El ruido atronador del G20 se aleja del escenario político y es sustituido por el fragor de los conflictos que permean la vida cotidiana. Mientras Macri lanza nuevas cortinas de humo para procurar la reelección, el país desciende por el agujero negro de una violenta recesión sin limites, que busca imponer la paz de los cementerios necesaria para garantizar la continuidad del endeudamiento externo.
El gobierno encontró en el G20 la excusa que necesitaba para concretar el objetivo de militarizar al país y naturalizar el discurso represivo. En abierta campaña electoral, Macri intenta ahora blindar el apoyo de su núcleo duro con un decreto reglamentario que busca contener la protesta social en las calles con una pena de muerte decidida y ejecutada por la tropa en plena acción represiva. Esto viola abiertamente la Constitución Nacional y las leyes vigentes y es otro avance del gobierno en la destrucción de las garantías constitucionales y del Estado de Derecho.
El torniquete impuesto por la política monetaria a la producción del país lejos de calmar a los mercados financieros ha elevado el índice del riesgo país a los 744 puntos, indicando así la posibilidad de un inminente default de la deuda externa argentina. Asimismo, la política monetaria no ha logrado doblegar a la inflación. La amenaza de devaluación inminente alimenta la suba de precios por parte de aquellas grandes empresas que controlan monopólicamente sectores estratégicos de la economía argentina. Esto entorpece la cadena de pagos, amenaza la supervivencia de los eslabones más frágiles y acelera la concentración económica en beneficio de las empresas mas poderosas con acceso al crédito externo.
Nada ha cambiado después del G20. Sin embargo, este evento ha servido para mostrar nítidamente la índole de la relación existente entre este gobierno, y los intereses del actual gobierno norteamericano. El apoyo de Trump a Macri fue decisivo para concretar el acuerdo stand-by con el FMI. Ahora el G20 pone en evidencia el interés norteamericano por limitar el desarrollo de la energía nuclear en el país (LPO 2 12 2018) y por penetrar con inversiones norteamericanas en dos áreas centrales: la energética, especialmente en Vaca Muerta, y la obra pública. Asimismo, Trump ha expresado públicamente el interés de su gobierno por vender armamento a la Argentina y ha reclamado del gobierno de Macri mayor cuidado ante la supuesta “política depredadora” de China.
En este contexto, la saga de los gloriosos cuadernos de la corrupción empresaria adquiere un nuevo significado. Terminada la cumbre de los líderes mundiales, dos fiscales íntimamente vinculados a Angelici, el operador de Macri en el ámbito de la justicia, pidieron la prisión preventiva para Paolo Rocca y otros ex funcionarios y empresarios imputados por el juez Bonadío en la corrupción y el pago de sobornos en la obra pública durante los gobiernos K. Fundamentan el pedido aludiendo al hecho indiscutible de que no puede haber empresarios que, con la misma imputación, estén presos mientras otros están libres. Sin embargo, la demora en promover esta medida y los vínculos de los fiscales con Angelici alientan la sospecha de una vendetta promovida desde la presidencia de la Republica. En los últimos tiempos Rocca ha diversificado sus negocios invirtiendo fuertemente en el área de producción de energía en Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional. Allí compite con varias corporaciones multinacionales y con el grupo Macri, sus amigos y entenados. Inmediatamente después del pedido de prisión de Rocca, las acciones de sus empresas en Wall Street cayeron estrepitosamente. Asimismo, el pedido de prisión preventiva acicatea las investigaciones que se desarrollan en diversos países, Estados Unidos entre ellos, sobre supuestas actividades delictivas del grupo Techint presidido por Rocca, y cobra envergadura la posibilidad de juicios de accionistas del grupo por los perjuicios sufridos en su patrimonio como consecuencia de estas denuncias.
Así se empieza a descorrer el velo que oculta una batalla cada vez mas encarnizada entre intereses corporativos en un área de importancia estratégica mundial. En lugar de la supuesta búsqueda de transparencia en las contrataciones del Estado, la operación mediático judicial persigue la desarticulación de la patria contratista —tal como el país la padeció desde la década de los '70 del siglo pasado, y en la que tanto Rocca como Macri ocuparon un rol central— y la constitución de un nuevo centro de poder. Se trata así de imponer a cualquier precio un cambio en las reglas del juego que rigen la distribución del poder económico y político entre las grandes empresas locales, alentando el incremento del poder económico y político del grupo Macri, sus amigos y entenados, asociados de distinta manera a la penetración arrolladora del capital monopólico global en el país, y en particular, en las áreas de energía y obra pública.
Este proceso de redistribución del poder es posible gracias al abrazo mortal del FMI y a la paz de los cementerios que este intenta imponer en el país. Asimismo, estas dinámicas del poder no se dan en forma autónoma, están estrechamente asociadas a la dinámica que emana de la estructura de poder que impera a nivel mundial.
El G20 y los principales conflictos mundiales
La primera reacción de los mercados al acuerdo bilateral logrado en el ámbito del G20 entre Estados Unidos y China fue positiva, y se reflejó el lunes pasado en la suba de los precios de las acciones en el mercado financiero internacional. El comunicado oficial dado después de la reunión en Buenos Aires aludía en términos muy vagos al acuerdo alcanzado respecto a la realización de una tregua, por un tiempo determinado, en la guerra de tarifas entre ambos países. Esta tregua habría de permitir desarrollar negociaciones en mayor profundidad.
El día martes, los tweets de Trump precipitaron un derrumbe del precio de las acciones en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos donde el Dow Jones caía un 3,24 % y el Nasdaq un 3,86%. En los tweets Trump sostenía que, si China no cumplía determinadas promesas especificas supuestamente acordadas durante el fin de semana en Buenos Aires, el mismo se encargaría de imponer nuevas tarifas todavía más punitivas. Las promesas que supuestamente China habría acordado, residían en la importación inmediata de productos agropecuarios norteamericanos y en el fin de la obligación exigida por el gobierno chino a las corporaciones norteamericanas de compartir su tecnología y sus secretos comerciales con sus asociados chinos (zerohedge.com 4 12 2018).
El silencio oficial chino ante estas declaraciones y los trascendidos sobre su profundo malestar ante la revelación de información nunca acordada, desplomaron nuevamente el precio de las acciones y bonos en todos los mercados del mundo. El posterior comunicado chino, reiterando los términos vagos del primer comunicado emitido en Buenos Aires, no calmaron el pánico en los mercados financieros, alentado por informes del gobierno norteamericano sobre el supuesto espionaje tecnológico realizado contra empresas norteamericanas y europeas por parte de una empresa china, Huawei, especializada en la venta de componentes y partes tecnológicas fabricadas en China. Según la versión del gobierno norteamericano, los chips insertados en los productos de esta empresa habrían permitido al gobierno chino hacer un espionaje continuo de las empresas que compraban estos productos (cnbc.com 6 12 2018, zerohedge.com 5 12 2018 y 4 12 2018).
Estas idas y venidas sintetizan la complejidad y el verdadero carácter de la guerra de tarifas desencadenada contra China. El objetivo central de esta guerra trasciende a la defensa del empleo y del mercado nacional norteamericano. Su esencia reside en el intento de desarticular a las cadenas de valor global que atan la producción de la industria de guerra norteamericana a la economía de un país enemigo. Asimismo, se trata de impedir el avance tecnológico chino y su aplicación a la industria de guerra. Sin embargo, un mundo caracterizado por la enorme interpenetración de la producción y las finanzas mundiales desafía a la posibilidad de desarticular las cadenas de valor global y de controlar las múltiples funciones que pueda tener el uso y las aplicaciones en la vida cotidiana de tecnología de punta intrínsecamente relacionada con el espionaje y la guerra, y dominada monopólicamente por un puñado de enormes corporaciones.
Las idiosincrasias nacionales e ideológicas son arrolladas por el ímpetu de la competencia entre estas corporaciones, que busca maximizar poder económico y político. Así, el supuesto proteccionismo de Trump engendra conflictos insospechados y de resultados imprevisibles. Por un lado, esta política choca con los intereses inmediatos de grandes corporaciones que buscan penetrar la economía, las finanzas y el espacio chino. Por el otro lado, se estrella contra el interés del gobierno y del Estado chino por mantener su autonomía y controlar la expansión global de las corporaciones chinas.
Así, la continuidad del acuerdo con China se ve sometida a una dinámica de conflictos que se deriva no solo de las tensiones entre Estados nacionales, sino también de las contradicciones y tensiones existentes dentro del gobierno norteamericano y entre este y las grandes corporaciones norteamericanas. El acuerdo está sujeto a una dinámica muy complicada que fomenta una inestabilidad y volatilidad creciente en los mercados, en las relaciones entre países y dentro mismo de la economía norteamericana. Esta situación potencia la posibilidad de una crisis financiera mundial.
Por otra parte, el G20 no apaciguó los conflictos entre los Estados Unidos y Europa, que se dan en distintos frentes, pero se sintetizan en uno de importancia crucial: la búsqueda por parte de la Comunidad Europea de un sistema que permita desdolarizar las transacciones financieras y comerciales del bloque europeo. Esto implica el desafío a un eje central del dominio económico y geopolítico de los Estados Unidos: el rol del dólar como moneda de reserva de las transacciones financieras y comerciales del mundo. Este tema no estuvo presente en la agenda del G20, pero fue noticia inmediatamente después. Esta semana se hacían públicos los detalles de un documento reservado producido por el brazo ejecutivo de la Comunidad Europea, donde se adelantaban los pasos a seguir inmediatamente para concretar esta iniciativa que fue oportunamente desencadenada por la presión norteamericana para impedir las exportaciones de petróleo iraní (bloomberg.com 5 12 2018).
Por último el G20 tampoco trajo un respiro al conflicto creciente entre los Estados Unidos y Rusia. Por el contrario, esta semana el gobierno norteamericano dio un ultimátum a Rusia para cumplir con las disposiciones del tratado de no proliferación de armas nucleares (Intermediate Nuclear Forces Treaty, INF)). Cumplido el plazo del ultimátum, los Estados Unidos ejecutarán otro tipo de sanciones y reiniciarán la carrera armamentista nuclear. A esta presión se suma el envío de barcos norteamericanos a navegar las aguas marítimas en disputa entre Ucrania y Rusia (zerohedge.com 5 12 2018,4 12 2018).
Proteccionismo estadounidense y conflictos locales
El G20 se realizo en circunstancias en que comienza a hacerse evidente el impacto que tiene la guerra comercial desatada por la administración Trump sobre la economía de su país, que ha incrementado los costos de producción de las grandes corporaciones. Esto se suma al peso que tiene la deuda sobre la salud de estas corporaciones. Su fuerte endeudamiento fue el resultado de la especulación financiera desatada por la política de la Reserva Federal de facilitación monetaria y tasas de interés cercanas a cero, seguida a partir de la crisis financiera de 2008.
Tres iconos del capitalismo norteamericano (General Electric, General Motors y Ford) anunciaron planes de reestructuración con el objetivo de evitar la quiebra motivada por el aumento de los costos, la caída de las ventas y el peso financiero de sus respectivas deudas. Esta reestructuración implica el cierre de plantas instaladas en los Estados Unidos, despidos masivos y fortalecimiento de sucursales que en distintas partes del mundo producen para diversos mercados, incluido el chino. Esto motivó la reacción indignada de Trump, quien a través de distintos tweets conminó a las empresas a devolver los subsidios que el Estado les dio oportunamente para evitar la quiebra durante la crisis de 2008, y el reembolso de los beneficios impositivos que obtuvieron como consecuencia de la política norteamericana seguida desde 2016 (entre otros, zerohedge.com 3 12 2018, 28 11 2018, 27 11 2018, wolfstreet.com 26 11 2018).
Esta es la hilacha por la que asoma un fenómeno estructural de serias consecuencias tanto para los Estados Unidos como para la coyuntura financiera internacional: la posible implosión de la enorme deuda corporativa norteamericana de 1,6 billones de dólares (trillions, en inglés) con inminentes vencimientos a lo largo de los próximos dos años (zerohedge.com 2 12 2018). Esto ocurre en circunstancias en que la actual política de restricción monetaria y de crecimiento de las tasas de interés seguida por la Reserva Federal norteamericana encarecen el crédito y aumentan los problemas de falta de liquidez de dólares a nivel mundial.
Estas políticas de la Reserva Federal también amenazan con hacer estallar la deuda en dólares de las economías emergentes, y en particular la deuda externa contraída por nuestro país, cuyos plazos de vencimiento son muy cortos y tendrán que ser enfrentados por el gobierno que surja de las elecciones de 2019. Esto nos lleva a una rápida mirada sobre el impacto de estos problemas en la dinámica de los conflictos en nuestro país.
El camino de salida
El próximo gobierno tendrá frente a si un país sumido en la recesión, empobrecido, con vencimiento de corto plazo de una deuda imposible de pagar a la que se sumarán los vencimientos de la deuda contraída con el FMI por un préstamo que en gran parte habrá sido desembolsado durante el gobierno de Macri. Es decir, un país atado de pies y manos a la geopolítica norteamericana, endeudado sin remedio y sin posibilidad de pago. De ahí la necesidad imperiosa de conformar inmediatamente un frente nacional con todos los sectores que se oponen al ajuste del FMI, que plantee desde ahora el camino de salida de este callejón oscuro.
Algunos sectores políticos creen que el país se encuentra en esta situación como resultado de la aplicación de políticas neoliberales. Esto es una verdad a medias, y en tanto tal hace posible la manipulación y la cooptación para reproducir el status quo. Lo central no es definir la ideología de las políticas que se aplican sino la índole de la estructura de relaciones de poder que les da origen. Este es el nudo que hay que desatar. De ahí la necesidad de clarificar conceptos y políticas y buscar criterios de acción que impidan la cooptación y la persistencia del status quo. En este sentido dos criterios son esenciales a la construcción de un frente nacional que permita conciliar intereses contradictorios, impedir la cooptación y concretar un verdadero proyecto de desarrollo nacional con plena vigencia de la inclusión social:
- La desarticulación del control monopólico ejercido por grandes grupos económicos sobre los sectores estratégicos de la economía y las cadenas de valor global.
- La participación organizada del ciudadano de a pie en la toma de decisiones y en el control efectivo de la gestión de sus representantes en todos los niveles en que se da la actividad social, desde el barrio y las empresas hasta el municipio, las provincias y la nación.
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