Desandar el sistema de la crueldad

Luego de dos años y seis meses comenzó el lunes el juicio oral y público por abandono de persona seguida de muerte de los siete jóvenes que estaban detenidos bajo prisión preventiva por delitos menores y que murieron en el incendio ocurrido el 2 de marzo de 2017 en los calabozos de la comisaría 1ª de Pergamino, cuyo personal policial imposibilitó el acceso de bomberos para salvar sus vidas. “Queremos una condena ejemplar, una condena que marque un antes y un después, que los próximos policías que tengan una situación similar- no voy pedir que piensen en los detenidos porque nos hemos dado cuenta que no valoran su vida-, piensen en que pueden terminar detenidos y condenados, perder su trabajo como ya lo perdieron estos seis policías que fueron exonerados”, expresa Andrea Filiberto, hermana de Sergio Filiberto de 27 años, una de las siete víctimas fatales de la masacre.

El 2 de marzo de 2017 se inició una discusión entre dos detenidos. Los policías tomaron la decisión de encerrar a todas las personas detenidas en cuatro celdas. En la celda 1 había seis detenidos en un espacio reducido y sumaron a otro, dejando a los de la pelea en la misma celda. La pelea ya había concluido con un abrazo, el calor era sofocante. Todos los sectores de los calabozos tanto internos como externos quedaron cerrados con candado.  Los siete comenzaron a gritar, al no obtener respuesta arrojaron pedazos de colchones encendidos al pasillo. Los policías observaron la situación de fuego y  humo, pero dieron aviso a los bomberos en forma tardía e interrumpieron su labor cuando llegaron, negándoles las llaves de los candados. Por eso no se pudo extinguir el fuego en forma inmediata que fue lo que terminó con la vida de Federico Perrotta (22 años), Alan Córdoba (18), Juan José Cabrera (23), Sergio Filiberto (27), Fernando Lattorre (24), Jhon Claros (25) y Franco Pizarro (27) que murieron, según la autopsia, por inhalación de monóxido de carbono y sofocación.

 

 

Una historia de siete

Andrea Filiberto cuenta que a su hermano lo quería mucha gente. “Sergio o ‘Fili’, como lo conocían o como le decían todos sus amigos era de compartir gran parte de sus días con amigos, él era feliz estando reunido”. Le gustaba mucho el rock, iba con amigos del barrio a recitales de La Renga. También tenía otra pasión que era su querido Douglas Haig de Pergamino, “como toda la familia, ya que nos criamos en ese club desde chiquitos en la pileta, haciendo actividades y mi papá integró la comisión de fútbol, por lo que íbamos a la cancha de pequeños. Se transformó en una pasión para él que lo seguía donde iba a jugar”. Trabajaba en el hospital San José, donde  su madre fue 31 años enfermera. Sergio había ingresado como camillero, tarea que abandonó por problemas en sus rodillas desempeñándose luego en tareas administrativas. “Mi papá era mecánico dental, mi otro hermano y yo hemos formado nuestras familias, somos mayores, Sergio era el más chico. Los dos trabajamos con más de 10 años de antigüedad. Todo esto lo cuento para que la gente entienda que nadie está exento”, enfatiza Andrea que trabaja en la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil. “Sergio en su adolescencia comenzó a consumir alcohol como cualquier pibe, luego marihuana, convirtiéndose ese consumo en problemático, sobre todo luego del fallecimiento de mi papá, seis años antes de la masacre”. La situación de consumo por la que atravesaba Sergio era acompañada por sur su familia con varios tratamientos que el joven realizó.

“Mi hermano estaba en la comisaría por ser partícipe secundario en un robo. Se equivocó al acompañar a un amigo a un lugar, donde ese chico decidió robar. Ninguno de los siete tuvo un juicio justo, estaban procesados sin condena, por eso murieron todos siendo inocentes”, describe Andrea. La familia estaba tramitando el arresto domiciliario porque era su primera vez y contaba con una familia que lo contenía. “Pero la justicia es lenta, le tocó parte de vacaciones de un juez, no resolvía, se hizo el informe socio-ambiental el día anterior a la masacre, tenía que presentar ese informe y luego obtenía el arresto domiciliario que no pudo ser. Sergio estuvo 28 días dentro de la comisaría 1ª y ahí quedó”, se lamenta. “No le dieron la oportunidad de hacer ese giro de 180 grados que él decía, porque todos los días, los 28 días que estuvo en la comisaría mandaba cartitas, tenemos miles de cartas donde le escribe a sus sobrinos, a nosotros como hermanos, a mi mamá, a algunos vecinos que les mandaban alguna golosina”. Solamente una vez al día le podían llevar comida y era ahí donde se hacía el intercambio de cartas. “Pedía perdón, prometía hacer ese cambio de 180 grados-así decía él- y nosotros considerábamos, al leerlo, al ir a visitarlo, que había hecho ese clic que tanto espera una familia cuando un joven tiene problemas de adicciones. No le dieron la posibilidad de demostrarlo, eso es lo que más nos duele”.

 

 

 

Transformar el dolor en lucha

“Por más que una persona esté detenida tiene sus derechos y sobre todo el derecho fundamental a la vida”, expresa Andrea Filiberto que cuenta que después de ese 2 de marzo cuando estaban velando a sus seres queridos fueron intercambiando teléfonos  e información con las familias de las demás víctimas . Una de las pruebas que existen en la causa es el cruce de mensajes entre los familiares y los jóvenes que evidencia el abandono de persona por parte del personal policial. Los familiares crearon un grupo de Whatsapp, se fueron conociendo y así comenzó armarse el colectivo en busca de justicia.

La primera marcha por los siete no contó con la presencia de familiares, fueron organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, vecinos que exigían justicia y saber la verdad. “Eso fue el empujón hacia todos nosotros que ni hemos militado, ni hemos vivido situaciones similares. Es más, mi mamá siempre dice: ‘yo vivía dentro de un frasco de mayonesa’, mucha parte de la realidad que no conocía ahora se está empapando en saber. Así es como empezamos a salir a la calle, recuerdo que los primeros días íbamos con láminas, cartulinas y fibrones, y ahí mismo hacíamos los primeros carteles”, señala Andrea remarcando el tránsito entre dolor y lucha que aprendieron. “Creamos nuestras primeras banderas pintadas por nosotros mismos a mano, hicimos las remeras. El primer mes marchamos todas las semanas y después comenzamos a marchar cada día 2, esto duró los dos años y medio. Todos los días 2 salimos a la calle”; sostiene y deja claro que en ese recorrido fueron participando en eventos en otras ciudades donde les brindaban espacio para visibilizar la causa.

El camino transitado hasta llegar al juicio no fue fácil. “Fuimos dando vuelta la versión policial, se consiguieron muchas pruebas, esperamos que todo eso se pueda ver  en el juicio”, expresa mientras  describe que “Pergamino es una ciudad muy cerrada, facha- por decirlo de alguna manera-, y nos han juzgado y nos han castigado muchísimo. Sobre todo al principio, cada vez que salía una nota en algún medio, en las redes sociales enseguida salían a matar a los pibes sin conocerlos, a nosotros los familiares como: ‘negros de mierda ojalá se mueran también’; ‘por algo estaban ahí’; ‘siete chorros menos’; ‘siete negros menos’, ‘siete lacras menos’”, recuerda.

Durante muchos meses sufrieron ese maltrato hasta que la sociedad se fue enterando de las barbaridades que hicieron los policías. “Nosotros gritábamos a viva voz y exigíamos justicia pero sobre todo queríamos que sepan que fue la acción e inacción de los policías  que estaban de guardia ese 2 de marzo en la comisaría 1ª  la causante de la muerte de los siete y de las demás víctimas sobrevivientes que se salvaron de milagro”, relata Andrea Filiberto. “Cerraron todas las puertas hasta las que debían estar abiertas; no llamaron a los bomberos en forma inmediata; no utilizaron los matafuegos que había; cuando llegaron los bomberos entorpecieron su trabajo no dándoles las llaves, sin permitirles romper los candados con herramientas”. Los bomberos tardaron veinte minutos más por el entorpecimiento policial ya que tenían que llegar al foco del fuego y tirar agua desde otro ángulo, detrás de una reja a la cual no podían acceder. “Cuando les abrieron, pudieron apagar el fuego en menos de tres minutos. De haberlos llamado antes se hubiesen salvado todos”.

 

 

El juicio

Brian Carrizo; Alexis Eva; Matías Giulietti; Carolina Guevara; Sergio Rodas y el entonces comisario Alberto Donza son los policías imputados por abandono de persona seguido de muerte. Los seis fueron desafectados de la fuerza y están con prisión preventiva. Sólo Eva y Donza esperaron el juicio en prisión, el resto goza de arresto domiciliario. Será el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, integrado por Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, el que determine su responsabilidad penal. Cerca de cien  personas prestarán declaración testimonial: los 12 sobrevivientes que estaban detenidos el 2 de marzo de 2017 en celdas contiguas;  bomberos; vecinos y vecinas de las casas linderas a la Comisaría 1ª de Pergamino, familiares de las víctimas y peritos médicos, especialistas en incendio. La fiscalía actuante es la de Nelson Mastorchio de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 3 de Pergamino.

Por parte de los querellantes se encuentra trabajando el equipo de Litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense (CPM) integrado por  Margarita Jarque y Carla Ocampo Pilla. “Las expectativas son la concreción de justicia, que repare  a los familiares de las víctimas y a la comunidad en su conjunto, partiendo de la base de que más allá de las figuras delictivas enmarcadas en el Código Penal que se van a juzgar, de lo que se trata claramente es de una violación a los derechos humanos sucedido en la comisaría 1ª de Pergamino como en tantas otras masacres que podemos contabilizar en nuestro país y en particular en la provincia de Buenos Aires”, señala  Jarque. “Masacres que tienen un mismo patrón, son una suma de prácticas institucionales, carcelarias y policiales que tienen como eje central el desprecio por la vida y la inhumanidad con la que se trata a las personas detenidas”, expresa.  Sobre lo que espera sostiene: “Que este juicio sea un aporte para desandar el sistema de la crueldad en cual se enmarcan estas masacres”.

El lunes comenzó con una jornada corta de dos horas donde fiscalía, querella y defensa realizaron los lineamientos generales. “La sala estaba llena, es chiquita, cuando se hizo la audiencia preliminar se solicitó una sala más grande, teníamos acceso y la posibilidad de utilizar el salón del Concejo Deliberante de Pergamino pero el Tribunal lo denegó y ofreció la sala más grande que hay en el poder judicial de Pergamino, pero es de poca capacidad y se llenó enseguida”, narra Andrea Filiberto.

 

 

El martes declararon familiares de cuatro de las víctimas. Los familiares fueron los primeros en llegar a la comisaría tras los mensajes de auxilio que los jóvenes mandaron desde el calabozo. Los testigos expresaron haber visto el humo negro salir desde el patio de la comisaría pero ninguno de los policías imputados contaba con rastros en sus vestimentas, manchas de hollín, ni síntomas de haber actuado frente al incendio, como ahogo o sofocación. “No se encontró la llave”, fue la respuesta de policías ante la pregunta de familiares de por qué no se abrieron los candados. Jorgelina Ferreyra, mamá de Federico Perrota, declaró que un médico salió del interior de la comisaría y al preguntarle sobre lo sucedido dijo: “Yo no me voy a hacer cargo de esta masacre”.

El miércoles siguieron declarando familiares de las víctimas. Expresaron que cuando llegaron detectaron humo y que los policías no les brindaban información. Estaban más preocupados en cómo los familiares se habían enterado y estaban ahí que en salvar a los detenidos del fuego.  Los testigos en su declaración identificaron a tres de los imputados.  Se exhibió un video en una de las paredes de la sala, ya aportado a la causa que le llegó a una tía de una de las víctimas. Una filmación de adentro de la comisaría muestra el fuego y los chicos pateando las rejas, gritando que les abran porque se ahogaban. Un par de madres  taparon sus rostros para no verlo pero al escuchar los gritos de los jóvenes se descompensaron, al igual que  la hermana de una víctima. Se llamó una ambulancia para asistirlas y se realizó un cuarto intermedio. Luego se reanudó el juicio con declaraciones testimoniales de familiares a los que les llegaron audios desde adentro de la comisaría, de policías de personal motorizada que estuvieron en todo momento en el lugar, no están imputados pero se logró identificarlos.

El juicio constará de 18 audiencias, los lunes, martes y miércoles de cada semana. Se espera como testimonios centrales para el próximo lunes y martes la declaración de los sobrevivientes. Para quienes deseen seguir pormenorizadamente lo que ocurre en el juicio se recomienda leer la cobertura que realiza Andar la Agencia de noticias de derechos humanos de la CPM  como también El Diario del Juicio, herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, FM La Caterva, Radio Presente y Cítrica (https://juicio7pergamino.blogspot.com/) donde se brinda información sobre la vida de las víctimas, lo que pasó, los imputados y el día a día de las audiencias.

 

 

 

 

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