Dos décadas igual

 

El Estado provincial de Mendoza no restituye el territorio ancestral al pueblo huarpe, a pesar de que una ley específica lo ordena desde hace 21 años. Los sectores políticos y económicos dominantes locales aseguran que el huarpe es el único pueblo originario en esta provincia. Es el argumento de moda en estos días para negar derechos territoriales al pueblo mapuche-pehuenche, que cuenta con comunidades asentadas mayoritariamente en el sur. Ninguno de los sucesivos gobiernos provinciales concretó las expropiaciones a los particulares que acapararon buena parte de las 740.000 hectáreas ubicadas al norte, las que fueron reconocidas como territorio comunitario huarpe-millcayac por una ley específica de 2001.

En Cuyo, las comunidades huarpe viven en la zona del llamado desierto de Guanacache, secano que comprende el sureste de la provincia de San Juan, el noreste de Mendoza y parte del oeste de San Luis. Ese espacio territorial es la prueba de la apropiación del agua que hizo posible el modelo de desarrollo del oasis productivo, especialmente el complejo vitivinícola, uno de los objetos de la avanzada inmobiliaria con capitales extranjeros que se extendió a partir de la década del '90.

“Dos leyes son logros del proceso de reconstitución de nuestro pueblo en Mendoza”, destacó Nancy González, presidenta de la comunidad Juan Manuel Villegas, del distrito San José. La ley 6.920 reconoció en 2001 la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe-millcayac en Mendoza, su territorio ancestral en el departamento Lavalle (un espacio de aproximadamente 870.000 hectáreas) y la expropiación de las tierras de particulares con títulos de propiedad en ese espacio. Pero antes, en 1993, la gente que quedó dispersa como ocupante sin título de propiedad consiguió la ley 6.086, que reconoció el derecho al arraigo de puesteros en tierras que no estuvieran bajo riego, disponiendo la suspensión de todo proceso de desalojo para regularizar la situación de ocupación efectiva.

 

 

 

 

La comunidad Guaytamarí recibió el título de propiedad comunitaria sobre 31 hectáreas en Uspallata en los '90 y personería jurídica en 1997. Después, entre 1998 y 1999 se formalizaron once comunidades con personerías jurídicas otorgadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy son al menos catorce en Mendoza, seis en San Juan y cinco en San Luis, según un trabajo que sintetiza la actualidad huarpe en Cuyo.

 

 

 

Laguneros del desierto

“Nosotros no hacíamos la transhumancia, como los hermanos mapuche del sur”, aclaró Nancy, sino que “siempre vivimos en las orillas”. La mayoría son pequeños productores de chivas y ovejas, muy afectados por la sequía, que no es toda responsabilidad del calentamiento global.

Hoy el departamento Lavalle es secano, el Guanacache llamado desierto. Hasta el despojo del territorio tradicional había lagunas, esteros y bosques nutridos por las aguas de deshielo de la cordillera de Los Andes. Los cursos de los ríos San Juan, Mendoza, Bermejo y Tunuyán fueron modificados para crear los oasis que necesitaba la industria vitivinícola, dejando a los huarpe sin aquellas orillas. El modelo de desarrollo taló los bosques nativos, especialmente de algarrobo, apreciado por su madera dura.

 

 

 

 

 

 

La superficie que reconoció la ley puede parecer mucha, pero no lo es para la economía de subsistencia y tecnología tradicional con la que cuentan las familias, que suman aproximadamente unas 5.000 personas. La provincia tiene 14,5 millones de hectáreas, de modo que las 870.000 de hectáreas que identifica la ley representan el 6% del total provincial. A ese total se les restaron las tierras fiscales mendocinas, quedando por analizar títulos sobre 740.000 hectáreas, según distintos documentos públicos oficiales.

La ley se aprobó en 2001. Inmediatamente, el fiscal de Estado Pedro Sin inició una acción de inconstitucionalidad que recién se resolvió en 2008, con el dictamen del Procurador General de la Suprema Corte, Rodolfo González. Recién entonces se inició el procedimiento de mensura del territorio según la ley 6.920, indispensable para iniciar el proceso de expropiación a los privados que constan en el Anexo II de la ley, el cual no está publicado para el acceso público. En la investigación preliminar a la sanción de la norma, de un primer estudio de títulos surgieron pretendidos dueños por un total de casi un millón y medio de hectáreas –más del doble de las que se deben expropiar–, lo que probó inicialmente la superposición de títulos de propiedad, con casos de hasta tres superposiciones. Un documento oficial refiere a 720 supuestos propietarios privados con títulos comprendidos en el territorio comunitario, listado que el poder no pasa por la zaranda. “Probablemente habría muy poco que pagar por las expropiaciones; muy pocos podrían mostrar títulos perfectos”, interpretó Nancy, de acuerdo al conocimiento directo que tuvieron durante el relevamiento hecho por las comisiones legislativas, previo y posterior a la sanción de la ley.

En los años de vigencia, el Estado solamente restituyó 106.000 hectáreas a Laguna del Rosario. Más que reparación, fue una maniobra política para dividir a las comunidades y boicotear la ley general, según algunos autores. En 2010, el gobierno entregó por decreto esa superficie, irrumpiendo en el espíritu de un solo título comunitario por las 740.000 hectáreas para once comunidades. Pero como la ley reconoce el territorio de las comunidades huarpe con personería jurídica, la tierra puede registrarse a nombre de todas las comunidades o cada comunidad con su título de propiedad.

“Ahora el gobernador dice que para ser reconocido hay que tener personería jurídica (cuestionando a dos mapuche que la tienen en trámite). Nosotros la tenemos y tampoco nos devuelven el territorio”, interpretó Nancy en total respaldo a “la justa lucha” del pueblo mapuche y las comunidades en Malargüe.

Tampoco sirve mantenerse como criollo. No más de diez puesteros accedieron al título por la Ley de Arraigo.

 

 

 

 

 

Agua y sed

Hace un año que Nancy fue elegida autoridad comunitaria. Hoy recuerda que para 2008 empezó a profundizarse la falta de agua para garantizar el suministro a la capital provincial. “Sufrimos la mortandad de animales por falta de agua. Bajaron nuestros ingresos económicos. No salimos del golpe de la pandemia (de Covid-19). Vivimos en un único espacio, donde tenemos una producción anual. En pocos casos, dos cosechas al año. Los campos no tienen suficiente pastura. Siempre vivimos a orillas de las ciénagas, de los arroyos, de los cauces naturales que nos fueron secando los diques, las construcciones”.

El sistema de lagunas de Guanacache y el Rosario fueron declarados sitio Ramsar, con protección especial internacional, pero igual se desvanecen. En Mendoza, tanto en el norte como en el sur, como en otros espacios de suelos secos, el agua fluye hacia el poder.

 

 

 

 

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