Demasiadas casualidades

 

Se habla del lawfare como de una suerte de “guerra judicial”, en la cual los jueces pasarían a desempeñar los roles que en las anteriores décadas tuvieran los militares. Y parece que es así.

 

Memorándum con Irán

Recordemos que una de las causas en las que el fallecido juez Claudio Bonadío tuvo una intervención estelar ha sido en la cuestionada denuncia de Alberto Nisman contra la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán. La denuncia del fiscal fue archivada por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas y sus decisiones fueron respaldadas por la Cámara Federal y finalmente por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. Con la intención de reabrir esa causa, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) formuló una querella contra el ex canciller Héctor Timerman por supuesto delito de “traición a la patria” que, por obra de una extraña casualidad, recayó en el juzgado de Bonadío.

Con Mauricio Macri en el poder, la misma Cámara de Casación Penal –que había ratificado el cierre del caso– ordenó reabrir el expediente más de un año después. La sala integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa y en contra de la opinión del fiscal de Cámara, se lo entregó también a Bonadío. El juez decidió unificar ambas causas –la del Memorándum y la de traición a la patria– y, reconociendo que se estaban investigando los mismos hechos, dispuso la detención de varios de los acusados. Entre ellos, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, quien estuvo varios meses privado ilegítimamente de su libertad. Luego elevó el expediente a juicio oral.

 

 

Dólar futuro

En el marco de la causa por el dólar futuro, la ex Presidenta recusó a Bonadío y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por “ejercicio abusivo y arbitrario” de sus facultades. La recusación fue rechazada por la Cámara de Casación Penal integrada por Borinsky y Hornos. En esa causa, Bonadío consideró que Cristina Fernández de Kirchner era corresponsable, junto con las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de un delito de “defraudación contra la administración pública por haber perjudicado de forma deliberada al Estado en la operatoria de las ventas a futuro de divisas que hace el Banco Central”. Posteriormente, una pericia demostró que todo era una farsa: la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía años y también se realiza en otros países, no se dañó el patrimonio del Banco Central, no se afectaron las reservas, la entidad monetaria registró ganancias todavía mayores en 2015 que en 2016, no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador y el objetivo de un banco central no es tener utilidades sino estabilizar y desarrollar la economía.

 

 

Hotesur y Los Sauces

En el caso “Hotesur”, Bonadío fue apartado una semana después. Al serle sustraída la causa, montó otra melliza, denominada “Los Sauces”, en la cual el hecho investigado, según el relato del juez, “se circunscribe a la creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero en locaciones de inmuebles, y un hotel, como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”. Se incluyó en la supuesta asociación ilícita a los escribanos, a los empleados que firmaron o depositaron cheques y se sindicó como una de las jefas a Florencia Kirchner, que tenía 16 años cuando se fundó la firma. Lo más llamativo es que luego de dictar estos procesamientos, el juez se declaró incompetente para seguir investigando, dado que los alquileres que cobraba Los Sauces eran la continuidad de los percibidos por Hotesur.

 

 

Fotocopias de los cuadernos

En la causa abierta por las anotaciones en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, se han registrado una serie de anomalías que dieron pie a las defensas para articular la recusación del juez Bonadío por enemistad manifiesta o por asumir una causa en la que carece de competencia. Además hay que tener presente que las fotocopias de los cuadernos de Centeno le llegan a Bonadío por una entrega que el periodista Diego Cabot de La Nación le hace al fiscal Carlos Stornelli, quien eleva el pedido de instrucción a Bonadío sin llevar la causa a sorteo como hubiera correspondido. No olvidemos que se trata de un fiscal que no ha comparecido la citación de la Justicia: si fuera un ciudadano común, sería un prófugo. Ello dio lugar a un dictamen del fiscal Jorge Di Lello –lamentablemente fallecido hace poco tiempo– muy importante en el diagnóstico de la legalidad del trámite de la causa.

 

 

Gas Natural Licuado

La causa del Gas Natural Licuado es una muestra más de las arbitrariedades con las que se manejó Bonadío. Mantuvo en prisión durante un año al ex subsecretario de Coordinación de Planificación Federal, Roberto Baratta, en base a una pericia que tomaba datos de Internet y sostenía que los precios que se habían pagado por las importaciones de gas licuado eran superiores a los precios de mercado, lo cual era falso. El perito fue procesado por falso testimonio.

Esto demostraría la vigencia o supervivencia en Comodoro Py, en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación del “Código Bonadío”: todo lo que es evidentemente desconocido por quienes enseñamos Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Y hasta ahora seguimos igual. Los que creemos en la Justicia esperamos que tanto la Cámara de Casación Penal como la Corte Suprema cumplan su función. Esta cuestionada Justicia tiene demasiados integrantes con excesiva presencia en los medios, no sólo el conocido grupito de Comodoro Py. Es, en realidad, lo que tales jueces buscan –como forma de trascendencia de su mediocridad– en esta sociedad mediática.

Creo que hay otros integrantes que asegurarán el derecho a la justicia para toda la población. Porque en un verdadero Estado democrático de derecho, el Poder Ejecutivo no puede intervenir sobre el Poder Judicial. Es uno de los límites que tenemos que admitir quienes queremos formar parte de una democracia.

Y somos los y las ciudadanas quienes debemos exigir que los funcionarios cumplan sus funciones, nada más que eso. Y si no, que renuncien.

 

 

 

• La autora es Profesora Consulta de Derecho Penal, Facultad de Derecho, UBA.

 

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