DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS

En la Argentina afectada por las políticas recesivas y el covid-19, en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 3.757.000 puestos laborales, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. El personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000 empleos.

 

Este desplome no se recuperó mayormente en la segunda parte del año. Sí lo hizo en algunos sectores, pero empeoró en otros, dado que el Producto Bruto Interno descendió en 2020 con respecto a 2019 en torno a un 10%, siendo la mayor caída del PIB que se tenga registro. Para peor, 2019 fue un año recesivo.

Con una población de algo más de 45 millones de habitantes, la tasa de actividad se estima en un 47%, esto quiere decir que más de 22 millones de personas están en condiciones de trabajar. Sin embargo, siempre al segundo trimestre de 2020, solo se registran 11.762.000 ocupadas, de las cuales 9.475.600 personas son asalariadas, incluyendo al sector privado (en junio de 2020, se contabilizan 5.781.000 personas asalariadas en el sector privado), sector público y el trabajo en casas particulares y, 2.287.000 tienen trabajos independientes (monotributistas y autónomos), por eso el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)  alcanzo a unos 8.970.000 beneficiados

Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, que es la causa central de desempleo en los países atrasados. En estos casos, la receta de bajar salarios no es la solución porque como en la amplia mayoría de los países no industrial. E,  el camino es invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.

En la Argentina de comienzos de 2021, el salario promedio de bolsillo (neto) de los trabajadores industriales, es menor a 700 dólares por mes, a razón de 3,5 dólares la hora. No solamente es uno de los más bajos de nuestra historia, sino que incluso, como pedía Paolo Rocca en 2015, es menor al que se paga por igual trabajo en Brasil y, sin embargo y obviamente, no podemos competir con Brasil en la mayoría de la producción manufacturera.  Y por supuesto menos que menos con los países desarrollados cuyo salario promedio ronda los 2.200 dólares mensuales, pero son mucho más productivos por las maquinas, equipos y tecnología que poseen, a lo que se le suma una infraestructura en rutas, trenes, puentes, represas, etc. etc. moderna y de gran magnitud.

Las cadenas globales de valor son administradas por las empresas transnacionales[1] y representan en torno al 80% del intercambio mundial. Menos del 30% de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas como mero proveedor de alimentos o de metales, donde el 60,9 % de las exportaciones argentinas se dividen tan solo en cinco productos primarios con bajo valor agregado.

Esa situación implica que todo el superávit comercial y la inmensa masa de ganancia de un sector privilegiado (constituido por los que controlan mercado cautivo apropiándose de una renta extraordinaria), no se transforma en inversión, generando dos factores adversos: falta de puestos de trabajo (y con ello presión a la baja de los salarios) y fuga de capital (invierten económica y financieramente en el exterior).

 

El rol del Estado

El objetivo final de la política económica es lograr el pleno empleo y la mayor equidad  en la distribución del ingreso. Nuestra Constitución Nacional lo determina claramente cuando desde el Preámbulo sostiene: “Promover el Bienestar General”, y también en su Ley 24.013 de Empleo. Entonces, la política económica en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos, cuyo fin último es la plena ocupación y con una remuneración que supere la línea de pobreza.

El economista Sergio Arelovich, asesor de La Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, afirma que el Estado debe intervenir para garantizar ingresos dignos a los trabajadores en cumplimiento de la Constitución Nacional y de la ley 24.013 de Empleo, cuyo artículo 135 crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El inciso c de dicho artículo, le confiere al Estado la facultad de aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil, para afirmar textualmente “Si de deudas de la democracia se trata, resta decir que tanto el Estado como cierto sindicalismo se han mostrado poco exigentes al momento de hacer cumplir la normativa que garantiza a los trabajadores el grado de dignidad que se les debe reconocer por su condición de creadores de riqueza”[2].

Según el INDEC, la Canasta Básica Total de noviembre de 2020 (siempre es el último dato publicado) para una familia constituida por matrimonio y dos hijos requiere de un haber mensual de $ 51.776.  Y el salario mínimo vital y móvil impuesto por la Resolución 4/2020 del Ministerio de Trabajo,  Empleo y Seguridad Social de la Nación del 16/10/2020 y sin fundamentar porqué, se fijó para octubre y noviembre de 2020 en $ 18.900 y a partir del 1° de diciembre 2020 de $ 20.587,50 por mes. Es obvio que una gran cantidad de trabajadores  formales y no formales perciben remuneraciones por debajo de la Canasta Básica Total,  trabajan y son pobres.

 

Desde el punto de vista económico la principal función del Estado es regular la actividad, establecer las reglas de juego, qué es lícito y qué es ilícito, qué es blanco y que es negro y apuntar al pleno empleo y al crecimiento con la mejor distribución del ingreso posible. Por eso John M. Keynes distingue entre el beneficio de los empresarios y  el de la sociedad y afirma que la causa del desempleo se encuentra fuera del mercado laboral. De hecho, este último, es un mercado cuyo comportamiento es pasivo, en el sentido de que el equilibrio en el mercado laboral se deriva de fuerzas externas a él. La curva de productividad marginal debe considerarse como tal, no como una curva de la demanda de trabajo por parte de los empresarios en relación con los salarios.

 

Dentro de esa función de regular la actividad económica, el Estado debe, antes que nada, preservar el valor de la moneda, que es la antítesis de la devaluación.  El tipo de cambio ya lo modificó violentamente el gobierno de Cambiemos que en tan solo tres meses del 25 de abril al 24 de julio de 2020 devaluó un 100%.  Pero parece que no fue suficiente, porque este gobierno fijó un dólar oficial comercial tipo vendedor por el Banco de la Nación Argentina de $ 59,91 el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2020 su precio fue de $ 89,67, conformando un ajuste cambiario del 49,67%, que repercute directamente en el precio de los alimentos y por ende en el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y,  en forma excesiva cuando proporcionalmente el gasto en alimentos es mayor sobre el ingreso.

 

En todo caso debería adoptar decisiones como hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1° de marzo de 2021, con el fin de preservar su destino al mercado interno.

 

El Estado nacional y los provinciales deben regular la actividad comercial y financiera y cobrar impuestos directos como los que creó la Ley 27.605 de Aporte Solidario, pero no por única vez, sino todos los años y, las provincias cobrar impuesto inmobiliario rural que representa menos del 0,4% del PIB. Es una vergüenza que la tierra más fértil del mundo aporte menos del 0,4% del PIB.  E indirectos como son los derechos de exportación (retenciones), somos una sola Nación y no puede haber trato preferencial para nadie (artículo 16 de la Constitución Nacional).

 

Todo ello en un marco en que se aumenten los salarios y el empleo a través de la obra pública nacional, provincial, municipal y de estímulos a las empresas de creación de puestos de trabajo (esencialmente a las PyMes que son las que proporcionalmente más trabajo generan),  que se aumenten las remuneraciones, de modo que ningún trabajador en actividad o pasividad perciba un ingreso mensual menor a la canasta básica total del INDEC, es decir por debajo de la línea de pobreza.

 

Mayor salario y mayor empleo fortalecen al mercado interno, al que se destina más del 70% de lo que el país produce, máxime cuando la presión de los exportadores, de los  fugadores de capital y del FMI es a una devaluación permanente de nuestra moneda, garantía de valorizar las divisas, pero a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.

 

Solo recomponiendo los salarios (incluidas jubilaciones y pensiones) y el empleo la Argentina volverá a crecer, y es responsabilidad de los Estadoe, en primer lugar la Administración Nacional y luego las provincias y municipios.  Lo demostró Néstor Carlos Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los '90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.  

 

Cualquier otra alternativa es funcional al poder económico consolidado y significa seguir beneficiando a una minoría parasita y rentística, como, salvo raras excepciones, se vienen beneficiando desde la dictadura militar hasta el presente, a costa de la exclusión y la marginalidad de nuestro pueblo

[1] Incluidas las de capital China, como COFCO y  Shandong Gold, esta última se asocia a la Barrick Gold en la Mina Veladero de San Juan.

[2] Revista Conclusión del 4 de enero de 2021.

 

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