Desatinos que vuelven

 

Durante los primeros días de enero, los pasillos del Ministerio de Defensa estuvieron activos. Tras la inesperada purga en las filas militares, funcionarios libertarios, bullrichistas y oficiales retirados estarían revisando el marco normativo de la defensa para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Estas noticias e infidencias han sido acompañadas por diversas acciones del ministro Luis Petri. De esas informaciones publicadas, se destacan tres: a) reunión de puesta en marcha de una mesa interministerial de trabajo entre Defensa y Seguridad; b) Petri, con el asesoramiento del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, conversó por video-llamada con su par de Ucrania; y c) se reunió con autoridades de la AMIA para dialogar sobre “la necesidad de declarar a Hamas como organización terrorista”.

¿Qué implicancias podrían tener estas iniciativas para la política de defensa nacional y para sus Fuerzas Armadas?

 

Antecedentes

Las reformas que podría poner en práctica la actual gestión no son nuevas: tienen raíces profundas en los años que transcurrieron entre la derogación de la Doctrina de Defensa Nacional del Presidente Juan Domingo Perón (1946-1955) y la instalación de la última dictadura (1976-1983). Durante ese período, las Fuerzas Armadas adoptaron la Doctrina de Guerra Revolucionaria (DGR) francesa y la Doctrina de Seguridad Nacional. Excede el propósito de este artículo explicar cómo ocurrió ese proceso de internalización –estudiado por Ernesto López en Seguridad Nacional y Sedición Militar, por Esteban Pontoriero en La represión militar en la Argentina (1955-1976) y por Marina Franco en Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y ´subversión´, 1973-1976, entre otros– pero justamente el trabajo de esta última investigadora nos deja dos conceptos claves que podrían retornar durante el actual gobierno: enemigo y orden interno. En efecto, tal como expresó en su momento el dictador Juan Carlos Onganía, las Fuerzas Armadas adoptaron como hipótesis de conflicto al “enemigo ideológico interno”. Tanto durante ese gobierno de facto –sin éxito– como durante la última dictadura –con éxito– se pretendió cambiar la matriz económica, política y social de la Argentina. Para ello, esa hipótesis no sólo se focalizó en los integrantes de las organizaciones armadas, sino que abarcó a todos aquellos que se opusieron a ese modelo sociopolítico y económico, incluyendo a sacerdotes, monjas, abogados defensores de derechos humanos, militantes políticos y sindicalistas, entre otros.

Luego de la caída de la dictadura y de profundos debates en el Congreso durante los años ‘80, y gracias a un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, se aprobó la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988). Esta norma tuvo su continuidad –un hecho significativo en la política argentina– en la ley 24.059 de Seguridad Interior (1992) y en la ley 25.520 de Inteligencia Nacional y sus modificatorias (2001 y 2014). Estas leyes, junto a los decretos 727 y 1.691 del año 2006 y 1729 del 2007, constituyen lo que Marcelo Saín ha denominado como “consenso básico”. Escuetamente, este marco normativo establece –entre otras cosas– que la misión principal de las Fuerzas Armadas argentinas se centra en el Agresor Estatal Militar Externo (AEME), basado en la definición de de las Naciones Unidas y en el espíritu del legislador, que puede leerse por ejemplo en la exposición del proyecto de Defensa Nacional del senador Antonio Berhongaray (UCR); y en la separación orgánica y funcional de la defensa nacional y la seguridad interior.

Una vez alcanzado el control civil de las Fuerzas Armadas en 1990, actores domésticos y externos, políticos y sociales, pujaron para revertir este “consenso básico” para que el sistema de Defensa adoptara como hipótesis de empleo a las “nuevas amenazas”, un significante vacío que abarcaba desde el terrorismo internacional y el narcotráfico hasta el secesionismo indígena, la pobreza extrema y el HIV-SIDA. Luego del atentado a las Torres Gemelas en 2001, el concepto mutó, pero en esencia Estados Unidos y sus socios nacionales presionaron para involucrar a los militares en la lucha contra el terrorismo islámico y el narcotráfico.

Pese a esas presiones, el “consenso básico” logró sostenerse y se sumaron tres hitos que merecen destacarse: a) la consumación e implementación de este acuerdo inter-partidario por parte de la ministra de Defensa, Nilda Garré (2005-2010); b) la aprobación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) a través de la ley 27.565/2020 por iniciativa de Agustín Rossi (2019-2021); y c) la identificación –por primera vez desde 1833– del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB) como una amenaza a los intereses vitales y estratégicos de la Argentina. Vale recordar que el Reino Unido invadió ese año las Islas Malvinas, desalojando por la fuerza a hombres, mujeres y niños argentinos [1] y continúa ocupando ilegal e ilegítimamente las mismas, más las Georgias del Sur y Sándwich del Sur; que limita la libertad de maniobra de nuestro país en el Atlántico Sur; y que pone en jaque nuestra soberanía en la Antártida. Esta evolución quedo plasmada en la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2021 a través del Decreto 457 de ese año, que puso en marcha el Ciclo de Planeamiento Nacional. Así, bajo esta hipótesis se elaboró el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) 2023, que establece y prioriza la recuperación de las capacidades militares para los próximos 20 años, ordenando también un cambio del centro de gravedad del Instrumento Militar hacia el sur, hacia el mar y hacia la Antártida.

Claramente, el camino que condujo a estas decisiones no estuvo exento de escollos: Estados Unidos y actores domésticos presionaron para destruir ese “consenso básico”. Mientras en los años ‘90 esas acciones se limitaban a think tanks de derecha y a militares retirados, la desafección de políticos y académicos del radicalismo a partir de 1999 –junto con los anteriores– permitió que se constituyera una nueva comunidad epistémica, que Luciano Anzelini ha denominado “Consenso Oris de Roa”. Ésta impulso la derogación de los decretos 727 y 1.691 (de 2006) durante el gobierno de Mauricio Macri y enfocó el rol de las Fuerzas Armadas hacia la seguridad interior, centrado en la lucha contra el narcotráfico y el secesionismo mapuche. Todo esto en el marco del alineamiento de nuestra política exterior con Estados Unidos y las políticas de ajuste fiscal. Afortunadamente, como analiza Anzelini [2], por ineficacia en la gestión, esas iniciativas fracasaron y fueron revertidas por el ministro Agustín Rossi.

 

Lo que podría venir

Como hemos visto, las iniciativas que pretendería implementar el ministro Petri tienen viejos antecedentes. Nuevamente en el marco de un extremo ajuste fiscal y de un alineamiento automático con Estados Unidos, se intentaría ya no destruir únicamente dicho acuerdo inter-partidario sino también degradar a las Fuerzas Armadas argentinas.

A esta altura del año, hay más preguntas que certezas:

a. ¿La reunión con la AMIA implica que las Fuerzas Armadas se involucrarían en la lucha contra el terrorismo? ¿Cómo? ¿Enviaríamos tropas a Medio Oriente o se buscaría un nuevo enemigo interno: el supuesto terrorista que responde a alguna organización islámica? El Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas no tienen medios, doctrina ni adiestramiento para luchar contra una organización terrorista. Aun si los tuviera, no serviría, como ya quedó demostrado empíricamente: al terrorismo no se lo combate con mayor poder de fuego. Desde el surgimiento de las organizaciones terroristas de raíz islámica, y pese a la presencia de Estados Unidos durante 20 años en Afganistán, donde fue derrotado, el terrorismo no desapareció: continuó y mutó, y lo seguirá haciendo si se continúa con este curso de acción. Entonces, ¿para qué modificar los decretos del “consenso básico”? ¿Para hacer frente al terrorismo en nuestro territorio? Más allá de que no tendría resultados positivos, y en la lejana eventualidad de que ello sucediera, esa situación ya está prevista en el artículo 28 y –frente a una amenaza aún más grave– en los artículos 31 y 32 de la ley 24.059, que prevén el despliegue de tropas de combate para restablecer la Seguridad Interior.

b) ¿La meta sería apoyar logísticamente a las fuerzas de seguridad? Ya se hace desde hace años y está previsto en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior.

c) ¿Se desplegarían tropas de combate para combatir al narcotráfico como en México y Ecuador? Sería un fracaso. Los militares serían procesados y la tasa de homicidios aumentaría como en esos países, como bien reseña Anzelini y los informes de Naciones Unidas. La denominada “Guerra contra las Drogas” ha fracasado, como muestran innumerables indicadores: no sólo ha aumentado la tasa de homicidios, sino también el consumo y la producción. Particularmente en la Argentina, la política de seguridad se ha focalizado en el consumidor, las mulas y el narcomenudeo, y no en los grandes narcotraficantes. En efecto, un informe del Ministerio de Seguridad señalaba en el año 2018 que solo el 2% de las causas culminaban en una sentencia y, del total, solo el 1% habían alcanzado a narcotraficantes [3].

 

Conclusiones

En síntesis, nuestra hipótesis es que el cambio del “consenso básico” tendría por objetivos:

1. Convertir a las Fuerzas Armadas en Small Armed Forces, tal como sostenía el ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos., Robert McNamara, en los años ‘60: se busca que los militares nativos cumplan un rol subordinado a los intereses de ese país.
2. Transformar a nuestras Fuerzas Armadas en Crime Fighters [4] para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.
3. Garantizar el orden interno cuando las fuerzas de seguridad se vieran sobrepasadas. Es decir, y parafraseando una de las ideas que Gabriel Kessler expone en su libro El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito: en los años ‘90 en la Argentina ya no se temía a los trabajadores por estar organizados, sino que vuelven a ser un peligro –como durante las dictaduras– porque se convierten en una amenaza para las políticas neoliberales que se quieren implementar.

Cuatro indicadores nos permitirían testear estas hipótesis: a) la modificación de los decretos 727 y 1.691 del año 2006; b) la derogación de la DPDN 2021 y el PLANCAMIL 2023; c) el vaciamiento y derogación del FONDEF; que ya empezó [5]; y d) la derogación de las leyes del “consenso básico”, lo cual sería una avance extremadamente ilegítimo y radical.

En tal escenario, los argentinos se convertirían nuevamente en hipótesis de conflicto; mientras tanto, el Reino Unido avanza en consolidar su posición geopolítica afectando la integridad territorial, nuestra libertad en el mar y nuestra soberanía en la Antártida. Todo un desatino.

 

* El autor es doctor en Ciencia Política, profesor e investigador en defensa y seguridad (UBA/UNDEF).

 

[1] Recordemos que, entre otros niñas y niños, Malvina Vernet había nacido en Puerto Soledad el 5 de febrero de 1830.

[2] Anzelini, Luciano (2023), “Del acomodamiento civil deficiente al gobierno político de la Defensa: planeamiento estratégico del sector en Argentina, 2015-2021”. En Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 75, pp. 143-161. Recuperada el 12 de enero de 2024 de https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/5417.

[3] Ministerio de Seguridad (2018), “Análisis de sentencias judiciales por infracción a la Ley 23.737 y por el delito de contrabando de estupefacientes en el ámbito de la justicia federal (2014-2016)”.

^[4] Tokatlian, Juan Gabriel (2018, 8 de mayo), “Militares ¿combatientes del crimen?” (Clarín, 8-5-18).

[5] Artículo 2º de la Decisión Administrativa 5/2024.

 

 

 

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