DOS ALTERNATIVAS

 

Dada la situación imperante —a saber: una deuda externa que ronda el 100% del PIB con vencimientos entre capital e intereses de 20.000 millones de dólares en 2020, suma que se acrecienta anualmente en los otros tres años que corresponden al mandato del nuevo gobierno; con reservas internacionales exiguas, intereses de la deuda que superan el saldo comercial favorable y déficit fiscal y cuasi-fiscal que no es menor a 8% del PIB—, el gobierno de Alberto Fernández tiene solo dos alternativas: aceptar un plan de facilidades extendidas del FMI o recurrir a la suspensión de los pagos de las obligaciones externas y de esa manera propender a la reactivación económica, más el cobro de impuestos a los sectores más beneficiados de esta sociedad.

Si opta por el primer camino —acordar con el FMI—, se podrá volver a los mercados voluntarios de créditos y refinanciar los mismos, dado que ningún país se puede dar el lujo de pagar toda la deuda a su vencimiento; generalmente se cambian total o parcialmente títulos de deuda viejos por nuevos. Pero ese caso supone una renegociación constante y además el costo sería el de exigir una fuerte reducción del gasto público cuando la mayor erogación pasa por el sistema previsional (la más amplia mayoría de jubilados y pensionados cobran la mínima o cerca de la mínima), no poder realizar imprescindibles obras de infraestructura y deteriorar aún más la prestación de los servicios de salud, educación, asistencia social, apuntalamiento económico, etc., etc. Amén de los condicionamientos no escritos, como el de no aceptar los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, exigir nuevas elecciones en Bolivia, callar ante la brutal represión en Chile, limitar los acuerdos de inversión y de comercio con la República Popular China, no poder realizar inversiones en reactores nucleares, etc. etc.

La visión del FMI es que se debe hacer un fuerte ajuste fiscal y reducir drásticamente la demanda interna para que se generen saldos superavitarios (fiscal y comercial) y, de ese modo, pagar los intereses de la deuda. Obviamente, el costo económico y social que esas medidas significan no les importa.

El modelo “chileno” de exclusión social y de subordinación “carnal” con los EE.UU. refleja fielmente lo que se pretende. El ingreso per cápita del país trasandino es de 25.000 dólares anuales pero, según estimaciones de la Fundación Sol [1], el 70 por ciento de sus trabajadores perciben sueldos menores a los 770 dólares mensuales y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas de todo tipo que refinancian permanentemente por no poder cancelarlas.

Ese camino, ya recorrido por nuestro país en forma intermitente desde 1956 —cuando el gobierno de Aramburu y Rojas hizo que la Argentina se adhiera al FMI—, solo logró extranjerizar fuertemente la economía y empobreció a nuestra población.

En cambio, la alternativa de propender a una reactivación del mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional exige, como primera medida, suspender el pago de la deuda con los bancos y acreedores privados para su posterior reestructuración; y en segundo término, replantear los pagos y vencimientos con el FMI y demás organismos internacionales de crédito, máxime cuando el FMI es el principal acreedor con un monto que supera los 45.000 millones de dólares.

 

 

O inventamos o le erramos

La situación es crítica, pero es proporcionalmente más un problema de liquidez que de solvencia. La Argentina cuenta con sólidos recursos patrimoniales y puede garantizar flujo de fondos, esencialmente por la explotación de Vaca Muerta y porque somos el tercer exportador mundial de soja y el cuarto de maíz; se tiene una importante capacidad para producir bienes industriales que permitirían sustituir importaciones que, de desarrollarse, serían competitivos internacionalmente.

El problema está en que la deuda durante la gestión del gobierno de Cambiemos creció aceleradamente, en divisas y en capital: unos 130.000 millones [2] (a los que se les deben sumar los intereses que la deuda devenga), con vencimientos mayoritariamente en el corto plazo, que sumados a la deuda anterior y a las obligaciones en pesos tornan imposible su pago por el nuevo gobierno.

Lo verdaderamente perverso es que la deuda externa que tomó el gobierno de Cambiemos hasta abril de 2018 fue para financiar el déficit fiscal, que es en pesos. La deuda la contraía el Tesoro de la Nación y le daba esas divisas al BCRA, quien se la cambiaba por pesos al tipo de cambio oficial, cuando el precio del dólar lo atrasaban sistemáticamente para permitir que el BCRA colocara Letras (LEBACs) a una tasa mucho mayor que la depreciación de nuestra moneda, garantizando a esos dólares ingresados un interés que, sumado al capital inicial, conformara un monto no menor de un 25% anual mayor que el invertido. El 25 de abril de 2018, comandado por el banco de inversión JP Morgan, iniciaron su retiro y fin del carry trade a un precio de $ 20,20 por dólar, cuando en el mercado oficial, durante la penúltima semana de octubre, vendiendo reservas en el mercado presente y en el futuro, su precio ronda los 63 pesos y el dólar de salida (contado contra liqui) es aún un 35% mayor (unos $ 80).

El resultado es que la deuda le queda al Estado argentino (Tesoro de la Nación) y el BCRA vendió esos dólares a los compradores.

 

 

Trabajo de auditoría

Auditar significa inspeccionar para verificar si las operaciones sujetas a análisis son ciertas y reflejan fielmente lo que se declara. Esa es la primera tarea que se hace cuando se recibe una administración anterior. Desde el punto de vista económico y financiero se deben realizar exhaustivamente tres estudios:

a) Amparándose en el “secreto bancario”, el BCRA nunca informó quienes fueron los bancos que le compraron dólares a un precio de $ 20,20 el 25 de abril de 2018 hasta la actualidad. Tampoco se informa quienes son los principales compradores de dólares desde que asumió el gobierno de Cambiemos [3] hasta septiembre de 2019, lapso en que fugaron al exterior 84.100 millones de dólares (en el mes de septiembre de 2019 solamente, fue de 3.013 millones).

Entonces no solo es injusto sino también económicamente lesivo al sistema que se fugara casi un cuarto del PIB y que no se sepa quiénes fueron los beneficiados y, en ese caso, de dónde extrajeron los recursos, de qué actividad y de la venta de qué bienes y servicios y si dicha operación pagó los tributos correspondientes.

b) También se debería ver que el INDEC publica el intercambio comercial argentino de mercaderías (bienes). De ahí se desprende que se exportaron entre agosto 2019 y diciembre de 2015, la suma de 223.756 millones de dólares. Paralelamente el balance cambiario del BCRA muestra los cobros percibidos de exportaciones de mercancías en igual periodo y fue de 208.617 millones de dólares.

c) Finalmente debería auditarse el blanqueo de capitales que ofrece una base de datos para entrecruzar información. Ese operativo transparentó 116.800 millones de dólares de los que, según el informe de Tax Justice Network, eran 399.100 millones de dólares afincados en el exterior en el año 2014.

El objetivo de la auditoría es explicar que pasó, quiénes compraron dólares más allá del ahorro personal o por la compra-venta de un departamento, por qué no ingresaron dólares que se exportaron y, definitivamente, quienes entraron en el blanqueo y qué hicieron con esos activos.

Si a eso le sumamos la renta (diferencia entre el costo argentino y el precio internacional de un bien) agraria, minera (sobre todo el oro), hidrocarburífera y financiera, seguramente se obtiene en un año una suma considerable para pagar la mitad o más de los 20.000 millones de dólares que vencen de capital e interés de la deuda en el año 2020.

El ejemplo que empleamos hasta el cansancio es el de la provincia de Buenos Aires, pero obviamente se extiende a todo el país, esencialmente a la Pampa Húmeda.

Los mayores propietarios de la provincia argentina más grande pagan mínimamente el impuesto inmobiliario. Según la Universidad de Buenos Aires (UBA), que confecciona un Mapa de la Provincia con el catastro de las propiedades rurales en base a la información suministrada por la Provincia y por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, 1.303 familias  y sociedades (entre ellos los Blanco Villegas, propietarios de 25.000 hectáreas en Tandil) son dueñas de 11.081.138 hectáreas. Con que solo aporten en un pago patriótico y en compensación de años y años en que abonaron una suma muy menor, 250 dólares por hectárea, allí tenemos 2.270,3 millones de dólares por año, suma que representa 18 veces más que lo que se recaudó del Impuesto Inmobiliario Rural en el año 2018, que fue de $ 7.294,7 millones (que a su vez es el 2,66% de la recaudación propia de la jurisdicción). Si lo extendemos a todas las provincias tendremos, en total, más de 5.000 millones de dólares por bono patriótico de renta agraria.

Si a esa renta agraria le sumamos, también mediante la colocación de un bono patriótico de ahorro forzoso —a un plazo de  5 o 10 años, digamos— para alcanzar a la renta petrolera, gasífera, minera (recordemos que en la Argentina ingresas más divisas por la exportación de oro que por exportación de carnes) y financiera, allí tendremos otros 5.500 millones de dólares.

Y lo más notable es que si cruzamos la auditoría con los distintos tipos de renta sabremos a ciencia cierta con nombre y apellido quiénes compraron, quiénes fugaron, quiénes perciben rentas extraordinarias y quiénes no pagan los impuestos que le corresponde. El resultado no sería sorpresa alguna. Son los mismos que le piden a Alberto Fernández que deje en funciones al titular de la AFIP y al Presidente del BCRA.

 

 

Conclusión

El 9 de agosto pasado (antes de las PASO), el bono más largo del mercado local —aquel a 100 años colocado por la gestión de Luis Caputo— valía 76,50 dólares. En la penúltima semana de octubre su precio fue de 45,40 dólares, la baja es del 68,5%. Un bono de corto plazo, como el Bonar 2020, valía el 9 de agosto 63,5 dólares, ahora cotiza en 36,45 dólares, lo cual implica una baja del 74%. Por lo que podemos ver, los mercados ya descuentan la reestructuración de la deuda y tratan de salir de activos argentinos de la forma que puedan (con las acciones de empresas locales que cotizan en los mercados internacionales, incluidas Trasener, Pampa Energía y Banco Galicia, cercanas al gobierno de Macri, pasa igual o peor) con lo que el marco de suspensión de pagos y renegociación ya existe, no es sorpresa para nadie.

El gobierno entrante debe tomarse su tiempo para resolver el problema con los acreedores y con los evasores, “fugadores” y otras yerbas, que tampoco sería sorpresa que haya quienes juegan en ambos bandos.

Todo nuevo gobierno se encuentra con la misma disyuntiva que San Mateo relata cuando llega Jesús a Jericó. Allí sale a su encuentro Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Jesús le dijo: “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”.

Lo que está pasando en la República de Chile lo demuestra. Tras los 17 años de sangrienta dictadura de Augusto Pinochet se llamó a elecciones y asumió un gobierno “democrático” el 11 de marzo de 1990, pero todas las administraciones que se sucedieron preservaron el orden establecido que significa riqueza para una minoría y exclusión y pobreza para la amplia mayoría del pueblo.

 

 

 

[1] Decana en investigación independiente, realiza trabajos en distribución de ingresos y en el mundo laboral, con dirección en Miraflores 113, oficina 48, Santiago de Chile.

[2] Unos 85.000 millones de dólares se colocaron emitiendo títulos de deuda en divisas hasta el 25 de abril de 2018 y, los 45.000 millones de dólares otorgados por el FMI a octubre 2019, sin contemplar los intereses que devengan.

[3] En el gobierno anterior hubo informes de quienes compraron divisas en el mercado de cambio local, como el que publicara en su libro Alfredo Zaiat Economía a Contramano de Editorial Planeta.

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