Diagnósticos

 

A finales del gobierno de CFK la economía argentina mostraba signos de agotamiento. El crecimiento del producto estaba estancado desde el año 2011 y la capacidad de generar empleo registrado en el sector privado se venía deteriorando. A su vez, la falta de divisas obligaba a endurecer los controles sobre la demanda de importaciones y la inflación se había consolidado alrededor del 25% anual. El proceso de reducción del superávit comercial que la economía venía experimentando y la dificultad para colocar deuda en los mercados financieros internacionales, derivada del fallo en los tribunales de Nueva York a favor de los fondos buitre, habían impuesto con toda crudeza el principal limitante estructural que enfrentan los países que no emiten una moneda de reserva internacional para crecer en forma sostenida, la restricción externa.

El diagnóstico inicial del gobierno que asumió funciones el 10 de diciembre de 2015 sobre las causas del estancamiento puede resumirse de la siguiente manera:

1. el nivel del tipo de cambio real lesionaba severamente la competitividad de la producción nacional;
2. la inflación era consecuencia de la monetización del déficit fiscal;
3. la falta de dólares estaba asociada a un exceso de controles en la cuenta capital, entre las que se contaban las regulaciones para la adquisición de divisas con fines de atesoramiento;
4. la fuga de capitales de los residentes se explicaba por el sostenimiento de tasas de interés negativas en términos reales con el objetivo de subsidiar a los tomadores de préstamos en el sistema financiero local, y
5. el déficit fiscal se debía principalmente a los subsidios destinados a mantener artificialmente bajas las tarifas de servicios públicos.

Las medidas implementadas desde los primeros meses de la gestión (devaluación, desregulación financiera, suba de la tasa de interés, disminución de los adelantos transitorios del BCRA al Tesoro, pago a los fondos buitre, endeudamiento externo a gran velocidad, recomposición tarifaria, etc.) dan cuenta de esta visión sobre el estado de la economía.

No es necesario ahondar sobre el fracaso rotundo que supuso la gestión macroeconómica de la alianza Cambiemos. Basta mencionar que la tasa de inflación de 2019 será el doble de la registrada en 2015; el PBI un 5% menor; la proporción de argentinos con ingresos por debajo de la línea pobreza se habrá incrementado un 35%, y el nivel del endeudamiento en divisas será de tal magnitud que volverá a dejar a la Argentina en una situación de extrema fragilidad para avanzar en un sendero de desarrollo. Más allá de cualquier discrepancia sobre la cuantificación del deterioro generado, es evidente que aquel diagnóstico inicial no era correcto y que las medidas adoptadas terminaron profundizado severamente los problemas existentes a finales de 2015.

 

 

La macroeconomía argentina según Cambiemos

Cambiemos asumió el gobierno con la convicción de que podría disminuir rápidamente la tasa de inflación. Son conocidas las afirmaciones de Mauricio Macri durante la campaña electoral minimizando la dificultad de esta tarea y también las proyecciones presentadas por el ministro Alfonso Prat Gay a comienzos de 2016. El razonamiento subyacente suponía que si se mantenía una política monetaria lo suficientemente contractiva, la inflación iría cediendo. Más precisamente, todo lo que había que hacer era dejar de financiar al Tesoro a través del Banco Central. Explícitamente se descartaban como factores motorizantes de la inflación los incrementos tarifarios, el aumento del tipo de cambio nominal o la puja distributiva. El primer discurso de Federico Sturzenegger como presidente del BCRA es una muestra cabal de cómo entendía el gobierno la dinámica inflacionaria. Desgraciadamente la realidad terminó imponiéndose y el traspaso a precios de la devaluación, el aumento de los costos y la puja distributiva impulsaron la tasa de crecimiento de los precios a un nivel que no había sido alcanzado durante los años anteriores, evidenciando la relevancia de estos factores en la dinámica inflacionaria de la economía argentina.

El tratamiento otorgado al tipo de cambio como variable determinante para equilibrar el saldo comercial también parecía ignorar la experiencia reciente en varios aspectos. Aquella idea de que la flexibilidad cambiaria protegería la industria nacional se chocaría inexorablemente con la dificultad para mantener estable el tipo de cambio real y la escasa elasticidad precio de las exportaciones. En la literatura es posible encontrar abundante evidencia sobre el escaso impacto en las cantidades exportadas que tienen las devaluaciones en la Argentina. Su efecto corrector del desequilibrio externo no deviene de un cambio virtuoso de precios relativos entre la producción nacional y extranjera, sino más bien del efecto recesivo (y regresivo) que tienen las devaluaciones no compensadas en nuestro país, dado su impacto negativo sobre los salarios. Adicionalmente, Cambiemos le agregó a la devaluación la reducción de la alícuota de retención a las principales exportaciones de productos agropecuarios potenciando ese efecto.

En ese contexto la política tarifaria se abordó únicamente como un problema de gasto del sector público. ¿Dónde están los trabajos o informes del ministerio de Economía midiendo el impacto sobre la competitividad del incremento del costo de la energía o del aumento de los servicios públicos en general? Probablemente no se conozcan porque en realidad no existieron. Se utilizaba un argumento de eficiencia; “si no pueden producir sin subsidios se tienen que reconvertir”; para esconder el objetivo principal de reducción del gasto público.

 

 

Golondrina de un solo verano

La explicación sobre las causas por las cuales los residentes demandan dólares con fines de atesoramiento también se mostró deficiente. La fuga de capitales se ha ido consolidando como uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina. Tomando como referencia la formación de activos externos del Sector Público No Financiero registrada en base a las operaciones concertadas el Mercado Único y Libre de Cambios, la pérdida de reservas internacionales por este concepto, entre enero de 2008 y agosto de 2019 ha sido equivalente, en promedio, al 25% del gasto en importaciones (si se excluye la etapa 2012 -2015, en donde se incrementaron sensiblemente los controles cambiarios el ratio llega al 34%). Los cuatro años de Cambiemos refuerzan la idea de que la fuga tiene un carácter estructural que no depende del signo político del gobierno de turno ni del nivel de la tasa de interés doméstica. La estrategia de portafolio de los residentes con capacidad de ahorro en Argentina incluye una porción muy relevante de dolarización de la cartera que parece poco elástica a los rendimientos de activos domésticos, y que por supuesto se incrementa en situaciones de stress cambiario.

El levantamiento acelerado de las regulaciones sobre la entrada y salida de capitales fragilizó, como era esperable, el sector externo de la economía. La coyuntura internacional de tasas históricamente bajas en los países centrales motoriza actualmente el ingreso de capitales en los países de la periferia. Particularmente en buena parte de América Latina contribuye a sostener los crecientes déficits de cuenta corriente en el balance de pagos. No obstante, esos capitales suelen ser muy volátiles con relación a variables que escapan al control de las autoridades locales, como pueden ser los cambios en la tasa de interés de los bonos norteamericanos o en la aversión al riesgo de inversores internacionales que difícilmente puedan saber con exactitud que es lo que está pasando en la política interna de un país sudamericano. La combinación de falta de regulación con un crecimiento explosivo de la deuda en divisas habilita un terreno fértil para que cualquier chispazo dispare una salida de capitales como la que comenzó a producirse en el segundo trimestre de 2018.

Probablemente el caso donde la política alcanzó el máximo nivel de descalabro haya sido en la organización del sistema financiero local. En la actualidad, el negocio bancario consiste mayormente en tomar dinero del público para prestárselo al BCRA a través de letras de muy corto plazo (LELIQS). Dado el actual nivel de tasas de interés, el otorgamiento de un préstamo comercial constituye un problema para el banco y para el cliente. Las entidades financieras han dejado de ejercer el rol que deberían cumplir en un sistema económico que funcione adecuadamente, sin embargo, mucho antes de este virtual parate del crédito bancario se habían comenzado a desmantelar todas aquellas políticas que habilitaba la reforma de la Carta Orgánica en 2012 y que permitían un rol mucho más activo del Estado en la orientación del crédito. La liberalización del sistema no conduce necesariamente a una asistencia crediticia más eficiente para las empresas. Los bancos tienden a orientar el crédito según criterios de rentabilidad que no tienen por qué coincidir con la mejor asignación posible desde la perspectiva de la economía en su conjunto. El incremento del volumen del crédito durante los primeros años del macrismo está asociado específicamente al crédito hipotecario (y a la problemática actual de los créditos UVA). El financiamiento para las empresas crece por debajo del ritmo observado durante el kirchnerismo y adicionalmente recupera su sesgo anti pymes.

 

Macroeconomía y Desarrollo

Cualquier proyecto de desarrollo para la Argentina supone, como condición necesaria, sostener en el tiempo una tasa de crecimiento del producto por habitante que permita ir cerrando la brecha en las condiciones de vida con los países más adelantados. El principal limitante para mantener esa tasa de crecimiento deviene de las recurrentes crisis de divisas que enfrenta la economía. La política pública, por lo tanto, debiera tener como eje ordenador esta restricción, articulando los medios disponibles para alcanzar una transformación del aparato productivo que permita un crecimiento económico socialmente aceptable y sustentable desde el punto de vista del sector externo.

La resolución del problema de la falta de divisas a través de saltos abruptos del tipo de cambio no solo no tiene efectos perdurables sino que se alcanza a través de una reducción en el nivel del producto y un empeoramiento en la distribución del ingreso. A su vez, a nivel de la firma individual tiene un efecto desorganizador de la producción, habida cuenta de la dificultad de proyectar adecuadamente los precios relevantes. La estabilidad cambiaria se muestra de esta forma como un instrumento necesario para la estabilidad nominal de la economía. La apreciación del tipo de cambio real que podría generarse durante el proceso de estabilización debiera ser contrarrestada con otros instrumentos de política económica. Específicamente, los acuerdos de precios y salarios entre trabajadores, empresarios y el gobierno pueden cumplir un papel importante reduciendo la nominalidad.

Tampoco es factible apelar a la deuda para sostener en el tiempo los desequilibrios externos. La Argentina, como el resto del mundo en desarrollo, no emite una moneda de reserva internacional, por lo tanto no puede cancelar pasivos internacionales mediante la emisión de deuda nominada en pesos. El endeudamiento en divisas para solventar eventuales déficits en la cuenta corriente del balance de pagos puede ser una herramienta válida, siempre y cuando su utilización esté supeditada a una aplicación que permita la generación de divisas para el repago de esa deuda.

La libre movilidad de capitales se ha mostrado como una política incompatible con la sustentabilidad externa. No solo porque la alta volatilidad de estos capitales tiene impacto sobre la estabilidad del tipo de cambio, sino por el peso determinante que tiene sobre la restricción de divisas la formación de activos externos de los residentes locales, la cual abarca tanto el comportamiento de las grandes empresas como la típica forma de ahorro de los sectores medios.

La cuestión del resultado fiscal, tan cara a los economistas liberales argentinos, no puede ser abordada como un objetivo en sí mismo. En primer lugar porque las reducciones o ampliaciones del gasto público tienen efectos sobre el nivel de actividad económica y, por lo tanto, sobre la recaudación impositiva, haciendo que el efecto final sobre las cuentas públicas no sea del todo predecible. En segundo lugar porque las erogaciones gubernamentales tienen impacto sobre los niveles de productividad de la economía, ya sea a través de la inversión pública en infraestructura, o a través de la generación de economías de escala para determinadas industrias. Por lo tanto, la política fiscal debe ser articulada, como el resto de la política pública, con arreglo al objetivo de sostener en el tiempo un crecimiento elevado y sostenible.

Por último, la reorganización del sistema financiero local, apoyada en las reformas introducidas en la Carta Orgánica del BCRA del año 2012, constituye un pilar fundamental para la transformación del aparato productivo local. Esa reorganización supone reformular el rol actual de la banca pública hacia una banca de desarrollo, conjuntamente con el diseño de una regulación que potencie las externalidades positivas del negocio bancario privado y limite las negativas. A su vez, esa reorganización del sistema, también debiera ser capaz, a través de una combinación de regulación e incentivos, de generar los instrumentos necesarios para proteger el ahorro de los argentinos, preservando, al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica.

 

 

 

* Economista UBA, Doctorando en Desarrollo Económico UNQUI.

 

 

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