DOBLE VARA

 

La declaración de la Asamblea General de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo, del año 1986 sostiene: “ La promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales “ sosteniendo también: “Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. Como bien expresa Hipólito Solari Yrigoyen en La dignidad humana, la introducción de los conceptos de interdependencia e indivisibilidad refiere en forma directa a la no preeminencia de unos derechos sobre otros. El respeto del paradigma de los derechos humanos, entonces, requiere del respeto global de todos ellos.

 

 

Los derechos que irritan a la derecha

Durante el gobierno de Evo Morales, el avance de políticas que atendieron los valores de la igualdad y la libertad ha sido de envergadura. Hernán Lechter del CEPA señala que la economía boliviana crece por encima del 3% anual y que en el período 2004-2014 esa tasa fue del 4.9%. En Página/12 del 11/11/2019 Tomás Lukin cita al Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019 publicado por CEPAL, que constató que “la inversión pública en proyectos sociales, las políticas de transferencias, el aumento de las remuneraciones, el menor desempleo y las ganancias de los trabajadores rurales se han traducido en importantes avances en la disminución de la pobreza”, destacando que la pobreza extrema a fines del 2018 descendió al 15,2 por ciento, lo que significó una caída de 23 puntos porcentuales en relación con el nivel del 38,2 por ciento registrado en 2005; o sea que el gobierno del MAS redujo la pobreza a menos de la mitad en trece años. Respecto de la igualdad, el Grupo de investigaciones sobre el desarrollo del Banco Mundial construyó una serie que muestra que el índice Gini, que mide la distribución del ingreso, presentaba el indicador  0.616 en el año 2000 y en el 2017 bajó a  0.44. Este índice muestra una mayor igualdad cuando su guarismo es más bajo y una sociedad más desigual cuando resulta más alto. Según una proyección del FMI, la desocupación en Bolivia cerraría en 2019 en el orden del 4%. Catalina Bontempo presenta en La Nación del 11/11/2019 la tendencia descendente de la tasa de inflación que se ubicaría a fin de 2019 en el 1.7%.

En cuanto a los derechos civiles y políticos, el gobierno de Bolivia produjo un avance sustancial. Durante el gobierno de Evo Morales se aprobó una nueva Constitución con nuevos derechos. En ella se exige un porcentaje de parlamentarios de origen indígena. Se estableció un sistema judicial indígena campesino con igual entidad que el de la Justicia ordinaria y la propiedad exclusiva indígena sobre los recursos forestales de su comunidad y se prohibió el latifundio.Se oficializaron además del castellano, los idiomas de los pueblos originarios. Se estableció el derecho al agua como un derecho humano. Se sancionó la propiedad del pueblo sobre los recursos naturales y su administración estatal en función del interés social. Se dispuso la propiedad estatal de los recursos hidrocarburíferos. Se explicitó la igualdad de género y el idioma inclusivo. Se reconoció la libertad de culto y se derogó el carácter oficial de la religión católica. Se declaró un Estado Plurinacional y se atendió a la armonización de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales del pueblo en su conjunto. Asumiendo el criterio de respeto a la propiedad privada en su concepción relativa, criterio indispensable para asumir la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Es el espíritu que primó para que la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1950 estableciera que para la consecución del objetivo de la dignidad humana es preciso el derecho de autodeterminación de los pueblos —tanto para establecer libremente su condición política como para propender a su desarrollo económico, social y cultural—, para lo que podrán disponer libremente de sus riquezas.

 

 

¿Qué cruje en Chile?

En Chile, las características de la evolución de su proceso político y económico son bien diferentes. En su Panorama Social de América Latina de 2018, la CEPAL muestra una distribución de la riqueza muy desigual, el decil más pobre tiene la propiedad del 2.1% de activos representativos de la misma, mientras que el decil más rico es poseedor del 66,5% y dentro del mismo el 1% detenta el 26,5% del total. El índice de Gini de los activos físicos y financiero es muy elevado ubicándose en 0.72, exhibiendo un alto grado de polarización social.  Por su parte el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una publicación de 2017 informa que si se incluyeran las utilidades no distribuidas por las empresas, las cifras sobre concentración de ingresos en el país serían muy elevadas. El 1% más rico obtiene, con ese criterio, el 33% del ingreso devengado y el 5% más rico el 51,5%. Y además el 0,1% acapara más de la mitad de lo que recibe ese 1% más acaudalado. Por otra parte, los indicadores de distribución del ingreso han mejorado muy poco en las últimas décadas en un país que muestra una interesante tasa de crecimiento de la economía y una aceptable estabilidad macroeconómica, lo que agudiza la percepción sobre el carácter de un régimen que perpetúa las condiciones de desigualdad.

En cuanto a los regímenes jurídicos que deberían garantizar los derechos económicos y sociales, existen fuertes límites al papel de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva y al derecho de huelga. Sergio Carpenter señala en su artículo ¿Qué cruje en Chile?, que el derecho de huelga, fuera de negociación, es considerado una falta disciplinaria. Reseña que cuando la dictadura privatizó el régimen de pensiones, lo hizo prometiendo una tasa de sustitución (ingreso del jubilado respecto de su salario en actividad) del 77%, siendo que cuatro décadas después esa proporción se ubica en el 35% para los hombres y 30% para las mujeres. La salud y la educación también fueron privatizadas durante la dictadura pinochetista y permanecen en esa condición, con un carácter oneroso, segmentado y con rasgos discriminatorios.

Chile es una sociedad organizada con el criterio de la presencia de un “Estado mínimo”, desentendido de participar en las funciones que atienden los derechos sociales y que interviene con una regulación que favorece a las empresas y precariza el goce de los mismos por parte de los ciudadanos.

Con referencia a los derechos políticos, la Constitución generada por la dictadura militar favoreció un “Estado mínimo” que mercantilizó la educación y las jubilaciones y pensiones, con un perfil pro empresario promotor de regulaciones que favorecen a las grandes empresas y restringe los derechos de los ciudadanos. Un Estado que creó condiciones para la desigualdad económica y social y para el despliegue de una economía primaria que produce cobre, madera y frutas, con un sistema financiero que tiene entre sus principales activos a la cartera de créditos a las familias para el pago de la educación.

 

 

¿Qué protege la protegida democracia chilena?

Fernando Atria Lemaitre sostiene que el sentido de la Constitución pinochetista era establecer una “democracia protegida”, en la cual lo protegido no era la democracia sino el modelo neoliberal de la dictadura militar, creando una institucionalidad política neutralizada incapaz de actuar para la transformación del modelo establecido. Para eso se estableció una lógica de quórum calificado que requieren mayorías especiales muy difíciles de reunir para modificar los sistemas de educación, de salud y de pensiones. Es una Constitución que, de hecho, hace imposible la reforma de sí misma. Hoy Bolivia y Chile están transitando momentos de alta confrontación política. En el primer caso se intenta consolidar un golpe de Estado, precedido por la actuación de bandas civiles, grupos parapoliciales y policiales, apoyados por un sector de la población y por la jerarquía de la iglesia católica y algunas iglesias evangélicas, a los que prosiguió el pronunciamiento institucional antidemocrático de las fuerzas armadas. El objetivo fue interrumpir un camino de transformación económica y social de profundización de la democracia, que avanzaba en la articulación integral de los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales. Esa transformación ha tenido como hito un hecho fundamental de la dignidad humana: el reconocimiento de los derechos, tanto individuales como colectivos, de los indígenas y los campesinos. Lo acontecido en estos últimos diez días fue el despliegue de una estrategia golpista, y no un alzamiento de nutridos sectores populares, como especularon algunas voces extraviadas de una corriente de la politología que se pretende progresista y objetiva. Chile, en cambio, lleva un mes de intensas movilizaciones contra un régimen político que nunca desarmó la herencia condicionada por la dictadura, ni en sus aspectos económicos como tampoco políticos, permitiendo el abuso de los sectores poderosos sobre las condiciones de vida de la mayoría, exhibidos de manera evidente y obscena. En Chile, los derechos humanos han sido seriamente violados, también en la pos-dictadura, período en donde el valor de la igualdad no tuvo consideración alguna por parte de los gobiernos que se sucedieron. Más, ante las luchas de resistencia a esas políticas, la represión no fue ahorrada como medio para sofocarlas, mientras los derechos políticos se encuentran amañados por esa misma Constitución heredada del pinochetismo. El texto tuvo reformas, pero estas siempre respetaron su doctrina neoliberal y la argucia jurídica que impide su sustitución por otra nueva y distinta. Las luchas populares en Chile se enfrentan a un gobierno que se ha empeñado en garantizar el continuismo y que, a pesar de haber insinuado algunos cambios no significativos, se ha empeñado en no abrir un camino que rompa con la herencia de la dictadura.

Sin embargo, en la Argentina buena parte de los editorialistas de los medios de comunicación concentrados sostiene que reivindicar la movilización popular chilena, mientras se condena al alzamiento golpista boliviano constituye una doble vara.

En la misma sintonía, el gobierno argentino se ha negado a caracterizar como golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia, aun ahora cuando ninguna formalidad institucional encubridora pudo ser cumplimentada, quedando configurado un escenario propiciatorio de un régimen dictatorial, que se propone una salida electoral con la proscripción de la fuerza mayoritaria y popular, según las expresiones últimas de los líderes golpistas.

La Argentina evadió un posicionamiento preciso, alineándose mediante evasivas con EE.UU., que festejó el golpe y se apuró a reconocer a una Presidenta cuyo único sustento real son las FFAA y policiales golpistas.

 

 

Desarticulada la UNASUR, reaparece la OEA

El gobierno de Cambiemos no sólo debilitó al país por el exorbitante endeudamiento externo, que involucró un voluminoso préstamo del FMI y sus condicionamientos. El rol jugado por el Presidente Macri en la desarticulación de la UNASUR significó la restauración de la OEA como ámbito multilateral de la región. Esa institución heredada de la Guerra Fría tiene como función clave garantizar la sumisión de América Latina a los intereses, políticas y necesidades de los norteamericanos, y cumpliendo con esa misión colaboró activamente con la preparación del golpe en Bolivia. Mientras la UNASUR frenaba los fragotes militares, la OEA los fogonea; el ejemplo es, justamente, el boliviano. Ese país tuvo que afrontar dos intentos, el primero en momentos de una UNASUR activa, después con la OEA en ese lugar. El primero fue derrotado, el segundo avanzó. Además, el gobierno de Macri y sus aliados embarcaron al país en el grupo de Lima y el PROSUR, espacios construidos para estimular y provocar una intervención armada contra Venezuela. No sólo la economía argentina fue debilitada por el macrismo, sino que empeoraron los recursos para la defensa de su democracia. Fue el signo de un discurso de la época la idea del nacimiento de una derecha democrática. Pero los acontecimientos presentes lo ponen en duda. Ni Bolsonaro, ni Macri, ni Piñera, que llegaron por la vía electoral, muestran estar comprometidos con la democracia. Esta y el neoliberalismo no constituyen una relación bien avenida.  El silencio y/o el respaldo de los neoliberales al intento de instalar un régimen racista en Bolivia lo ejemplifica.

 

 

 

* Profesor de la UBA . Ex director del CEFID-AR

 

 

 

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