Diálogo y concertación

 

En la segunda vuelta electoral del próximo 19 de noviembre los argentinos definiremos no solo quién será el Presidente durante los próximos cuatro años sino también si en el futuro inmediato avanzaremos hacia la construcción de un modelo de Patria o por el contrario retrocederemos hacia un modelo de coloniaje con el poder financiero internacional a la cabeza. Apuntamos a un triunfo de Unión por la Patria y al éxito del gobierno encabezado por Sergio Tomás Massa; por ello, ante su convocatoria a un gobierno de unidad nacional, se impone reflexionar sobre los motivos y objetivos de esa propuesta, sobre quiénes deberían tomar parte de ese gobierno de unidad y de qué modo ponerlo en práctica.

 

Por qué

Las PASO mostraron que se trató de una elección de tres tercios [1], en la que La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria totalizaron algo menos del 86% del total de votos emitidos; esa paridad no sería grave si no fuera porque dos de los tres más votados correspondieron a proyectos de la ultraderecha y del neoliberalismo, lo que implica una elevada probabilidad de que un eventual gobierno de UP se encontrará en franca minoría.

Los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 22 de octubre [2] muestran que pasamos de esa elección de tres tercios a una próxima elección entre las dos opciones encabezadas por la primera minoría de Unión por la Patria y la segunda minoría obtenida por LLA, mientras que el tercio anteriormente representado por JxC ha comenzado un proceso de crisis que llevará a su fractura, sobreviviendo algunos de los partidos que originalmente la integraron.

La muy probable implosión de JxC, a la que se suman los realineamientos estratégicos de sus gobernadores ante la opción de respaldar a quien convoca a un gobierno de unidad o a quien prometió eliminar el sistema de coparticipación federal, hace totalmente inútil arriesgar en estos momentos sobre cuál será la composición de las bancadas en las cámaras de diputados y de senadores del Congreso nacional. Sobre esa base es posible pensar que UP contará con buenas posibilidades de lograr la aprobación de sus propuestas legislativas.

En esas condiciones queda claro por qué Sergio Massa está convocando a un gobierno de unidad nacional sumando a quienes defiendan los intereses de las grandes mayorías populares y puedan, en conjunto, hacer frente a los intereses de quienes pretenden hacer prevalecer los intereses de los cuatro vivos de siempre a costas de las grandes mayorías y de poner en grave riesgo la soberanía nacional.

 

Para qué

Posiblemente el desafío más importante será concretar en modo efectivo un modelo inclusivo de desarrollo económico y social que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Como se detalla en la plataforma electoral de UP, se persigue recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones; garantizar y defender los derechos vigentes y promover nuevos derechos en el mundo laboral actual, y así mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo; estabilizar los precios sin afectar el nivel de empleo; recuperar la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional; desmonopolizar y estimular la competencia; federalizar la producción y el empleo; impulsar una revolución educativa; federalizar y fortalecer el sistema científico tecnológico; impulsar la política satelital; crear un sistema de salud integrado; consolidar las políticas de acceso y garantía de derechos en materia de discapacidad y salud mental; implementar una política integral de cuidados; promover legislación para el acceso a medicamentos gratuitos, elección libre de prestadores y servicios médicos para afiliados al INSSJP; desarrollar políticas e incentivos en sectores estratégicos de la economía popular; implementar una política integral de acceso a la tierra, la vivienda y al hábitat digno; fortalecer las empresas públicas nacionales; promover la articulación público privada para estimular la adopción de nuevas tecnologías y promover la creación de empresas; promover un salto histórico en el valor de las exportaciones 2024-2028; desarrollar sectores estratégicos para la sustitución de importaciones; desarrollar una política ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático; impulsar la transformación de la industria petroquímica; acompañar el desarrollo de la minería sostenible como puntal del desarrollo regional y nacional, preservando el cuidado del ambiente; desarrollar e implementar tecnologías y políticas de innovación para transformar la producción ganadera; desarrollar nuevas políticas agrícolas para consolidar el liderazgo global; garantizar la simplificación, equidad y eficiencia impositiva; debatir y participar de la necesaria regulación que requiere el ecosistema mediático digital; avanzar en la conformación de fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos que garanticen una política de seguridad pública ciudadana y democrática; y repensar el Estado que permita reconstruir el pacto democrático y la garantía efectiva de la división de las funciones del poder.

Notoriamente todas y cada una de las propuestas de UP resultan diametralmente opuestas a las políticas preconizadas por LLA y por JxC. Dirimir estas diferencias por los canales institucionales y por la vía democrática exigirá de un Poder Judicial independiente, que deje de operar como un partido atado a intereses económicos y políticos, tal como lo hace en la actualidad. Con igual finalidad también necesitamos de medios de comunicación masiva que dejen de actuar como voceros de esos mismos intereses económicos, lo que hará imprescindible revisar la Ley de Medios, eliminando los decretos con que Macri modificó esa ley.

En definitiva, un gobierno de unidad nacional debería apuntar al establecimiento de un modelo de desarrollo económico y social de carácter federal, fundamentado en políticas de estado permanentes, sustentables e inclusivas y con capacidad de establecer y a gestionar las reformas estructurales que necesita nuestro país.

 

Con quiénes

Existen dos vías principales para conformar un gobierno de unidad nacional: la primera es convocando a políticos destacados de los partidos más representativos; la segunda, a representantes genuinos de los sectores económicos y sociales más importantes, para asegurar el éxito de nuestras propuestas.

Más allá de las alianzas que es posible y necesario constituir con los partidos políticos en el ámbito natural del Poder Legislativo, al nivel ejecutivo la primera vía encierra varias e importantes dificultades: en primer lugar, los partidos de la oposición más importantes se oponen totalmente a nuestras propuestas y en otros casos no comulgan integralmente con nuestras prioridades; un segundo problema es decidir, sobre la base de su representatividad efectiva, quiénes serán los políticos de cada uno de los partidos convocados que tomarán parte del gobierno de unidad y cuál es su capacidad efectiva de hacer cumplir lo que se pacte; otra amenaza de importancia es la posibilidad cierta de que las disputas al interior de cada partido terminen restando o inclusive anulando el consenso partidario de tomar parte en el gobierno de unidad. A estas dificultades de orden político, se agregan otras resultantes de las personalidades y los egos de cada uno de los convocados.

La convocatoria a los sectores económicos y sociales tiene la ventaja intrínseca de que constituirán un respaldo efectivo a la acción del gobierno, en la medida en que resulten beneficiarios directos e indirectos de su gestión. Lo que no es poco. Entre los sectores a convocar se destacan en primer lugar los trabajadores y los empresarios nacionales, en especial los representantes de las MiPyMEs, las cooperativas y demás actores de la economía social, cuya presencia es fundamental para limitar y en lo posible equilibrar la influencia y la capacidad de lobby de los representantes de los poderes concentrados; también sería necesaria la participación de representantes de la cultura, la ciencia y la tecnología, de la juventud, de los jubilados y de los movimientos sociales.

El muy probable ingreso a los BRICs en el corto plazo agrega un condimento geopolítico en favor de la convocatoria a los sectores económicos y sociales, en especial por parte de las MiPyMEs y las cooperativas que se verían especialmente beneficiadas como resultado de las mayores oportunidades de financiamiento, desarrollo de la infraestructura federal y ampliación del comercio.

Por supuesto, estos dos modelos no son excluyentes y es posible pensar en combinaciones de ambos; sin embargo, para asegurar el éxito del gobierno de unidad nacional parece importante que la representación sectorial prime sobre la representación meramente política.

 

Cómo

Existen varias opciones no excluyentes y con diferente capacidad efectiva de aportar a la construcción de un gobierno de unidad nacional. En paralelo con su mayor capacidad de aporte, cada una de estas opciones presenta una creciente complejidad para establecerlas, hacerlas funcionar y lograr que cumplan su cometido. Yendo de menor a mayor, se destacan el otorgamiento de posiciones ejecutivas en la estructura gubernamental, la puesta en funcionamiento de mecanismos de diálogo social, por ejemplo mediante un consejo consultivo económico y social, y los mecanismos de concertación política orientados a la construcción de un pacto social.

El otorgamiento de posiciones ejecutivas en la estructura gubernamental parece tener dificultades similares al camino de integrar representantes de los partidos políticos al gobierno de unidad, toda vez que esos representantes, sean políticos o sectoriales, difícilmente conserven su representatividad originaria a lo largo de la gestión, y por el desgaste que esta conlleva, en especial cuando desde el arranque del nuevo gobierno estaremos enfrentando enormes dificultades.

Como se detalla en un trabajo previo, los mecanismos de diálogo social y concertación política muestran las posibilidades de un mayor impacto así como una complejidad para su concreción; en ese trabajo se analizaron las distintas formas y alcances del diálogo social y la concertación política, así como distintas experiencias nacionales, latinoamericanos e internacionales sobre pactos sociales y consejos económicos y sociales, y los factores que actuaron en favor y en contra de cada una de esas experiencias.

Respecto del alcance que presentan estos mecanismos, vale la pena considerar la posibilidad de encarar y de avanzar en la concertación de políticas tales como el marco macroeconómico y de políticas de crecimiento económico, el control de la inflación y la distribución de los ingresos, políticas de empleo y de género, educación y formación profesional, reforma del régimen fiscal y tributario, bienestar, seguridad y protección social, entre mucha otras.

En definitiva, todo indica la necesidad de realizar una evaluación de las oportunidades y las dificultades que presentan los mecanismos de diálogo y concertación política en la actual coyuntura para definir las posibilidades y la conveniencia de avanzar hacia la construcción de los consensos necesarios para establecer un pacto social que defina políticas de Estado con suficiente permanencia, para establecer senderos hacia un desarrollo económico y social inclusivo, de alcance federal y sostenible en el tiempo.

Pese a todas las complejidades que encierran los mecanismos de diálogo social y de concertación política, los resultados generados por el Pacto Social argentino de 1973, los Pactos de la Moncloa de 1977 en España y la Mesa de Diálogo Argentino de 2002 hacen pensar en la conveniencia de que el gobierno de Sergio Massa convoque a construir estos acuerdos que, de estar basados en la persecución del bien común y la protección de los bienes comunes con que cuenta nuestro país, seguramente contarán con el apoyo y el firme respaldo de la alianza estratégica que existe entre los actores representativos del trabajo, la producción, los movimientos sociales y la militancia política. Ojalá que así sea.

 

 

 

[1] Entre LLA, JxC y UP mediaron sólo 2,7 puntos porcentuales, diferencia equivalente a menos de 656.000 votos, menos del 1% del total de votos emitidos, que representaron un 69,6% de asistencia, incluyendo un 4,8% de votos en blanco.

[2] Con el 98,51% de las mesas escrutadas UP obtuvo el 36,68% de los votos a Presidente y ganó 12 senadores y 58 diputados; LLA logró el 29,98% de los votos, 8 senadores y 34 diputados; JxC obtuvo el 23,83%, 2 senadores y 31 diputados.

 

 

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