DISENSOS Y CONSENSOS

 

La carta de Cristina Fernández en la que señala que la economía bimonetaria es un problema estructural de Argentina y que su solución es imposible sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales, ha dado lugar a coloridas interpretaciones. Toda convocatoria al diálogo y a la búsqueda de consensos genera entusiasmo en algunos sectores al tiempo que enciende alarmas y remueve viejos prejuicios en otros. Sin embargo, la experiencia internacional ofrece numerosos ejemplos de consensos que dieron lugar a exitosos procesos de desarrollo con resultados muy favorables para las sociedades implicadas. No se trata de negar la existencia de acentuadas diferencias culturales, políticas e ideológicas, inevitables en una sociedad pluralista, sino que, sin negar los disensos, en ocasiones es posible encontrar espacios acotados para el consenso.

Algunas opiniones contrarias a los consensos provienen de intelectuales del espacio de izquierda que los considera estrategias de los sectores dominantes que hacen llamados al diálogo y a la tolerancia como modo subliminal de adormecer el conflicto social. Argumentan que al encontrarnos ante relaciones asimétricas de poder, la idea del consenso debilita las diferencias discursivas y enmascara las desigualdades. Con esta estrategia, los más poderosos retendrían su espacio de control y así lograrían la aceptación de los sometidos en aras del objetivo de preservar sus privilegios. Esta visión, que puede ser correcta en determinados contextos, no contempla que en otras circunstancias la búsqueda de acuerdos entre los sectores económicos y sociales que operan en el subsistema económico puede ser una opción más conveniente. Si consideramos que el objetivo político de la izquierda consiste básicamente en luchar por reducir el sufrimiento humano, se debería asumir una actitud realista, abierta a elegir los medios que resulten más adecuados según el contexto histórico y social en el que se interviene.

En los años ‘70 Juan Carlos Portantiero acuñó la idea del “empate hegemónico” como modo de interpretar el fenómeno de una Argentina estancada por la capacidad de bloqueo entre los sectores exportadores y los sectores industriales vinculados al mercado interno. Esta situación daba lugar a una secuencia en virtud de la cual una etapa de aumento de los precios relativos industriales y del salario real se veía interrumpida por una crisis en la balanza de pagos y una posterior devaluación requerida por la burguesía agraria. Esta lógica de un “empate” entre fuerzas alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin capacidad para imponer, de manera perdurable, los propios, es un escenario que se ha presentado históricamente en muchas ocasiones en el mundo entero, dando lugar en algunas ocasiones a soluciones de consenso que han permitido superar situaciones de bloqueo de un modo favorable para todos los participantes.

El ejemplo más conocido de un acuerdo económico y social perdurable ha sido el “consenso keynesiano” de posguerra, que se prolongó a los largo de “los 30 gloriosos años” y dio origen a los Estados del bienestar europeos. Fue un contrato entre el capital y el trabajo en el que el gasto social financiado con impuestos alcanzó niveles insospechados. A ese escenario se llegó gracias al papel de las organizaciones obreras que se habían convertido en un importante contrapoder social y también al temor que inspiraba la presencia del bloque soviético como modelo alternativo al capitalismo. La característica de este modelo, que se ha impuesto definitivamente en las sociedades europeas, es el compromiso del Estado de suministrar bienes públicos de calidad como la salud, la educación, la vivienda y las prestaciones sociales de desempleo y jubilación, que son sostenidas gracias a una carga fiscal elevada.

Otra experiencia peculiar pero en algún aspecto similar a la anterior es la que ha tenido lugar en China bajo la mirada vigilante del Partido Comunista. El pragmatismo de los líderes del Partido Comunista Chino, con Deng Xiaoping a la cabeza, habilitó la posibilidad de que todo aquel que lo deseara pudiese incorporarse al sector capitalista de la economía, reservando para el Estado el control de los sectores estratégicos. Si bien este caso es muy singular por el rol determinante del Partido Comunista Chino, en el fondo se trató de un pacto con la sociedad china, buscando deshacer el “empate hegemónico” que mantenía sumida a la China de Mao en la miseria y la pobreza extrema. El resultado ha permitido lanzar a este país por la senda de un desarrollo económico expansivo como no se tiene memoria en la historia de la humanidad. Se calcula que en estos 40 años alrededor de 600 millones de chinos salieron de la pobreza para pasar a integrar las clases medias en un proceso que arroja luces y sombras pero que innegablemente ha convertido a China en la primera potencia mundial.

Otro ejemplo de consenso, tantas veces citado en Argentina, es el del Pacto de la Moncloa. España atravesaba en el año 1977 una grave crisis económica producto del desgaste de las políticas económicas de autarquía heredadas del franquismo y del aumento del precio del petróleo. Con un grave déficit exterior, una inflación “latinoamericana” del 40%, déficit público y baja presión fiscal (19,5% del PBI), se imponía un cambio radical de políticas económicas. El vicepresidente de Economía, Enrique Fuentes Quintana, presentó entonces un Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía Española. Se trataba, como su nombre lo indica, de un extenso catálogo de medidas, básicamente económicas, dirigidas a reconvertir la economía española para preparar su futuro ingreso en la Comunidad Económica Europea. Se reflejaban en la propuesta presentada a los partidos políticos una serie de compromisos en materia presupuestaria, monetaria, de empleo, de seguridad social, educativa, e inclusive políticas agrícola, pesqueras y de comercialización. La iniciativa económica más original consistía en establecer un acuerdo –que fue luego suscripto por las centrales sindicales UGT (socialistas) y Comisiones Obreras (comunista) y la Confederación General Económica Española (CGEE)– fijando un ajuste de los salarios en función de la inflación prevista y no de la registrada en el año anterior. Ese acuerdo fue seguido luego por una política de “concertación” social que se ha ido prolongado desde aquella época hasta la crisis del 2008. El resultado se puede medir en término de crecimiento del PBI per cápita que pasó de los 3.000 dólares de 1977 a los 30.000 dólares de la actualidad.

En relación con la propuesta de diálogo formulada por Cristina Fernández, digamos que no es ninguna novedad puesto que ya la formuló tempranamente en el año 2007 en el acto de lanzamiento en La Plata de su candidatura presidencial por la Concertación Plural. En aquella ocasión destacó la importancia del diálogo social entre los trabajadores y empresarios para “acordar metas a mediano y largo plazo, no solamente discutir precios o salarios” y pactar así políticas a largo plazo que eviten los “cimbronazos” y cambios de dirección. También señaló que estos acuerdos “deberán tener el espíritu de los Pactos de la Moncloa pero no necesariamente su contenido, por tratarse de situaciones muy distintas en países y épocas diferentes”. Ese propósito se vio parcialmente reflejado luego en un Acuerdo Económico-Social del Bicentenario entre el Gobierno, la UIA y la CGT que en el año 2009 dio lugar a una propuesta de conformar un Consejo para el Diálogo Económico y Social (CDES), que incluyó una referencia explícita a los Pactos de la Moncloa. Estaba previsto que el CDES sería un ente de derecho público no estatal integrado por 60 miembros. Además de los 40 representantes de los trabajadores y de los patrones se sumarían diez por los partidos políticos con participación parlamentaria (sólo dos de ellos por el partido gobernante), dos por las organizaciones de consumidores y dos por las universidades nacionales. El resto serían designados por el Poder Ejecutivo, que lo presidiría. Entre los objetivos se contemplaba emitir opinión no vinculante sobre anteproyectos de ley, y elaborar estudios y formular propuestas sobre la situación de la economía.

Pocas semanas después de la asunción de Alberto Fernández el gobierno dio a publicidad un denominado “Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad”, con el declarado propósito de generar consensos de largo plazo para superar la “grave fragilidad económica y social” que atraviesa Argentina y dar respuesta de forma urgente a la “trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación”. El documento establece como tema prioritario la creación de un Consejo Económico y Social que impulse entre otras cosas un “esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos”, que fueron congelados por 180 días en la ley de emergencia pública sancionada por el Congreso.

Como se advierte por las iniciativas enunciadas, el propósito de alcanzar un pacto económico social que aborde los problemas estructurales de la economía argentina es un viejo anhelo que nunca se ha terminado por concretar, quedando en iniciativas que no han tenido continuidad. Dada la profundidad de la actual crisis económica generada por la pandemia, es evidente que ahora se dan las condiciones para reunir a representantes de los diversos sectores económicos y sociales y diseñar un plan de largo plazo que permita contener la inflación, remover los obstáculos al aumento de la producción, conseguir retener el ahorro interno que se va por la fuga de capitales, aumentar el empleo, mejorar la productividad y eliminar gradualmente las innumerables distorsiones que se han ido acumulando a lo largo de décadas. Si bien estas iniciativas requieren una elaborada fundamentación técnica, demandan también voluntad política porque inevitablemente afectarán intereses sectoriales de todos los participantes.

Desde una perspectiva más general podría argumentarse que la Argentina necesita también alcanzar un cierto consenso entre todos sus actores políticos para “reperfilar” el Estado de Derecho, renovar algunas instituciones y conseguir una administración pública eficaz, imparcial y profesional. En esto consistió básicamente la transición española, que fue un proceso continuo de modernización del Estado y la administración pública desplegado a lo largo de décadas. Sin embargo es difícil imaginar en estos momentos un acuerdo fundacional de este tipo en una Argentina escindida por una absurda grieta, si no se restablece antes un clima de confianza entre partidos políticos e instituciones, abandonando las estrategias negativas de crispación. Por el momento, el planteamiento de Cristina Fernández se limita a un acuerdo en el subsistema económico. Acotado a ese espacio debe interpretarse que pretende ser algo más que un mero acuerdo social entre sindicatos y empresarios, que carecería de la envergadura política necesaria para trazar cambios estructurales. No es posible pensar en una salida a la situación de “empate hegemónico” sin que todos los protagonistas asuman la necesidad de transacciones que suponen inevitables y costosas concesiones recíprocas. Para que esta iniciativa tome vuelo será necesario librar una dura lucha contra el escepticismo reinante y tejer con paciencia y sabiduría los acuerdos que la hagan posible.

 

 

 

 

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