Distribución y desarrollo

 

“Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.” Rodolfo Walsh, “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

 

 

 

Soberanía política para el desarrollo económico

El modelo teórico en el que se basa el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el enfoque monetario del balance de pagos, a través del cual aconseja que los déficits fiscales deben financiarse en los mercados de capitales externos, tal como lo analiza la doctora en Economía Noemí Brenta. Esta visión no distingue los variados componentes de la balanza de pagos, por lo que es indiferente si esta se salda a través de endeudamiento externo, inversión extranjera o exportaciones, a la vez que no diferencia entre deuda en moneda extranjera y en moneda nacional. Para este enfoque, el principal problema reside en el fenómeno monetario y/o en las fuentes de creación de exceso de moneda (el déficit fiscal), desatendiendo los verdaderos problemas estructurales que padece la economía argentina en el frente externo, que tienden a generar estrangulamientos en la balanza de pagos.

La experiencia argentina demuestra que este modelo agrava el resultado fiscal negativo porque el aumento de la deuda en moneda extranjera profundiza la restricción externa, dada la posterior salida de intereses y devolución del capital. Y la política de desregulación financiera, que se adopta en ese marco, agudiza dicha restricción, acelerando la fuga de capitales y provocando inestabilidad y vulnerabilidad externas. Todos estos factores impactan en la demanda efectiva, además de que los servicios de la deuda incrementan el gasto público, obligando a reducir otras partidas presupuestarias, y la recesión originada en la contracción de la demanda doméstica por la aplicación de políticas de austeridad disminuye la recaudación tributaria, lo cual empeora el resultado fiscal.

Sin embargo, el FMI identifica a la “mala gestión fiscal” como uno de los principales factores subyacentes a una alta inflación, un gran déficit en cuenta corriente y un crecimiento negativo o lento y, en tales circunstancias, requiere de cambios sustanciales en la política fiscal, formando una parte importante de los compromisos que un país miembro debe asumir cuando recibe apoyo financiero de este organismo. Desde su perspectiva, una buena gestión implica alcanzar una “situación fiscal saneada”, es decir, equilibrada, lo que acarreará estabilidad macroeconómica, de importancia central para el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza. Para ello, según el FMI, un ajuste fiscal de alta calidad puede, asimismo, movilizar el ahorro interno, aumentar la eficiencia de la asignación de recursos y ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo.

Si bien, en los últimos años, el enfoque del FMI habilita el relajamiento de la postura fiscal en el caso de que la economía se encuentre en la parte contractiva del ciclo, el organismo entiende que ese tipo de política induce a generar inflación, incertidumbre y volatilidad, todo lo cual obstaculiza el crecimiento.

En la actualidad se debate la factibilidad y conveniencia de un acuerdo con el Fondo. El destino de la política pública dependerá del camino que escoja el gobierno argentino, que no puede desconocer que la presencia del FMI condicionará el diseño de los programas económicos que se encaren.

Según el organismo, los Acuerdos Stand-By constituyen el instrumento crediticio típico que emplea para otorgar préstamos a los países, generalmente, por problemas de balanza de pagos. Estos préstamos están sujetos a revisiones regulares (generalmente trimestrales) y, a través de ellos, suele exigirse a los países deudores programas de estabilización basados en ajuste fiscal.

Los Acuerdos de EFF (Extended Fund Facility) son condicionados a ajustes estructurales. El FMI explica que esta asistencia se brinda a un país que enfrenta graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a “deficiencias estructurales” que tardarán tiempo en resolverse. En comparación con la asistencia proporcionada en el marco de un acuerdo stand-by, los EFF se caracterizan por la participación en un programa y períodos de reembolso más largos. Los montos deben reembolsarse en plazos de cuatro años y medio a diez años, con pagos en doce cuotas semestrales iguales.

Este tipo de asistencia financiera abre la puerta al Fondo para la realización de reformas económicas estructurales en los países periféricos. Esto habilita al organismo a diseñar la política económica de los países deudores durante los años que se prolongue el empréstito y facilita la venta de patrimonio y empresas estatales y flexibilizaciones en las legislaciones laborales y previsionales, entre otras posibles reformas económicas que se llevan a cabo para “alcanzar mayor productividad" o “dar garantías a la inversión”.

En respuesta a las declaraciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se planteó que no es posible extender el plazo de repago en un término superior a los diez años y que, para ello, se requeriría, en todo caso, un consenso geopolítico internacional. El FMI sostiene que diez años es un plazo estándar de las líneas de crédito que proporciona y que no sería posible otorgar condiciones excepcionales a la Argentina. Sin embargo, durante el gobierno de Cambiemos hemos asistido a numerosas excepciones o flexibilidades en las condiciones que podrían calificarse como “excepcionales”. En este sentido, aceptar las condiciones tradicionales que exige el FMI no representaría una buena negociación. La excepcionalidad del préstamo al gobierno de Cambiemos permite pensar en condiciones especiales para la Argentina, de lo contrario, sería inútil embarcarse en un acuerdo dispar que traiga miseria y hambre a nuestro país.

Dado que los márgenes de negociación de los países aislados son bien estrechos, los deudores necesitan conformar coaliciones estratégicas para establecer nuevas reglas de negociación con el FMI que descarten ajustes recesivos, tal como sostiene Roberto Mizrahi.

 

 

Distribuir (y redistribuir) para crecer

En Economía es conocido el debate en torno a las diferencias entre crecimiento y desarrollo económico. Se dice que el crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo, pero no resulta nada suficiente, puesto que este último es el proceso mediante el cual una determinada sociedad alcanza ciertos niveles de bienestar. Podría esperarse que dichos niveles permitan el pleno cumplimiento para todas/os sus habitantes de los derechos humanos –tanto de los civiles y políticos, como de los económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos o de los pueblos (por ejemplo, la conservación del ambiente, la autodeterminación, la diversidad cultural y de género, entre otros)–, y se alcancen indicadores reducidos de desigualdad social, mediante la modificación y consolidación de una estructura económica autosustentable y sostenible en el tiempo.

El crecimiento económico puede ser desigual y no necesariamente impacta positivamente en la estructura social y económica de un país. Por ello, es fundamental la distribución y redistribución.

En un artículo de 2019, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis desarrollan dos modelos de crecimiento posibles bajo el régimen de crecimiento neoliberal, en el cual la redistribución del ingreso a favor del capital se logró a través de la liberalización comercial y financiera: uno impulsado por exportaciones (export-led growth) y otro por deuda (debt-led growth). El primero consiste en generar saldos comerciales superavitarios y el segundo está asociado a un estímulo permanente al consumo, en base a un creciente endeudamiento y una mayor fragilidad de los hogares. El export-led growth también recurre a la deuda como instrumento de financiación, ya que se requiere la toma de deuda externa por parte de los socios comerciales de los países que adoptan este paradigma de crecimiento.

Una alternativa a estos paradigmas es, siguiendo a los autores, una estrategia de crecimiento impulsada por salarios que permita alcanzar un sendero de estabilidad macroeconómica. Los tres pilares centrales son la expansión del gasto por parte del Estado, el fortalecimiento de los sindicatos y la regulación del sector financiero.

Durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos se produjo un fuerte derrumbe del salario real, con un desplome del poder de compra de los trabajadores de alrededor del 21,4%. Entre diciembre de 2015 e igual mes de 2019 la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) fue de aproximadamente 214%, mientras que, en ese mismo periodo, la inflación según el Índice de Precios al Consumidor de INDEC fue del 299%.

Esta drástica situación se profundizó con la pandemia, que provocó el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de amplios sectores, incluyendo los trabajadores estables. En diciembre de 2020 la pobreza alcanzó al 42% de las personas; la indigencia, al 10,5%; la tasa de desocupación llegó al 11,0%, y la desigualdad medida por el índice de Gini fue 0,435. Esto acarreó un retroceso de la actividad a partir de la contracción del consumo, que conforma la mayor parte del producto bruto interno, alrededor del 70% del PIB. Considerando que el consumo privado es el principal componente de la demanda global, la reactivación del PIB requiere un aumento de los ingresos de aquellos sectores que se vuelcan preponderantemente al consumo. Estos son los sectores de menores recursos, es decir, los de ingresos medios y bajos.

En este escenario, es fundamental modificar la distribución primaria y secundaria de ingresos. Por un lado, hay que incidir en la distribución primaria, la que se da en la cadena de producción. Para ello hay que intervenir en el proceso productivo, afectando los salarios y las ganancias de las empresas. Esto involucra enfrentar una serie de desafíos estructurales, tales como elevar el piso de los salarios reales, modificar la estructura productiva y los patrones de consumo, crear nuevos puestos de trabajo dignos, suprimir la precarización laboral y la tercerización, reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, favorecer al cooperativismo y a las pymes, dar lugar a la participación de las/os trabajadores en las ganancias de las empresas, propiciar políticas de defensa de la competencia, de control de precios y tarifas máximas, reformar la ley de inversiones extranjeras y la de entidades financieras, entre otras medidas necesarias, además de una reforma progresiva y completa de la legislación tributaria.

Por otro lado, la distribución secundaria es la que se realiza a partir de la intervención del Estado, a través de las transferencias directas que realiza a los hogares y en la redistribución que se concreta mediante la política social. El sistema impositivo, además de cumplir la función de financiar al Estado y a la política social, posee un rol relevante como nivelador de la estructura social, no solamente a través de la redistribución de ingresos, sino también de gravámenes con carácter progresivo a los estratos sociales de mayor nivel de ingresos y riqueza.

Así el crecimiento puede ser impulsado por el incremento de la demanda efectiva, tal como indican las ideas del economista británico John Maynard Keynes. Un circuito virtuoso logrado por una mejora en la distribución y redistribución del ingreso que impactará en el consumo y en la actividad económica, y que alcanzará el desempeño deseado con justicia social.

 

 

 

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