Devalúe un delito, después sonría

 

Despúes de seis meses de declaraciones testimoniales, de recolección de pruebas, de realización de peritajes caligráficos y pese a que los dos jueces federales que intervinieron en los expedientes confirmaron la existencia de posibles delitos penales, la causa de aportantes truchos terminará siendo investigada por la Justicia Electoral, tal como pretendía Cambiemos ante la abrumadora cantidad de pruebas recolectadas en su contra sobre el financiamiento ilegal perpetrado en las campañas de 2015 y 2017.

En junio de este año el sitio El Destape dio con más de 1.200 casos de aportes irregulares a la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires, que llevó como candidatos a Esteban Bullrich y a Graciela Ocaña, hoy senador y diputada. Sin embargo el asunto no terminaba allí: todos esos  aportantes figuraban como beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja o eran monotributistas sociales inscriptos en el ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley, esposa del jefe de campaña PRO, Federico Salvai.

Además, en la investigación periodística —encabezada por Juan Amorín— también se pudo comprobar que todos los aportantes truchos de la campaña figuraban también como afiliados al PRO, el partido que preside la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Con el correr de los meses y ante la enorme cantidad de evidencias y el alto grado de viralización que tuvo el caso, Vidal decidió despedir a su contadora, María Fernanda Inza, acusándola de todos los males y delitos planteados. Inza había sido designada como Contadora General de la Provincia apenas una semana antes, cuando el escándalo de los aportes truchos ya había surgido y ya llevaba varias semanas de difusión.

Cumplida la primera misión de apaciguar el tema en la agenda mediática, el gobierno se abocó a controlarlo todo desde lo judicial, una tarea un poco más compleja aunque no imposible. Las causas en curso eran decenas y se expandían en los juzgados de todos los municipios de Buenos Aires, aunque solo dos preocupaban seriamente a Cambiemos: una radicada en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, y la otra radicada en el juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con Carlos Stornelli y Hernán Schapiro como fiscales, que, ejerciendo sus funciones, habían decidido impulsar la investigación penal oportunamente.

Apenas comenzada la etapa de instrucción y ya con algunos imputados, el gobierno logró su primer cometido: apartar a Schapiro, uno de los pocos fiscales no alineados con la gestión de Vidal.

La decisión fue tomada por Eduardo Casal, el procurador general interino puesto por el Ejecutivo, bajo el argumento de "favorecer" su desempeño en otra función. Su lugar fue ocupado por Guillermo Ferrara, un hombre que no contaba con ningún tipo de experiencia en el fuero penal, aunque sí tenía una positiva trayectoria a la hora de favorecer a la gestión M, luego de avalar los aumentos del gas en la provincia, al expresarse en consonancia con el argumento del gobierno remitiendo la cuestión al foro Contencioso Administrativo.

Pese a esto y ya en octubre, las causas habían cobrado cuerpo y consistencia: el juez Casanello contaba con un centenar de declaraciones testimoniales que no hacían más que confirmar lo expuesto en los artículos publicados: ninguno había aportado dinero y ninguno estaba en condiciones económicas de hacerlo, todos cobraban planes sociales, ninguno se había afiliado al PRO y tampoco recordaban haber firmado fichas para ello.

A todo eso se sumaban informes de AFIP y ANSES que le sumaban valor a las declaraciones de los aportantes truchos, y también los peritajes de la Corte Suprema establecieron que las firmas habían sido falsificadas en las fichas de afiliación. Lavado de dinero, falsedad ideológica, usurpación de identidad y falsificación de documentos públicos eran solo algunos de los delitos investigados en el expediente.

En consonancia con todo ello también avanzaba el juez de La Plata Ernesto Kreplak, que decidió imputar a los responsables financieros de la campaña e incluso fue más allá al citar a indagatoria a Carlos Martínez, el contador del PRO.

Ya con decenas de cuerpos en cada uno de los juzgados, el gobierno aceleró la embestida y decidió llevarse todo por delante. Frente a una enorme cantidad de evidencia en su contra, entendió que lo mejor sería no negar los hechos, sino reconvertirlos en delitos electorales.

Así, con el fiscal Stornelli y el juez electoral de La Plata Adolfo Ziulu como brazos ejecutores del plan, al apelar y al solicitar la competencia del fuero electoral en ambas causas el gobierno llevó la discusión a la Cámara Federal y —como era de esperarse— Martín Irurzun, el camarista que se reúne abiertamente con el operador judicial PRO Fabián Rodríguez Simón, les dio la derecha.

Finalmente, frente a las apelaciones presentadas, la Cámara Nacional Electoral fue la encargada de comenzar a sepultar definitivamente las causas el pasado jueves, al solicitarle al juez Kreplak remitir todo lo investigado hasta el momento al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, quien determinará las multas a imponer sobre Cambiemos.

Mientras tanto, Casanello espera la resolución final de la Cámara Federal para determinar si podrá continuar la investigación de los aportantes truchos correspondientes a la campaña presidencial de 2015 y de 2017 en Capital Federal, algo que fue apelado esta semana por el fiscal Stornelli, quien al igual que Cambiemos entiende que es competencia del fuero electoral, aun cuando él fue quien decidió impulsar la investigación penal cinco meses atrás, cuando todavía no existían las fotocopias de los cuadernos, claro está.

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