Democracias bajo fuego

 

"Para algunos, la democracia es válida sólo cuando ganan las elecciones".

Rafael Correa

 

El pensador estadounidense Noam Chomsky ha incorporado al arsenal de ideas cotidianas algunos conceptos políticos elementales del consenso mundial actual. “La única esperanza del ser humano de escapar de su extinción es a través de la construcción de una democracia real, en la que una ciudadanía bien informada participe plenamente en el debate del rumbo que han de mantener las políticas que se apliquen, y la acción directa”.

La región avanza entre densos nubarrones cargados de amenazas a esa “democracia real”. Arrasó en Bolivia la fórmula de resistencia al golpe de Estado; Donald Trump defenestró a la democracia yanqui con sus rabietas; el binomio correísta encabezado por Andrés Arauz tuvo que ser aceptado en Ecuador debido a la presión internacional.

 

 

 

Todos somos Argenzuela

La Argentina se abstuvo en la OEA de votar una condena impulsada por Estados Unidos que consideró “fraudulentos” los comicios legislativos en Venezuela. El embajador Carlos Raimundi destacó que “no se puede desde el exterior hacer caso omiso y dictar condiciones cuando se alienta el boicot”. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, veedor en las legislativas de Venezuela, afirmó que el sistema electoral de ese país “es inviolable”.

Alicia Castro, quien fuera embajadora en Venezuela y el Reino Unido, destacó que “lo que hacen en Venezuela es calcado a lo que ocurrió en Libia. Bloquean, someten a la población a grandes privaciones y aumentan el descontento social, dicen que hay violaciones de derechos humanos y justifican una invasión militar”. El desabastecimiento que sufre el pueblo se junta con el éxodo de clase media agobiada por la crisis debida a la expropiación de recursos y embargos económicos permanentes.

 

 

 

 

Según publicó en Tiempo Argentino Agustín Lecchi, joven directivo del sindicato de periodistas, “más de 30% de votos y el 67% de positivos del chavismo es un piso del cual partir. Sumado a eso, las elecciones se realizaron en paz y tranquilidad, lo que le da un espaldarazo a la política del gobierno de Maduro que evitó por todos los medios el conflicto abierto.”

“Hubo una estrategia abiertamente golpista de los Estados Unidos, países de Europa y sectores de la derecha local, que en nombre de su disputa con el gobierno de Maduro impidieron la llegada al país de recursos destinados a la población. Esa estrategia cuenta con un enorme lobby internacional del que son parte grandes cadenas y medios de comunicación de todo el continente y el mundo. Venezuela es un país en guerra. Si esa guerra no se dio por los canales convencionales, con una invasión por ejemplo, fue por la capacidad del gobierno y el pueblo chavista de resistir ese asedio sin entrar en provocaciones”.

Con agudeza de observador militante, Lecchi detalla que “la cantidad de participantes en las elecciones del domingo contrasta con la enorme participación política cotidiana que promueve y genera el chavismo, con sus consejos comunales, comités y claps (comités de abastecimiento y producción). El desgaste es evidente. La nueva asamblea a conformarse debe servir para retomar la iniciativa con la expectativa de recuperar la economía en el mediano plazo, a la vez que se profundiza el proceso de politización y organización popular”.

 

 

 

Libertad a los presos políticos

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) y protección de 1.000 días fue ampliamente aprobada por los diputados con plazas repletas en todo el país como un sueño colectivo encarnado en cuerpo de mujeres y diversidades. Ahora, si pasa el difícil vado senatorial, empezaremos a reconstruirnos con más libertad y autonomía. Si no pasa, seguiremos sometidos a los tiempos parlamentarios para volver a intentarlo. No hay igualdad: una parte detenta todo el poder contra otra que reclama por sus derechos.

En ese contexto social de urgencias, la campaña por la libertad de los presos políticos cobra cada día más fuerza. La escandalosa negativa de la Corte Suprema a tratar la solicitud del ex Vicepresidente Amado Boudou actuó como la gota que colmó el vaso. Una vez más los supremos dan prueba de su desvergonzada autonomía respecto del poder político y la Constitución, y su dependencia de los poderes fácticos y sus mandatos. La discrecionalidad con que toman o dejan causas convierte su actuación en un factor político más que en garantía de constitucionalidad. El lawfare goza de plena salud en sus despachos.

 

 

 

 

El escrupuloso accionar del Presidente Alberto Fernández, que pretende sembrar ejemplaridad democrática donde rige la puja de poder, se interpreta como un gesto de debilidad. Su buena imagen ante la sociedad democrática no logra equilibrar a un desprestigiado Poder Judicial. Lo desluce la comparación con Néstor Kirchner, quien enfrentó a la “mayoría automática” y logró una Corte con prestigiosos actores.

La sociedad de la post-pandemia clama por un mundo más equilibrado e igualitario. Los supremos son lo contrario. Nada escapa a su censura, aunque no sea judicializable, ni nada goza de garantía legal si a su arbitrario entender no lo merece. En el telón de fondo aún se vislumbra la Plaza de Mayo con la multitud autoconvocada contra la aplicación del 2x1. Apenas un día demoraron en aquella ocasión para revertir el exceso de compasión hacia los genocidas. No fueron los discursos sino la movilización —que superó largamente las expectativas de los convocantes— lo que clausuró aquella discusión.

 

 

 

Restauradores y encrucijadas

Enfrentamos un fin de año tenso donde lo que viene de arrastre pesa cada vez más. Todos adentro de la cancha y a demostrar la fuerza acumulada. El discurso amenazante de la Iglesia y sus jerarcas suma al clima tensionado. La restauración conservadora está al acecho y desde diversos flancos pretende avanzar sobre el poder.

El gobierno atraviesa un momento crucial: por un lado enfrenta el vendaval de la pandemia y por el otro confronta con el entramado de los poderosos y su programa para el día después. Ya no es solo el programa económico y los negocios. Es mantener el acopio superestructural en el Poder Judicial, la impunidad para los hechos del pasado reciente y la continuidad de la persecución judicial a Cristina Fernández.

La concentración de los medios está fuera de discusión: no está claro cuánto pesan los medios en la conciencia colectiva después de toda el agua que corrió debajo del puente. Las fake news no sorprenden como novedosas, los banderazos medievales son parte del paisaje, sólo resta comprobar cuánta potencia hay en el acumulado de los sectores populares.

Quiso la vida que los supremos y los obispos coincidan en el tiempo para sobrevolar la pálida democracia que supimos conseguir. La restauración conservadora siempre llega de la mano apocalíptica de poderes ajenos al voto. Es la peor de las recesiones jamás constatadas en el marco de la pandemia del Covid-19 que se encargó de complicar las cosas. La vacunación se muestra apenas como una tabla de salvación temporal en medio del naufragio.

 

 

 

Salarios y poder de fuego

Aceiteros y Recibidores de Granos paralizaron las plantas fabriles y la exportación. Es una huelga nacional conjunta de dos de los sindicatos con mayor capacidad de paralizar el ingreso de divisas al país. Reclaman un aumento salarial y señalan que las empresas pretenden rendir al gobierno. Las firmas del sector solo ofrecen aumentos atados a la inflación, pero sobre un sueldo retrasado. Daniel Yofra, secretario general de la Federación afirmó que la patronal pretende usar a los trabajadores para obtener ganancias extraordinarias del gobierno. “Quieren tener el control de las exportaciones, que el Estado no intervenga”.  Yofra establece conceptos puntuales: “Pediremos los balances”.  Y caracteriza con agudeza: “Son negreros y tienen un traje de personas de bien”.

 

 

El negocio más importante de Argentina en términos de exportaciones y generación de divisas está desde siempre envuelto en el descontrol y el contrabando. No hay negociación exitosa con el Fondo Monetario Internacional que se pueda sustentar sin que el Estado recupere el control sobre las exportaciones. A medida que avanza el expediente Vicentin se van ventilando las estafas y las salidas como el control estatal del comercio exterior retoman su vigencia.

Las demandas salariales de los trabajadores negadas por las grandes patronales también abarcan a los obreros de la cementera Loma Negra. Su controlante, la brasileña Camargo Correa, traba la paritaria y amenaza con desabastecer el mercado de cemento. Esto golpea de lleno en los planes del gobierno que tiene puesto en la obra pública uno de los motores principales para encender la economía. La tercera pata del tridente patronal de línea dura es la Techint de Paolo Rocca, que viene mostrando muy poca predisposición a tranquilizar las aguas. Junto con la negativa a abonar los premios atrasados desde principios de año a los trabajadores de su planta de Valentín Alsina, Rocca está acaudillando la negativa de la patronal siderúrgica a reconocer a sus trabajadores el mismo aumento que obtuvieron los metalúrgicos de la rama 17 y buscan dilatar el primer pago.

 

 

 

Hay gobiernos que sí… y otros que no

Axel Kicillof recibió esta semana a los representantes de los médicos provinciales. Es una de las pocas señales políticas de reconocimiento al enorme y quijotesco esfuerzo de los trabajadores de salud en tiempos de pandemia. La hipocresía del poder parece haber transformado el esfuerzo y el riesgo que asumen en una obligación más. El gesto político del gobernador de la principal provincia abre un escenario por donde pueden irrumpir los reclamos de los trabajadores de la salud para ocupar el lugar que se ganaron en la consideración de la población, en contraste con otros mandatarios provinciales como Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Mariano Arcioni o Juan Schiaretti, que los siguen ninguneando o reprimiendo protestas.

 

 

 

 

El sitio Infogremiales señaló que “la situación de miles de municipales jujeños es dramática. A sueldos que llegaban a ser de $2.300, el gobierno provincial encabezado por Gerardo Morales les otorgó un magro aumento de 10% que no logró una mejora sustancial”. El “Perro” Santillán, secretario general del SEOM, advirtió frente a la casa de gobierno al jefe provincial Gerardo Morales que la lucha de los municipales no va a parar y que no use la represión contra los trabajadores que reclaman una cuestión humanitaria ante los “sueldos esclavistas”.

El silencio mediático que rodea la gestión en CABA hace un ruido estruendoso. Se cumplió una semana de la muerte del jefe de Obstetricia del Hospital Ramos Mejía por un paro cardiorrespiratorio mientras marchaba por salarios dignos. Pablo Moyano participó de una asamblea informativa de la rama de recolección de residuos “para determinar las rigurosas medidas contra el gobierno de la Ciudad”, ante la inminente supresión del servicio los domingos, que lesiona los salarios del sector. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta hace agua en varios frentes, es un patético listado de ajustes a la población protegido por el reparto de pauta publicitaria y votaciones automáticas en la Legislatura. Por fortuna no logró imponer las burbujas escolares que nos hubieran costado miles de contagios y sus secuelas de muerte. Eran las alocadas ideas publicitarias de “todo va bien” en el pico de la pandemia que pretendían imponer al candidato del PRO y su ministra de Educación, la provocadora Soledad Acuña. Honra debemos a la resistencia de los docentes encabezada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) conducida por Angélica Graciano.

Todos sabemos que lo que está en discusión en esta etapa es el valor del salario relativo. En esa puja pesa mucho el poder de fuego de cada sindicato. Los trabajadores de la salud están fragmentados entre médicos, enfermeros, mantenimiento, personal de maestranza etc., y por igual entre públicos y privados. Fragmentados, peleando en soledad porque también son dependientes de las obras sociales de los propios sindicatos que suelen oficiar de patrones con ninguna sensibilidad, encuentran una escena de las más complejas. Sólo un fuerte consenso social reflejado en la opinión pública puede equilibrar la balanza.

 

 

 

Un quinteto con mal olor

Semana crucial de cara a cerrar el balance. Lejos de los actos fallidos como festejar que el salario no perdió con la inflación, es deber de los funcionarios mirar los precios desbocados de la canasta básica e impedir los aumentos de tarifas. Se impone reconocer con firme seriedad que apenas se detuvo la caída y las posiciones están tomadas de cara al año próximo. Hay que reconocer que el poder real solo acepta los límites de la fuerza y al campo popular le cuesta articular un discurso que dé cuenta de ello. El “círculo rojo” se atribuye cuestiones morales, falta de escrúpulos y vergüenza donde solo hay cálculos económicos y expectativas de lucro. Lograr una mesa de acuerdo no es una tarea individual, es política del gobierno sobre la base de la mejor conveniencia porque ante una demanda organizada y decidida de los sectores populares la necesidad de acordar se les trasladaría a ellos.

No hay margen para conciliar con los supremos. Cada vez más comprometida con el poder, la Corte actual carece de la autoridad política para equilibrar la República sobre la base del respeto a la Constitución. Es un cuerpo en descomposición que convalida los delitos del gobierno anterior y garantiza impunidad. La descripción detallada de la conducta de cada uno de ellos es un índex para abrir juicios políticos.

Está claro que con este estado de cosas Alberto Fernández no podrá avanzar con su plan de gobierno. Lo que hicieron con Amado Boudou es la evidencia más notoria. Ninguno salió a diferenciarse y todos legitimaron el proceder clarinista de las instancias inferiores. ¿Cuántas injusticias se acumulan hasta que alguien las hace visibles y la crisis estalla? ¿Tan frágil es nuestra democracia que un quinteto de jueces de tan escaso prestigio le puede impedir avanzar hacia una “democracia real”?

Son tiempos de la prepotencia del trabajo, de los derechos y de la movilización popular. Todo se está reacomodando y la carga caerá sobre las espaldas de los que no tengan poder de intervenir para establecer instituciones funcionales. Sanear el Poder Judicial es tan decisivo como renovar el sindicalismo. Lo primero es obligación del gobierno; de los sindicatos deben ser los trabajadores quienes se encarguen.

 

 

 

 

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