DÓLAR Y DEUDA EXTERNA

 

El dólar es nuestro tipo de cambio de referencia y permite comparar todos nuestros costos y precios de factores (trabajo, capital, tierra), bienes y servicios, con el resto del mundo.

En teoría económica en el largo plazo el tipo de cambio (en nuestro caso la referencia es el precio del dólar) está determinado por la productividad, pero en la Argentina tenemos productividades muy distintas entre la producción primaria y la industria, y esto es así, por un lado, al contar con una de las tierras más fértiles del mundo, de manera tal que se destinan 37,5 millones de hectáreas al cultivo de granos con una cosecha 2019/2020 de unos 147 millones de toneladas. Seis cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) representan 137 millones de toneladas de granos, con una productividad media de casi cuatro toneladas por hectáreas. Y por otra parte, la baja productividad en la industria se debe básicamente a la falta de inversión en equipos y su modernización, que la torna poco competitiva.

La diferencia de productividades se agranda porque el mundo, más en pandemia, sigue demandando alimentos, en cambio la producción industrial se destina mayoritariamente al mercado interno que se debilitó ex profeso desde la dictadura cívico-militar, tuvo su reparación durante el kirchnerismo pero derrapó con el gobierno de Cambiemos y el retorno a la subordinación al capital financiero.

La deuda y fuga de la gestión de Cambiemos demuestra que un país del que en cuatro años se esfuman 86.200 millones de dólares no tiene un problema de ahorro, por ende no necesita endeudarse porque genera el excedente físico de producción suficiente para financiar su inversión bruta fija. Es más, la fuga de capitales asevera el rol de dependencia de la deuda, porque el mecanismo para dolarizar el excedente fue que el Estado nacional contrajo obligaciones en divisas por más de cien mil millones de dólares para financiar básicamente gastos corrientes, y esos dólares se los vendió el BCRA de Sturzenegger, Caputo y Sandleris a unas siete millones de personas físicas y jurídicas, pero con el agravante que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Esta burguesía invierte en el “campo” porque posee la tierra y/o controla su alquiler, tiene plena libertad en su comercio externo (subfactura exportaciones y sobrefactura importaciones) y fija el precio que quiere en el comercio interno. El ejemplo del grupo Vicentin lo pone de manifiesto. Los grandes empresarios y acopiadores del sector buscaron acordar quién se quedaba y con qué de las diversas producciones del grupo, hasta que el gobierno nacional puso la lupa en el sector e intervino por unos días en la empresa madre el 8 de junio de 2020. A ello se le debe sumar las denuncias en tribunales del distrito sur de Nueva York promovidas por seis bancos extranjeros que señalan textualmente que la firma les mintió sobre su situación patrimonial "a través de documentación contable falsa", y que "está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin”.

La industria en general se preserva de la competencia externa con  mercados cautivos como es el de laminados de acero, caños con y sin costuras, aluminio, cemento y algunas ramas petroquímicas, que pueden vender en el país a un precio muy superior al internacional (y con un costo real mucho menor). De allí que no quiera saber nada de ningún acuerdo con la República Popular China por la posibilidad de su competencia.  De alguna manera también sucede con la industria automotriz y sus proveedores, si bien para tener un mercado cautivo que le genere márgenes de ganancia debe vender a un mercado interno fortalecido y eso le genera una constante contradicción entre reducir los salarios  y la necesidad que la población asalariada le compre los vehículos.

La esencia de la propuesta inicial del Plan A de Macri consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que la tasa de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados de la industria (formadores de precios), del sector financiero y de los exportadores. Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés local fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de Martínez de Hoz y de Cavallo. La idea era que las empresas de primera línea podían conseguir financiamiento externo a tasas negativas con respecto a la inflación (y los incrementos de sus precios), pero era exactamente al revés con las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan tasas usurarias confiscatorias de su capital, al ser muy superiores a lo que pueden aumentar sus importes, obligándolas a financiarse con recursos propios (que por su dimensión son escasos), retrocediendo lo que se había avanzado en los años kirchneristas.

Lo que no tuvieron en cuenta ni Macri ni los grandes empresarios que operan en el país es que el capital financiero internacional tiene su propia lógica. Hasta enero de 2018 fue generoso prestamista, pero cuando los Estados Unidos llevó la tasa de interés a diez años al 3% anual, el 25 de abril de 2018, se desata en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda de la Argentina en los mercados financieros internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.), quienes vendieron la posición que tenían en títulos públicos y acciones de empresas argentinas y compraron dólar a $ 20,20, llevándose ese solo día 1.225 millones de dólares, continuaron vendiendo posiciones argentinas y comprando dólares en mayo y junio y el precio de un dólar fue de $ 38,90 el último día de ese mes de 2018.

Mientras el gobierno de Cambiemos se aferraba a los Estados Unidos y al FMI, los títulos públicos y privados (acciones, obligaciones negociables, etc.) caían estrepitosamente porque a la salida de los grandes bancos le siguió el “chiquitaje” y el pánico, de manera tal que en promedio todos ellos valían menos de la mitad en diciembre de 2019 que en diciembre de 2015.

A la par que el gobierno de Macri se ataba a los planes del FMI, los fondos de cobertura  (BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.) aprovecharon el precio de remate y compraron parte de esos títulos y acciones (las que les interesaba). BlackRock posee más de 3.000 millones de dólares en bonos nacionales, pero también es socio de los Rocca en Tenaris; de George Soros en Adecoagro; de la Argentina en YPF SA; del grupo Pampa Energía (supuestamente de Mindlin); de Brito y Carballo en Banco Macro; y de los Braun, Ayerza y Escasany en el Banco Galicia, entre otros.

 

 

Teorema de la deuda

El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 se encontró con un nivel de deuda y plazos de vencimientos totalmente incumplibles. Tras arduas idas y venidas, el martes 4 de agosto 2020 el Ministerio de Economía dio a conocer un principio de acuerdo con los principales tenedores de títulos de la deuda en jurisdicción extranjera encabezado por BlackRock. En el Comunicado Oficial se explica que los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC [1] el 6 de julio, consisten en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos desde 2030 hasta 2046. La modificación realizada básicamente es:

• adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio,
• los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y
•  la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

De esta manera el primer pago de intereses se realiza en 2021 y el capital comienza a amortizarse en 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta diciembre de 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto (intereses, capital y demás gastos) de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran para ese mismo período de 33.664 millones de dólares.

Posteriormente al Comunicado Oficial del Ministerio de Economía de la Nación del 4 de agosto, el grupo AdHoc Argentine Bondholder Group que encabeza BlackRock, confirmó que aceptaba la propuesta de reestructuración de deuda e invitaba a los demás acreedores a sumarse a esas condiciones.

Por otra parte cuenta con la sanción en la Cámara de Diputados la reestructuración de la deuda en jurisdicción argentina bajo las condiciones de la cláusula RUFO, por la que reciben el mismo trato que lo acordado con los bonistas de jurisdicción extranjera. A su vez el gobierno propondrá posponer el pago de capital de la deuda tomada con el FMI, por lo que en conjunto hasta diciembre de 2024 se cuenta con un lapso para impulsar el mercado interno y crecer, bajo dos hipótesis:

1. Los sectores empresariales de nuestro país, después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos y ver desvalorizarse su patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.
2. Los acuerdos alcanzados por la deuda descomprimen la presión cambiaria. Sabiendo que  hay una previsibilidad en los pagos los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial similar al de 2019 (de 15.990 millones de dólares). Este año se siguen vendiendo alimentos, que conforman no menos del 65% de nuestras ventas al mundo y, por la caída del PIB, disminuyen más que proporcionalmente las compras al exterior, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor de los distintos tipos de dólar paralelo al oficial.

Presumimos que parte de los 86.200 millones de dólares fugados en el gobierno de Cambiemos es administrada por los fondos de cobertura. Cuando BlackRock dice haber comprado acciones de empresas y bancos locales que cotizan en el exterior, nos preguntamos cuál es la incidencia real de esas inversiones en el accionar de los fondos de cobertura.

De esto dependerá si la Argentina crece y distribuye su ingreso o si, por el contrario, lo hace como enclaves productivos pero con poco efecto multiplicador hacia el resto de la economía nacional, marginando regiones y población.

Obviamente que el gobierno debe decir y hacer lo suyo para que prevalezca la primera solución y no la segunda.

Tal lo descripto se dio el primer paso con el acuerdo arribado con los bonistas en jurisdicción extranjera, que tal vez no sea el mejor acuerdo, pero peor era no acordar y ello es así porque el frente interno del país deja mucho que desear, a la sociedad de hecho entre los principales fugadores de divisas del país y los fondos de cobertura se le debe sumar que más de diez millones de personas votaron a Macri en el 2019, gran parte del pueblo de Avellaneda y de Reconquista sigue defendiendo a los hermanos Nardelli y al "Mono" Padoan, en la ciudad de Buenos Aires se realizan movilizaciones en torno a Tribunales y el Obelisco oponiéndose a cualquier modificación de la Justicia, etc. etc., todos claros indicadores que no propiciaban un enfrentamiento en el presente con quienes son los grandes administradores de activos financieros del mundo.

Entendemos que la solución del teorema depende de que los grandes fugadores de divisas en la Argentina sopesen si el socio que tienen en sus empresas no les sale mucho más caro que la rentabilidad de su fuga, por un lado y, por el otro, que los grandes exportadores liquiden sus operaciones e ingresen los dólares al país porque por tres años se termina la incertidumbre cambiaria y no solo pierden plata, sino que el gobierno con su AFIP y su Aduana y gran parte de la población van a tratar de que se transparente su negocio.

 

 

 

 

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