DOS PAÍSES

 

En medio de las luchas civiles que desangraron al país a partir del golpe unitario del 1º de diciembre de 1828 y tras el triunfo de las fuerzas de Juan Manuel de Rosas y Estanislao López sobre las conducidas por Juan Galo Lavalle, los pueblos del interior pidieron ser convocados a un Pacto Federal. Las preparatorias del acuerdo entre provincias se llevaron a cabo en 1830 en la ciudad de Santa Fe. En representación de Corrientes se apersonó Pedro Ferré, que había trabajado en los astilleros de su padre, Juan Ferré, quien lo inició en el arte de la carpintería naval. Allí enfrentó la tesis librecambista del representante de Buenos Aires, José María Roxas y Patrón, que era el Secretario de Hacienda de Juan Manuel de Rosas. Pedro Ferré defendió una po­lítica proteccionista que asegurase la preservación y el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales frente a la ruinosa competencia de las manufacturas extranjeras.

En ese encuentro preparatorio, Pedro Ferré presentó un Memorándum [1] defendiendo la protección de la incipiente industria local, que leyó: “Sí, sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán, porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos… Las clases menos acomo­dadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben, sino en el precio, y disminuirán el consumo, lo que no creo ser muy perju­dicial. No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra, no vestiremos ropa hecha en extranjería y demás renglones que podemos proporcionar; pero en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos, y no nos perseguirá la idea de la espan­tosa miseria a que hoy son condenados”.

Con irrefutables argumentos habla de la necesidad que tiene el país, para asegurar su progreso, de no depender exclusivamente de la ganadería. “Se dice y con razón: la riqueza casi exclusiva de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes es la ganadería. Muy bien, pero en estas tareas se ocupará cierto número de persona, y quedarán miles y miles sin ninguno (a no ser que todos nos reduzcamos por necesidad a ser peones de estancias y dejar nuestras casas por buscar aque­lla). Los ganados se multiplican. Cada dos años se re­ponen. Eso es bueno, pero entretanto que se multiplican hasta proporcionar trabajo a todos los que no lo tienen, pasarán siglos. También los hombres se aumentan, y llévese esta progresión hasta donde se quiera, nunca podrá ser la ocupación exclusiva de la República la ganadería, porque no toda ella es a propósito para el pastoreo, y no podemos ni debemos desentendernos de los intereses de una parte de ella”.

Salvando los años y la distancia y reemplacemos ganadería por producción agraria y a lo sumo agroindustrial; reemplacemos pampa húmeda por hidrovía del Paraná; el trust de los Anchorena por la santa alianza entre los diez grandes bancos privados y diez acopiadores y comercializadores de granos y derivados; y el resultado es el mismo, una minoría que se integra al mundo a costa de la desintegración nacional, de la exclusión y miseria de dos tercios de la población, un país rico pero terriblemente desigual, con millonarios que aparecen en la revista Forbes y con el 60,2% de los niños en la pobreza, con la mayoría de los jubilados y pensionados que perciben la remuneración mínima o cerca de ella, pero ninguno de ellos superan en diciembre 2020 los $23.000 por mes.

 

 

Gobernar es crear trabajo

En la entrevista que le hacen Pino Solanas y Octavio Getino en 1971 —durante el exilio en Madrid—, Juan Perón dice: “Si desde el Estado se genera un plan de obra pública de envergadura, disminuye drásticamente la desocupación. Si baja el desempleo, suben los salarios. Si aumentan los haberes, se multiplica el poder adquisitivo. Si sube el poder de compra, aumenta el consumo. Si la demanda interna crece, el comercio se tonifica. Si se fortalece el comercio, la industria se trasforma para abastecerlo. Si hay desarrollo industrial, aumenta la demanda de materias primas. Si se venden más productos agrarios, aumenta la producción primaria. Si desde la acción del Estado, el ciclo de la agricultura, la industria, la distribución y el consumo se mantienen nivelados y armónicamente promovidos, hay progreso. Sólo hay progreso cuando se crea trabajo”.

En un marco feroz de degradación de la economía mundial provocado por una crisis estructural de sobreproducción, la industria es el único sector que tiene la capacidad de generar puestos de trabajo, al menos cuantitativamente importante, como para abarcar una población económicamente activa del tamaño de la argentina. Contamos con una “masa crítica” industrial no despreciable, una importante capacidad en construcción (tanto pública como privada), y fundamentalmente, con un mercado interno que debe ser apuntalado y consolidado para que se convierta en la demanda final de la mayor parte de la producción.

Para crecer sostenidamente debemos fortalecer el mercado internos con mejores salarios y más empleo. También se debe pensar en algunos sectores en modelos de industrialización de los recursos naturales con una participación fuerte del Estado, como puede ser el caso Vicentin, que obviamente serviría para poner un pie, una cabeza de playa, en tan estratégico y sensible rubro como es el de los granos y derivados.

Dada la fuerte extranjerización de nuestra economía, se viabilizan procesos de “sustitución inversa” (se importan bienes que se pueden producir en el país) y se fugan capitales a través de los llamados “precios de transferencia”, que no son otra cosa que pagar un mayor valor del real por insumos y asesoramiento técnico del exterior.

Se deben potenciar los recursos naturales y al mismo tiempo diversificar la matriz industrial, proceso que pone al debate en un nuevo punto de partida, en el que se impulsen actividades manufactureras donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables como para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con el este asiático y menos por reducción de los salarios locales.

Ramas como la automotriz, la autopartista, la química, la farmacéutica, la producción de bienes de capital, el software, pueden formar parte de esta estrategia ofensiva. En paralelo, hay que adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo pero con enormes dificultades para competir, en un marco en que la clave de la integración internacional por tener ventajas comparativas dinámicas es la agro-industria.

En teoría económica se plantea en la Ley de Thirlwall [2], que estudiando los países con baja dotación de capital, observa la elasticidad Ingreso-Importaciones, cuánto crecen las segundas cuando crece el producto. En la Argentina para el período 1980-2015 da en torno de tres veces, esto es, por cada punto que crece el producto bruto interno, las importaciones se acrecientan 3 –tres— puntos.  Ejemplo, en el año 2010 el PIB creció un 9,2% anual, y las importaciones lo hicieron en un 34%[3]

Por ende se debe sustituir importaciones en general y a como dé lugar, obviamente y principalmente, disminuir la elasticidad-producto de las importaciones supone sustituir importaciones en sectores estratégicos para así construir encadenamientos productivos más complejos y desarrollar redes de proveedores nacionales más densas. También se debe aumentar la elasticidad producto de las exportaciones y ello supone cambiar su composición hacia bienes con mayor valor agregado y de mayor demanda en los patrones de consumo mundiales.

 

 

Lo que nos quieren hacer creer

La Argentina no presenta un problema comercial o de falta de divisas, el superávit comercial acumulado hasta octubre 2020 fue de 12.171 millones de dólares. El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo, permitió a las empresas pagar supuestas deudas externas e importar en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial [4]; más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrado que hasta octubre 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556 millones de dólares y el MULC percibe solamente 41.507 millones en esa divisa.

En ese marco, el CAA (Consejo Agro-industrial Argentino) promete a cambio de que no le incrementen los impuestos ni le suban las retenciones por diez años, llevar las exportaciones del sector de unos 45.000 millones a 100.000 millones anuales en esa década. El  CAA está constituido por 57 entidades en todo el país, pero su representación la asumen el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

Gustavo Idigoras es un ex gerente de Monsanto Argentina donde trabajó toda la vida hasta asumir la Dirección Ejecutiva de CIARA-CEC, centro que en todo el año 2020 estuvo reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, cuando hubo cosecha récord y los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos años, con, por ejemplo, la tonelada de la soja arriba de los 440 dólares y su aceite por encima de los 920 dólares los 900 litros en noviembre 2020. Sin embargo a noviembre 2020 habían ingresado 16% menos divisas que en igual periodo del año pasado.

La propuesta concreta del CAA es la primarización de la economía argentina, sino preguntémonos cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja, o de aceite. Pero no solo genera poco trabajo, sino que al priorizar las ventas externa, revierte el sistema y en lugar de que se destinen los saldos exportables, se vende afuera a costa de la caída del salario y del empleo de los trabajadores que reduce el mercado interno. Y el camino es vía la presión a la devaluación de nuestra moneda, que no puede disociarse del mercado interno porque la CAA exige la estabilidad de las retenciones por diez años. Es más, la supuesta puja sería que, para que no suba el precio del dólar, se deberían aumentar las tasas de interés. Con ello se entraría en una combinación perversa contra la economía nacional, generando la transferencia de los que trabajan y producen para el mercado interno (que es donde se destina más del 70% de lo que se produce en el país) a favor de los exportadores y de los bancos.

Es cierto que la Argentina con una gran producción alimentaria, el desarrollo industrial, minero y tecnológico posible con la mayor expansión nuclear y satelital, pese al retraso impuesto en la industria, a la vez que las posibilidades energéticas: gas, petróleo y litio para las baterías eléctricas y los autos eléctricos como posibilidad inmediata y mediata, tiene un fuerte sustento, pero para crecer sostenidamente debe orientarse esencialmente al mercado interno.

Por eso el camino es el inverso, no hay necesidad de devaluar nuestra moneda porque ya lo hizo la gestión de Cambiemos, cuando entre abril y julio de 2018 el dólar pasó de $ 20,20 a $ 39,50, por un lado y, por otra parte y fundamentalmente, el rinde de nuestra pampa húmeda hace que el costo sea mucho menor que el internacional y les deja a los productores, acopiadores y comercializadores una renta extraordinaria. Y cada vez que se devalúa se encarecen los alimentos porque es lo que básicamente exportamos, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones. Y sí se deben aumentar las remuneraciones por paritarias y hacer obra pública para generar empleo y que se financie con impuestos a las grandes corporaciones de este país. Que es, por otra parte, lo planteado en la Ley de Presupuesto Nacional 2021, donde se sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5% (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las  administraciones públicas), los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (se estimaba en $ 102,40 en diciembre de 2021) impulsando el mercado interno.

 

 

 

[1] Memorias del Brigadier General Pedro Ferré (Octubre de 1821 a diciembre de 1842)  Editorial Coni Hnos. (1921)

[2] Anthony Thirlwall “La naturaleza del crecimiento económico: Un marco alternativo para comprender el desempeño de las naciones”  Ed. Fondo de Cultura Económica

[3] En realidad la relación es mayor cuando se sale de un proceso de menor a otro de mayor crecimiento del PIB, como lo reflejan claramente los años 2009 y 2010 para nuestro país.

[4] Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante 53 años.

 

 

 

 

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