Detrás de la concentración

 

El pacto democrático de la sociedad argentina respecto del acceso igualitario a fuentes de comunicación nacidas del espectro radioeléctrico, como la televisión abierta, viene siendo burlado desde hace años. Su restitución es clave porque asegura niveles de equilibrio en la información, y esa burla significa el achicamiento permanente de los espacios que corresponden a la radiodifusión libre y gratuita.

Estas cuestiones, en gran medida, se sustentan sobre temas de comunicación que transitan por lugares ocultos a la consideración de los grandes públicos. Incluso resultan imprecisos para la consideración del mundo político y su posible intervención en el campo legislativo y regulatorio.

Se conocen aquellas marquesinas que iluminan luchas por derechos a una comunicación democrática y en contra de la concentración de medios, pero no son tan visibles los pormenores que permitirían lograr esos objetivos.

Uno de estos pormenores es el intento de limitar las bandas de radiodifusión en general, y en particular las de UHF que fueran pensadas para el uso de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Cabe aclarar que esta nota se nutre del ingente trabajo e investigación de los ingenieros Enrique Zothner y Pablo Crivello. Al igual que ellos, considero que el tema excede el mero campo técnico y se involucra directamente con la necesidad de fortalecer la democracia en función de mayores y mejores alternativas para la información, la comunicación, el entretenimiento, la educación, la difusión cultural y las industrias del universo audiovisual.

No resulta oportuno asignar otros servicios que requieren espectro en la banda que corresponde a la televisión digital. Aún no finaliza el proceso de completamiento ni el despliegue territorial y físico de la TDA (apagón analógico y encendido digital), ya que el Estado no completó su tarea ni los licenciatarios de canales abiertos modificaron su estructura de transmisión.

Además de lo pendiente en cuanto a la infraestructura —proceso gravemente detenido, demorado y degradado en los cuatro años de macrismo—, el Estado también adeuda el llamado a concurso para el uso de señales de TV digital. Este detalle formaba parte de las intenciones originales del plan de instalación del nuevo sistema que, acertadamente, impulsó la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando puso en marcha el llamado para 220 nuevas señales televisivas.

Tampoco se cumple con la adjudicación de licencias que establecía la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ni se avanzó con el transformador artículo 2 de esa norma, que garantiza una porción de espectro a la “gestión privada sin fines de lucro” (concreción que solo puede darse en el modelo digital, por un tema de espacio de espectro).

En estos años no se ha elaborado un plan sobre esta materia. No existe un plan técnico básico de frecuencias que ponga orden en el espectro radioeléctrico —sobre todo en la parte correspondiente a la radiodifusión televisiva— que permita la asignación de nuevos canales sin riesgo de interferencias entre servicios del mismo tipo u otros que puedan ocupar cercanías, como servicios de radionavegación.

En línea con esa falta, en los últimos cuatro años el Estado abandonó su rol de contralor y regulador en su faz sancionatoria. No hay datos sobre medidas tomadas con licenciatarios que no respetan los parámetros asignados o que no cumplen con la instalación de la estación radioeléctrica o con quienes en forma ilegal transfieren licencias sin respetar plazos legales. Cualquier medida que se toma al respecto recibe recursos de reconsideración que pueden tardar añares en su resolución. La posición de los demandados por incumplimientos aparece como más fuerte que la del Estado en esta variable judicial/administrativa, ya que cualquier porción de espectro en conflicto no puede modificarse en su uso hasta que la caducidad esté firme. O sea… años y años.

Hay una suerte de constante histórica en atribuir espectro destinado al Servicio de Radiodifusión a otras variables de la Radiocomunicación, lo que incumple obligaciones legales e internacionales del país. Una de ellas es la ley 23.478 del año 1986, que aprueba el Convenio Internacional de telecomunicaciones adoptado en Nairobi en 1982.

O sea, se violentan pactos supra-constitucionales si no se da cobertura a los espacios de espectro para la radiodifusión. Esto implica el derecho de la audiencia a recibir en igualdad de condiciones, en todo el país y en forma gratuita y libre, aquellas frecuencias autorizadas por Enacom. Por supuesto, esta situación no inhibe a cualquier usuario a suscribir variantes pagas de otros servicios. De lo que se trata es de democratizar el acceso a la recepción de canales abiertos sin estar condicionados a abonos o pagos.

Se observa en los últimos 40 años una reducción de espectro para radiodifusión, tanto en VHF como UHF, en virtud de resoluciones de organismos de aplicación. Por ejemplo, se definió como “Servicio de Radiocomunicación no TV” a la banda de los canales de televisión 14 al 20 (470 a 512 MHZ del espectro), perjudicando un espacio para televisión y dando esos lugares en asignaciones de baja ocupación espectral a servicios de “radiocomunicaciones” para remises y taxis.

En UHF hubo una retacería legal con derivaciones judiciales, todavía algunas en tramitación, en los llamados Servicios Complementarios de Radiodifusión, que eran los denominados canales de TV Codificada que se comercializaban luego de asignaciones “gratuitas” y sin concurso alguno. Fue tal la incongruencia de esas decisiones que cuando se comenzó con la TDA hubo que liberar espectro que estaba otorgado a título secundario a las estaciones de TV codificada y que en algunas ciudades ocupaban toda la banda UHF. Por supuesto, habían significado para sus operadores excelentes ganancias desde al año 1987, cuando se habían otorgado a título de precariedad.

La televisión abierta requiere siempre de espectro y este es finito, se agota, por lo que debe contar con reserva de expansión del servicio, entre otras cosas por la modificación poblacional.

Por todo esto debe preservarse el espacio de espectro para los servicios de radiodifusión expresados en la televisión abierta en su fase digital en la banda de UHF y poner en marcha con carácter urgente mecanismos que posibiliten la ubicación en ese tramo de expresiones audiovisuales comunitarias, regionales, musicales, ambientales y modalidades que hagan al consumo cultural de los argentinos sin seguir presiones de rating ni publicitarias. El otorgamiento y los concursos de licencias deberán tomar en cuenta las propuestas que garanticen estos contenidos.

Debe resolverse en forma definitiva, la presencia de los canales codificados en la banda de UHF atribuida a la televisión abierta, dándose ese lugar a nuevos prestadores del sistema abierto digital. Y hay que fijar plazos para recuperar bandas de frecuencias que en UHF se dieron para la telefonía móvil, como las que comprenden los canales desde el 14 al 83. Esto puede ser relativamente fácil ya que esta porción del espectro no es lo más conveniente para la tecnología 5G, que funcionaría mejor por arriba de 2,4 GHz al optimizar su velocidad en transferencia de datos.

También es necesario coordinar con países fronterizos los caminos técnicos para interactuar sin interferencias en el uso de ciertas frecuencias para el mejor aprovechamiento de las bandas asignadas, así como impulsar que los teléfonos celulares que se comercialicen en nuestro país a partir de enero de 2022 posean sintonizador de TV digital y puedan recibir por aire señal de FM.

No hay que negar la importancia del mercado, pero el mundo de las comunicaciones es bastante más que sólo el mercado, si bien cabe reconocer en éste mucho del avance logrado en cuanto a mejoras, inversiones y desarrollo de la industria cultural audiovisual.

Y ese “bastante más” hay que sostenerlo y expandirlo con presencia cierta la del Estado como jugador importante. Ya tuvimos el Centro de Investigación Aplicada en Recursos Audiovisuales (CIARA), nada impide volver a tenerlo y usarlo para generar contenidos para la TDA. Ya tuvimos los Polos Audiovisuales Tecnológicos y sus Nodos regionales, en coordinación y vinculación con todas las Universidades Nacionales; podemos tenerlos de nuevo. Ya tuvimos el aún existente Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, habría que recomponerlo y mejorarlo para alojar allí —y disponibilizar para los nuevos radiodifusores— las miles de horas de programación.

En definitiva, podemos y se puede. Claro, hay que ponerlo en marcha.

 

 

 

 

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