Dispare y gane
Macrì ampara a los chocobar del país con la obediencia debida, militariza la seguridad y viola la ley, con consecuencias peligrosas para la sociedad.
Desde que Maurizio Macrì asumió la presidencia sus definiciones marcaron un perfil ideológico nítido. En diciembre de 2015, implantó por decreto la pena de muerte sin juicio ante la sospecha de transporte aéreo de sustancias prohibidas. En febrero de 2016 anunció otro decreto con un protocolo para la disolución de protestas que interrumpieran la circulación de vehículos, mientras los periodistas debían permanecer aislados dentro de un área delimitada, bajo la protección (o el control) de las fuerzas de inseguridad. “Les damos 5 minutos y si no se van los sacamos”, anunció entonces la ministra Patricia Bullrich.
Pero cuando la ideología se combina con la preocupación por el clima de la opinión pública, la mezcla puede ser explosiva y la fuga hacia adelante producir situaciones cada día más complicadas y con un potencial de enorme riesgo. La preocupación presidencial por la caída de todos sus índices de aprobación es tan evidente como la manifestación de líneas internas que disienten sobre cómo seguir y las respuestas espasmódicas de resultado incierto. Por más que el consultor Jaime Duran Barba haya intentado transmitir tranquilidad, alegando que las mediciones varían según los momentos y lo que se pierde hoy se recupera mañana, los políticos viven siempre en tiempo presente y éste no es grato para el gobierno.
A un mes del buen resultado de octubre, la represión en torno del Congreso para aprobar una reforma previsional durísima contra jubilados, pensionados y asignados; el sigilo y la desinformación sobre el submarino perdido, su estado de navegabilidad, la misión que cumplía y qué pasó con él; el escándalo del ministro de Trabajo que emplea en negro y paga parte del sueldo de su casera con fondos públicos; los tarifazos que avivan la inflación muy por encima de metas oficiales que no cesan de deslizarse hacia arriba; la nueva corrida del dólar, que superó en febrero la cotización que se preveía para diciembre, y los aumentos de tasas de interés internacionales dejaron el efecto electoral positivo en el pasado remoto. El decreto fumigador de familiares es una medida inocua que puede ganar algunas simpatías pese a la evidencia de su alcance limitado, pero no soluciona ningún problema de los enumerados. La ilusión es que las variables económicas se sosieguen en los últimos meses del año. El gobierno tiene el optimismo de la voluntad, aunque se cuida del pesimismo de la razón. Hasta que llegue el ansiado momento, habrá mucha demagogia y más castigo. Nunca más apropiado el color amarillo.
Del páramo a la ciudad
El respaldo al policía bonaerense Luis Chocobar, que fusiló por la espalda a un adolescente desarmado en fuga luego de un robo, entra en la misma categoría que el apoyo oficial a gendarmes y prefectos cuyo obrar ilegal produjo las muertes de Santiago Maldonado en Chubut y Rafael Nahuel en Río Negro. Pero las repercusiones son distintas cuando los hechos ocurren en la Patagonia ventosa y despoblada o en la gran ciudad.
El presidente recibió en su despacho a Chocobar, lo presentó como modelo de policía, prometió ayudarlo, cuestionó al juez que lo procesó por homicidio y lo amenazó con sanciones que podrían llegar a la destitución por el Consejo de la Magistratura. El presidente en su media parla, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun con su máquina de decir lugares comunes y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con su incomparable facundia definieron una supuesta nueva doctrina en la que el policía nunca puede ser considerado victimario porque cumple con su deber y tiene el beneficio de la duda. Algo similar habían dicho Bullrich y la vicepresidente Gabriela Michetti el año pasado cuando la Prefectura mató a Rafael Nahuel, también por la espalda. En aquel caso, al menos, habían actuado fuerzas federales, que dependen de Bullrich. Ahora, Chocobar ni siquiera es un bonaerense sino un policía local de Avellaneda (según el engendro que Daniel Scioli creó por decreto porque no estaba de acuerdo con los controles que incluía el proyecto de ley) y su línea de mando termina en la gobernadora provincial, quien quedó cuidadosamente de lado. Feliz coincidencia: María E. Vidal prefiere no ser asociada con estos casos, mientras Bullrich los asume con entusiasmo. Lo mismo hizo el 18 de diciembre, cuando envió gendarmes y policías federales a subrogar a los de la Ciudad en el gaseo y apaleo de jubilados y el atropello en moto de cartoneros.
La presunción de inocencia rige para todos, pero quien discierne la prueba que la confirma o la desvirtúa es el juez, caso por caso, y no el Poder Ejecutivo como un acto de fe. Estas discusiones se popularizaron hace tres décadas, cuando el presidente Raúl Alfonsín anunció el juicio a los ex Comandantes de la dictadura. La primera ley de obediencia debida, que reformó el Código de Justicia Militar en 1984, presumía que los militares de rango inferior actuaron en cumplimiento del deber de obediencia, salvo en caso de delitos aberrantes y atroces. Cuando los juicios avanzaron y se vio que todos los delitos habían sido atroces y aberrantes, Alfonsín impulsó una segunda ley de obediencia debida, la de 1987, que se conoce con ese nombre. Su primer artículo dice que “se presume sin admitir prueba en contrario” que no son punibles los militares y policías de rango bajo. Por eso el único juez de la Corte Suprema que la declaró inconstitucional, Jorge Bacqué, dijo que más que una ley era una sentencia. Ése es el tipo de presunción que Macrì desearía implantar ahora, para garantizarse la lealtad de los chocobares del presente y retribuirles con la impunidad cualquier desastre que cometan en afirmación de su autoridad sobre los súbdidanos.
A sangre fría
Los datos del expediente judicial son contundentes. Chocobar llegó cuando el robo y las heridas a la víctima habían concluido, de modo que la afirmación oficial de que salvó la vida del turista no tiene asidero. Fue un grupo de vecinos el que persiguió a los ladrones y recuperó la máquina de fotos con la que uno huía. El policía de Avellaneda vestido de civil salió en persecución del fugitivo, que no portaba armas de fuego ni lo amenazó en ningún momento. La cámara de seguridad muestra que Chocobar le dispara mientras el adolescente huye, lo hiere en una pierna y cuando cae se acerca a rematarlo, cuando no constituía un riesgo para nadie.
El Observatorio por los Derechos de la Niñez y la Juventud en el Barrio de la Boca sostiene que existen más videos que no fueron difundidos aún y avalan el pedido de la querella de recaratular la causa como “homicidio calificado”. Natalia Quinto, referente del colectivo La Boca Resiste y Propone, dice que el Poder Ejecutivo utiliza el caso de Juan Pablo Kukoc para instalar una jurisprudencia “que encubra los delitos de gatillo fácil. Y nosotros no aceptamos esta nueva lógica”.
No sólo el juez de menores Enrique Velázquez dictó el procesamiento de Chocobar, el 24 de enero. También lo consintió la fiscal María Fernanda Poggi. La maniobra para liberarlo es encabezada por el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, de promíscuas relaciones con jefes policiales acusados de actuar al margen de la ley. Sáenz anticipó opinión en Twitter y en declaraciones de prensa, en línea con la de Macrì.
En la audiencia del viernes el abogado de Chocobar, Rubén Arturo Melazo, argumentó que el policía actuó en cumplimiento de su deber y Sáenz agregó que había ejercido su legítima defensa, ante un hombre desarmado que se escapaba dándole la espalda. “Se nombro un fiscal de la Cámara que ya tiene una idea preestablecida y que la dejó clara en un tweet, diciendo que los delincuentes cada vez que salen a la calle saben que ponen en riesgo su vida, cualquier sea la situación y eso es un acto de absoluta gravedad” criticó Quinto. Los camaristas interrumpieron el alegato de Sáenz y decidieron no tomarlo en cuenta, pero la tarea estaba cumplida. Era política y no jurìdica.
Desde Washington, donde anunció la creación de una fuerza de tareas argentino-estadounidense en Posadas contra el narcotráfico y otras plagas a las que aludió en forma genérica, Bullrich fue mucho más allá. Dijo que se proponía modificar la legislación para que las propias fuerzas de seguridad evalúen el desempeño de sus integrantes y que no intervengan fiscales y jueces porque eso paraliza a las tropas. Mencionó la doctrina Tueller, para ilustrar los riesgos que Chocobar corrió ante el arma blanca que portaba Kukoc. Esa doctrina, creada en 1981 por un sargento de Utah, establece que a menos de 6,4 metros de distancia la vida de un tirador corre riesgo ante un agresor con cuchillo. En este video se puede ver su ejemplificación.
La comparación entre ambos videos es más elocuente que cualquier discurso. La doctrina estadounidense, que los tribunales toman en cuenta para juzgar si el uso del arma de fuego fue razonable y proporcional ante un riesgo de muerte, se refiere a un agresor que avanza cuchillo en mano sobre un policía que tiene el arma en la cartuchera, no en la mano persiguiendo a alguien que le da la espalda para escapar. Chocobar lo sabe y por eso mintió que Kukoc se había vuelto para enfrentarlo. Pero el gobierno no se detiene ante estas minucias e invoca la doctrina Tueller con la misma tranquilidad con que anunció que había disminuido la inflación del 20 al 40% en su primer año. Del mismo modo, en una polémica con el director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, José Miguel Vivanco, Bullrich sostuvo que su política de mano libre a la policía bajó la tasa de homicidios de 7 a 5,2 por 100.000 en dos años. Esto sólo ocurre en su fantasía, método infantil pero infalible de ganar cualquier discusión. El desprecio por los datos de la realidad llega a postular que para la doctrina vigente que el gobierno se propone cambiar "las fuerzas de seguridad son culpables por definición". La verdad se aprecia en el minúsculo número de miembros de esas fuerzas que resultan condenados por uso irracional de la fuerza. Doce años después del horrendo incendio en la cárcel de Magdalena, donde murieron quemadas 33 personas, el 95% sin condena y algunos con la pena ya cumplida, fueron absueltos catorce de los imputados. Sólo hubo condenas, cuyos fundamentos y monto se conocerán dentro de un mes, el director del penal, el jefe de la represión y un agente penitenciario. Este video del CELS describe el episodio.
La intervención política, con el anuncio de que se reformará el Código Penal para que toda actitud policial se considere legítima, transmite un mensaje de vía libre para cualquier atrocidad, como parte de una escalada. “Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros vamos a ir en defensa de los policías", dijo con su habitual frescura la ministra Bullrich. Una expresión que se ha generalizado en los últimos días es doblar la apuesta. Ya sea en la exaltación del gatillo fácil, en la provocación a los docentes (desconocimiento de la paritaria nacional que fija la ley, modificación por decreto de la representación de los distintos gremios en la mesa de negociación, desconociendo que CTERA agrupa a mucho más de la mitad de los afiliados) o respecto del dirigente camionero Hugo Moyano, Macrì elige cada vez la opción más dura, convencido como su gurú andino, de que así interpreta un sentimiento social mayoritario o al menos consolida su núcleo duro de apoyo.
Una primera consecuencia de esta posición fue el infernal tiroteo del martes en Tribunales, donde la policía disparó no menos de cien balas de plomo entre centenares de transeúntes y de milagro sólo hirió a tres (uno en forma deliberada y dos al tuntún, una jueza y un empleado judicial). Esto implica más que un cambio de doctrina, una mudanza de valores, que trastorna los conceptos contenidos en las convenciones internacionales, en la Constitución, en las leyes, en los principios básicos, los códigos de conducta, los reglamentos y protocolos nacionales e internacionales dictados para regir las formas de actuación policial. En términos de las convenciones de Derechos Humanos que integran la Constitución, esas no pueden considerarse intervenciones necesarias en una sociedad democrática.
El fenómeno es regional. Como el propio Duran Barba dijo, en todos los países vecinos existe la tentación de la pena de muerte. Esta semana un Blumberg peruano, padre de una niña de 11 años asesinada, encabezó una marcha en Lima reclamando su implantación para violadores y sicarios, lo cual implicaría denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo prohíbe. En Chile, parlamentarios de la derecha reclamaron al presidente electo Piñera que reimplantara la pena de muerte, abolida a principios de siglo por Ricardo Lagos, mientras los medios llenan horas y páginas con la violación y homicidio de una nena de dos años por su padre. La sutileza del consultor ecuatoriano consiste en que al mismo tiempo que instala el tema como una inquietud de los más pobres, deslinda su posición personal en contra.
Los policías que persiguieron a tiros a los tres hombres que habían robado una joyería de la calle Libertad, eran de la Policía de la Ciudad. Chocobar, de la policía local de Avellaneda. En ambos casos mostraron ínfimo aprecio por el valor de la vida, que en teoría es superior a cualquier otro y deben cuidar. Según la normativa vigente, la Auditoría General de Asuntos Internos (a cargo de Guillermo Berra, de línea directa con la gobernadora Vidal por encima del ministro de Seguridad Cristian Ritondo) debería haber iniciado una Instrucción Sumaria Administrativa (ISA) para investigar los hechos. Mientras se desarrolla la ISA, el efectivo pasa a disponibilidad, en su casa con la mitad del sueldo y a la espera de la resolución. Si la Instrucción concluye sin consecuencias penales, es el turno de la evaluación psiquiátrica para determinar cómo metabolizó el episodio y si está en condiciones de retomar el servicio. Ése fue el procedimiento que se siguió, el martes 7, con el policía del Grupo Halcón que mató de cinco balazos, también por la espalda, al adolescente Fabián Exequiel Enrique, de 17 años, en la entrada de la villa Los Eucaliptos, en Quilmes Oeste. Según el policía, cuyo nombre no se reveló porque la protección alcanza a su identidad, el chico intentó robarle el telefonito cuando se detuvo en un semáforo. La fiscal Karina Gallo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Quilmes, caratuló la causa como “homicidio” y secuestró del arma del policía, quien fue puesto en disponibilidad por la Auditoría General de Asuntos Internos, que instruye el sumario admnistrativo. Esto es lo que pasa siempre con los policías que no tienen un amigo presidente.
Pero los movimientos públicos de Chocobar indican que sigue en actividad como si nada hubiera sucedido e incluso las autoridades le pautan el raid mediático para que cuente su caso en radios y televisoras. Por lo menos un centenar de agentes en la misma situación pueden considerar injusta la diferencia de trato con el muñequito que Macrì eligió para decorar su torta. La experiencia nacional e internacional acumulada indica que en un par de meses las estadísticas mostrarán el incremento de muertes violentas en los denominados enfrentamientos, con participación activa de funcionarios policiales, sin que eso implique una disminución de actos delictivos ni una menor inseguridad. Sólo un aumento de la violencia que circula en la sociedad y que sin excepción recae sobre los sectores más vulnerables.
Algo equivalente sucede con los conflictos sociales. El ingenio salteño San Martín del Tabacal anunció 181 despidos, ante lo cual la población realizó asambleas, ollas populares y cortes de la ruta 50 en el acceso a Orán, desde la tarde del jueves. Al dia siguiente la policía provincial despejó la ruta en forma violenta, con gases lacrimógenos, balas de goma y exhibición de armas de fuego, pero sin orden judicial alguna, según la doctrina Noceti de la flagrancia que antes se aplicó en Chubut.
La represión continuó en la ciudad hasta que toda la población de Hipólito Yrigoyen salió a la calle. En su retroceso la policía se llevó nueve personas detenidas, que recuperaron la libertad por la noche. Entre ellas había dos chicos de once años y uno de trece. La policía también ingresó a algunas casas donde practicó detenciones. El ingenio aprovecha el conflicto para reclamar desgravaciones impositivas.
Despliegue rápido de pavadas
El mes pasado, el inconsciente de Cambiemos habló por boca de Michetti, cuando la vicepresidente dijo que Patricia Bullrich comandaba el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Gendarmería. El acto fallido refleja en forma burbujeante la confusión conceptual que el gobierno tiene entre las funciones de seguridad y defensa, separadas en forma tajante por las leyes fundacionales de la democracia postdictatorial, la de Defensa Nacional, de 1988, y la de Seguridad Interior, de 1992. Bullrich viajó en compañía de su colega de Defensa, Oscar Aguad, a Estados Unidos, que es donde esas confusiones se estimulan como deseables y se aprovecha el desconocimiento militante de las leyes y de su génesis por parte de funcionarios argentinos improvisados en cargos para los que no están capacitados, porque gozan de la confianza política del Ignorante en Jefe. Según Aguad, está trabajando para conformar "una fuerza de despliegue rápido", que daría "apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".
Todos los organismos estatales y privados que estudian el tema coinciden en que la incidencia del tráfico de drogas en la Argentina es mínima, y la del terrorismo nula. El Comando Conjunto cuya creación anunció Bullrich y el documento en el que sostiene que una denominada Resistencia Ancestral Mapuche es una organización terrorista en contacto con el eje del mal, intentan justificar una militarización que sólo se sostiene en la decisión de ejercer el control social en las ricas tierras patagónicas. Las fotos oficiales con los elementos secuestrados mueven a risa.
Según Aguad la FDR implicaría "un cambio operacional sobre todo en el Ejército, teniendo en cuenta las nuevas hipótesis de amenazas que tiene el país". En sus palabras, “lo que tenemos son amenazas nuevas y complejas que aparecen en este siglo con el uso de las nuevas tecnologías”, y enumeró “el cuidado de las fronteras, del medio ambiente, del Atlántico Sur y de la cyberdefensa”, que obligarían a una reestructuración de las Fuerzas Armadas. La doctrina de las Nuevas Amenazas, que desde principios de siglo intentó establecer la Primera Alianza y que ahora retoma la Segunda, proviene del Comando Sur, que vuelve a ser el faro luminoso que guía al Estado argentino. Aguad aclaró que los militares “no van a intervenir en la seguridad porque está prohibido por la ley" pero que los 40.000 hombres del Ejército “pueden prestar colaboración" en temas de logística. Con el habitual argumento presupuestario, Aguad dijo que el Estado “no puede autolimitar sus recursos estratégicos de defensa, incluida la seguridad interior, cuando están en juego la vida, la libertad, la seguridad del país y sus riquezas” y afirmó que salvo en Chile y la Argentina en casi todos los países "las Fuerzas Armadas colaboran activamente con las fuerzas de seguridad en temas muy precisos como son la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". Este anuncio sucede a la visita del ministro estadounidense de Relaciones Exteriores, Rex Tillerson, quien no vino sólo a pescar. CEO de Exxon Mobil hasta que Trump lo designó, en 2016 visitó a Macrì para analizar la inversión de 10.000 millones de dólares en Vaca Muerta.
Un experto que trabajó en la redacción de ambas leyes y que ha ocupado cargos de primer nivel en el gobierno nacional comenta: “Es un disparate más de esta banda de analfabetos funcionales”. Tal vez quisieron decir una Base de Apoyo Logístico, con capacidad para desplegar rápidamente en cualquier lugar del país los elementos que la ley de seguridad interior sí permite, en su artículo 27: “Servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Esos elementos con los que “las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior” deben ser solicitados al Ministerio de Defensa por el Comité de Crisis que la ley también prevé y de cuya existencia Aguad no parece haberse enterado. Para ello el Comité de Crisis contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto, bajo el control de la Subsecretaría de Seguridad Interior.
Pero el concepto de una Fuerza de Despliegue Rápido está prohibido en forma expresa por otros dos artículos de la misma ley. Además del apoyo logístico mencionado, “las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación” (artículo 31). “En esa situación, el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones contenidas en el art. 86, inc. 17 de la Constitución Nacional [que en la reforma de 1994 pasaron al artículo 99, inciso 14], dispondrá el empleo de elementos de combate de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio”. Como se trata de “una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554”.
El portal Infobae, habitual vocero de la embajada de Estados Unidos que apoya todo avance represivo, publicó las justificaciones del crimen de Chocobar ofrecidas por el Subsecretario de Formación Policial, el civil salteño Matías Lobos, quien mencionó 14 manuales con sendos indicadores para la formación y el reentrenamiento de los agentes policiales. Esos materiales fueron compilados bajo la conducción de Alberto Fhorig en un Instituto de Conducción Estratégica Conjunta, para capacitar a las planas mayores de todas las policías provinciales y fuerzas nacionales, con financiamiento del BID. La locuacidad de Lobos puede relacionarse con la inminencia de la disolución de su Subsecretaría. En cualquier caso, más allá de la hojarasca verbal nada habilita a disparar por la espalda, ni siquiera a los pies de un sospechoso que huye, aunque desacate la voz de alto. Las ejecuciones extrajudiciales no requieren ninguna nueva doctrina, son tan viejas como los gobiernos autoritarios que no quieren controlar a sus fuerzas.
La música que escuché mientras escribía esta nota
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