Diez testigos no alcanzan

 

Poco después de que el Ejército por fin lo sacara del centro clandestino de detención de Campo de Mayo, el empresario René Grassi le contó a su hija Marcela que durante los interrogatorios había podido reconocer la voz de Juan Alfredo Etchebarne, entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores. “Hablaba como con una papa en la boca”, le comentó Grassi, hoy fallecido, en alusión a Etchebarne, hoy de 83 años, hombre de afectada dicción, abogado, ex ejecutivo de Acindar, habitué del Grupo Azcuénaga, cercano a José Alfredo Martínez de Hoz.

Grassi lo conocía desde antes porque Etchebarne le había allanado personalmente las oficinas de Industrias Siderúrgicas Grassi, entonces tercera empresa mundial en ferroaleaciones y principal competidora de Acindar, dos meses antes de que el Ejército los secuestrara a él y a más de veinte empresarios, gerentes y abogados de dos grupos económicos, Grassi y Chavanne, ligados a una operación financiera a la que la dictadura le había puesto el ojo: la compra del Banco de Hurlingham, ex propiedad de David Graiver.

Con el pretexto de la lucha contra la “subversión económica”, distintas facciones del régimen militar estaban detrás del famoso botín millonario de Montoneros que Graiver supuestamente había administrado. Según Grassi, unos días antes de que Etchebarne lo allanara ya había sido amenazado por Martínez de Hoz, ministro de Economía y ex presidente de Acindar, quien durante un congreso de ejecutivos le había anunciado que quería comprar el Banco de Hurlingham. Grassi le había dicho que el banco no estaba en venta, a lo que el ministro había contestado: “No sabés lo que estás haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz”.

 

 

En 2021, Marcela Grassi declaró en el juicio oral a Etchebarne por los secuestros y torturas a 22 personas vinculadas a los grupos Grassi y Chavanne entre septiembre y diciembre de 1978. Al igual que su hermana Marta, dijo que su padre reconoció a Etchebarne en la sala de interrogatorios. Juan Claudio Chavanne, otro de los empresarios secuestrados, declaró en el juicio que durante un interrogatorio en Campo de Mayo escuchó el nombre “Juan Alfredo”.

La fiscalía también proyectó en las audiencias los testimonios en el Juicio a las Juntas de otras dos víctimas, Isidoro de Carabassa y Raúl Aguirre Saravia, quienes denunciaron en 1985 que habían identificado a Etchebarne en los interrogatorios. “Me hizo como veinte preguntas”, dijo De Carabassa. Aguirre Saravia declaró que reconoció la voz de Etchebarne, quien dirigía las preguntas y la intensidad de los golpes de sus torturadores. Que lo empaparon en el suelo y lo picanearon hasta el desmayo. Que esperaban que él dijera algo que incriminara a René Grassi, y que una vez Etchebarne incluso lo sometió a un careo con Grassi.

Además de los dos ex secuestrados, hoy fallecidos, que ubicaron al imputado en la sala de interrogatorios, otros ocho testigos de diversa índole y procedencia declararon, en distintas instancias y a largo de varias décadas, que Etchebarne estuvo en al menos una o dos ocasiones en Campo de Mayo. Hasta el propio Etchebarne tuvo que admitir una visita narrada por varias personas, cuando asistió a una “exposición” sobre el caso Grassi-Chavanne con el general Carlos Suárez Mason y otros represores del Primer Cuerpo de Ejército.

Pero diez testigos no alcanzaron. Tampoco la masa crítica de documentos aportados a la causa que dan verosimilitud a esos testimonios. Para la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal 5, Etchebarne es inocente. En un fallo dividido, con la disidencia de Adrián Grünberg, absolvieron al ex presidente de la CNV. Según los fundamentos de la sentencia, que se conocieron esta semana, Palliotti y Obligado no vieron pruebas suficientes de que Etchebarne se involucró personal y delictivamente en la operación militar contra los empresarios.

El voto de absolución es casi un calco de los argumentos de Etchebarne, quien durante el juicio llevó adelante su propia estrategia de defensa y dejó en un papel de reparto a su abogado. Etchebarne reconoce que intervino en el caso Grassi-Chavanne pero asegura que lo hizo en el marco de una actuación normal de la CNV; que él no tenía ningún interés en el traspaso del Banco de Hurlingham más allá de asegurar que la operación no hubiera infringido la ley; que no tuvo nada que ver con los secuestros de los empresarios ni su cautiverio en Campo de Mayo.

Palliotti y Obligado reconocieron que, “como órgano estatal”, la CNV hizo “una serie de aportes causales” a los delitos investigados, pero sostuvieron que no hay pruebas de un “aporte concreto” de Etchebarne a los crímenes ni de que sus acciones se hubieran apartado “del normal funcionamiento” del organismo que presidía. Sostuvieron que su actuación en el caso Grassi-Chavanne fue acorde a un “procedimiento ordinario” de la CNV. A continuación los jueces dedicaron varias páginas a descartar una por una las decenas de pruebas contra Etchebarne.

En esas mismas pruebas se basó el voto en minoría de Grünberg, cuya disidencia dejó expuesto el voluntarismo de sus colegas para absolver a Etchebarne. Grünberg negó que el imputado hubiera “tropezado” con la operación del Banco de Hurlingham en el marco de un procedimiento de rutina, como Etchebarne dijo en el juicio, y sostuvo que él tenía un “especial interés” en el asunto, tal como lo prueba el hecho de que participara personalmente en el allanamiento a Industrias Siderúrgicas Grassi: una presencia innecesaria y fuera de lo habitual.

Etchebarne dice que sólo le interesaba asegurarse de que Industrias Siderúrgicas Grassi no se desviara de su objeto social legal ni perjudicara a los accionistas minoritarios. Unas semanas antes de los secuestros, la CNV formuló una denuncia penal contra los Grassi que dio origen a una causa judicial luego utilizada por el Ejército como cobertura “legal” para las detenciones y los interrogatorios de los empresarios y abogados. Desde Campo de Mayo, el Primer Cuerpo incluso requirió un equipo de peritos a la CNV para procesar y orientar la búsqueda de información que obtenían de los secuestrados, y que fueron provistos por Etchebarne.

Uno de esos cuatro peritos, Julio Spinosa, hoy fallecido, declaró una vez que Etchebarne les preguntaba en forma obsesiva si de la documentación que estaban examinando en Campo de Mayo no surgía qué había pasado con los 20 millones de dólares de los Montoneros.

Los cuatro peritos de la CNV dijeron haber visto alguna vez a Etchebarne en la barraca de Campo de Mayo donde les habían montado sus oficinas. Lo mismo declararon tres peritos del Banco Central que también cumplieron tareas allí. Carlos Berini, el único perito de la CNV que aún vive, dijo en el juicio del año pasado que Etchebarne “podría venir una vez por semana o cada dos semanas” a Campo de Mayo, y que sí estaba al tanto de la situación de los secuestrados.

“Resulta descabellado conjeturar siquiera en una especie de complot llevado a cabo por tantas personas a lo largo de más de cuatro décadas contra el imputado”, señala el voto en minoría de Grünberg, que no sólo subraya la cantidad de testimonios contra Etchebarne sino también las variadas oportunidades y épocas en que se produjeron, incluso cuando el “poder residual” de los ex funcionarios de la dictadura aún existía. Por eso, según el juez, “más allá de que los militares hubieran utilizado para sus fines el sumario (contra el grupo Grassi) iniciado por la CNV, fue Etchebarne quien también lo aprovechó, sin dudas, como aparente cobertura legal”.

 

 

“En el voto de absolución los jueces no hicieron una valoración integral de las pruebas, que fueron vistas en forma aislada y sin entrecruzar −dice la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro, que ya trabaja junto al fiscal Alejandro Alagia en el recurso de apelación que presentarán la semana próxima ante la Cámara de Casación−. Creemos que es un voto arbitrario que quita entidad y descontextualiza testimonios y pruebas”. Por ejemplo, Palliotti y Obligado desecharon los testimonios de las víctimas ya fallecidas que reconocieron a Etchebarne en los interrogatorios, bajo el argumento de que no podían ser confrontados por la defensa. “Pero el Código Procesal Penal prevé la incorporación por lectura de ese tipo de prueba, y por el cúmulo de otras pruebas que hay en esta causa, hay condiciones para tomar esos testimonios en cuenta”, marca Timpanaro.

El voto de mayoría también dice explícitamente que se niega a tomar las relaciones sociales y políticas de Etchebarne como un elemento a considerar. “Pero Etchebarne fue elegido para encabezar la CNV como parte de un entramado de poder dictatorial, con su componente militar y civil, que se articularon en el proceso represivo −dice Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y FLACSO y coordinadora de la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos, organismo querellante en la causa, cuyos abogados ya trabajan en la apelación−. Las conexiones y trayectoria del imputado no pueden dejarse de lado. Como incluso reafirmó Casación en su fallo sobre Acindar, en este tipo de delitos es fundamental analizar el contexto y disponer de una mirada integral, y esto incluye, en este caso, atender a la evidencia de quién es el sujeto, sus vinculaciones, peso e intereses. Etchebarne trató de disociarse desde el principio de las declaraciones indagatorias de Martínez de Hoz, en cuyo estudio trabajaba antes de ser designado por la dictadura, porque tener en cuenta estas conexiones ayuda a discernir no sólo el papel de la CNV en la etapa, sino también su participación en el proceso represivo contra las víctimas”.

 

 

 

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