DÍAS DE FURIA

 

Septiembre era el mes de la primavera, de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, pero este año se convirtió para Jujuy en un mes negro, fatal: se registraron cuatro femicidios en 22 días. El Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que reveló un aumento significativo de la violencia como consecuencia de la cuarentena y la convivencia obligada con los agresores, informo que Jujuy tiene la tasa más alta del país en 2020, con 2 femicidios cada 100.000 mujeres. Ya suman once las asesinadas este año, tres de ellas en tres días consecutivos de la semana pasada, dos en Palpala y otra en Perico. Las de Palpalá estuvieron desaparecidas varios días por lo que hubo marchas, movilizaciones, escraches y reclamos al gobierno.

El lunes pasado centenares de mujeres acompañadas por sus hijos, familiares, vecinos y amigos marcharon por los barrios de la ciudad de Palpalá hasta llegar a la sede policial de la Brigada de Investigaciones, entrada la noche. Allí se desató la represión policial para sofocar el pedido de justicia. Hubo heridos con balas de goma y otros con elementos contundentes.

 

 

 

 

Al día siguiente las movilizaciones se extendieron por toda la provincia, sin incidentes. El miércoles una multitud salió a las calles de la ciudad capital y superó todas las expectativas. Reclamó justicia por las tres mujeres asesinadas —Cesia Nicole Reynaga en Abra Pampa, Iara Rueda en Palpalá y Roxana Mazala en Perico— y exigió la aparición con vida de Gabriela Abigail Cruz, cuyo cadáver apareció al día siguiente. La marcha fue también el marco para que se pidiera por otras y otros jóvenes que faltan de sus hogares. Fue la tercera jornada consecutiva en la que miles de personas ganaron la calle para gritar su indignación.

El 30 de septiembre quedará en la memoria colectiva de Jujuy. Las agrupaciones de mujeres y disidencias pusieron la organización y la experiencia. Pero además salieron adolescentes, jóvenes, adultas, abuelas, y también pibes, hombres grandes y motoqueros de camperas negras.

Frente a tanta indignación, el gobernador Gerardo Morales presentó un proyecto de ley de creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la Desaparición y Extravíos de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad y obligó a la legislatura a sesionar. Los diputados oficialistas, obedientes, lo aprobaron casi sin emitir opinión. El justicialismo y la izquierda rechazaron la creación del ente.

El diputado Emanuel Palmieri, del Frente de Todos-PJ, calificó al comité como “un monumento a la hipocresía”. “Seis diputadas del bloque solicitaron una audiencia a la presidenta del Consejo de las Mujeres Alejandra Martínez y nunca respondió”, afirmó. La actual funcionaria fue diputada nacional en el anterior periodo y fue la misma que había sentenciado que “Milagro Sala tiene una mansión al lado de la mía”. Vive en Perico.

Sobre los funcionarios que integrarán el comité, Palmieri dijo que “tontean en las redes sociales mientras a nuestras mujeres les pegan y las matan”, y recordó que “el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, tiene más denuncias que los delincuentes que tiene que investigar”.

Insatisfecho y dispuesto a duplicar la apuesta, en las primeras horas de la tarde del viernes Morales firmó un decreto-acuerdo titulado “Inaplicabilidad de indultos a femicidas y violencia de género, tipificación y penas máximas. Cumplimiento de Penas Máximas”, que según algunos juristas consultados por El Cohete a la Luna “es una aberración total” porque “modificó el código procesal penal, cambió la ley de ejecución de la pena, la Constitución provincial, creó la figura de querellante natural (sacando la de adhesivo, que había sido creada por el mismísimo Sergio Lello antes de convertirse en fiscal general) y adhirió a la ley nacional por decreto. Guarden esta pieza jurídica porque debemos superar esta pieza judicial, es para contarla a las futuras generaciones y consultarla con los juristas más prestigiosos del mundo, es una innovación por su creatividad pero principalmente por su ilegalidad”.

En el articulado, más precisamente en el número 3, le ordena al Poder Judicial: “El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género en todos los casos de femicidios y de delitos en ocasión de violencia de género actuará como querellante natural”.

En tal sentido el Poder Judicial deberá correr traslado al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género para que en un plazo perentorio se constituya como querellante y proceda su aceptación. El Consejo pedirá siempre la aplicación de la pena máxima y se opondrá a todo beneficio para los femicidas, en el marco de la ley nacional 27.372.

 

 

 

 

Septiembre negro

Cesia Reynaga, de 20 años, desapareció el 29 de agosto luego de avisarle a su mamá que iba salir de su casa en Abra Pampa. Diez días después encontraron su cuerpo semienterrado, con una piedra atada a una de sus piernas para que no saliera a flote. Apareció en un estanque de aguas servidas en el ex matadero municipal. El alerta fue a partir de un llamado anónimo.

Por el femicidio de Cesia hay tres detenidos. Curiosamente el principal sospechoso de ser el autor material del crimen tiene 14 años. Está detenido en su casa, con custodia policial, junto a su madre, una concejala del Frente de Todos, Noelia Velázquez, quien niega conocer los hechos y afirma que “mi hijo no es”.

Por ser menor de edad es inimputable. Su abuelo y su padre también fueron detenidos y están alojados en el hospital de campaña que posee el servicio penitenciario provincial en la unidad carcelaria 2, en el barrio Alto Comedero. El anciano, Humberto Mendoza, está aislado por ser portador del virus Covid-19, igual que el padre del menor, Benito Agüero, por ser contacto estrecho. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado.

Según la autopsia, a Cesia la asesinaron tres días antes de que se encontrara su cadáver. Es decir que habría estado secuestrada durante casi una semana. La pregunta es si un niño de 14 años fue capaz de tanto.

Iara Rueda, de 16 años, salió de su casa del Barrio San José de la ciudad de Palpalá el 26 de septiembre, tras recibir un mensaje en su celular. Salió a buscar una tarea escolar y desapareció. Tras la denuncia de los padres, junto a amigos, vecinos y familiares organizaron rastrillajes de búsqueda sin la ayuda de la policía. El cuerpo de la adolescente apareció el lunes en un descampado. Estaba maniatada y semienterrada. Ese mismo lugar había sido revisado por la patrulla vecinal, que no encontró nada. La autopsia determinó que fue estrangulada con una soga. Hay dos detenidos, de apellidos Cachizumba y Aban. Este último se entregó el jueves en la sede del Ministerio Público Acusación, junto a su abogado.

El 27 de septiembre Roxana Mazala, de 31 años, se preparaba para ir a una marcha cuando fue envenenada por su pareja, Fabián Berraza, quien se quitó la vida tras el femicidio. Tres hijos quedaron huérfanos. La militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) había celebrado el día anterior su cumpleaños en la movilización de Ni Una Menos para pedir por las jóvenes asesinadas.

El jueves 1 de octubre apareció el cuerpo sin vida de Gabriela Abigail Cruz, de 23 años. Estaba perdida desde hacía una semana. Detuvieron a su ex pareja, de quien se había separado en marzo. El joven, que confesó el crimen, había participado de los rastrillajes vecinales para buscar a la madre de sus hijos y había pedido por ella en las redes. Fue él quien finalmente, quebrado ante la policía, indicó el lugar donde había abandonado el cuerpo.

 

Los once femicidios de 2020

Doris Pacheco, de 42 años, el 9 de enero en Perico.

Mariela Zamora, de 40, el 24 de enero en San Pedro de Jujuy.

Jaqueline Karen Arjona, de 20, el 2 de marzo en La Quiaca.

Rocío Celeste Ocampo, de 25, el 10 de mayo en Yuto.

Paola Méndez Saka, de 24, el 7 de julio en San Pedro.

Cesia Nicole Reinaga, de 20, el 8 de septiembre en Abra Pampa.

Iara Sabrina Rueda, de 16 años, el 28 de septiembre en Palpalá.

Roxana Mazala, de 32, el 29 de septiembre en Perico.

Gabriela Abigail Cruz, de 24, el 1º de octubre en Palpalá

Otras dos mujeres padecieron muertes violentas, sus familias reclaman justicia pero sus causas fueron cerradas. En el caso de Pamela Chosco, de 35 años, la Justicia consideró que fue una muerte accidental. En el de Camila Peñalba, de 25, se cerró como una muerte por broncoaspiración.

 

 

 

 

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