Desinteligencia artificial

 

El plan de privatizaciones de empresas y sociedades de propiedad estatal iniciado por el actual gobierno, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus remitido por el Poder Ejecutivo nacional para su tratamiento parlamentario, resulta lesivo al capital socialmente acumulado y daña irreparablemente aquellas capacidades sensibles que han significado un atributo para la posibilidad de un desarrollo científico, tecnológico, económico y de una política internacional autónoma. Entre las noticias que remiten a las modificaciones en el proyecto de ley original supuestamente se establecerían excepciones puntuales en la nómina de empresas públicas a enajenar. La que no sufriría modificaciones es la delegación de atribuciones del Poder Legislativo en el Presidente de la nación. Esta situación permitiría una posible ofensiva privatista a futuro, sin intervención de los representantes del Poder Legislativo nacional. En definitiva, las políticas dirigidas a estas empresas apuntan contra nuestra soberanía, tal como lo representan aquellas reservadas al sector nuclear argentino.

 

 

La política nuclear, una estrategia de largo aliento

Entre los más de 600 artículos que contiene el proyecto de ley original se prevé la privatización de Dioxitek S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A. y del Polo Tecnológico Constituyentes S.A. Este conjunto, que forma parte del sector nuclear argentino, compone uno de los aspectos nodales de la dimensión estratégica argentina y se ha desarrollado persistentemente a lo largo de más de 70 años mediante el impulso de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ^[1]. En materia nuclear, la Argentina es el país más avanzado de América Latina, junto con Brasil, y uno de los diez países con mayor desarrollo en el mundo. Cuenta con tres centrales de potencia (Atucha I, Atucha II y Embalse), una central en construcción de tipo SMR (bautizada como Central Argentina de Elementos Modulares - CAREM) ^[2], un reactor multipropósito desarrollado íntegramente en la Argentina, denominado RA-10, que se encuentra en sus últimas etapas de ejecución, y una larga tradición en la construcción, operación y exportación de reactores nucleares de investigación a cargo de la empresa INVAP S. E. Tres centros atómicos se dedican a la investigación y desarrollo de la tecnología nuclear: el Centro Atómico Ezeiza, el Centro Atómico Constituyentes y el Centro Atómico Bariloche. Diversas empresas conforman también parte de este conglomerado industrial: la fábrica de combustibles nucleares argentinos (CONUAR S.A.), la planta productora de agua pesada (PIAP) operada por la empresa neuquina de servicios de ingeniería ENSI S.E., la planta productora de dióxido de uranio (DIOXITEK S.A.), la empresa estatal de Investigaciones Aplicadas (INVAP S.E.), pionera en el desarrollo de proyectos tecnológicos en los campos de la industria nuclear, espacial, de la defensa, las comunicaciones y la medicina. La Argentina cuenta con seis reactores de investigación, cientos de centros de medicina nuclear distribuidos a lo largo de todo el país, más de 300 instalaciones que utilizan isótopos y radiaciones, entre otras facilidades. Veamos a continuación la importancia del sector nuclear argentino y su gravitación para el desarrollo científico, tecnológico, económico y de la proyección internacional argentina.

Dioxitek S.A.: es una empresa estatal que dispone de una planta industrial en la provincia de Córdoba destinada a la producción de polvo de dióxido de uranio, insumo para la fabricación de los combustibles de nuestras centrales nucleares y reactores de investigación [3]. Otra planta industrial, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, está a cargo del diseño, producción y fabricación de fuentes selladas de Cobalto [4]. Otra de las actividades de la empresa se centra en la logística y comercialización del Molibdeno 99, destinado a la producción de radiofármacos utilizados en el diagnóstico por imágenes. En 2021 DIOXITEK S.A. concretó una exportación récord de fuentes selladas de cobalto 60, destinada a la firma Nordigon en Canadá, una de las empresas más importantes en la comercialización de esta tecnología a nivel mundial. También exporta fuentes industriales de Cobalto 60 con destino a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA): empresa a cargo de la operación de las centrales nucleares de potencia en nuestro país. Dispone de una capacidad instalada de 1.763 MWe lo que representa un aporte de entre el 7% y el 8% a la matriz eléctrica nacional. NASA es uno de los contratistas de la CNEA en la construcción del proyecto CAREM, estuvo a cargo de la puesta en marcha de la Central Atucha II (2014) [5] y del proyecto de extensión de vida de la Central Embalse [6]. Con tres décadas de experiencia en el sector nuclear, la empresa se posiciona como un referente en la operación y construcción de centrales nucleares e instalaciones relacionadas, manteniendo y renovando un plantel de profesionales altamente capacitado de acuerdo con estándares internacionales.

Polo Tecnológico Constituyentes (PTC): actualmente conformado por la CNEA, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el Servicio Geológico Minero Argentino, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de San Martín. El PTC actúa como ámbito de vinculación de dichos organismos para la prestación de servicios de asistencia técnica, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología a instituciones y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

La CNEA es el organismo del Estado Nacional que tiene como actividades principales asesorar al poder ejecutivo en materia de política nuclear, prestar los servicios de índole técnica requeridos por las centrales u otras instalaciones nucleares y está a cargo de efectuar la prospección de minerales de uso nuclear. Además, la CNEA lleva a cabo el desarrollo de materiales y de procesos de fabricación de elementos combustibles, de investigación básica y aplicada en las ciencias de la tecnología nuclear, entre un sinnúmero de otras actividades. El Estado nacional, a través de la CNEA, ejecuta proyectos de gran envergadura como lo son hoy la construcción del reactor CAREM o del reactor multipropósito RA-10 que asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, y contará con capacidad para cubrir buena parte de la demanda de América Latina. Su alcance no solo radica en los aportes que podrá realizar a las áreas de la salud, sino que la ciencia, la tecnología y la industria se beneficiarán con su funcionamiento.

 

 

Los peligros de las fuerzas del mercado

El desarrollo del sector nuclear argentino, a lo largo de su historia y a través de las generaciones, plasmó la acumulación de conocimientos científicos, técnicos y productivos que resultan distintivos en el mundo entero. Hubiese sido imposible que exclusivamente capitales privados, tanto locales como extranjeros, asuman semejante inversión (y riesgo) con iguales resultados que el capital social acumulado por el Estado nacional. Además, este hecho representa una estrategia exitosa de inserción internacional de largo alcance, con frutos tangibles en el desarrollo endógeno, la cooperación bilateral, regional y multilateral. Estas capacidades adquiridas a través del esfuerzo colectivo y la persistencia representan un aprendizaje único, producto de la experiencia y una condición de posibilidad para el país de potenciar la integración y diversificación de su industrial local, impulsar el desarrollo sostenido de la economía, aumentar la participación del trabajo argentino en la producción del mercado interno y externo, intensificar la formación técnica y científica en las generaciones futuras, impulsar la especialización en áreas intensivas en tecnologías estratégicas, y así ofrecer herramientas de negociación para llevar adelante una política internacional más sofisticada y provechosa. En esencia, no quedar a merced de un ancla ideológica cortoplacista rendida a los movimientos agitados de la libre concurrencia de las fuerzas del mercado. Las ventajas comparativas, tanto aquellas heredadas de la naturaleza, como aquellas socialmente construidas, han sido en muchos casos apropiadas por un puñado de capitales con aversión al riesgo y han despojado de la dimensión estratégica argentina a los instrumentos para el desenvolvimiento de su economía. Todo ello mediante la desregulación y liquidación del capital social acumulado en la década del ‘90. Así fueron los casos emblemáticos en las ramas de la producción petroquímica, siderúrgica y del aluminio [7]. En efecto, una dirección con consecuencias re-primarizadoras de la economía tornaría aún más vulnerable al país desde el punto de vista de la defensa nacional ^[8] o de la seguridad interna [9]. Es importante tomar nota de la historia sobre los efectos de esas políticas de desregulación en la desintegración de las industrias básicas y estratégicas de la economía argentina y su relación con la destrucción de capacidades, como lo fue en el caso de la minería de uranio para el sector nuclear argentino, discontinuada y nunca recuperada. A su vez, la ralentización de los proyectos en marcha, producto del desfinanciamiento o la desarticulación de empresas y organismos especializados, alteraron el normal desenvolvimiento y cumplimiento de los objetivos. Resulta llamativo que frente a las tendencias globales que hacen relevante a la Inteligencia Artificial como fundamento para el diseño de la planificación y la prospectiva, que en definitiva hacen al desenvolvimiento de nuevas ventajas comparativas en el plano productivo y tecnológico, es decir, como artificio social, este nuevo gobierno emprenda una cruzada contra el Estado, la regulación y la planificación, todo ello en nombre de las fuerzas del mercado. Este escenario permite concluir que el nuevo gobierno pretende imponer artificialmente la desinteligencia en el Estado y así ejecutar un liberticidio. El sector nuclear argentino está nuevamente en peligro y su afectación a la desregulación y privatizaciones resultaría lesiva a nuestra soberanía.

 

 

^[1] El carácter estratégico del sector no representa un capricho de los autores, sino que es una definición ampliamente reconocida entre los funcionarios políticos de máxima jerarquía, los científicos y la diplomacia, al menos desde que Estados Unidos detonó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki las bombas estratégicas, tal como se las conoce a aquellas que originan su poder de destrucción masiva en el uso de la tecnología nuclear. El curso de la Guerra Fría fue especialmente sensible al desarrollo del armamento estratégico, no solo por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes expresiones de aquella contienda, sino también por la difusión de los conocimientos sobre la tecnología nuclear, que por su carácter dual (civil y militar) podría alterar los equilibrios de poder a nivel global. El fin de la Crisis de los Misiles en Cuba (1962) intensificó la convergencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética expresado en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el Tratado sobre Misiles Antibalíticos (ABM) y la Limitación de Armas Estratégicas (SALT). A pesar de ello Francia y China Popular, durante la década del ‘60, se incluyeron al concierto de países con armamento estratégico. Israel, mediante cooperación francesa, se integraría luego. Sudáfrica del Appartheid haría lo propio mediante la colaboración estrecha de Israel. Con la derrota del régimen racista sudafricano, sus autoridades salientes decidieron desmantelar el complejo militar industrial y, en especial, su armamento estratégico. La Argentina y Brasil han adherido a los tratados internacionales existentes en materia de no proliferación nuclear y ha sido un elemento fundante de los mecanismos de confianza mutua y las bases del proceso de integración regional entre ambos países.

^[2] Por sus siglas en inglés Small Medium Reactor.

[3] La Argentina dispone de importantes reservas comprobadas de uranio, distribuidas mayoritariamente en yacimientos ubicados en las provincias de Mendoza, Chubut, Rio Negro, Salta. Los recursos uraníferos identificados en las reservas de nuestro país pertenecen tanto al Estado nacional (a través de la CNEA) como al sector privado (UrAmerica Ltd, U3O8 Corporation, entre otros). Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, es el yacimiento más importante con un potencial de alrededor de 20.000 toneladas. Para transformarse en materia prima para los combustibles nucleares, el uranio debe ser sometido, en una primera etapa, a un proceso de refinación, purificación y conversión en dióxido de uranio. Actualmente este proceso en nuestro país se realiza en Dioxitek S. A., la única planta que produce polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear grado cerámico, lo que la transforma en un activo indispensable para la generación de energía. Hacia 1997, nuestro país abandonó la explotación de este mineral y desde entonces, las necesidades de uranio de las centrales nucleares en funcionamiento se han cubierto con importaciones de materias primas del extranjero (Uzbekistán, Chequia, Kazajstán y Canadá). En la actualidad, en la Argentina el consumo anual para sus tres centrales en funcionamiento es aproximadamente de 220 toneladas de uranio natural y otras 30 de uranio enriquecido. La empresa Dioxitek proyecta a su vez la puesta en marcha de una nueva planta de dióxido de uranio a 16 Km de la provincia de Formosa, destinada a reemplazar la planta situada en la provincia de Córdoba, con el objetivo de satisfacer la demanda de este insumo por parte de las centrales nucleares presentes y futuras. La planta contará con la tecnología más avanzada que existe actualmente para este tipo de instalaciones a nivel mundial.

[4] La Argentina es pionera en la fabricación de fuentes selladas de cobalto en América Latina. El Cobalto 60 es un metal que se caracteriza por emitir energía en forma de rayos llamados Gamma y tiene un amplio espectro de aplicaciones para la medicina y la industria: preservación de alimentos, tratamiento de enfermedades tumorales, esterilización de material quirúrgico, gammagrafía industrial, entre otros.

[5] La puesta en marcha de Atucha II marcó un hito en el sector nuclear ya que permitió por primera vez concretar el diseño, construcción y funcionamiento de un proyecto de gran envergadura. El diseño y montaje de la central había quedado paralizado en el marco del plan de desindustrialización de la década de los ‘90 y con su puesta en marcha se puso en valor todo el espectro tecnológico, científico e industrial asociado al campo nuclear que permitió la continuidad de su desarrollo.

[6] La extensión de vida que le permite a la central continuar operando a plena carga por 30 años más. En este proyecto NASA participó articuladamente con otros reconocidos componentes del sector nuclear argentino, entre ellos la CNEA, INVAP, etc.

[7] La producción petroquímica, del aluminio y del acero representan insumos básicos para la industria. La posibilidad de producirlos permite obtener relativa autonomía para el abastecimiento de la demanda local y, además, brinda la posibilidad de establecer precios diferenciales que pueden redundar en mayor competitividad para los productos elaborados. En esos términos fue planificada la ampliación de Somisa, el emplazamiento de Aluar y los Polos Petroquímicos hacia fines de la década del ‘60, además de la perspectiva de robustecer al complejo militar industrial. Somisa fue integrada al grupo Techint como fruto del proceso de privatizaciones del menemismo y se articuló al funcionamiento especializado y deslocalizado de aquella empresa con sede en Luxemburgo. Aluar, empresa de los socios Madanes-Gelbard, fue diseñada inicialmente para abastecer la proyección de una pujante industria aeroespacial, donde el Estado otorgó incuantificables concesiones, subsidios, transferencias y aportes para su desarrollo. Actualmente la empresa exporta alrededor del 80% de su producción de aluminio primario.

^[8] El conflicto en Ucrania ha visibilizado la estrategia desesperada de los ucranianos por disponer de la mayor integración industrial posible con el fin de sostener los esfuerzos bélicos, aun con la estrecha colaboración interesada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este nuevo aprendizaje, que se suma a los que ya pertenecen a las páginas de la historia, demuestra lo inoportuno para la defensa de la soberanía que resulta renunciar a las capacidades industriales, productivas, científicas y tecnológicas. No en vano, los países centrales colocan la lupa en los movimientos dentro de la dimensión estratégica militar, donde reverberan con intensidad las disputas por el predominio frente a eventuales competidores.

[9] Los efectos del avance de la tecnología y el flujo desregulado de capitales, entre otros factores, pone en jaque al trabajo como organizador social. Esto ha desatado una batalla, en principio subterránea, a nivel global centrada en aumentar los niveles de empleo. El Rust Belt norteamericano y los efectos de la deslocalización de sus empresas e industrias emblemáticas de su ascenso como potencia han sido condición de la emergencia de Donald Trump y su propuesta política sustentada en la protección de la economía norteamericana, la relocalización de industrias en el país, la creación de nuevos empleos y con ello “hacer nuevamente grande a Estados Unidos”. Como tendencia global, el nivel de empleo de la población y la distribución de los ingresos son entendidos como fenómenos que hacen a la paz social, el orden y la estabilidad de las sociedades.

 

 

* María Cecilia Conti es ingeniera química graduada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeñó como directora de Contralor del Ministerio de Defensa (2019-2023).

** Franco Agustín Lucietto es profesor de Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y magister en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa (UNDEF). Se desempeñó como director de Asuntos Académicos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (2020-2022).

*** Leonardo Toriggia es ingeniero químico graduado en la UBA y maestrando en Filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui).

 

 

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