Desactivar la bomba

 

La situación actual en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires es insostenible, afirmó días atrás la Corte Suprema provincial. Con una huelga de hambre que se extendió por numerosas unidades y que tiene réplicas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), los integrantes del máximo tribunal bonaerense encomendaron a los jueces y fiscales que tomen medidas para bajar la sobrepoblación.

La resolución de los cortesanos fue en respuesta a un duro informe que en octubre de este año había confeccionado la Cámara de Casación bonaerense en el que alertaba que desde 2013 viene creciendo a un ritmo preocupante el número de personas detenidas en las cárceles y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en las comisarías – incluso en las que están clausuradas o inhabilitadas para mantener personas privadas de su libertad.

El miércoles, durante su discurso de asunción, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la situación de las unidades penitenciarias, que –como publicó El Cohete la semana pasada– incluyó el desabastecimiento por falta de pago a proveedores.

"Hoy hay 49.567 internos para 24.000 plazas. Hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento. Eran 33.000 los que son 49.000. Eso genera la sobrepoblación penitenciaria que supera el 100%. Esos severos problemas de derechos tan básicos como salud y alimentación generan condiciones muy duras, inhumanas”, dijo Kicillof.

“Sabemos que en el último tiempo, por el ajuste, por la reducción de partidas, la provisión de alimentos ha disminuido y tuvo problemas de abastecimiento y unidades que no recibieron suficiente comida, deuda que ha llegado a interrumpir el abastecimiento. Hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas en las unidades penitenciarias".

 

Las cárceles

En 2005 –al calor del debate atizado por Juan Carlos Blumberg tras la muerte de su hijo en un secuestro extorsivo—, la provincia de Buenos Aires registraba su pico histórico de encarcelamiento. Había 30.970 personas privadas de su libertad en cárceles y alcaidías, a las que sumaban 6.035 que estaban en comisarías. Un 75 por ciento de los detenidos y detenidas lo estaban en prisión preventiva, es decir, sin una sentencia firme.

Un fallo de la Corte Suprema nacional, Verbitsky –promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)—, fue fundamental para reducir la sobrepoblación. Durante la gobernación de Felipe Solá, el número de detenidos en las comisarías llegó a reducirse a 875. Su sucesor Daniel Scioli llegó a llevar el número a 771 en 2013, pero la tasa de detenciones empezó a subir después de ese año. La tendencia terminó de consolidarse durante la gobernación de María Eugenia Vidal, que declaró la emergencia penitenciaria a poco de asumir.

Según la Casación provincial, el SPB llegó en diciembre del año pasado a tener 52.944 personas bajo su tutela, dentro de las cuales se incluyen las personas con arresto domiciliario – un beneficio poco extendido. De acuerdo con las estadísticas, de toda esa población, menos de un cinco por ciento tenía tobillera electrónica en su casa. El número concreto era de 1.984 personas.

Buenos Aires sola concentra la mitad de toda la población detenida en el país. La otra mitad se reparte entre el resto de las 22 provincias. Mientras, a nivel nacional, la tasa de detención ronda los 200 detenidos cada 100.000 habitantes, en Buenos Aires, la proporción es 308 cada 100.000.

 

Las comisarías

Por año se detiene alrededor de 45.000 personas. Muchas de estas detenciones son producidas por las policías locales y absorbidas por las comisarías provinciales, lo que genera fricciones entre ambas fuerzas. Menos de un 10 por ciento de esas aprehensiones terminan en privaciones de la libertad efectivas, pero durante días las personas deben esperar en las comisarías hasta que vaya un fiscal para ser liberadas. No hay teléfono que valga para ordenar la liberación por una disposición del Ministerio Público de 2013.

Para agosto de este año, había 3807 personas alojadas en comisarías, pero sólo había plazas para 1307. Es decir, las comisarías sólo tenían capacidad para alojar a un tercio de las personas que tenían en sus establecimientos, que tampoco están destinados para esos fines.

Como remarca la Corte bonaerense en su resolución, por la sobrepoblación, las comisarías incluso llegan a alojar detenidos estando clausuradas. La comisaría tercera de Esteban Echeverría se incendió el 15 de noviembre del año pasado. Aun estando clausurada, albergaba a 27 personas. Diez de ellas murieron por el fuego. Un año antes habían fallecido otras siete personas, detenidas en la seccional primera de Pergamino.

 

 

La huelga de hambre

Desde noviembre se empezaron a registrar faltantes de carne vacuna y de pollo en las unidades penitenciarias bonaerenses. El resto de los alimentos comenzaron a escasear desde junio, según un relevamiento que había hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Faltan medicamentos y la mayoría de las dolencias se tratan con ibuprofeno. El reclamo por la falta de comida terminó derivando en una huelga de hambre, que empezó a tomar forma desde el 2 de diciembre.

El 9 de diciembre, día del fin de mandato de Vidal, había 27 de las 64 cárceles y alcaidías bonaerenses con personas realizando huelga de hambre. Pese a que la modalidad de huelga es pacífica, se registraron hechos de violencia por parte del personal del SPB. Realizaron, por ejemplo, requisas de larga duración o retiraron a los referentes de los pabellones. También hubo amenazas de realizar traslados a los detenidos y se les restringió el tiempo de las visitas, según detalló la CPM en una carta entregada al presidente de la Corte Suprema provincial Eduardo de Lázzari.

Las personas en huelga de hambre reclaman que se revise la política criminal. Piden que la prisión preventiva no se extienda y que se concedan otras medidas restrictivas, como el arresto domiciliario o las pulseras electrónicas. Al Ejecutivo le solicitan que conmute penas y al Legislativo que aborde la emergencia penitenciaria o que dicte una nueva ley del 2x1. Esa normativa estuvo en vigencia entre 1994 y 2001 por la sobrepoblación carcelaría, y volvió a escena en 2017 cuando la Corte Suprema nacional la rehabilitó para concederle el beneficio al represor Luis Muiña, que no había estado detenido cuando la ley estuvo en vigencia.

Entre los pedidos se encuentran también que no se apruebe el proyecto de Código Penal que elaboró una comisión encabezada por Mariano Borinsky, juez de la Casación Federal, y que se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional.

La gravedad de la situación fue in crescendo. Por las condiciones de detención que se registran en Buenos Aires, el CELS también hizo una presentación días atrás ante la Corte provincial, mientras que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) llevó el caso ante el subcomité para la prevención de la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Hay presentaciones hechas también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

 

La corte provincial

El mismo día de la asunción de Kicillof, los siete integrantes del máximo tribunal bonaerense emitieron una resolución con recomendaciones para todos los poderes del Estado para paliar la crisis.

1 – Está prohibido mantener alojados en comisarías a menores de edad, enfermos y mujeres embarazadas;

2 – El Poder Ejecutivo no puede permitir que se aloje a personas en comisarías clausuradas;

3 – La Corte debe confeccionar un registro de establecimientos clausurados;

4 – El procurador general –Julio Conte Grand— debe evaluar los criterios de detención que emplean los fiscales;

5 – Los jueces deben hacer uso racional de la prisión preventiva y contemplar otras medidas, como excarcelaciones extraordinarias o mecanismos de monitoreo electrónico;

6 – Los informes de ejecución de la pena pasarán a ser realizados por el Poder Judicial y no por el SPB;

7 – Se deberán celebrar convenios con el gobierno nacional para alojar a los detenidos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esto era algo que estuvo en vigencia, pero quedó descartado después de que el SPF colapsara y declarara su propia emergencia en marzo de este año. Una misma medida se puede tomar con otras provincias en casos de detenidos que no reciben visitas o cuyas familias vivan en otro lugar que no sea Buenos Aires. De todas las recomendaciones, esta es la de más difícil cumplimiento porque hay provincias en las que las condiciones de detención son similares o peores a las de Buenos Aires;

8 – La Legislatura deberá trabajar en una ley de cupos y crear un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura;

9 – La Corte deberá hacer una mesa de trabajo con el Ejecutivo provincial y el Ejecutivo deberá convocar a una mesa de diálogo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. El ministro de Justicia Julio Alak dijo que iba a avanzar con la convocatoria, a la que tiene planeado sumar a la Iglesia.

 

 

Las réplicas nacionales

La huelga de hambre no se circunscribe únicamente a la provincia de Buenos Aires. El día que asumió Alberto Fernández, había más de 30 internos sin ingerir alimentos en la cárcel de Devoto. Las réplicas llegaban a Marcos Paz, la unidad penitenciaria más grande del país, y a Ezeiza.

El próximo miércoles habrá una audiencia en la Casación para tratar la situación de las cárceles de Devoto y Marcos Paz. Será ante la Sala II del máximo tribunal penal del país, conformada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. La misma sala ya prohibió en junio de este año que el Ejecutivo siguiera ingresando detenidos a Marcos Paz.

La Corte Suprema, por su parte, tiene para resolver un planteo para revisar el caso Verbitsky. En 2014, un grupo de 17 defensores se había presentado ante la Corte provincial para denunciar que se estaba incumpliendo lo resuelto por sus pares nacionales en 2005: que había una tendencia ascendente en el número de detenidos, que había sobrepoblación y que las condiciones se habían agravado. Los supremos bonaerenses dijeron que ya estaba cerrado el plazo de ejecución del fallo Verbitsky, así que los defensores llevaron su planteo ante la Corte nacional.

El caso tiene dictamen desde 2015, pero en los últimos cuatro años los supremos del Palacio de Talcahuano no trataron el tema. Las trifulcas internas entre los moradores del cuarto piso y una decisión de priorizar la firma de expedientes de impacto para jubilados y empleados públicos demoraron el debate.

En el máximo tribunal dicen que se está trabajando. Hace diez días, el expediente volvió a la vocalía del presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, después de un paso por la secretaría penal. Quedan pocos acuerdos antes de la feria, el martes habrá un brindis en la Corte por fin de año, pero difícilmente los supremos lleguen a hacer algún anuncio ante empleados e invitados.

 

 

 

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