Devaluacionistas y bonistas

 

El gobierno actual no trepida en jactarse de hacer un brutal ajuste fiscal, paralizando la obra pública [1], disminuyendo los haberes a los jubilados y pensionados, reduciendo severamente o directamente eliminando subsidios al transporte y al consumo de energía, no repartiendo comidas y frazadas que había comprado la Administración anterior, disminuyendo las transferencias a las provincias para salud y educación, eliminando organismos públicos de supervisión y de control, de investigación y de derechos.

Un gobierno en el que durante sus primeros seis meses aumentó la pobreza en 9,8% de la población (datos del INDEC, que midió para el primer semestre de 2024 en 55%, contra 45,2% del segundo semestre 2023); en el que siete de cada diez niños en la Argentina son pobres, a lo que el mismo Javier Milei responde: “La gente va a decidir de alguna manera para no morirse de hambre”. ¿Un chico en situación de calle puede decidir? Un gobierno en el que se fija por decreto el salario mínimo vital y móvil, que es, a la vez, el más bajo de la región. A lo que se suma que el salario requerido promedio en dólares para trabajar es también el más bajo de la zona, de 717 dólares MEP (aproximadamente un millón de pesos). Donde, como resultado de la política regresiva de distribución del ingreso, se genera una fuerte disminución del consumo y de la inversión interna bruta fija y con ello del PIB, que el FMI estimó conservadoramente en una caída de 3,5% para el año 2024, pero que va a ser mayor; y que se refleja en que, según el INDEC, descendió en un 32,5% (casi un tercio) la construcción en el primer semestre 2024 contra igual lapso de 2022 [2], y el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó un 20,1% en la comparación interanual en igual período. Los puestos de trabajo perdidos ascienden a más de 140.000, 90.000 corresponden a la construcción.

En ese marco descripto observamos:

• Descenso de las reservas internacionales del BCRA. Eran de 29.615 millones de dólares el 1 de julio de 2024, y el 1 de agosto, un mes después, eran de 27.069 millones de dólares. La disminución en 2.546 millones se explica por las constantes ventas en el mercado de Contado con Liqui (CCL) que hace el BCRA, para permitir la compra de dólares de los bonistas que tienen títulos en pesos ajustables por inflación y se van de la Argentina, convirtiendo su ganancia en esa divisa.
• Caución del oro de las reservas del BCRA. En cuatro viajes realizados por una línea aérea privada de Inglaterra, se embarcaron, con destino a Londres, lingotes de oro por 1.175 millones de dólares (un cuarto de las reservas auríferas del BCRA) [3], que se estiman en 4.700 millones de dólares. La Asociación Bancaria presentó notas ante el BCRA los días 15 de julio y 6 de agosto de 2024 para saber si existe un acta de directorio del banco sobre la extracción del oro guardado en su Tesoro, si se abrió el expediente correspondiente, si se le comunicó a la Sindicatura del BCRA y sobre la base de qué atribuciones y facultades se adoptó la medida y por qué razones.
• En los primeros siete meses ejecutados del presupuesto nacional base caja, esto es con ingresos percibidos y gastos pagados (no se contemplan obligaciones devengadas y no abonadas en el período), según el SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera) de la Secretaría de Hacienda de la Nación, se obtuvo un leve superávit fiscal de 1,18 billones de pesos, y ello fue así al pagarse intereses de la deuda por 6,01 billones de pesos. El mismo gobierno, en el DNU 594/24 de Presupuesto nacional, reconoce que cierra el año 2024 con un déficit financiero de 7.068.442 millones de pesos (7 billones de pesos) por tener que pagar intereses de la deuda por 10.804.087 millones de pesos (10,8 billones de pesos). Como la recaudación viene descendiendo mes a mes, esencialmente los dos mayores impuestos que son IVA y Ganancias, por el menor nivel de actividad, deben exacerbar los despidos y cierres de organismos y continuar con los bajos haberes previsionales, para que les quede saldo y pagar los intereses de la deuda.
• Se presentan fuertes vencimientos de títulos de deuda en los cinco meses que restan para cerrar el año. En pesos, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, por 22,7 billones [4], y en dólares 5.370 millones, que necesitan renegociar porque no tienen los fondos para pagarlos.
• Para superar el pago atrasado de importaciones, el gobierno implementó el bono Bopreal y dispuso que las nuevas importaciones se pagarán en cuotas a 30, 60, 90 y 120 días [5]. Así diferiría pagos por unos 6.800 millones de dólares hasta mediados de año cuando, presuntamente por el ingreso de los dólares de la soja, las reservas del Banco Central iban a estar más fortificadas, cosa que no pasó porque los exportadores de granos, como dijo el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, liquidan lo estrictamente necesario para cubrir costos, disconformes con el valor oficial del dólar en el país, a lo que debe sumarse la baja en el precio internacional de la soja.

Sin embargo, con una deuda bruta de 442.505 millones de dólares al 30 de junio de 2024 (deuda que representa el 94,1% del PIB), según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación, con reservas internacionales exiguas y fuertes vencimientos para afrontar en lo que resta del año y otros tantos en los años subsiguientes, no hay corrida cambiaria ni bancaria; es más, los depósitos en dólares captados por los bancos locales crecen paulatinamente mes a mes. El 5 de agosto de 2024 eran de 20.924 millones de dólares, es decir, se acrecentaron en 1.164 millones con respecto a un mes atrás, que eran de 19.760 millones de dólares.

Y la principal explicación es que por más que existe la puja por el precio del tipo de cambio entre los devaluacionistas (que son los productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carnes, los miembros del Club del Petróleo, los extractores de litio y minerales raros y otros exportadores) y los bonistas, que trajeron dólares y compraron títulos públicos en pesos para financiar principalmente el déficit fiscal que dejó la Administración anterior y que la Secretaría de Hacienda de la Nación estimó en 5,13% del PIB (es en pesos, pero esos títulos de deuda pública que se emitieron dieron lugar a que ingresaran al país unos 24.620 millones de dólares), a esos bonistas se les prometió que hasta fin de año la devaluación de nuestra moneda va a ser a una tasa del 2% mensual y que la inflación va a superar en dos veces y más ese porcentaje, con lo que van a seguir obteniendo una renta positiva en dólares.

El conflicto es claro y se dirime en el precio del dólar, la riqueza potencial de recursos de la Argentina (donde su apropiación significa renta segura por muchos años) y el hecho de la fuerte interrelación entre los “devaluacionistas” y los principales capitales financieros que necesitan y exigen un dólar que crezca por un tiempo menos que la inflación, hecho que le hace perder plata al “campo” y al Club de Petróleo.

Y es así porque en los principales pools de siembra (Adecoagro S. A., Cresud S. A., Lartirigoyen y Cía., MSU - Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, Grupo Duhau, etc.) tienen participación los fondos de inversión y todos cotizan en la Bolsa de Nueva York. En el caso del Club del Petróleo es mayor aún, con firmas directamente extranjeras como Chevron, Apache, Total, Shell, etc., y las supuestas nacionales como Pampa Energía (con participación directa de BlackRock), Tecpetrol, YPF, Compañía General de Combustible, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Oil&Gas, que están asociadas y/o financiadas en su totalidad por el capital financiero internacional con base en los Estados Unidos.

 

 

 

[1] De las 2.731 obras que están en el BAPIN (Banco de Proyectos de Inversión Pública), solo van a realizar en su mandato 376 (14% del total); 347 se va a reprogramar (13%) y que 2.008 obras no se van a realizar (o se las deriva a las provincias sin financiamiento alguno).

[2] Ejemplo de ello es que el grupo Roggio entró en default golpeado por la caída de la obra pública y la recesión al no poder pagar el lunes 5 de agosto de 2024 una obligación negociable de 10.000 millones de pesos.

[3] Montado en una argucia legal, el BCRA a la fecha no contestó el requerimiento de la Asociación Bancaria. Recordemos que el estudio inglés Burford Capital, en abril de 2024, le pidió a la jueza de Nueva York, Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que recuperó la compañía en 2012. La solicitud se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país a abonar 16.100 millones de dólares por la expropiación.

[4] Para las consultoras, esa cifra es mucho mayor y ronda los 35 billones de pesos (por ejemplo, para EcoGo consultores, que dirige Marina Dal Poggetto).

[5] Que a partir del 1 de agosto reprogramó en solo dos cuotas, a los 30 y 60 días.

 

 

 

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