Derecho al aborto

15 jornadas, 108 horas de exposiciones, 724 expositores. Terminaron las audiencias informativas en la cámara de diputados y dejaron mucho más que argumentos para quienes el 13 de junio deben decidir los destinos de los cuerpos con capacidad de gestar. Afuera del recinto, en las calles, instituciones y casas de todo el país, el debate resuena con el compás de una disputa centenaria. Hasta la votación sucederán acciones de ambos lados de la contienda: los grupos antiderechos y los respetuosos de los derechos humanos. La marcha del 4 de junio por Ni Una Menos será una jornada clave.

“¿Qué implica usar el derecho penal para castigar una práctica de salud que sólo afecta a las mujeres?”, preguntó en la última audiencia Edurne Cárdenas, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El problema de resolver la interrupción voluntaria del embarazo a través del código penal fue uno de los ejes argumentales de quienes defienden la autonomía reproductiva. Los datos muestran que la penalización del aborto no modificó la voluntad de las mujeres y personas con capacidad de gestar, según estimaciones que datan de 2009 (Edith Pantelides y Silvia Mario), en la Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos al año. Y son 3030 las personas que murieron por abortos inseguros desde el regreso de la democracia hasta ahora.

Entre los recursos narrativos más extravagantes presentados por los oradores antiderechos se encuentra la asociación de las prácticas abortivas con los crímenes de lesa humanidad. Al respecto, Cárdenas remarcó que “es totalmente falso que se puede usar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para criminalizar el aborto”, y precisó que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales e incorporar en nuestra legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país. Según expuso la abogada del CELS, la presidenta de la Comisión y relatora de los derechos de las mujeres, Margarette May Macaulay, “las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”. También afirmó que el Poder Ejecutivo tiene el deber de transmitirle a las y los legisladores las obligaciones internacionales de la Argentina a la hora de legislar.

La historia de la legislación argentina en torno al aborto traza la imagen de un laberinto muy fácil de atravesar, aunque repleto de sorpresas. Si se ha llegado a esta instancia inédita en la que un proyecto elaborado por la sociedad civil, el activismo feminista y con apoyo de más de 70 firmas de diputados y diputadas es por el tesón y la inteligencia del movimiento de mujeres y feminista. Uno de los últimos embates, que pocas veces se recuerda, es aquel que tiene al ex presidente Carlos Menem como protagonista, en 1994, cuando se sucedían los debates por la reforma constitucional. Según cuenta el investigador Emmanuel Theumer, bajo la consigna “Nuestra decisión importa”, un grupo de activistas con centro en la Universidad Nacional del Litoral pudo torcer entonces la prohibición total del aborto impulsada por antiderechos con la complicidad del máximo mandatario. Otro hito para recordar es la formación de la Comisión por el Derecho al Aborto –creada en 1988 por feministas de Buenos Aires– que difunció la solicitada “8 de marzo. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, firmada por Dora Coledevsky, Alicia Cacopardo, Martha Rosemberg, Mabel Bellucci, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Carlos Jáuregui, Mabel Bianco, Vilma Ripoll, Beatriz Sarlo, María Alicia Gutiérrez, Isabel Larguía y un amplio etcétera. Se propugnaba reconocer “el derecho humano de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo”.

“El pañuelo de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito es nuestro uniforme en las escuelas”, expresó Ofelia Fernández, la “chiquita” (como le dijo el animador Carlos Monti en el contexto de las tomas de colegios en 2017). El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito señala que se presume que las adolescentes entre los 13 y los 16 años que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo cuentan con la aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. Ofelia intentó en su exposición dar cuenta de la percepción de las adolescentes que se encuentran ante la necesidad de abortar. Defendió la educación sexual integral, denunció el incumplimiento de esa ley, la falta de información, la heterosexualidad obligatoria y que “se acercan a nuestra sexualidad cuando quedamos embarazadas”. Frente al argumento que protege la autonomía reproductiva de las niñas y adolescentes y la capacidad de decidir por sí mismas, los grupos antiderechos acuden al concepto de “resiliencia” (la superación de circunstancias traumáticas), así fundamentan, por ejemplo, la negación del derecho al aborto a una niña de 10 años violada en Salta.

“Las nenas no tienen derecho a decir que no. Aún cuando podrían acceder a un aborto legal depende de en qué provincia estén, si ese derecho se cumple.” Dijo la periodista y activista feminista María Florencia Alcaraz en su ponencia que tuvo como eje el derecho a decir no a lo que no se desea y puso en relación el reclamo por la legalización del aborto con el movimiento Ni Una Menos, del cual es referenta: “El grito de Ni Una Menos fue, es y será eso: plantarse frente a lo que NO queremos”.

Otro de los ejes más pregnantes de la discusión, en la arena impulsada por el activismo feminista y de defensa de los derechos humanos, es el eje de la obstaculización de la práctica del aborto como violencia institucional. Ejemplos de ejercicio de esta violencia son: la existencia de requerimientos dilatorios o arbitrarios, la judicialización de la práctica por la falta de información jurídica de los profesionales de la salud que temen una sanción penal, el abuso de la objeción de conciencia con tolerancia estatal; o la falta de incorporación normativa expresa de las prestaciones necesarias como prácticas esenciales del servicio de salud.

La tipificación como delito del aborto, los embarazos forzados, la denegación o la postergación del aborto y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, además de violaciones a los derechos a la salud y violencia institucional son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante, se alertó en variadas exposiciones.

Asimismo, en varias intervenciones se hizo referencia a que frente a la obstaculización del acceso al aborto las mujeres y personas gestantes abortan igual, que históricamente se han dado una organización autogestiva para satisfacer las necesidades y deseos de quienes no quieren o no pueden llevar adelante un embarazo. En tal sentido apuntaron las exposiciones de las socorristas, quienes garantizan el acceso al aborto de forma autogestiva, o de la médica Estrella Perramón que fue judicializada por realizar un aborto legal en un hospital en El Maitén, provincia de Chubut, y que destacó que “no entendía la necesidad de una ley, hasta que me vi juzgada por la Justicia en base a mitos y tabúes”.

El aborto como herramienta de justicia social es otro de los ejes que se destacan en las exposiciones. “Sostenemos que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un problema de justicia social, porque a pesar de que todas estamos criminalizadas, quienes mueren o enferman son las más pobres, las jóvenes, de poblaciones de sectores populares, de bajo nivel educativo. Sostenemos que la clandestinidad no es un problema moral, es un grave problema de salud pública”, manifestó Sonia Alesso, Secretaria General CTERA.

“Lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita”, dijo Ofelia Fernández parafraseando al Che Guevara. La libertad para decidir qué destino se desea y qué gestión hacer del cuerpo propio es central en la discusión. Cómo el Estado acompaña, restringe o permite esas libertades. El grito por aborto legal ya en la Argentina repercute en otro paises de la región que viven bajo la prohibición total del aborto como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Surinám, Haití y República Dominicana en América. En la marcha por Ni Una Menos, que tendrá lugar este año el 4 de junio, la bandera verde será protagonista y se espera que el apoyo del movimiento de mujeres y feminista organizado al proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ayude a las diputadas y diputados a votar en favor de las libertades, el respeto a la normativa internacional, la justicia social y el resguardo de los derechos humanos.

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