Desterrar avivadas

Proyecto para fortalecer el control de precios en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires

Por Juan Manuel Mannarino
Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y un plan para fortalecer las inspecciones en la provincia que gobierna Axel Kicillof.

 

Precios justos. Parece un oxímoron en la escalada dramática de la inflación. O, más bien, el título de una novela de ciencia ficción en el laberinto económico argentino.

Sin embargo en la tarde del miércoles, dentro de la Legislatura bonaerense, las palabras se pronunciaron con rigor de urgencia. Impulsado por el bloque del Senado del Frente de Todos, se presentó un proyecto de ley que, en medio del incesante lobby de las empresas, busca una suerte de retorno a las fuentes. La misión es, en efecto, dotar de poder a los municipios y constituirlos como primer eslabón de la cadena en el control de los precios “en la más cruda realidad”, como describió Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior de la Nación. Para atacar el problema de raíz, y sin apelar a los voluntarios militantes como ocurrió con los Precios Cuidados, el desafío de la propuesta consiste además en resignificar la potestad de policía de las comunas para sancionar a los comercios en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos. Algo que no parece una tarea nada sencilla: los intendentes del PRO ya pusieron el grito en el cielo.

“No es un paliativo para frenar la inflación. Pero es una iniciativa fundamental para frenar las avivadas, que son moneda corriente y agudizan la crisis de los precios. No es lo mismo la Secretaría de Comercio en soledad y sin inspectores intentando controlar, que todos los equipos de inspección de los 135 municipios poniéndose en acción conjunta día a día”, resumió a El Cohete a la Luna el senador Francisco Durañona, que presentó el proyecto junto a Feletti, Teresa García, presidenta del bloque de senadores del FdT, y la presidenta de la Unión de Consumidores de la Argentina, Adriana Malek.

 

 

–Ahora bien, ¿qué es lo novedoso de la propuesta? ¿No se supone que los inspectores de cada municipio ya tienen la función de inspeccionar con frecuencia la actividad de los comercios? –le preguntó este medio a Durañona.

–Está perfecta la pregunta. La crítica que recibimos de la oposición fue que es una letra para clausurar comercios. Nada más lejos de eso. Por un lado, en cada municipio la facultad del poder de policía y de clausurar comercios y poner multas existe hace más de un siglo. Pero no respecto de los precios. Entonces vemos que es fundamental una mayor presencia del Estado en el control de los mismos, si es que no se cumplen los acuerdos de precios o no se respetan las leyes de Góndolas o Etiquetado Frontal, que son reglamentaciones nuevas y hemos recibido cientos de denuncias de que apenas se cumplen. Hoy los inspectores municipales están facultados para el control de zoonosis, aplicar normas fitosanitarias, de seguridad e higiene y de manipulación de alimentos. Pero no por el tema precios. Allí está la novedad: autorizarlos para que cumplan con esa función.

Son 135 municipios en el distrito más grande del país: la jugada, en rigor, resulta magnánima. Otro punto central del proyecto intenta acoplar las comunas al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. En este sentido, se establece incorporar un artículo que faculta a los municipios de la Provincia de Buenos Aires “a la inspección, el juzgamiento y sanción, sin perjuicio de los mecanismos establecidos en cada caso por la Autoridad de Aplicación y en coordinación con los órganos que correspondan”.

Preguntado sobre si eso no implicaría una mayor burocracia que dificultara la efectividad del control, Durañona habló de un nuevo rol de coordinación para descomprimir la tarea. “Los inspectores obrarán en conjunto con los vecinos y las oficinas de derechos del consumidor, que funcionan muy bien. Es central incorporar estas facultades para los municipios. Y creer en el rol de los gobiernos locales”, se explayó el senador, confiado en tener el consenso político en el recinto y el apoyo de empresarios y sectores del comercio para aprobar prontamente la ley.

Señaló además que “si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de sanciones” tales como apercibimientos, multas de 10.000 pesos a 10 millones y decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. También el proyecto contempla la clausura del establecimiento o la suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta un mes; suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y la pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Una batería de medidas que, en sintonía con las apuestas de Feletti, apuntan a fortalecer el aparato del Estado en “la guerra contra la inflación” anunciada hace un mes por el Presidente Alberto Fernández. En las últimas semanas, Feletti anunció políticas para garantizar una canasta regulada en los comercios de proximidad con 60 productos de base, detectar inconsistencias en los diversos eslabones de la cadena de comercialización, abrir nuevos puntos de Mercados Bonaerenses que faciliten las compras de forma directa al productor, y afianzar el acceso a Bienes Esenciales con la consolidación de los Precios Cuidados.

“No alcanza con el refuerzo de ingresos dispuesto por el Presidente para trabajadores informales y jubilados. La gente necesita no sólo más plata en el bolsillo sino que cuando va a comprar el comercio no le suba todas las semanas el precio con la excusa de que en el país hay inflación y no puede enfrentar los gastos. Esa es una de las avivadas que busca desterrar este proyecto en territorio bonaerense”, enfatizó un colaborador cercano a Feletti.

“Lo único que falta es que después de emitir billetes sin parar, con una crisis fenomenal, nos pidan que salgamos a clausurar los comercios de nuestros vecinos, como si fueran ellos los causantes de la inflación”, reaccionó Martín Yeza, intendente del PRO en Pinamar, apenas se presentó el proyecto de ley.

 

 

De inmediato, Teresa García replicó: “No buscamos sancionar al pequeño comerciante, se trata de las grandes superficies comerciales, como los supermercados, donde comprobamos que tienen conductas monopólicas. Tendrán que estar atentos a la palabra de los vecinos, sobre faltantes o si no se cumplen con los precios cuidados”.

Desde su cuenta de Instagram, Francisco Durañona salió a responderle a Yeza, detallando los puntos principales de la propuesta:

  • El proyecto regula la Ley de Defensa de Consumidores, derecho que tiene rango constitucional y que no se discute en ningún país desarrollado en el mundo.
  • Le otorga atribuciones a los municipios para inspeccionar y sancionar posibles abusos o distorsiones en los precios, incumplimientos en los acuerdos, faltantes de productos en góndolas, control del cumplimiento de las leyes de Góndolas y Etiquetado Frontal.
  • Propone diferentes categorías de sanciones, desde el apercibimiento hasta la multa.
  • Los municipios cuentan hace casi un siglo con la facultad de clausurar comercios cuando se detectan irregularidades. Este proyecto sólo viene a extender esa función en materia de precios comerciales.
  • Los comercios de cercanía son víctimas del abuso de precios que viene dado desde los monopolios y sus sistemas concentrados de distribución.
  • El propio Horacio Rodríguez Larreta reconoce que el problema de los precios es la excesiva concentración.
  • Por último, este mismo proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado bonaerense. Pero perdió estado parlamentario ya que en Diputados no tuvo impulso. Se trata, ahora, de recuperar el debate en un contexto récord de inflación.

 

Después de eso, Martín Yeza no volvió a publicar sobre el tema.

Ahora, la discusión pasará a la Legislatura bonaerense, donde los números son ajustados. El presidente del bloque de Juntos, Cristian Gribaudo, rechazó que el control de precios deba ser competencia de los jefes municipales. Habló, en efecto, de un nuevo “avasallamiento” del Estado.

“Nadie va a perseguir a los pequeños y medianos comerciantes, sólo estaremos atentos al cumplimiento de los precios acordados. Acá se trata de las grandes superficies comerciales, los supermercados que marcan y fijan precios y desbaratan todo el mercado”, concluyó Durañona. Y Feletti avaló sus palabras: “El intendente es el piso de ciudadanía. Y en ese punto la colaboración de los territorios es inestimable. La lucha para bajar la inflación debe incluir necesariamente ese aspecto”.

Al parecer, la interna del oficialismo hasta el momento no mostró disidencias en la agitada lucha contra la inflación. Un consenso, sin embargo, que no resulta fácil de plasmar en la ejecución de nuevas estrategias políticas ante la feroz embestida de los monopolios y sus hegemónicas voces mediáticas.

 

 

 

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