DICIEMBRE VERDE

 

Parece increíble pero acá estamos de nuevo: repasando argumentos y estrategias para la legalización del aborto en Argentina. Y en la semana que pasó empezó la carrera que continuará por unos días más. A fin de cuentas es diciembre en este país: todo puede pasar. Luego de más de un año de promesas por parte de Alberto Fernández –primero en campaña, luego ya como Presidente–, más de medio año en cuarentena y rosca dentro del gobierno y en el Congreso, Sergio Massa dio tratamiento a la ley en la Cámara de Diputados. La semana sin embargo tuvo un preludio poco feliz, ya que los ataques contra diputadas y diputados a favor de la sanción de la ley comenzaron en distintos puntos del país.

 

Las intimidaciones

El escrache en Argentina tiene una genealogía en la lucha contra la impunidad de los genocidas en la década del ‘90 y fue retomado por los feminismos para la demanda de justicia en casos de violencia de género. Implica una organización, una articulación de denuncia, un grito colectivo, un avance en derechos. El escrache es un decir en un espacio donde las instituciones no están respondiendo. Muy distinto fue lo que pasó en varias ocasiones por parte de grupos antiderechos que se organizaron para intimidar a sus representantes bajo amenaza y hostigamiento, esperando un cambio en su postura. Y si bien en sus redes los enunciaron como “caravanas” o “tours de escraches”, fueron acciones violentas para entorpecer el debate democrático.

Carolina Gaillard, diputada por el Frente de Todos, fue una de las atacadas. El fin de semana previo a la inauguración del debate, en General Campos, su pueblo natal, un grupo de personas sostuvo una protesta de cuatro horas frente a la panadería de sus padres. Además repartieron volantes por toda la comunidad con una pregunta: “¿Sabías que la diputada Carolina Gaillard votó por el aborto?”. La semana anterior un grupo celeste se había presentado en la puerta de la casa del diputado radical Facundo Suárez Lastra en Palermo con bombos, carteles y banderas para disuadirlo de su postura a favor de la ley IVE. En Tandil una marcha celeste paseó ¡un falcon verde! demandando salvar “las dos vidas”. Las Católicas por el Derecho a Decidir comunicaron a través de sus redes su rechazo a estas acciones “como así también todas las agresiones que sufran nuestros representantes y nuestras actividades por parte de sectores fundamentalistas que en nombre de Dios intentan amedrentar cuando han perdido argumentos”. Diputadas y diputados a favor y en contra de la legalización repudiaron los ataques, y la Cámara creó un grupo de abogados penalistas para investigarlos a fin de garantizar “la intimidad y la libre decisión” de los representantes.

Mayca Balaguer, abogada feminista y coordinadora de asuntos legales de Fundeps, considera que los antiderechos recuperan retóricas de los movimientos sociales para establecer falacias y usarlas “a su favor”. “Hicieron un video de Ginés González García con imágenes de Videla: este giro discursivo en el que buscan hablar de ‘otro genocidio’, ‘otra dictadura’, es muy grave. En la dictadura hubo robo de bebes, nadie podía elegir nada. No se puede hacer esa analogía. En este proyecto estamos hablando de ampliación de derechos, de proteger la vida digna de las mujeres, que no es incompatible con la protección de la vida en términos constitucionales. Esta es una expresión de la democracia”, dijo. Además resaltó el carácter democrático del debate. “Como Campaña lo que pedimos es que haya un debate respetuoso. Quienes estamos a favor del aborto nunca iríamos a la casa de un senador a amedrentarlo porque tenemos argumentos que presentamos hace muchos años”, destaca.

 

El debate virtual

A pesar de los ataques y de manera virtual, la conversación de la que participaron más de 70 expositores y expositoras de “ambos bandos” fue inaugurada el mediodía del martes por Elizabeth Gómez Alcorta, Vilma Ibarra y Ginés González García, quienes hablaron ante las comisiones de Legislación General, Legislación penal, Mujeres y Diversidad, Acción Social y Salud Pública. Los proyectos a tratarse fueron tres: el presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de noviembre, el presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en mayo de 2019, y uno presentado por la diputada Araceli Ferreyra también en 2019.

Cuando Ibarra tomó la palabra dio un argumento que se retomó a lo largo del debate varias veces: las mujeres no nos embarazamos para abortar, no se trata de un proyecto de ley de promoción de actividades. Tomó como comparación la Ley de Matrimonio Igualitario y dijo: “cuando la discutimos, la gente esperaba a casarse en igualdad de condiciones”. La sanción de la ley IVE, explicó, lejos estaría de desatar un embarazo masivo de mujeres para luego abortar. Por el contrario, resaltó el interés del Poder Ejecutivo de poder estar para atender, cuidar y brindar información a personas con embarazos no deseados. “Si se aprueba el proyecto, cada persona seguirá viviendo según sus convicciones. Pero algo habrá cambiado: podremos disminuir embarazos no intencionales, la cantidad de abortos, sufrimientos, infecciones, perforaciones intrauterinas, y muertes evitables”, dijo.

Gómez Alcorta y González García acompañaron la parte expositora del Poder Ejecutivo hablando desde sus áreas: la ministra hizo un análisis sobre los artículos 13 al 17 de la ley, que incluyen cambios en el Código Penal. “Este es un proyecto mixto, que incluye el aborto voluntario hasta la semana 14 y por las causales vigentes actualmente de riesgo de salud y violación. También reconoce el concepto de persona gestante porque no sólo abortan las mujeres sino también bisexuales, intersex, varones trans y personas no binarias”, explicó. Su par en la cartera de salud hizo foco en el aborto como un problema de salud pública, resaltando que el sistema de desigualdades vigente en la Argentina condena a abortos inseguros a personas con menos recursos. Además, resaltó que el Misoprostol cuesta hoy en una farmacia 2.800 pesos.

Al concluir su exposición, Ginés repitió algo que ya había dicho en el pasado: si este fuera un problema de varones, ya estaría resuelto. “La genética del movimiento nacional es la justicia social”, dijo. “Cuando es tan distinto entre las mujeres que pueden y las que no, la justicia social tiene que actuar. Cuando tengan que decidir piensen en el sufrimiento de las mujeres cuando están en esa situación”. Luego comenzaron las exposiciones de un lado y el otro, que se extendieron durante las tardes del martes, miércoles y jueves.

Hubo de todo: discursos evocando lineamientos peronistas a favor y en contra –a favor por justicia social ante las desigualdades, en contra por justicia social ante el feto vulnerable–, una joven libertaria influencer antiderechos, chicanas entre médicas de Tucumán con posturas opuestas, incluso un expositor celeste utilizó una metáfora de El Señor de los Anillos para hablar sobre la vida y la muerte. Parece que una no-ficción más cercana no había: los argumentos antiderechos se caracterizaron por traer al presente falacias y figuras retóricas antiguas o lejanas, desconociendo lo que su parte contraria hizo en todos los casos: describir la realidad, exponer datos, ligar demandas de derechos a una situación social ineludible.

“Vemos con preocupación que la mayoría de los expositores en contra de los proyectos parecen desconocer el marco normativo vigente que es nuestro punto de partida para ésta discusión”, dijo Zoe Verón, responsable del área jurídica de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. “Estos mismos expositores tienden a negar el antecedente de debate legislativo de 2018 y los argumentos vertidos allí para avanzar en argumentaciones más complejas: al igual que en 2018 se presentaron argumentos jurídicos, científicos, estadísticos y médicos a favor y en contra de los proyectos. A diferencia del debate de 2018, la mayoría de los argumentos sociales estuvieron principalmente vinculados a valores religiosos”, destacó.

El trasfondo de la discusión estuvo muy marcado por el rol del Estado, ya sea en la atención de las personas con embarazos no deseados como en la producción pública y provisión de Misoprostol. Magui Fernández Valdez, del MISObservatorio, remarcó que “es esencial la acción de un Estado presente para garantizar que la provisión de misoprostol no dependa de un grupo de empresas, ni se comercialice en farmacias a precios tan elevados que lo vuelven inaccesibles. La industria farmacéutica es conocida por sus prácticas oligopólicas y monopólicas y por enfocarse en la ganancia y la ventaja en vez de en la salud”.

En el mismo sentido Sonia Tarragona, subsecretaria de medicamentos del Ministerio de Salud, expuso sobre los costos actuales que implica para el sistema el aborto en condiciones de clandestinidad versus los que enfrentaría para proveer el aborto en condiciones de legalidad. En su presentación evaluó todas las situaciones posibles en costos mínimos y costos máximos, considerando la diversidad de recursos y capacidades en el país. Precisó que el sistema de salud gasta hoy entre 2,6 y 10,2% más de lo que gastaría si el aborto fuera legal. “Queremos señalar que no es cierto que hoy no estamos pagando los costos por los abortos que se realizan, porque todas las complicaciones se siguen atendiendo en el sistema de salud”, recordó.

Quienes expusieron a favor se enfocaron en la deuda histórica del Estado con las personas gestantes, haciendo hincapié en la urgencia de la demanda. Las organizaciones feministas y las parlamentarias a favor de la legalización del aborto produjeron sobrado material sobre cómo la criminalización de quienes abortan no disminuye los abortos, sobre los costos para el Estado de la clandestinidad y sobre el impacto sociocultural de la maternidad obligatoria de niñas y adolescentes. Además recordaron la urgencia de la aplicación correcta de la ESI en todo el país, sobre todo el NOA y el NEA, donde generalmente es obstaculizada por grupos religiosos; y auguraron que con la aprobación del Plan de los Mil Días –que se tratará en los próximos días– se reforzarán las formas en las que el Estado acompaña con información y recursos estas problemáticas.

“Es importante que tanto diputados y diputadas como ciudadanos y ciudadanas tengan información completa y exhaustiva y podamos dar todos los argumentos para un debate serio y profundo”, dijo a El Cohete a la Luna la diputada Daniela Vilar, del Frente de Todos. “Sabemos que hay muchos colegas que se oponen a aprobar esta ley. Eso no nos impide tener con ellos un debate franco y sincero. En este sentido, las convicciones y creencias personales son todas respetables, pero no pueden imponerse a las demás ni reemplazar los criterios de lo que es un problema de salud pública”.

 

Cómo seguimos

Al cierre de esta edición, todavía no hay certezas sobre qué día se comenzará a tratar en la Cámara. Se espera que el miércoles 9 saquen el dictamen para dar inicio al tratamiento el 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos. Mientras los grupos celestes buscan dilatar la llegada de la votación, que será de manera presencial, quienes están a favor del proyecto entienden que un tratamiento pronto podría reducir la continuidad de los ataques a diputadas y diputados por parte de grupos antiderechos. “Estamos seguros y seguras que va a salir”, destacó Vilar. “El aborto legal es una prioridad porque se siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, y siempre son las mujeres pobres. Es una convicción de este gobierno, de Alberto y de Cristina”.

 

 

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