Del privilegio al derecho y viceversa

 

La discusión acerca de la gratuidad de la educación superior se compone de cuatro temas profundamente ligados: el papel del Estado y del sector privado; la definición sobre el sujeto de la educación; el avance de la población en los tramos obligatorios en el sistema educativo y las características del sistema productivo.

En 1918 la demanda de gratuidad sólo apareció secundariamente en algunas asambleas pero fue clara la presencia y presión de sectores medios que estaban tomando protagonismo en la escena política nacional. El Manifiesto Reformista concibió una idea de derecho a la educación universitaria, aunque limitada al pensamiento liberal de la época: contrastó el derecho “divino” de los profesores con el derecho estudiantil a la participación en el gobierno de la universidad. Salvo excepcionales menciones en asambleas, el movimiento reformista de 1918 no dudó sobre los sujetos de la educación universitaria (en esa época, la élite que había concluido la secundaria) y consideró que debía financiarla el Estado en lugar de la Iglesia Católica, en particular de la Compañía de Jesús.

La gratuidad adquiriría sentido 30 años después, como parte de la política popular e industrialista del gobierno de Perón. Surgió íntimamente vinculada al concepto de “derechos” en el decreto 29.337/49 y en la ley 14.297/54, que establecieron la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Un dato relevante sobre los sujetos que eran la preocupación del peronismo es que el estudiantado universitario pasó de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. No se trató entonces de un derecho enunciado por la negativa (es decir porque no se cumple), sino como una nueva conquista colectiva de los trabajadores. Además se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria. La creación de la Universidad Obrera Nacional refuerza que el Estado apuntaba hacia un nuevo sujeto de la educación universitaria. La gratuidad decretada por Perón considera sujetos de la educación superior tanto a los individuos como al colectivo social que llamamos “Pueblo” Este último es quien financia las universidades, pero también quien requiere de los profesionales, investigadores y docentes que éstas deben formar. La responsabilidad principal del Estado presupone que sea quien garantice esa formación [1]. Como veremos, es notable la consonancia con la histórica definición de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2008, a la cual me referiré más adelante.

 

Del privilegio al derecho

Con la caída del peronismo, las universidades privadas alzaron sus voces reclamando que los títulos, que ya expedían, fueran equivalentes a los de universidades públicas. En su campaña, Arturo Frondizi se proclamó a favor de esa postura en nombre de la libertad de enseñanza, que fue legalizada el 30 de septiembre de 1958 cuando el Congreso Nacional sancionó la ley Domingorena (ley 14.557), lo que provocó que un multitudinario movimiento de estudiantes se enfrentara a los defensores de la universidad privada y católica. Triunfante en esa lucha, que se denominó “laica o libre”, el sector privado avanzó de varias maneras: la multiplicación de sus instituciones, su diversificación para alcanzar a distintos sectores sociales y la búsqueda de prestigio compitiendo con la universidad pública en las carreras que requieren menos inversiones. Debe destacarse que no se registraron suficientes acuerdos entre empresas y universidades privadas que mostraran interés en estimular la investigación y el desarrollo tecnológico con vistas a fortalecer la industria nacional. En cambio, es relevante el papel que jugaron desde entonces las universidades privadas en la formación de dirigentes políticos; que ha sido constante y consciente. Mauricio Macri fue el primer Presidente argentino que no estudió en la universidad pública: se graduó en la Universidad Católica Argentina. Una fuerte demostración reciente del avance privado y conservador sobre los espacios políticos es la propuesta del Poder Ejecutivo de nombrar como miembro de la Suprema Corte a Manuel García Mancilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei. El impacto de las universidades privadas no fue solamente pedagógico, fue ideológico y político.

 

El neoliberalismo se abre camino

En el Congreso Pedagógico de 1984, convocado por el gobierno de Raúl Alfonsín, la educación privada había logrado ser equiparada a la estatal mediante una expresión cargada de intenciones políticas: la educación podría ser “pública de gestión estatal” o “pública de gestión privada”. Para ese entonces, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya estaban instalados en las oficinas del Ministerio de Educación de la Nación presionando con incansable insistencia para la aceptación de una de sus obsesiones: terminar con la gratuidad, “ese invento argentino”. Como ex diputada de la Convención Constituyente de 1994, doy fe que “expertos” de esos organismos trabajaron con cada bloque para lograr el arancelamiento universitario. Afortunadamente la relación de fuerzas –y una tradición argentina aún presente– permitió que la Constitución de 1994 (artículo 75, incisos 18 y 19) estableciera la gratuidad de toda la educación estatal, así como la autonomía y autarquía de las universidades públicas [2]. Un año después, durante el gobierno de Menem, se dictó la ley 24.581/95 de educación superior, que contiene una serie de reformas que organizan un sistema compuesto por las universidades y todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Sin embargo, la letra de la ley esconde posibilidades de arancelamiento y de convenios que subordinan a las universidades públicas a intereses empresariales y afectan la centralidad del financiamiento presupuestario nacional, así como la posibilidad de establecer empresas privadas para la evaluación. A la vez, se impuso a los docentes e investigadores reglas de evaluación y jerarquización con efectos sobre su salario y un sistema perverso de “evaluación por pares”, que estimuló la competencia por fondos cada vez más limitados.

Probablemente el impacto más profundo ha sido la adaptación de los docentes e investigadores a las nuevas reglas, en nombre de la modernización de las universidades –sin duda necesaria– pero sin conciencia del avance neoliberal sobre sus propios derechos como trabajadores de la educación, y los de los estudiantes. No se produjo alguna acción colectiva de rechazo al Caballo de Troya que introducía el gobierno de Menem.

Nuevamente tres gobiernos peronistas, los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, abordaron la educación superior como un derecho personal y social. Coincidieron con la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), dependiente de la UNESCO, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 4 y el 6 de junio de 2008. Dicha declaración dice que “la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”. La CRES fue el punto más alto de acuerdo alcanzado por los países latinoamericanos respecto a una política democrática y coordinada para la educación superior.

Si bien durante los gobiernos kirchneristas no se dictó una nueva ley de educación superior, el 9 de noviembre de 2015 se sancionó una profunda modificación de la ley menemista (“Ley de implementación de la responsabilidad efectiva del Estado en el nivel de educación superior”, número 27.204/2015). La ley modificatoria reafirma la gratuidad, elimina toda discriminación para el ingreso y prohíbe a las instituciones públicas de nivel superior establecer convenios con gobiernos o instituciones privadas nacionales o extranjeras que impliquen la mercantilización de la educación superior. Durante aquel período, la inversión en educación superior e investigación alcanzó los más altos niveles de su historia reciente. La creación de nuevas universidades nacionales, situadas en zonas de alta demanda por parte de sectores populares que habían terminado el nivel secundario, así como por empresas de la zona y municipios requiriendo técnicos y profesionales, produjo una transformación de la educación superior en todos los aspectos que mencioné al comienzo.

Cuatro cuestiones más deben ser señaladas respecto al período kirchnerista: 1) las nuevas medidas fueron impulsadas por propuestas y decisiones del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, sin que se generara un movimiento docente (excepto la acción gremial) ni un movimiento estudiantil que las hubiera reclamado o se movilizara para apoyarlas; 2) Sólo se escuchaba un débil reclamo por una nueva ley de educación superior, el radicalismo repetía como una letanía las consignas de 1918, la izquierda seguía encerrada en arcaicos slogans y el peronismo tenía una insuficiente presencia; 3) Fue la ley modificatoria de 2015 la que concitó una amplia aceptación en la comunidad universitaria, pese a lo cual fue impugnada judicialmente por tres universidades peronistas (La Matanza, San Martín y Río Negro), que rechazaron el artículo que limita los acuerdos de carácter mercantil, sin entender que un verdadero interés del sector productivo nacional por la educación superior puede y debe ser estimulado, pero no elimina el papel principal del Estado.

 

La motosierra contra la educación pública y la gratuidad

El Presidente Milei se dice discípulo de Friedrich Hayek y, aunque en versión de baja calidad, coincide con el cofundador del neoliberalismo en que la educación vigente impone un exceso de regulaciones, de reglas, a las cuales quedan sujetos los individuos, imposibilitados por ellas de encontrar caminos de libertad. Mucho antes que Milei, el Banco Mundial, el BID y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pusieron a trabajar en el proceso de cambio “hacia la libertad” teniendo en cuenta que, como advirtió Hayek, ese cambio requiere de efectos psicológicos que se producen a lo largo de varias generaciones. De esa observación tomaron puntual nota los poderes que, en nombre de la libertad, han venido planificando (pese a la contradicción, para el neoliberalismo, entre planificación y libertad) la cabeza, los sentimientos, la manera de ver y verse en el mundo, de al menos dos generaciones [3]. No lo hicieron solamente cambiando préstamos/deuda por poder dentro de los gobiernos, sino que se apoderaron de ese enorme proceso educativo que tiene como soporte los avances de la tecnología y del poder del mercado.

En las redes sociales el concepto de gratuidad carece de valor. Innumerables empresas nacionales y extranjeras ofrecen carreras de todo tipo, certificaciones de estudios, evaluación, a la vez que con todo descaro hacen publicidad contra la educación pública. La regla es la competencia y afecta tanto a las universidades e institutos públicos como privados. La discusión sobre educación pública o privada del siglo XX ha sido superada por otra mucho más peligrosa, que persigue el retiro del Estado, la exclusión de los sectores populares y medios, y reconoce como único concepto de educando a los individuos, a los que incita a liberarse del poder maligno de las instituciones educativas.

 

Gratuidad y emancipación

Tenemos muchas razones para considerar que la gratuidad de la educación superior es un derecho profundamente ligado a las luchas que surjan por la democracia, la justicia social y la soberanía nacional. La conformación de un movimiento docente-estudiantil que deje un registro histórico como el reformista de 1918, produzca movilizaciones como las denominadas “laica o libre” de 1956, o la pasión de aquel estudiantado que en los años ‘60 y ’70 vinculaba a la universidad con la lucha por la emancipación nacional y latinoamericana, debe superar aún muchos obstáculos. En la Argentina la comunidad universitaria no está únicamente bajo los efectos del shock mileista, sino que debe reaccionar contra los formatos de trabajo, evaluación, presentación de papers, competencia entre pares, en los cuales está encerrada desde la reforma menemista. Las medidas que está tomando el gobierno anarco-neoliberal de Milei no han sido enfrentadas todavía por los miles de estudiantes de sectores populares y medios cuya carrera (no sólo en las nuevas universidades, sino en todas) se ve peligrosamente atacada. Si se sigue aceptando esa situación, el gobierno anarco-liberal avanzará arancelando, despidiendo docentes, disminuyendo el financiamiento presupuestario y ofrecerá vouchers a una selecta minoría de pobres que acepten concurrir a universidades privadas.

Afortunadamente, la historia continúa. Al respecto, recordemos la inesperada reacción de los estudiantes chilenos contra las medidas neoliberales de Pinochet (que había sido asesorado por los Chicago Boys, huestes que Milton Friedman –discípulo del austríaco Hayek– se ocupó de instalar como asesores en los gobiernos de derecha latinoamericanos) y en defensa de la universidad gratuita, que culminó con la ley actual, sancionada durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El avance del mercado educativo, sumado al ahogo económico al que el gobierno de Milei está sometiendo a la educación superior y a la investigación científica, exige superar el melancólico recuerdo de la universidad reformista para defender colectivamente la gratuidad, el papel principal del Estado y el acceso de todos a la educación superior, además de la libertad de cátedra, la autonomía y el co-gobierno.

 

 

 

 

[1] Rinesi, E., “La educación superior como derecho”, en Foro de debate académico, Universidad Nacional de Quilmes.

[2] Puiggrós, A., Volver a Educar. Ed. Ariel, 1995.

[3] Hayek, F. Camino de servidumbre: Textos y documentos. Biblioteca de la libertad, pdf recuperado el 21/3/2024.

 

 

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