Dólar y deuda externa

 

La deuda externa argentina [1] en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60 % de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9 % con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares; no teníamos deuda con el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31 % con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40 % de esta intra sector público, 22,7 % con organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 44.599 millones de dólares) y 37,3 % con el sector privado. La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos.

Al 30 de septiembre de 2023 la deuda bruta asciende a 406.603 millones de dólares, de los cuales en moneda extranjera es de 266.933 millones de dólares (incluye 74.731 millones de dólares con organismos internacionales de créditos, principalmente el FMI). Pero la deuda en moneda nacional, que es equivalente al tipo de cambio oficial a 139.670 millones de dólares, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).

Por lo tanto, la situación es peor aún que la heredada del gobierno de Cambiemos y ello se debe a tres medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández que caracterizan su Administración:

1. No se investigó la deuda de la gestión diciembre 2015–diciembre 2019, como había prometido el mismo Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, cuando afirmó: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable, que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura no puede ser visto como un caso más”.
2. El BCRA dilapidó la mayor parte del superávit comercial por 34.000 millones de dólares de los años 2020-2022, vendiéndole al precio oficial divisas a las empresas por supuestas deudas por 28.430 millones de dólares desde el 2 de enero 2020 al 30 de junio 2023, como afirma la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: “¿Ustedes creen, sinceramente, que a una empresa (o una persona) argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo dan en el exterior? O es un préstamo de las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no están apalancados en el exterior con una garantía?”[2].
3. Se pagó y se paga la deuda heredada de la administración de Cambiemos (tanto la Nación como las provincias) y se financia el déficit fiscal generado por esos pagos y para hacer frente a la lucha contra el COVID. Pero también por la estructura estatal dejada por Cambiemos, incluida la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos y patrimonio, y de los derechos de exportación y aranceles, para lo cual, ante la menor recaudación tributaria, se debió emitir títulos de deuda en el mercado interno ajustables por precio del dólar o por la inflación (la deuda se acrecentó por la fuerte disminución de la presión tributaria de Macri y de Alberto Fernández).

La muestra realizada en El Cohete a la Luna [3] de 10 sociedades anónimas sobre las 100 empresas que compraron 24.769 millones de dólares indica que ninguna de ellas puede demostrar contablemente de dónde detrajeron los recursos en efectivo para hacerlo (evasión fiscal), lo que amerita que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) investigue los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería haber fiscalizado y fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias —nacionales y/u offshore— estaban y están esas tenencias.

Paralelamente el BCRA, cuyo presidente del Directorio, Miguel A. Pesce, fue nombrado por el Presidente en diciembre de 2019 en forma interina, porque nunca el pliego de su designación fue aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, se limitó a cumplir con toda la legislación de la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, que implica la consolidación y dominio de las finanzas especulativas por sobre la producción y la subordinación al capital extranjero. Esto hace que, por ejemplo, Shell Argentina compre dólares a precio oficial (sin pagar ningún impuesto, ni tasa de ningún tipo) a 63 pesos el 2 de enero de 2020 y, en octubre de 2023, a  367 pesos (cuando el dólar paralelo llegó a superar los 1.000 pesos), para pagar deudas que tiene con su controlante Royal Dutch Shell de Inglaterra (le compra dólares al BCRA para pagar la deuda con su casa matriz), permitido por la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras del 13 de agosto de 1976, cosa que no había pasado nunca en la Argentina y que Duhalde suspendió al restablecer el Decreto N° 2581 del 10 de abril de 1964 de Emergencia Cambiaria, con la finalidad de que el BCRA en cumplimiento de sus misiones y funciones preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y obligue al sector privado a financiarse las importaciones y los pagos de su deuda.

Duhalde y los Kirchner gobernaron en el marco de la emergencia cambiaria y fue el gobierno de Cambiemos mediante la Resolución N° 893/2017 que derogó el Decreto 2581/64. El gobierno de Alberto Fernández no solo no incluyó la Emergencia Cambiaria en la ley 27.541/19 denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo, y eso, como podemos percibir, no fue un error de omisión.

El BCRA ha subsidiado y subsidia a las empresas endeudadas en el exterior, por cumplir con las normas de la reforma financiera de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que engendra esta debilidad congénita del peso y el fin del ciclo de corrida cambiaria, que se convierte en corrida bancaria. El BCRA de Alberto Fernández fue funcional al sistema creado por la dictadura, beneficiando a las grandes empresas, pagándoles con dólares de las reservas que el BCRA vendió a precio vil para que paguen sus supuestas deudas

El BCRA de este gobierno cumplió a rajatabla con esas normas, pero incumplió con el art. 3 de su Carta Orgánica que le obliga a preservar el valor de nuestro dinero, que se constituye con fuertes reservas internacionales, garantía de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (art. 3, que modificó e incorporó el kirchnerismo a la Ley 24.144).

Preguntémonos por qué no hay corrida cambiaria en Brasil o en China. Y es porque en Brasil el Banco Central tiene reservas a septiembre de 2023 de 373.147 millones de dólares entre billetes y títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Y el banco central de China tiene más de 3 billones de dólares (diez veces más que Brasil).

 

La taba está en el aire

En ese marco y siendo formalmente el Presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa nombró a Guillermo Michel como director general de Aduanas (poniendo un pie en la AFIP) y a Lisandro Cleri como vicepresidente 2º del BCRA a cargo de la mesa de dinero y cambio del banco, ambos, con sus colaboradores, lograron adoptar medidas como:

1. El procedimiento conjunto de la AFIP, la UIF y la Policía Federal por maniobras delictivas de simulación de importaciones con documentación y SIMIs falsas, con el objetivo de fugar divisas al exterior en 400 millones de dólares. La investigación se realiza sobre 176 empresas argentinas que habrían llevado a cabo importaciones falsas utilizando formularios fraudulentos en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Entre otras entidades, se inspeccionaron los bancos Supervielle, Galicia y Patagonia.
2. Se realizaron más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que se denominó “intentos de especular” y generar ganancias contra el ahorro de los argentinos En las oficinas de Nimbus, sociedad de Ivo Rojnica, Martín López Santoro y Federico Pulenta, según informó la Aduana, se encontraron "gran cantidad de documentación; listado de clientes de por operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas", lo cual sugiere que se compraba o vendía dólares por cuenta de terceros. Esos clientes podían ser empresas que hubieran obtenido los dólares vía ilegal (sobre facturación de importaciones, facturación de exportaciones, etc.) y los convertían a pesos en el mercado irregular con una ganancia de más del 100 %.
3. Fuerte intervención en el mercado de futuros, para aplacar parcialmente las expectativas de devaluación.

A su vez, la ampliación de los fondos de libre disponibilidad del swap con china en yuanes por el equivalente a 6.500 millones de dólares, que se comunicó el miércoles 18 de octubre 2023, le confiere al BCRA una mayor solvencia operativa y de reservas.

 

 

La corrida cambiaria y financiera, que llevó la cotización del contado con liquidación (CCL) a los 977 pesos el 16 de octubre 2023, comenzó a fines de septiembre. Por entonces, los sojeros habían cortado la liquidación de granos. Ante esa presión, el ministerio de Economía les renovó su tipo de cambio con la posibilidad de liquidar hasta un 25 % de sus divisas de libre disponibilidad a través del CCL. En el juego de la oferta y la demanda, el ministerio de Economía apostaba a incrementar la oferta de títulos dentro del CCL para contener el alza de su cotización frente a la demanda dolarizadora. La misma facilidad le concedió a la exportación de las empresas que explotan Vaca Muerta. Pero la situación se fue de control, agravada por las expresiones de Javier Milei, funcionales a los poseedores de divisas, fundamentalmente sus mandantes BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Allianz SE, FMR, Capital Group, Credit Agricole Group, NN Group, Intesa Sanpaolo, Global Evolution, Ashmore Group, TCW Group, entre otros que se reunieron con Darío Epstein y Juan Ignacio Nápoli el 7 y 8 de septiembre de 2023 en Greenwich y Nueva York y, seguramente, deben haber armado planes para las elecciones nacionales y hasta en el caso de que lleguen a ser gobierno.

 

El futuro ya comenzó

La burguesía local que impulsó y se benefició con la dictadura militar sabe que Milei fue captado por el capital financiero que opera en la Argentina y que no solo vienen por Vaca Muerta y el litio, sino también por ellos.

Dudan de las condiciones de Patricia Bullrich, ya que tuvieron la mala experiencia con Mauricio Macri. Es posible que el ballotage sea entre Milei y Massa y allí deben jugar con el segundo de los nombrados.

Esta situación a la que hemos arribado, fomentada por los grandes medios y los que están detrás de ello, en un marco de una inflación medida por el IPC del INDEC de 138,3 % a septiembre de 2023, con un nivel de pobreza del 40,1 % de la población al primer semestre de 2023 (antes de la devaluación del 22 % del 14 de agosto de 2023) de los cuales el 56,2 % de los chicos son pobres (banda etaria de 10 a 14 años), nos interpela como sociedad.

Pero, principalmente, interpela a la parásita, fugadora de capitales y rentista burguesía local, que ve y teme un final anunciado. Ha creado su propia ruina y, desgraciadamente, también la de nuestro país y nuestro pueblo.

 

 

 

[1] La deuda pública bruta nacional no incluye la de las provincias y la del Banco Central. Se suma tanto la deuda en pesos, como en divisas, y se contabiliza al tipo de cambio oficial.

[2] Discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el 27 de abril de 2023, en el Teatro Argentino de La Plata.

[3] Nota titulada “La fuga de los capitales”, publicada el 27 de agosto de 2023: las empresas investigadas fueron Telefónica Argentina SAIC (Movistar); Pampa Energía S. A.; Telecom S. A.; Arcor S. A. y Bagley S. A. del grupo Arcor; Tecpetrol S. A., Ternium Argentina S. A.; Transportadora Gas del Norte S. A. vinculadas al grupo Techint; Capex S. A.; y Shell S. A. Ninguna de ellas puede demostrar en sus balances contables de dónde obtuvieron los pesos para comprar la millonada de dólares en los años 2016-2019 y tampoco qué hicieron con esos dólares.

 

 

 

 

 

 

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