Después de 1985

 

La película Argentina, 1985, de Santiago Mitre, cuenta entre sus méritos la inclusión, recuperada de entonces o recreada ahora, de varios de los testimonios que sobrevivientes y familiares ofrecieron en el juicio a las tres primeras juntas militares de la última dictadura. Aunque desde el mismo reparto la película gira alrededor del fiscal Julio Strassera, interpretado por Ricardo Darín, también pone en valor el trabajo de las y los jóvenes que lo rodearon, como Judith König, recientemente fallecida.

En ese sentido, puede ser un aporte a la memoria colectiva de las nuevas generaciones, que no vivieron los años del terrorismo de Estado y las posteriores décadas de impunidad. Los protagónicos de Darín y Peter Lanzani, que personifica a Luis Moreno Ocampo, y los estrenos a salas llenas en distintos puntos del país ponen en primer plano a un juicio histórico, iniciado pocos meses después de la finalización de la dictadura y contra sus principales jefes militares.

 

 

No obstante, prescindir de una mirada amplia y crítica sobre esta (re)creación –y los personajes y hechos que retrata– sólo podría justificarse si se tomase a algunos episodios recientes de negacionismo como un síntoma de un cambio radical, al cabo de pocos años, en la posición de la sociedad frente al tema. Las reacciones que suscitaron cada una de esas expresiones –incluyendo un editorial del diario La Nación repudiado por su propio plantel de periodistas– instalan cuanto menos una duda al respecto.

La centralidad que el film otorga a Strassera y a los integrantes de la Cámara Federal porteña invita a repasar las crónicas y testimonios de 1985 y de los años anteriores. Entre ellas, las publicadas por Horacio Verbitsky en El Periodista, o El Diario del Juicio de editorial Perfil, donde escribió el actual Presidente Alberto Fernández.

 

 

 

Colocar en primer plano el rol de actores de la Justicia puede configurar un riesgo para el presente, que demanda un debate tan ausente como necesario sobre su supremo poder, pero además es engañoso respecto del pasado. La lucha de los organismos de derechos humanos, determinante para la concreción de ese juicio y el recorrido posterior, aparece desdibujada. La escena en que Strassera solicita a un grupo de Madres de Plaza de Mayo que se quiten sus pañuelos durante las audiencias es una de las pocas que los incluye. Hebe de Bonafini y los recortes periodísticos de entonces la recuerdan de otra manera.

 

 

 

 

 

La foto y la película

El encuadre argumental del film enfoca en los preparativos y el desarrollo del juicio, entre fines de 1984 y diciembre de 1985. No omite las fuertes presiones castrenses ni la posición del ministro Antonio Tróccoli, aunque el rol de Strassera durante la dictadura apenas está esbozado en una escena de discusión con Moreno Ocampo. Tampoco anticipa lo que el protagonista hizo después, cuando desistió de reclamar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que impidieron continuar los juzgamientos de todos los responsables. O cuando en 2014 defendió al ex juez marplatense Pedro Hooft, acusado de encubrir los secuestros de abogados laboralistas en el episodio que se conoce como “La noche de las corbatas”.

Las decisiones previas o posteriores de Strassera no invalidan sus méritos de 1985, pero tornan necesario complejizar la mirada sobre la figura de un personaje histórico que hoy se ha convertido en protagónico del estreno cinematográfico del año.

La historia del juicio a los ex comandantes se ha recuperado en numerosas oportunidades en los años que transcurrieron desde entonces. Dos de los jueces de aquella Cámara Federal construyeron luego carreras políticas: Carlos Arslanian en el peronismo y Ricardo Gil Lavedra en el radicalismo. Además de la cobertura de aquel momento, se han publicado libros y filmado documentales.

Por menos conocido, es más interesante rescatar lo ocurrido en esos años y los siguientes en otros puntos del país, donde la posibilidad de abrir procesos judiciales colocó la mirada sobre quienes encabezaron y ejecutaron la represión clandestina en las zonas y subzonas en que la dictadura dividió el mapa del país.

 

 

El sur también existe

Lo vivido en Bahía Blanca en esa época, a pesar de ofrecer particularidades dignas de ser exploradas, no ha alcanzado los mismos niveles de difusión, acaso por no haber ocurrido en la Capital Federal, no incluir a los rostros más conocidos del régimen dictatorial o no haber concluido con el éxito de condenas inmediatas.

Mientras en Buenos Aires se cerraba el Juicio a las Juntas, comenzaba en la Cámara Federal bahiense el proceso contra los responsables del terrorismo de Estado en la jurisdicción. Implicaba la aplicación plena del Código Penal, analizando la participación de todos los posibles implicados.

La causa llevó el número 11/86. Hugo Cañón, fallecido exactamente 30 años más tarde, era el fiscal general. En los meses siguientes, él y su equipo no descansarían. Pasada la Navidad de 1986, la Cámara rechazó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley conocida como de “Punto Final”, que establecía un plazo de 60 días corridos para formular acusaciones. La razón era simple: en su jurisdicción resultaba abstracta porque ya habían sido citados a prestar declaración todos los imputados requeridos en la investigación. Una muestra del trabajo desplegado, que había logrado vencer el límite temporal.

En los primeros días de marzo de 1987, los magistrados bahienses tomaron una extensa declaración indagatoria al general retirado Adel Vilas, que meses después de comandar el “Operativo Independencia” en el norte argentino había llegado a Bahía Blanca para implementar el plan criminal en la subzona 51. Con la mayor base naval del país a pocos kilómetros y bajo el predicamento pro castrense del diario La Nueva Provincia y sus satélites de TV y radio, la ciudad era además la sede del Comando del V Cuerpo de Ejército, con control operacional de todo el sur argentino continental. La declaración de Vilas llenó más de 300 páginas y fue el puntapié inicial para descubrir por dentro el aparato criminal.

Pocos días más tarde estalló la rebelión carapintada que tuvo como objetivo principal evitar el enjuiciamiento de los cuadros intermedios de las Fuerzas Armadas. El gobierno alfonsinista cedió, pese a recoger amplio respaldo popular, y en junio se promulgó la ley que se conoció como “de Obediencia Debida”. Sus efectos sí paralizaban la causa bahiense en curso, por lo que el fiscal Cañón solicitó a la Cámara su declaración de inconstitucionalidad. A diferencia de su colega capitalino Strassera, Cañón eludió las presiones que el entonces secretario de Justicia Ideler Tonelli –padre de Pablo, actual diputado macrista e integrante del Consejo de la Magistratura– reconoció públicamente haber ejercido sobre los fiscales federales.

 

 

Los magistrados Luis Cotter e Ignacio Larraza hicieron lugar al pedido de Cañón y el tribunal de alzada se constituyó en el único del país en oponerse a la consagración de la impunidad al amparo de una supuesta obediencia que rompía la igualdad entre militares y civiles. El camarista Ricardo Planes, vinculado al radicalismo, buscó hasta último momento torcer la voluntad de la mayoría que conformaron sus colegas. No lo consiguió.

 

 

En diciembre de 1989 la Cámara bahiense reafirmaría ese camino al declarar, esta vez con los votos de Cotter y Planes, la inconstitucionalidad de los indultos dispuestos por Carlos Menem. Diez de los indultados habían sido imputados en Bahía Blanca, por lo que los jueces entendieron que su intervención era procedente. La aplicación de la maniobra de impunidad había favorecido a procesados sin condena, lo que revelaba una contradicción conceptual.

Una década más tarde, la Fiscalía de Cañón y la Cámara de Cotter dieron curso al reclamo de las APDH de Bahía Blanca y Neuquén para concretar un Juicio por la Verdad. El camino penal estaba cerrado por las leyes de impunidad y los indultos, pero eso no invalidaba el derecho de familiares, sobrevivientes y del conjunto de la sociedad a conocer el destino de las personas desaparecidas. El Juicio por la Verdad no permitió develarlo, pero sí contribuyó a recolocar lo ocurrido en primer plano de la agenda pública y a obtener información que los propios represores aportaban, con la seguridad de que no serían condenados.

 

 

 

 

 

Historias de película

Las conductas adoptadas por Cotter y Cañón les valieron presiones que se extendieron hasta sus jubilaciones, en 2008 y 2009 respectivamente.

Poco después del pronunciamiento contra los indultos, el entonces Presidente Menem aceleró la aplicación de un decreto, que dormía desde hacía un lustro, para la creación de una Cámara Federal en General Roca, lo que le quitaba a la de Bahía Blanca buena parte de su jurisdicción.

En 2002, tras la concreción del Juicio por la Verdad, desembarcó como camarista Néstor Montezanti, agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura y acusado de integrar la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. En los primeros meses de 2008, la nueva composición de la Cámara impidió a Cotter reasumir la presidencia del tribunal, tras una licencia por enfermedad. El magistrado apeló a la Corte, pero no tuvo respuesta.

A mediados de esa década, el fiscal Cañón viajó a España para testificar ante el juez Baltasar Garzón, que había abierto procesos contra militares argentinos bajo el concepto de la jurisdicción universal en casos de crímenes que representaban una ofensa para el conjunto de la humanidad. El diario La Nueva Provincia lo consideró un traidor a la Patria.

Tras su jubilación, Cañón fue reemplazado por Abel Córdoba y más tarde por Miguel Palazzani y José Nebbia, que continuaron las investigaciones desde una Unidad Fiscal especialmente creada para ello. Los tres participaron en los juicios que, caídas las leyes de impunidad, pudieron concretarse en Bahía Blanca desde 2011.

 

 

 

Esos procesos judiciales permitieron no sólo determinar las responsabilidades de uniformados, sino también comenzar a explorar las de parte del Poder Judicial, la incidencia eclesiástica y el aporte al genocidio desde la monopólica presencia de La Nueva Provincia para instalar como verdad indiscutida la versión oficial de la dictadura, tanto durante su desarrollo como en su posterior búsqueda de impunidad.

La más reciente muestra de capacidad de trabajo de este equipo, encabezado por el auxiliar fiscal Pablo Fermento, fue la elevación de un requerimiento que profundizó en las responsabilidades militares y civiles por el ataque sistemático del que fue víctima la comunidad de la Universidad Nacional del Sur. Ese aspecto particular de la represión en el sur bonaerense había sido denunciado extensamente, mientras ocurría, por la Agencia de Noticias Clandestina que dirigía Rodolfo Walsh.

Es posible que los cines que en Bahía Blanca y en todo el país se llenaron para las proyecciones de Argentina, 1985 ignoren esta historia, que también merece su película.

 

 

 

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