A pocos meses de la detención de Milagro Sala comenzó una larga persecución sobre sus abogados. En marzo de 2016, la justicia de Jujuy abrió un proceso penal contra Luis Paz. Luego de estar reunida ocho horas en el despacho del juez Pablo Pullen Llermanos, una testigo llamada Yésica Páes denunció a Milagro Sala, pero también al defensor de la dirigente. Dijo que tenía “una mirada amenazante”. El magistrado impulsó esa causa y provocó un cambio de estrategia en la defensa: cada vez que el abogado entra a tribunales pone una mano sobre la frente a modo de visera para que nadie sienta el peso de sus ojos y vuelva a acusarlo.
Con el correr de los meses, Paz fue sobreseído en primera instancia pero la Cámara de Apelaciones de Jujuy creyó conveniente dejar abierta la posibilidad de retomarla al cerrar el caso con una falta de mérito. La consecuencia directa del ataque se tradujo en números: de los 14 abogados que tenía la organización barrial Tupac Amaru hasta diciembre de 2015, quedó solo uno, Paz. De los 6 abogados que integran actualmente el equipo de defensa de Milagro Sala, 4 sufrieron distintos tipos de sanciones. Hubo multas de 20 mil pesos, denuncias por usurpación de títulos sólo usado como una herramienta para impedir que los abogados de Buenos Aires ejerzan la defensa en Jujuy, sanciones por presentar hábeas corpus o por no poner la palabra “magistrado” o “doctor” antes de nombrar a un funcionario judicial.
Carlos Alberto López de Belva es presidente de la Comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). La Federación que representa a 81 colegios de abogados de todo el país, acaba de emitir un comunicado para alertar sobre el escenario de Jujuy. No sólo habla de la persecución a los abogados en causas específicas sino de la reacción corporativa del poder judicial que salió a defender a sus jueces ante los primeros reclamos del colegio de abogados jujueño. En diálogo con El Cohete a la Luna, advierte que Jujuy es un laboratorio. Que la aplicación de “sanciones en serie” es de una gravedad institucional muy fuerte. Y que detrás de los ataques a los abogados lo que se busca es dejar sin justicia a las víctimas. “Normalmente cuando se quiere privar del acceso a la jurisdicción a una persona o se la quiere dejar debilitada, la mejor manera que han encontrado gobiernos de distintos signos —y ni hablar la dictadura—, es ejercer la presión contra los abogados. Ello ha llevado que en esta lista de treinta mil detenidos desaparecidos hayan muchos abogados”.
¿Aumentó la persecución a los abogados en los últimos años?
Lamentablemente no hemos logrado confeccionar un mapa a nivel nacional, aunque es un viejo anhelo de la FACA. Estamos convencidos que la mayor parte de los abogados que sufren algún tipo de sanción no la denuncian a sus colegios. Tenemos la percepción de que hay muchos más casos que los que nos llegan pero ya tomamos algunas medidas concretas. Por ejemplo, implementamos un protocolo que aprobó la Junta de la Federación y que ahora nos permite comenzar a actuar de oficio.
Más allá de las estadísticas, ¿por qué es importante que los abogados hagan las denuncias?
Cuando hay agresiones contra un abogado, hay que institucionalizar las amenazas porque no se trata simplemente de una amenaza a un profesional del derecho en el que la víctima de la amenaza o la presión es exclusivamente el abogado. En la mayoría de los casos, si no en todos, el afectado es el cliente. Normalmente cuando se quiere privar del acceso a la jurisdicción a una persona o se la quiere dejar debilitada, la mejor manera que han encontrado gobiernos de distintos signos —y ni hablar la dictadura—, es ejercer la presión contra los abogados. Ello ha llevado a que en la lista de 30.000 detenidos desaparecidos hayan muchos abogados.
¿Qué análisis hacen sobre los ataques en Jujuy?
Hubo una serie de hechos con una significativa importancia y que son un alerta y que creo que pueden tomarse con mucha seriedad, como un ensayo implementado entre el poder político y judicial ahí en la provincia. Vemos muy graves las presiones fundamentalmente contra las defensores de Milagro Sala. Nos han llegado denuncias de los abogados, la primera fue la del doctor Luis Paz, pero no fue la única. El caso de Paz es emblemático porque le han montado causas penales, lo presionan de las maneras que uno perversamente se pueda imaginar y la ultima presión que se ejerció sobre él y sobre la doctora Paula Álvarez Carreras es muy complicada. Ambos ejercieron un derecho que a la vez puede ser un deber del abogado para garantizar la ecuanimidad y la independencia de un juez, como es recusarlo. El juez se sintió sumamente ofendido por el hecho de haber sido recusado y aplicó una multa económica muy fuerte que tiene la finalidad de amedrentar, de disciplinar y esta situación se agrava cuando el Colegio de Abogados de Jujuy sale en defensa subrayando que se están aplicando sanciones en serie, lo que es de una gravedad institucional mayúscula.
Alberto López de Belva, presidente de la Comisión de Defensa de la F.A.C.A.¿Cómo evaluaron la respuesta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy al comunicado del Colegio de Abogados de la provincia?
La Asociación de Magistrados de Jujuy salió a responder la solicitada del Colegio de abogados creando dificultades muy serias para el ejercicio profesional, para la independencia y la dignidad de los abogados. Es decir, salió un conjunto de jueces de modo corporativo a rechazar una solicitada por demás moderada del Colegio de Abogados de Jujuy donde llama la atención de los jueces para que no apliquen con ligereza las sanciones y pide una entrevista con el Superior Tribunal de Justicia. A reclamar por el ejercicio de un legítimo derecho del doctor Paz y de la doctora Álvarez Carreras como es recusar a un juez que consideran que no garantiza en forma idónea, imparcial e independiente el acceso a la jurisdicción de su asistida y le aplican una sanción. Los doctores, ejerciendo otro derecho, hacen la denuncia a su Colegio y el Colegio cumpliendo una obligación y un compromiso con sus matriculados sale a ejercer la defensa pública. Esto provoca la airada respuesta de la justicia de Jujuy, lo cual crea una situación muy delicada en una suerte de enfrentamiento entre la abogacía jujeña y los jueces, que es total y absolutamente inadmisible. No es esa la función de los jueces, no es esa la función de los abogados y no es esa la función de nuestras instituciones representativas, aquellas en las cuales estamos matriculados.
¿Hay antecedentes así?
Han habido antecedentes. A raíz del pedido de juicio político contra un juez, en el departamento judicial de San Martin en la provincia de Buenos Aires, se levantó todo el fuero penal. Pusieron un afiche en varios departamentos judiciales vecinos en el que expresaron que si se tomaba algún tipo de sanción contra el juez, sería una ofensa no sólo contra el juez sino contra todo el departamento. En definitiva, el juicio político quedó en la nada, hubo un acuerdo espurio con el poder político. Pero es un caso que yo conocí personalmente y tiene más de 20 años: desde entonces hasta hoy nunca vi ese tipo de reacción corporativa tan furibunda.
Volviendo a las sanciones, ¿cuando es legítima y cuándo es persecución?
Ahí hay una gran discusión. Los jueces tienen facultades sancionatorias. Nosotros creemos que el juez nunca debe tener la facultad de sancionar a un abogado. Podría tomar alguna medida si el abogado comete algún desatino en alguna audiencia, por la inmediatez del acto no se puede recurrir a otra instancia. Pero la facultad sancionatoria de los jueces tiene un pecado de origen: el juez que sanciona a un abogado aplica una sentencia sin oírlo previamente. Además lo hace en carácter de juez y parte porque es el mismo juez presuntamente ofendido el que sanciona al abogado presuntamente ofensor sin haberle dado previamente el derecho de defenderse, cosa que afecta al sentido mas amplio del ejercicio de la defensa o del debido proceso. No existe posibilidad alguna que alguien sea sometido a una condena sin juicio previo. Entonces, sostenemos que se debe bregar porque las facultades sancionatorias sean derogadas. Sin embargo, nosotros de ninguna manera creemos que quitarle a los jueces las facultades sancionatorias sea blindar al abogado de impunidad ni mucho menos. Los colegios son instituciones que normalmente actúan con gran seriedad y que en cuestiones vinculadas al análisis, el enjuiciamiento y la sanción de las faltas cometidas por sus matriculados son severos y serios.
Y en Jujuy, ¿es razonable que un juez aplique una multa de 20 mil pesos a un abogado, cuando el Superior Tribunal de Justicia regula sus honorarios en 2.800 pesos?
Es absolutamente falto de toda racionalidad, mas allá de insistir en que el juez no puede tener facultad sancionatoria, pero es evidente que una multa de ese calibre lo que persigue no es castigar la mala conducta de un abogado, sino disciplinarlo. Y no solamente disciplinarlo, sino algo mas grave: dejar a su clienta sin defensa técnica.
Resolución Jujuy 11-2017
Antecedentes de una persecución
La persecución a los abogados de Jujuy lleva tiempo. Diego D´Andrea Cornejo, Horacio Aguilar y Jorge Valerga Araoz son los abogados de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, procesado y luego beneficiado con la falta de mérito por la participación de la empresa Ledesma en el secuestro de 400 personas, de las cuales 33 permanecen desaparecidas durante lo que se conoce como Las Noches del Apagón en Jujuy. Sus patrocinantes acusaron a Luis Paz de haberle ofrecido a personas detenidas y condenadas por crímenes de lesa humanidad, mejorar las condiciones de detención a cambio de declarar contra el empresario azucarero. La denuncia finalmente no prosperó: fue desestimada por la fiscalía federal.
Elizabeth Gómez Alcorta es coordinadora del equipo de defensa de Milagro Sala. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UBA con diploma de honor, docente de la universidad, fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y abogada representante de la querella del Ministerio en el juicio oral por encubrimiento del atentado a la AMIA. El 16 de mayo de 2016, los jueces Mario Héctor Juárez Almaráz y María Alejandra Cataldi del Tribunal Oral Federal de Jujuy la denunciaron por usurpación de títulos y honores para impedirle que integre el equipo de defensa de la diputada del Parlasur. Los jueces son los mismos que tiempo después decidieron creer el testimonio de René “Cochinillo” Arellano en la llamada “causa de los huevos” y condenaron a Milagro Sala por un delito inexistente. La imputación también fue desestimada por la fiscalía.
Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte recibieron sanciones económicas por presentar un hábeas corpus por las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en Alto Comedero. La persecución sobre Ruarte incluyó roturas de vidrio a su vehículo en varias oportunidades en una provincia en la que también amenazaron a su madre.
En los primeros meses de 2017, el hostigamiento pareció ceder pero se reactivó luego de los incesantes pronunciamientos de los organismos internacionales sobre Milagro. El magistrado Pablo Pullen Llermanos —duramente criticado en la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus interpretaciones arbitrarias—, impuso una sanción de 20 mil pesos a Álvarez Carreras y otra idéntica a Luis Paz por recusarlo. Ese recurso es una herramienta contemplada en la ley para defender a los imputados de la parcialidad y falta de idoneidad de los jueces. El monto de la sanción no es un dato menor. El juez les impuso una multa de 20 mil pesos cuando el Superior Tribunal de Justicia fijó sus honorarios en 2.800.
Los magistrados Emilio Carlos Cattan, Gloria Portal de Albisetti y Néstor Hugo Paoloni de la Cámara de Apelaciones sancionaron a Paz, Álvarez Carreras y Ruarte por sus escritos. En este caso porque no utilizaron en todo momento la palabra “juez” para referirse a los magistrados Isidoro Cruz y Pablo Pullen Llermanos. En una de sus resoluciones, la Cámara de Apelaciones considera que los letrados se manifiestan “sin guardar la forma y el estilo forense”. Entre los pasajes, mencionan fragmentos de la presentación de los abogados. “La decisión de Cruz pone en riesgo la integridad física de Sala”, señalan. O: “La integridad física y la vida de Milagro han sido puestas en riesgo por la decisión de Pullen Llermanos”. A continuación, los jueces reconocen que en otros pasajes los abogados antepusieron los cargos, pero manifestaron que “debieron hacerlo en todo momento a lo largo de su presentación recursiva, pues las expresiones resaltadas son demostrativas de un lenguaje peyorativo, esencialmente despectivo hacia las personas de los magistrados nombrados, que en modo alguno puede permitirse su reiteración en cualquier estado del Poder Judicial de esta provincia o de la Nación”. Esta resolución fue apelada.
Los abogados hicieron presentaciones en el Colegio de Abogados de Jujuy, una institución que a pesar de su mayoría radical en enero del año pasado emitió una resolución para manifestar su enérgico repudio a la imputación de Luis Paz por el delito de amenazas. Ante la catarata de disposiciones contra los letrados de las últimas semanas publicaron un nuevo comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación por las sanciones que fueran aplicadas a los doctores Luis Hernan Paz, Paula Alvarez Carreras, Ariel Ruarte”. También mencionaron a otros dos abogados que no pertenecen al equipo de defensa pero fueron objeto de penas: Daniel Vivas y Alberto Bellido, “que afirman haber utilizado herramientas procesales en ejercicio del derecho de defensa de sus clientes”. En ese marco, solicitaron “la mayor prudencia de la Magistratura a la hora de ejercer aquella facultad sancionatoria” y destacaron “que la disciplina de los abogados ha sido delegada por ley a nuestro Colegio, quien interviene a través del Tribunal de Ética y Disciplina”. La respuesta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Jujuy no se hizo esperar. Al día siguiente publicó un comunicado de rechazo: “Sólo el respeto y sometimiento a las instituciones de la República garantizarán la paz social”. Esa posición disparó el último pronunciamiento de la FACA.
El fantasma de la 'Libertadora' recorre Argentina
Casi como si Carlos Alberto López de Belva fuera un visionario, apenas terminada la entrevista llegaba la noticia de una escandalosa sanción al abogado Juan Grabois por declaraciones vertidas en el alegato que pronunció en una causa de 2004, conocida como “toma de la comisaría de La Boca”. Minutos antes López de Belva había advertido que temía que las sanciones a los abogados en Jujuy se extendieran a otros puntos del territorio.
Los integrantes del Tribunal Oral Federal N º 6 impusieron a Grabois una multa que alcance el 15% del sueldo de un juez de primera instancia. Para dictar esta pena, se basaron en el decreto-ley 1285/58, cuyo origen se encuentra en la autodenominada “Revolución Libertadora”.
El abogado advirtió durante su alegato que el juicio había sido “una pantomima de debate”, criticó los privilegios de los jueces y aseguró que entre sus filas se encontraban magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”.
“La sanción es absolutamente nula. Los dichos vertidos en el alegato que tanto ofenden a los jueces son claramente opiniones políticas. Se ve que lo que los molestó son los cuestionamientos a sus privilegios y orientación política. Pero eso de ningún modo puede ser motivo de sanción para un abogado defensor, porque así estamos todos en peligro”, señaló a La Izquierda Diario Myriam Bregman. La legisladora presentó junto a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos un recurso ante la Justicia Federal en defensa del abogado de la CTEP.
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