DESAGRAVIO AL PUEBLO TUCUMANO

 

Diputados nacionales tucumanos lograron que la Cámara declare el 22 de agosto como “Día Nacional de Desagravio al Pueblo Tucumano por el Cierre Masivo de Ingenios Azucareros Pergeñado por la Dictadura Militar de 1966”. La votación coincide con los 50 años del Tucumanazo. El proceso vivido en Tucumán guarda gran similitud con lo sucedido en el norte de Santa Fe pocos años antes. Pronto se cumplirán 100 años de la revuelta obrera de 1921 que terminó con la masacre de La Forestal. Es una buena oportunidad para declarar otro día nacional. Pero el desagravio no alcanza: un homenaje a las luchas de aquellos pueblos y una reparación a las actuales poblaciones merecen considerarse. Está en juego la historia, la memoria y también la salud pública.

 

 

Desagravio y homenaje

El proyecto que esta semana obtuvo media sanción promueve el “eterno recuerdo” por el desastre social causado y faculta al gobierno nacional para impulsar actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva. Mario Leito, diputado justicialista y presidente del club Atlético Tucumán, twiteó que “conocer nuestra historia y ejercitar la memoria nos engrandece como pueblo”. “Es un primer paso para lograr una reparación histórica en favor de los pueblos de Tucumán que sufrieron en aquellos años la pérdida de trabajo, la pobreza y el éxodo”, escribió Carlos Cisneros, diputado peronista y dirigente bancario.

El impulsor del proyecto, el diputado Pablo Yedlin, se refirió al proceso de cierres como una política “arbitraria y absolutamente repudiable”, al desmedro de los intereses “del interior” en beneficio del “capital financiero más concentrado” bajo la supuesta necesidad de emprender una “reestructuración agro industrial”. El efecto fue que 200.000 tucumanos y tucumanas, un cuarto de la población de ese entonces, tuvieron que migrar hacia grandes aglomeraciones urbanas. La mayoría se instaló en villa miserias del gran Buenos Aires.

El desagravio cobra fuerza cuando se cumplen 50 años del Tucumanazo, hecho que enseña que ningún agravio social esquiva la resistencia y/o rebelión popular. De manera que el “Día Nacional de Desagravio al Pueblo Tucumano” queda atado en realidad, aunque su articulado no lo explicite, a una lógica de conflicto, de luchas sociales, de antítesis, en definitiva al extraordinario proceso de movilización en contra de los cierres por aquel pueblo agraviado. Ello lo explican muy bien Eugenia Martin, Daniela Wieder, Said Achar, Martín Berta, Matías Galindo, Silvia Nassif, Rodrigo Dominguez y Rosario Robles, en un video de divulgación preparado para la ocasión.

 

 

 

 

 

En junio de 1966 una nueva dictadura se hizo con el poder del gobierno del Estado. Frente al peligro de la “infiltración marxista” y bajo la imperiosa necesidad de reponer el orden en las fábricas y aplacar las pujas distributivas, con aquel golpe de Estado se pretendió profundizar un proyecto industrializador liderado por el capital extranjero e integrando a los grandes grupos económicos locales y diversificados. Tucumán conocía el cultivo de la caña de azúcar desde la primera época de la colonización española. A mediados de siglo XIX se había convertido en la principal actividad económica de la provincia y poco después modernizó la industria, atado ello a la llegada del ferrocarril. Fue la época en que los tucumanos accedieron por primera vez a la presidencia de la república, con Nicolás Avellaneda y luego Julio A. Roca, y en que el país consiguió el autoabastecimiento del azúcar.

En la década de 1960, con la provincia moldeada principalmente por esta actividad, numerosos pueblos del interior provincial y la propia capital contenían una poderosa clase obrera industrial y rural, un numeroso grupo de –por lo general pequeños– productores cañeros asociados y las patronales de la industria, en su mayoría nacionales. Un brusco movimiento de ascenso y descenso del precio internacional del azúcar y una agresiva política de los industriales azucareros de Jujuy, encabezados por el Ingenio Ledesma, produjeron una extraordinaria producción para la que no había mercado. La crisis intentó ser descargada sobre lxs trabajadores, que resistieron. La reacción cayó desde arriba: la dictadura encabezó un brutal proceso de “racionalización” de la industria.

El 22 de agosto de 1966, con una provincia invadida por las fuerzas represivas nacionales, se firmó el decreto-ley 16.926 que intervenía los ingenios azucareros Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana. Al finalizar la dictadura, de los 27 ingenios existentes en la provincia sólo quedaban 16. Con una sola decisión se barrían bajo la alfombra más de 18.000 puestos de trabajo.

Los trabajadores de fábrica y del surco y las familias obreras no tardaron en reaccionar. Si en la primera mitad del año, todavía bajo la presidencia de Arturo Illia, habían participado de al menos 19 conflictos y dos paros generales, el polvorín que recorrió de norte a sur a la provincia para evitar los cierres de las fábricas fue aún más grande. La poderosa FOTIA fue puesta en acción y de medidas iniciales de resistencia a los desalojos y movilizaciones y paros, no tardaron en extenderse los actos de rebelión, primero como “puebladas” locales y finalmente, en noviembre de 1970, en el levantamiento popular que duró cuatro días, del 10 al 13, y que conocemos como el “Tucumanazo”, que nació con una fuerte impronta anti-dictatorial.

 

 

 

 

¿Perdón, norte de Santa Fe?

Años antes del cierre de ingenios en Tucumán un proceso de crisis y descomposición social afectaba a otra región del norte del país: el Chaco santafesino. El proceso social vivido allí tiene muchos puntos de contacto con el agravio sufrido por el pueblo tucumano. Pero Santa Fe no tiene todavía asignado un día nacional de desagravio.

Durante más de seis décadas, desde fines del siglo XIX, aquella región tuvo atado su destino a la industrial del tanino y a la tala del quebracho, que se hizo discrecionalmente, sin una política forestal previsora y “científica”. Recién con el peronismo, cuando el corazón de los bosques estaba diezmado de forma irreversible, se abrió la posibilidad de establecer cierto control y regulación de la tala.

Pero el problema no fue que el devaste ecológico –ese sí científicamente organizado– puso fecha final para toda una industria y la prosperidad económica de una región sino que la organización prácticamente monopólica de la producción y del mercado internacional, en manos de la empresa británica La Forestal, deshabilitó hasta el último momento toda reconversión productiva con un sentido democrático del bienestar y del desarrollo. Allí, como en Tucumán, se previeron planes de racionalización de la industria, que partían de asumir como un hecho consumado la muerte social de pueblos enteros y el traslado de la industria al sur del Chaco. El proceso migratorio sucedió por etapas y fue fenomenal. Se sabe, por ejemplo, que se contaron por centenares los pobladores de La Gallareta que se asentaron en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, luego del cierre de la última fábrica de tanino en aquella provincia, en 1963.

La historia de los pueblos forestales es más conocida por la masacre cometida por la empresa en 1921, en un estrategia que involucraba el lockout y el auspicio y financiamiento de una policía montada estatal. En pocas semanas se cumplirán cien años de aquella masacre. Pero antes que por la reacción estatal-empresarial aquella historia debe ser recordada por la iniciativa popular: el 29 de enero de 1921 es la fecha en que tuvo lugar la revuelta obrera, un grito desesperado que condensaba primeramente el reclamo por el derecho al trabajo y el respeto de la dignidad obrera.

Recordar el centenario de la revuelta es oportuno para proyectar la declaración de un Día Nacional de desagravio a los pueblos forestales del norte santafesino y también para recordar una historia plagada de iniciativa popular, incluso cuando La Forestal fue levantando sus fábricas y obrajes, pueblo por pueblo.

En mayo de este año el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de ley de reparación histórica y económica para los pueblos forestales del norte provincial. Contempla la creación de una Unidad Ejecutora y la creación de un Fondo destinado a promover actividades para los pueblos afectados. También la presentación de una denuncia penal contra las familias que dirigieron la compañía británica y contra Gran Bretaña misma, por delito ambiental y daños materiales y espirituales derivados de la pérdida del ecosistema cuyos efectos siguen reproduciéndose en el tiempo.

 

 

Memoria, historia y salud pública

La doctora en historia Silvia Nassif estudió el proceso de cierres de ingenios y las luchas sociales en Tucumán en el período 1966-1973. Su libro Tucumán en llamas es un minucioso trabajo de investigación que explica lo sucedido en la provincia en clave local, nacional e internacional. Recorre pueblos, fábricas, sindicatos, piquetes, asambleas, enfrentamientos. Pero esa historia es incompleta si no se vincula a la memoria y a la salud pública. Por eso este año presentó su tesis de maestría en Psicología Social sobre la incidencia de los cierres de ingenios y del terrorismo de Estado en la subjetividad de lxs trabajadores azucarerxs.

Explica allí que las familias obreras azucareras experimentaron un desmembramiento y una desestructuración de sus vidas cotidianas. Fueron aterradas ante la pérdida masiva de sus trabajos, produciendo un trauma social que se transmite de generación en generación hasta el día de hoy. La tesis parte de considerar al trabajo como un organizador del psiquismo y del orden social. La descomposición del sistema social basado en el trabajo generó un agravamiento de enfermedades de origen social, migraciones y desarraigo.

La trama histórica de los pueblos del norte santafesino está construida con elementos similares. Las profesionales de la salud Flavia Chávez y Luciana Bournisent, trabajadoras del Equipo de Promoción de Salud del hospital Carlos Harteneck, de Villa Guillermina, intuyen una fuerte conexión entre la historia de estos pueblos y la afección en la salud pública. La alta tasa de suicidios para la región, por encima del promedio del país y de la provincia, dicen, puede ser un fuerte indicio.

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, Argentina está en el puesto 66 entre 172 países en la tabla de suicidios. La misma se confecciona calculando una tasa cada 100.000 habitantes. Argentina tiene un guarismo de 10,3 porque más de tres mil personas se quitan la vida por año, la gran mayoría hombres y muchos de ellos jóvenxs. El registro más alto se lo llevan provincias como Neuquén con 25, La Rioja y La Pampa con 21, y Chubut y Tucumán con 20.

Santa Fe presenta un índice similar al promedio nacional. Sin embargo, para el norte santafesino la situación es particularmente grave. Durante los últimos ocho años profesionales de salud de la zona, psicólogxs, médicxs, enfermerxs y trabajadores sociales del norte provincial relevaron datos para la Dirección Provincial de Salud Mental. De acuerdo a la última organización distrital, se enfocaron en la población de los departamentos de General Obligado, Vera y parte de San Javier. Allí existen localidades como Vera, Reconquista, Villa Guillermina, Las Toscas, La Gallareta, entre otras. Los datos recogidos indican la existencia de alrededor de 32 suicidios por año, en una población de aproximadamente 230.000 personas. La tasa de la región de esta forma se eleva a unas 15 cada 100.000 personas, lo que aumentaría si se tomase en cuenta sólo la población pasible de cometer suicidio.

Flavia Chávez, médica en Atención Primaria de la Salud de la Universidad Nacional de Rosario, y Luciana Bournisent, psicóloga recibida en la Universidad Cuenca del Plata de Corrientes, participaron del relevamiento. No sólo observan la cantidad de suicidios sino de forma más integral aspectos como la salud mental. Conocedoras de las afecciones de la población, luego de observar los datos hipotetizan que es necesario profundizar en la conexión entre historia, memoria y salud pública. “Nosotras partimos de la base de pensar que todas las vivencias, y principalmente las traumáticas, dolorosas, que no son elaboradas tanto subjetivamente como colectivamente, llevan a la repetición de eso mismo a través de actos, silencios, formas de enfrentar situaciones difíciles”, comentan. “Poder recuperar la historia, la identidad y elaborar lo vivenciado es un acto de salud colectiva en sí mismo que disminuye los riesgos de suicidio y nos permite, como comunidad, pararnos desde otro lugar con otros horizontes distintos. Nos da la posibilidad de hacer otras cosas”, coinciden.

Ambas experiencias, la tucumana y la del norte santafesino, están profundamente conectadas por procesos históricos con bruscas desestructuraciones del medio social, con efectos que se han prolongado y reproducido en el tiempo. Las poblaciones, con sus realidades, sus historias, sueños y afectos, merecen el desagravio. También el homenaje. Pero mucho más, activas políticas de reparación.

 

 

 

 

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