un presupuesto de 210.500 millones de pesos. En junio, se lo actualizó tan solo un 1%. Esta semana sufrió la poda de 50.000 millones de pesos, lo que representa una caída del 23% en relación con los recursos recibidos originalmente.

 

 

 

Desconectados

Otras de las políticas que llevan el sello de CFK es el Conectar Igualdad, del Ministerio de Educación. A comienzo de año tenía asignado un presupuesto de 20.000 millones de pesos, que luego fue extendido a 90.000 millones durante la ampliación de junio. Sin embargo, en la nueva poda oficial, consideraron que eran demasiados recursos para una iniciativa que lleva tecnología y conectividad a lxs jóvenes. Por eso le quitaron 34.462 millones de pesos al programa.

“Esta reducción implica que este año se entreguen como mínimo 840.000 computadoras menos que las que el Estado se había comprometido a inicios de 2022”, explicaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según esta organización, el Ministerio de Educación reconocía en 2020 que cerca del 60% de las niñas, niños y adolescentes que asistían a escuelas de gestión estatal no poseían una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a Internet (con acceso fijo a la red y una buena calidad de señal), mientras que para fines de 2021, sólo el 48,5% de las escuelas estatales del país tenían acceso a Internet, por lo que faltarían 25.902 escuelas por conectar sobre un total de 50.382.

También hay un recorte de 14.769 millones de pesos para el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes. Según ACIJ, el gobierno había proyectado construir 557 aulas para niños y niñas de 3 a 5 años en 2020, y se hicieron 217. La merma podría explicarse por la pandemia. En 2021 se proyectaron 2.151 aulas y se realizaron 95 y para este año el cálculo eran 824 y al primer semestre se edificaron tan solo 13.

 

 

 

Objetivos

El Programa 72 del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, también sufre una merma de casi 15.000 millones de pesos. A su vez, la Dirección Nacional de Vialidad tiene un recorte de casi 1.000 millones de pesos (36%) en su programa de Ejecución de obras de rehabilitación, mientras que a la construcción de nuevas rutas le quitan 861 millones de pesos en relación con el presupuesto de junio. La mayoría de los recortes corresponden a gastos de capital, es decir, la inversión pública que realiza el Estado en cada uno de los territorios.

Hasta hace algunas semanas, nadie daba por hecho que el ajuste existiría. La negación llegaba al punto de no admitir que el sendero de recortes había sido trazado por Guzmán, tras la primera revisión técnica con el FMI.

En el documento de fines de junio, el organismo multilateral y el gobierno establecieron que los gastos de capital (obra pública) debían bajar de un proyectado 2,2% del PBI al 1,8%, mientras que las transferencias hacia las provincias tenían que caer 7.000 millones. Massa le puso la firma.

En la comunicación oficial sobre el ajuste quedó claro que la decisión administrativa 826/22 fue dictada para cumplir el objetivo del déficit del 2,5% acordado con el FMI: un co-gobierno.

 

 

 

Cambio de lógica

Sin una fuerte intervención del Estado nacional, no existirá una distribución de la riqueza más equitativa. Si el Poder Ejecutivo deja librado al sector privado el crecimiento sin una orientación más distributiva, la torta se la seguirán quedando los mismos de siempre.

“El crecimiento de 10% interanual y la recuperación del empleo registrados en el año 2021 no han sido suficientes para revertir la crisis social provocada por la caída de los salarios reales y el incremento de la desigualdad. Esto impone con urgencia una redefinición de la política económica del gobierno para propiciar la expansión de la economía real vía incremento de la productividad y exportaciones, al tiempo que aumenten los ingresos fiscales a partir de una mayor imposición sobre la riqueza y el sector financiero”, insistió el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA). Si todo lo que se hace desde el Poder Ejecutivo es en función de una planilla de Excel que luego le será exhibida a la titular del FMI, el malestar social se acrecentará.

Algo similar ocurre con la política energética, la cual debería ejecutarse en función de un “proyecto de país donde el crecimiento económico implique la expansión del mercado interno, la reducción de la desigualdad y la mejora de la calidad de vida de la población”, sintetiza CIFRA.

Si el enfoque es meramente fiscal y para cumplir la hoja de ruta trazada con el Fondo, la claudicación en la soberanía económica será casi total.

 

 

 

 

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