Disparen sobre los trabajadores

 

Cada vez que se avizora un fin de ciclo político, que la restricción externa agrava una crisis económica, o que se temen sus consecuencias sociales, surgen opciones impulsadas por distintos sectores sociales, pero que tienen una víctima común. A la pugna clásica entre devaluacionistas y dolarizadores se suman las ensoñaciones con un pacto de la Moncloa, que viabilizó la transición española entre la dictadura y la democracia a la muerte de Francisco Franco. En los tres casos las consecuencias caen sobre los trabajadores y demás sectores de ingresos fijos.

• La devaluación es el reclamo constante de Paolo Rocca y su organización Techint, junto con los exportadores agropecuarios. El gobierno ha dicho una y otra vez que no piensa en un salto devaluatorio que haría estragos en el poder adquisitivo del salario. Pero, ¿qué hará el mes que viene, cuando en la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, la misión del Fondo Monetario Internacional presione en el mismo sentido?
• La dolarización fue propuesta por el legislador evolucionado radical Alejandro Cacace, que el presidente de su partido, Gerardo Morales, descalificó como una payasada, y por el fascista neo Javier Milei. Hasta el flamante mediterráneo Carlos Melconián lo desechó por falta de dólares, que es el principal problema.
• La Moncloa es una fantasía que ilusiona al Presidente Alberto Fernández, a Gustavo Béliz y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes piensan que hablando se entiende la gente.

 

 

A dos Carrillos

Los acuerdos, pactos, consensos o conciliaciones con que se pretende reencauzar la economía tienen como referencia la Moncloa, a veces en forma tácita y otras explícita. El ex senador Eduardo Duhalde dijo que fue a España para informarse de primera mano con Ramón Carrillo. Se refería al ex líder comunista Santiago Carrillo y no al ministro de Salud de Perón, quien había muerto más de medio siglo antes. El dirigente democristiano de Lomas de Zamora también creía ver un río en los parques de RPO. Además propuso que ingresaran al gabinete de Alberto varios ministros del PRO, sugerencia que el Presidente declinó con la tolerancia y el respeto que dispensa a las personas mayores con ideas fijas.

 

 

 

 

Raúl Alfonsín lo intentó sólo con los patrones, porque la ideología antisindical del radicalismo había amputado el otro posible sostén de su acuerdismo. La noche de 1985 en que comenzaron las audiencias del juicio a las Juntas, comió en Olivos con los empresarios más poderosos, que entonces eran conocidos con la engañosa denominación de capitanes de la industria, y allí acordaron la neutralidad patronal ante el juicio a los ex dictadores, a cambio de una modificación profunda del rumbo económico del ex ministro Bernardo Grinspun, tan bien intencionado como desconocedor de los cambios estructurales que la dictadura había producido en los años anteriores.

El Presidente convocó a una movilización en defensa de la democracia amenazada, pero arrojó un balde de hielo sobre los asistentes al declarar la economía de guerra contra el salario. Así respaldó la gestión del equipo moderno de Juan Sourrouille, Adolfo Canitrot, Mario Brodersohn y José Machinea. La precaria estabilidad que lograron con el plan Austral les permitió sortear con éxito la prueba de las urnas ese año, pero no se sostuvo hasta 1987, donde el electorado desdeñó el rezo laico sobre la democracia con la que Alfonsín no consiguió que se comiera, se curara y se educara.

 

 

Hasta Cristina

También lo intentó Cristina, al asumir la presidencia en 2007 y luego de la muerte de Néstor Kirchner, a fines de 2010, pero nunca contó con la buena disposición del sector patronal. La primera vez se opuso el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, habitual vocero del Grupo Techint, infatigable propulsor de la devaluación y la consiguiente licuación salarial. La segunda naufragó cuando el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, se levantó de la mesa y sugirió el reemplazo de la Presidenta por su Vice no positivo, Julio Cleto Cobos. Habían logrado frenar las retenciones móviles ideadas por el ministro Martín Lousteau e iban por más. En los dos casos, la negociación se empantanó porque las patronales reclamaban una actualización del tipo de cambio y mezquinaban la recomposición salarial.

Durante el velorio de Néstor Kirchner, el entonces presidente de la UIA, Héctor Méndez, dialogó con el camionero Hugo Moyano y le puso como condición para comprometerse, que se archivara el proyecto de ley constitucional de Héctor Recalde sobre participación obrera “en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. En su lugar, querían reducirlo a un mero premio por productividad. Moyano no lo aceptó, así como ahora tampoco se presta a ese tejemaneje su hijo Pablo, co-secretario de la CGT, que no asistió al cónclave presidencial con patrones y trabajadores y en cambio pidió una reunión con Máximo Kirchner.

 

 

 

 

Maurizio Macrì lo hizo como mero simulacro, en mayo de 2016, rodeándose de un centenar de empresarios que prometieron, y no cumplieron, abstenerse de despedir trabajadores, al mismo tiempo que protestaban por el proyecto de ley que lo prohibía. En aquel gobierno, un directivo de Techint, Miguel Ponte, ocupó la Secretaría de Empleo e inmortalizó la frase: conseguir o perder el trabajo es tan natural como “comer y descomer”. El ministro bonaerense de Trabajo, Marcelo Villegas, quien quiso y no pudo crear lo que llamó una Gestapo antisindical, provenía de Telecom, del Grupo Clarín.

 

 

No un pacto, sino dos

La Moncloa era la residencia del Presidente del gobierno que sucedió a Franco, su joven ex ministro Adolfo Suárez. Y en realidad no fue un Pacto sino dos: uno económico-social y otro jurídico y político. Su principal aliado fue Felipe González, protegido de la socialdemocracia alemana, quien dejó la clandestinidad y con ella su nombre de Isidoro.

 

 

 

 

Tal bifurcación entre economía y política explica por qué sus réplicas argentas no han arraigado. Sólo puede encontrarse algún punto de contacto entre la situación internacional de entonces y la actual. Por ejemplo, la explosiva suba del precio del petróleo, entonces por la guerra del Yom Kippur, ahora por la invasión rusa a Ucrania. En ambos casos pasó de los 100 dólares por barril, pero aquellos 100 dólares valían varias veces más que los actuales.

Otro paralelo es la alta inflación española de aquel momento, que llegó al 30% anual, con 25% de desocupación. Es decir, la mitad de la inflación que padece hoy la Argentina, pero más que el triple de desocupación, según los últimos datos del INDEC local. El descenso de la desocupación al 7% es un logro importantísimo, pero no logra ocultar un fenómeno que comenzó en los últimos años del menemismo y se ha ido naturalizando: tener un trabajo no asegura estar a salvo de la pobreza, que también se redujo pero aún es del 28% de los hogares y el 37% de las personas, mientras son indigentes casi 2,5 millones de argentines.

 

No hay otras concomitancias y sí muchas diferencias. La principal es que allí concluía una terrible dictadura de 36 años, luego de una guerra civil que en tres años dejó centenares de miles de muertos y la proscripción de partidos y sindicatos de izquierda. Nada que pueda compararse con lo que aquí se llama grieta, ni siquiera con lo que fue el conflicto armado de medio siglo atrás. Y además España estaba en un continente próspero, que recién emergía de los 30 años gloriosos de la posguerra mundial, los mejores para la clase obrera en toda la historia del capitalismo.

El patronato español era débil y con escasas relaciones internacionales, porque el franquismo había estatizado empresas grandes y medianas a troche y moche, para impedir que quebraran e incrementaran la desocupación, y sólo eran reconocidos los sindicatos oficiales, de un verticalismo asfixiante. En cambio, la patronal argentina es poderosa, transnacionalizada y la economía está hiperconcentrada. Las centrales sindicales se expresan con libertad, tanto los sectores que asienten a las políticas oficiales como aquellos que las objetan.

 

 

Salarios e inflación

El acuerdo social ibérico de 1977 deterioró los ingresos de los trabajadores, cuyos salarios se incrementaron el 20%, contra una inflación cinco puntos mayor. También se legalizaron los despidos de trabajadores. Pero la contracara fue una reforma tributaria, que comenzó a subir la presión fiscal, a partir del exiguo 22% de entonces, que casi se duplicó en las cuatro décadas transcurridas. Aquí el gobierno postula que los salarios y las jubilaciones deben ganarle a la inflación, pero esto sólo se materializa para la privilegiada fracción de quienes tienen un empleo formal registrado, y aún así prevalecen carencias y acechanzas:

• Ganarle a la inflación, implica no empeorar el cuadro heredado del cuatrienio neoliberal, pero mantiene la pérdida de 20% del poder adquisitivo consumada en aquellos años.
• La aceleración inflacionaria en lo que va de 2022, relativiza las mejoras obtenidas en 2021.

Es problemático sacar conclusiones de la observación de un fotograma, mientras la película corre a cada vez más alta velocidad.

Aunque en España no escasearon los reclamos, el conjunto de la clase obrera y sus organizaciones se resignaron a esa pérdida, porque hubo una fuerte inversión social indirecta en salud y educación financiada con los nuevos impuestos y, sobre todo, porque los acuerdos políticos implicaron un cambio sustancial, con la legalización de los partidos proscriptos, lo que permitió que el socialismo llegara al gobierno y el comunismo tuviera representantes en las cortes generales; la plena libertad de prensa, de reunión y de expresión; la prohibición de la tortura, el debido derecho a defensa; la eliminación del fuero militar para los civiles, la despenalización del adulterio y la promulgación en 1978 de una Constitución moderna que garantizó esos derechos y separó a la Iglesia del Estado. Cuatro décadas de nacional-catolicismo y represión sexual se olvidaron en el desenfreno que sucedió a la muerte del Caudillo.

 

 

 

 

La única tentativa exitosa en la Argentina fue el pacto social que planteó Perón en 1973, que no se sostuvo por razones antes políticas que económicas, debidas a la previsible muerte de aquel Presidente y el desbarajuste posterior.

 

 

 

Concentración vs. concertación

La idea de la concertación es el eje sobre el que giran los intentos del Presidente Alberto Fernández y sus ministros Matías Kulfas y Gustavo Béliz, cuyas relaciones son subóptimas con el ministro de Economía, el macroprudencial Martín Guzmán. En el tercer año de gobierno, Béliz rompió por primera vez el silencio, con resultados que ratifican la sabiduría del hermetismo. El otro MK anunció un plan Argentina productiva 2030 que, por medio de diez “misiones” promete crear más de dos millones de puestos de trabajo formal en el sector privado (70% en el interior, y más del 50% mujeres), sacar a nueve millones de personas de la pobreza, crear más de cien mil empresas nuevas y reducir la desigualdad a los niveles de medio siglo atrás.

No se sabe cuándo se iniciará el descenso de esa nube dichosa hacia la tierra de la inflación desbocada y los acampes.

La entrevista que Alberto concedió el domingo pasado a la Televisión Pública tuvo repercusión por una frase sobre los demonios que aumentan los precios, pronunciada en respuesta a una pregunta sobre quedar bien con Dios y el Diablo. Para el Presidente es posible convencer a los demonios para que frenen las remarcaciones de precios. Pero no fue lo más importante que dijo allí. Ya desprendido de los parangones teológicos, agregó que las posiciones oligopólicas que tienen no los autorizan a aumentar los precios.

Los economistas piensan todo lo contrario: es la estructura oligopólica de la producción y la comercialización de productos esenciales lo que permite y explica los incrementos muy por encima de cualquier otro indicador de la economía. Béliz, que conduce el Consejo Económico-Social, se dirige a los participantes con la retórica que el Episcopado católico instaló cuando lo presidía el prelado Jorge Bergoglio, acerca de la “amistad social”. Pero la concertación tiene escasas chances de éxito con los niveles de concentración existentes.

En ese sentido, el Centro de Economía Política (CEPA) elaboró un cuadro acerca de los niveles de concentración de los principales productos de consumo popular, que explica por qué en cuestión de precios no hay voluntarismo que valga, de modo que una y otra vez se repetirá la ecuación que hizo famosa Juan Carlos Pugliese, acerca de la relación inversamente proporcional entre el corazón y el bolsillo.

• La concentración se considera muy alta cuando la facturación de un producto por la empresa líder supera el 68%. Es el caso de los caldos, repelentes, desodorantes, cremas dentales, embutidos, jugos en polvo, jabón, yogur, suavizantes, cerveza, gaseosa, fideos, postres, lavandinas y rollos de cocina.
• La concentración es alta entre 44 y 68%. (Por ejemplo, en café, azúcar, aceite, arroz, salchichas, shampoo, crema de enjuague, leche, aguas, harina, protectores diarios, pañales, lavavajillas y papel higiénico).
• Entre 25 y 35% es media (quesos, galletitas, fiambres, hamburguesas, pan, yerba mate, enlatados, toallas femeninas).

Este desagregado por producto no da una idea exacta del problema, ya que una misma firma tiene posición dominante en bienes muy distintos. Por ejemplo:

• Unilever participa en 12 categorías (caldos, desodorantes, enlatados, fideos, jabones, lavandinas, lavavajillas, limpiadores, mayonesa, mostaza, suavizante, shampoo y crema de enjuague);
• Arcor en 9 (aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo, dulces);
• Molinos en 8 (aceite, arroz, café, fideos, galletitas, harinas, pan y yerba);
• Procter & Gamble en 6 (cremas dentales, jabón, lavavajillas, pañales, toallas femeninas, shampoo y crema de enjuague).

 

 

 

Contra lo que expresó el Presidente, los rubros en los que se verificaron las grandes remarcaciones son aquellos donde la concentración inhibe la competencia:

• Leche. Mastellone vende el 67% de la leche fluida.
• Derivados- Danone (50%) y Sancor (37%) venden nueve de cada diez postres lácteos.
• Cerveza- AB InVeb controla el 72% del mercado, con Quilmes y otras marcas que produce bajo franquicia.
• Gasesosas. Coca Cola, el 67% y Pepsico con el 35% no dejan lugar para terceros.
• Aceites- Aceitera General Deheza, Molino Cañuelas y Molinos Río de la Plata, se reparten en porciones iguales el 90% del mercado.
• Harinas- Cañuelas, con el 34%, Molinos Río de la Plata con el 22% y Morixe, con el 18% ocupan tres cuartos de la oferta.
• Pastas secas, donde Molinos Río de La Plata concentra el 65%, seguido por Arcor y Unilever que juntas suman el 5%.
• Arroz- Molinos Río de la Plata, con el 25% y  y AdeccoAgro, con el 20% se acercan a la mitad de las ventas.
• Artículos de limpieza e higiene- Ayudín vende el 82% de las unidades de lavandina, y Unilever el 61% de las de detergentes. Unilever también vende el 80% de los desodorantes, y Colgate Palmolive, el 80% de las pastas dentales.

 

 

 

Modestas pretensiones

Por todo ello, las pretensiones oficiales son muy modestas. El gobierno pretende que los precios se retrotraigan a un mes atrás, cuando ya eran altísimos, y se conforma con que la inflación anual no pase del 50%. Eso estaría por encima del 33% que imaginó el Presupuesto y de la banda de 38 a 48% contemplado en el acuerdo con el FMI, pero por debajo del 60% por el que empiezan a presionar medios y gurúes, entre quienes hay quienes se animan a vaticinar hasta un 78%.

Todo esto sin considerar el impacto de la situación bélica en los límites de Europa. El ojímetro presidencial estimó que la lucha entre rusos y ucranianos no explica más del 10% de la inflación argentina, y hay pocas dudas de que recién en los próximos meses se sentirá con crudeza.

Pero además de inflación, puede generar desabastecimiento energético para los meses del invierno austral. Que la presidencia anuncia que no escaseará el gas no tranquiliza a nadie, sobre todo porque son inocultables los diálogos oficiales con las empresas para analizar esquemas de cortes programados, ya sean dispuestos por el gobierno o por los usuarios industriales, y cronogramas de suspensiones y adelanto de vacaciones. No es un tema sólo local. Hasta Jair Bolsonaro está planteando el pago de subsidios a la privatizada Petrobras.

Una de las autocríticas españolas por los pactos de la Moncloa fue por la falta de previsión acerca del impacto que tendría en la década de 1980 el racionamiento energético y la escalada de sus precios.

 

 

A los caños

Esta Argentina tiene una gran ventaja sobre aquella España y es la abundancia de petróleo y de gas shale, en Vaca Muerta. Se estima que esas reservas alcanzarían para el consumo de petróleo shale de 92 años (cuarta reserva mundial) y para 202 años de gas no convencional (primera reserva mundial). Su aprovechamiento por el país no hubiera sido posible sin la estatización de YPF en 2012, en cuanto Barack Obama le comunicó a CFK la cuantía de aquellas reservas. Discutir si se pagó algo más o menos de lo posible es mirar el dedo que señala a las estrellas. Esto permitiría exportar más de 30.000 millones de dólares adicionales durante el próximo medio siglo, con que se explotara apenas la mitad de los recursos de Vaca Muerta. Con el alza de los precios internacionales gatillado por la guerra, este año es imposible reducir los subsidios, que por el contrario crecerán, y el déficit del sector energético será significativo.  No obstante, con las reservas existentes es imaginable una política de largo plazo que primero recupere el autoabastecimiento y luego convierta a la Argentina en un exportador significativo.

Pero desde 2017, cuando se saturó la capacidad del gasoducto que transporta el fluido, han pasado cinco años y dos presidencias que no han logrado construir la infraestructura necesaria para ampliarlo, de modo de trasladar ese producto desde los pozos hasta los centros de consumo o los puertos de exportación. Recién se ha realizado la licitación para el suministro de los tubos, en la que se impone Techint con un precio inferior al de la base, y a la que no se presentaron las siderúrgicas chinas, que compitieron duramente con los italianos en Córdoba. Procesado por corrupción en Milán, junto con su hermano Gianfelice y su cuñado Roberto Bonatti, para quienes la fiscalía pidió 4,5 años de prisión, Paolo Rocca se siente más seguro en la Argentina, cuya Justicia lo exime de cualquier responsabilidad.

Resta aún la licitación para la obra civil del gasoducto, que en un primer tramo cubrirá 500 kilómetros hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, pero que luego debería llegar hasta Brasil. También en ese rubro, Techint puede anotarse, con su empresa constructora, competitiva con la de los Macrì.

 

 

 

Cuarenta años y una fantasía

Ayer el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta CFK conmemoraron los 40 años del desembarco militar en las islas Malvinas. Él lo hizo al mediodía en la EXMA, ella por la tarde en el Congreso, ambos junto a Sergio Massa. Allí entregaron distinciones a dos decenas de empleados que combatieron en aquella guerra, y usó de la palabra el único diputado ex combatiente, el chaqueño Aldo Leiva.

 

 

 

 

 

 

Dos días antes también se cumplieron  cuatro décadas de la movilización por Pan, Paz y Trabajo y en repudio a la dictadura.  Pablo Moyano, Hugo Yasky y Sergio Palazzo encabezaron las firmas de una solicitada puesta bajo la advocación de una frase de Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT: "Cuando se quiere luchar siempre hay alternativa" y con la consigna "Que la deuda no la paguen los de abajo".

 

 

PAZ, PAN Y TRABAJO QUE LA DEUDA NO LA PAGUEN LOS DE ABAJO by El Cohete a la Luna on Scribd

 

 

Massa intentó que Presidente y Vice compartieran un acto, lo cual revela una comprensión insuficiente de lo que ocurre. La idea subyacente es evitar una división, que conduciría a la derrota electoral en 2023. La división ya se produjo, pero no entre dos, sino de parte de cuatro millones de personas que en 2019 votaron por el FdT y que dos años después se retrajeron, permitiendo la primacía de la alianza cambiante. Y desde entonces ningún cambio de rumbo autoriza a imaginar un resultado distinto el año próximo. La proximidad física entre Alberto y Cristina no obraría milagros, sin una modificación drástica de la política económica y una confrontación abierta con los grandes beneficiarios del statu quo. Es saludable que organizaciones y líderes sindicales, como es el caso de Hugo Yasky, se rehusen a esperar inmóviles una catástrofe anunciada y que por el contrario se propongan luchar con todas sus fuerzas para impedirla. Pero ése no puede ser el camino que siga Cristina, sin grave riesgo de desestabilizar a un gobierno bamboleante, con consecuencias predecibles.

No obstante, Alberto se aferra a una fantasía reeleccionaria sin otro sustento que la voluntad de su núcleo íntimo, que se resiste a admitir el sacudón de los cambios en el mapa sindical y político, con el relevo en la conducción de la UOM y la victoria de La Cámpora en los únicos 11 distritos de la provincia de Buenos Aires donde no se lograron listas de unidad, la mayoría de ellos gobernados por los cambiantes.

 

 

PARTIDO JUSTICIALISTA PCIA. BUENOS AIRES - RESULTADO INTERNAS by El Cohete a la Luna on Scribd

 

 

Las encuestas que publica la trifecta mediática se ordenan según el diferencial entre opiniones positivas y negativas, cuya utilidad es relativa. Nadie lo destacó en un título, pero Cristina sigue atrayendo hoy más del 37% de las voluntades, es decir ni una menos que en 2017, mientras Macrì cierra la lista. La idea de que sin ella no se puede conserva todo el vigor que tenía cuando Alberto la formuló por primera vez. Los carteles soeces en su contra, impresos y pegados por personas próximas a la UCR y el PRO, que no fueron detectadas por la policía metropolitana sino por la bonaerense, son apenas una ratificación de esa centralidad.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

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