Diario de una postergación

 

Con argumentos técnicos escuetos y endebles, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca se resiste a ordenar a La Nueva Provincia que publique una rectificación de las difamaciones hacia víctimas de la última dictadura impresas en sus páginas mientras ocurría la cacería que el entonces diario encubría y promocionaba.

De ese modo, la conformación actual del tribunal demora en cumplir lo dispuesto en noviembre de 2015 por sus antecesores, que tuvieron a cargo el juicio por delitos de lesa humanidad bajo la órbita de la Armada en la jurisdicción.

Además de las condenas a represores, aquella sentencia avaló la solicitud de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia y las querellas para que La Nueva Provincia rectificase las caracterizaciones de las víctimas como delincuentes, las de secuestros como detenciones y las de fusilamientos como enfrentamientos.

El punto 46 del veredicto estipuló que la rectificación debía incluir los casos de Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor y Hugo Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta. También marcaba pautas básicas, como que se consignasen las fechas, páginas y secciones en que en 1976 se publicaron las falsedades en que el tribunal detectó que “se engendraba una clara actitud de acción psicológica dirigida a la población”, de modo de imponer sin resistencia el relato de los verdugos.

 

 

 

Acto reflejo

Cuando en 2015 se pronunció la sentencia, La Nueva Provincia aún estaba bajo la dirección de Vicente Massot, miembro de la familia que lo controló durante más de un siglo. Único superviviente de la cúpula de la empresa en los ‘70, Massot ya había sido imputado por los aportes del diario a una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

La definición textual corresponde al fallo que en 2012 cerró el primer juicio bahiense contra represores de la dictadura, abriendo además nuevas investigaciones sobre el rol del medio en el plan criminal. Con la misma integración, tres años después el tribunal coincidió en avanzar hacia un modo de reparación a las víctimas estigmatizadas por La Nueva Provincia.

Transcurrida casi una década, en diciembre pasado la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de las defensas de los represores condenados y dejó firme el fallo, por lo que la Fiscalía solicitó al tribunal que ejecutase lo resuelto con otra conformación pero bajo su propia órbita en relación a la rectificación de falsedades ordenada al periódico.

Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís no hicieron lugar al planteo fiscal, demorando aún más una reparación individual que es también colectiva: no sólo se busca reponer el honor de las víctimas, argumento judicial de validación a lo solicitado, sino también dejar plasmada la verdad de lo ocurrido.

Con su negativa a formalizar el cumplimiento de lo dispuesto, el tribunal accede a lo que nadie pide. La Nueva Provincia ni siquiera formuló recurso alguno para objetar o impedir lo resuelto en 2015, incluso cuando días después del veredicto asumió un gobierno que le era afín: el fallo fue el primero en una causa por delitos de lesa humanidad tras el balotaje ganado por Mauricio Macri, que en julio de 2016 firmó un artículo especial para el medio, en plena transformación de diario a bisemanario. A comienzos de 2017, Massot dejó formalmente la dirección del periódico en que permanecen algunos de quienes fueron sus lugartenientes. Ni antes ni después La Nueva Provincia protestó la determinación judicial en los estrados, aunque los jueces actuales del tribunal bahiense actúen como si eso hubiera ocurrido.

Es posible que la resistencia judicial obedezca a un reflejo condicionado por décadas de un maridaje de togas y plumas que tuvo pocos rebeldes, como el ex fiscal Hugo Cañón y el ex camarista Luis Cotter.

Cualquiera sea la razón para la dilación, las viejas sábanas de papel siguen caracterizando como delincuentes a quienes sufrían los delitos. El tiempo pasa, y el daño que comenzó hace casi medio siglo continúa. Algunas víctimas que sobrevivieron a la dictadura han muerto sin verse limpias de las infamias que señaló el tribunal de 2015. Sólo una de ellas vive, y a sus más de 90 años podría recibir la reparación que los jueces demoran.

 

 

 

Lo firme y lo endeble

La escueta negativa del tribunal al pedido de la Fiscalía se plasmó en tres carillas. Pudieron resumirse más aún, porque el único argumento abarca dos párrafos.

Los jueces entienden que el fallo de 2015 no está firme, porque un único recurso permanece sin resolución de la Corte. Pero no explican por qué podría conmover la firmeza de ese punto del veredicto original, cuando involucra un debate sobre aspectos específicos en la graduación de algunas condenas a represores, sin poner en duda la versión de los hechos a rectificar en La Nueva Provincia. La Corte no podrá expedirse sobre una decisión que no ha sido cuestionada, y todos los planteos de las defensas quedaron agotados en diciembre, sin que ninguno haya incluido tampoco objeción hacia el punto que involucra al diario.

Para fundamentar su negativa y la enésima postergación, el tribunal citó fallos emitidos por la Corte en junio y septiembre de 2007, cuando dejó escrito que si un recurso de queja se encontraba pendiente de resolución la sentencia original no podía ser considerada firme. La gran diferencia de esos ejemplos con el veredicto fechado en Bahía Blanca hace casi diez años es que los evaluados por la Corte referían a controversias donde debían resolverse penalidades concretas sobre personas físicas. En ambos casos, además, los recursos en queja habían sido presentados por sus defensas. En cambio, el utilizado como excusa por el tribunal bahiense no fue elevado por representantes de los condenados, sino por el propio Ministerio Público Fiscal.

Cualquiera sea su resolución por los supremos, no afectaría ni se vería condicionada por la rectificación ordenada por otro punto del fallo que no fue objeto de controversias en más de nueve años.

 

 

1984

La lectura de la jurisprudencia hacia atrás, en la cadena de citas, revela un precedente singular. El tribunal bahiense no lo mencionó, pero conduce a una de las paradojas que frecuentemente arrojan tanta perplejidad como luz en la interpretación histórica.

Uno de los primeros debates judiciales sobre la firmeza de un veredicto acaba de cumplir 41 años: llegó en las primeras semanas de 1984, apenas recuperada la democracia, cuando emergían no sólo las atrocidades perpetradas por la dictadura sino también las desprolijidades y arbitrariedades documentales con que los represores pretendieron cubrir o maquillar sus acciones.

El 17 de febrero de ese año, el cabo primero Osvaldo Antonio López interpuso un recurso extraordinario de apelación como intento final de protestar la condena a casi un cuarto de siglo de prisión que le había impuesto el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en noviembre de 1978, bajo las acusaciones de atentar con armas contra aeronaves y revelar “secretos concernientes a la defensa nacional”, entre otros cargos.

Cuando en mayo de 1979 fue notificado de la condena impuesta, López había anticipado que recurriría ante la Corte, derecho del que fue privado por su propio defensor militar. Por esa razón, muy distinta a lo ocurrido con La Nueva Provincia en el tribunal de Bahía Blanca, los supremos de 1987 decidieron que “la expresa indicación de recurrir ante la Corte”, que el procesado manifestó al conocer el fallo castrense, “impide considerarlo firme e invalida los actos del proceso llevados a cabo con posterioridad”.

El lado B de la historia se plasmaría en letra judicial varios años después. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no sólo había impedido a López elementales derechos de defensa, sino que se valió de una declaración que fue obligado a firmar bajo tortura. Ocurrió durante su cautiverio en el centro clandestino Virrey Ceballos, que dependía de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Allí había sido trasladado tras su secuestro, el 15 de julio de 1977.

Las diferencias entre ese precedente y la custodia que el tribunal de Bahía Blanca hace sobre las añejas páginas de La Nueva Provincia, vocación que ni el propio medio reclama, son ostensibles.

 

 

 

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