Del jardín al Fondo

 

“No existió como Plan”. Esa fue una de las conclusiones a las que arribó la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, tras haber estudiado el curso real de una de las más repetidas promesas electorales de Mauricio Macri en 2015: construir 3.000 jardines de infantes.

 

 

De los que se financiarían con recursos del Tesoro, que son aquellos que auditó la AGN, al cabo del mandato de Macri sólo se terminaron 35. En su evaluación sobre la administración del anunciado programa, el estudio registró omisiones o falencias administrativas, traducidas en perjuicios para el erario público, y prácticas licitatorias que en marzo de 2021 el Ministerio de Educación denunció ante la Oficina Anticorrupción como posibles casos de “mala praxis”.

 

Jardines y pizzas

Los 3.000 jardines a construir no fueron sólo una explícita promesa de campaña, que Macri repitió en el debate con el hoy converso Daniel Scioli. También formaron parte de una respuesta reiterada en cada ocasión en que se objetaba la restricción de derechos implementada por su gobierno, que comparaba los fondos recortados con la cantidad de instituciones educativas de nivel inicial que podrían construirse con ellos. El caso más recordado es el de la equivalencia trazada al momento de justificar la entrega de la televisación del fútbol a la voracidad de los privados. El ajuste se medía en jardines, como los tarifazos de los otrora considerados servicios públicos se calculaban por pizzas.

Los perjudicados no son sólo los electores que creyeron en la promesa, sino también –y en particular– una amplia porción de quienes aún no votaban. La sala de cinco años de 2016 comenzará a hacerlo en las próximas presidenciales.

Para 2017, los datos del propio Ministerio de Educación macrista estimaban que

• el nivel inicial reunía a alrededor de 1,7 millones de niñas y niños, la mayor parte de entre tres y cinco años;
• el 66,5% asistía a instituciones públicas; y
• la incidencia de la matrícula estatal sobre el total crecía en los años de obligatoriedad, alcanzando para la sala de cinco el 71,7%.

Como la obligación de asistencia infantil conlleva la del Estado de asegurar los dispositivos para que se cumpla, esos porcentuales corroboran la importancia del sector público en el acceso a la educación. Cuando inscribirse es obligatorio, siete de cada diez familias lo hacen en instituciones estatales. En ocasiones, no las tienen cerca de sus hogares o las encuentran superpobladas.

El incumplido compromiso de garantizar el ejercicio del derecho no tuvo únicamente forma de spot publicitario. El 16 de febrero de 2016, cuando Macri llevaba dos meses de gobierno, el Consejo Federal de Educación fijó el objetivo de avanzar hacia la obligatoriedad de la sala de tres años. La Declaración de Purmamarca, como se definió al documento emitido, dejó escrito que el Ministerio de Educación se comprometía a “construir jardines de infantes en todo el territorio de la República Argentina”, de modo de atender a la obligatoriedad pretendida.

 

Fantasía y realidad

Lo único que el gobierno macrista hizo para honrar su promesa electoral fue crear el “Plan Nacional 3.000 Jardines”. El estudio de la AGN comprobó que sólo existió nominalmente, un “nombre de fantasía” que el propio Ministerio reconoció.

La distancia entre lo fantástico y la realidad se volvió ostensible apenas los eslóganes dieron paso a los papeles, a tal punto que el mismo gobierno debió reformular sus objetivos declarados. Si ya los 200 jardines que se propuso en 2016 y los 300 que añadió a sus expectativas en 2017 resultaban distantes del nombre dado al Plan, en los años siguientes la promesa de campaña se erosionaría aún más. La disculpa inaugural fue que no se había previsto un factor obvio: la disponibilidad de terrenos adecuados para levantar los nuevos edificios.

En 2018, el gobierno abandonó su meta de jardines a construir y pasó a medirla en aulas, y entre ese año y el siguiente redujo un 75% la cantidad proyectada. Era un correlato lógico de su programa económico, que conjugaba restricción de inversión pública con deuda externa para la fuga de capitales, como denunció un temprano informe que CTERA publicó en marzo de 2019.

El resultado final fue que entre los jardines a construirse con fondos del Tesoro, al cabo del mandato presidencial de Macri sólo se habían licitado 258, adjudicado 203 y finalizado 35, producto de la carencia de un plan que no fuera únicamente nominal. Los modos de licitación y la ausencia de control sobre las obras contribuyeron al magro porcentaje de finalización. Sólo en uno de los 35 se cumplió el plazo contractual, excedido en el resto en 236 días de promedio. Mejor tarde que nunca.

 

Alto impacto

En su auditoría, la AGN detectó que las acciones llevadas a cabo por el entonces Ministerio de Educación no atendieron a criterios de eficiencia en la consecución del programa ni en la utilización de los menguantes recursos públicos para solventarlo. Entre otros aspectos, señaló

• debilidades en la formulación presupuestaria, sin prever partidas específicas;
• ausencia de indicadores de medición, limitando la detección de posibles desvíos;
• carencia de manuales de procedimiento y reglamentos operativos internos;
• falta de informes técnicos; e
• indeterminación de metas y plazos.

En el tramo licitatorio, las falencias se plasmaron en agrupamientos por zonas geográficas de obras muy distantes entre sí, lo que impedía a las empresas locales postular. El método determinado, de construcción en seco, no contempló peculiaridades climáticas de cada sitio y añadió una dificultad extra a las firmas interesadas en participar de las licitaciones.

La restricción se verificó en la diferencia entre el número de empresas que retiraron pliegos y las que efectivamente participaron de las licitaciones. La AGN lo ejemplificó con tres expedientes: en uno el retiro de pliegos incluyó a alrededor de medio centenar de empresas y sólo tres realizaron ofertas, un segundo registró una relación de 115-5 y el tercero, de 71-5.

A esas debilidades de la administración de los recursos debe añadirse el comportamiento empresario, que derivó en el abandono de obras o la rescisión de contratos, sin que el Estado resguardase correctamente lo ya edificado o los materiales adquiridos.

El documento de la AGN cuestionó especialmente la admisión de “riesgos de alto impacto”, como la adjudicación de 93 de las 204 licitaciones finalizadas a una misma firma, la unión transitoria que conformaron las empresas Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas.

Esa UTE, que abandonó las obras intempestivamente, resultó adjudicataria de proyectos en nueve provincias, pese a que la comisión evaluadora del proceso había advertido que no podría hacerse cargo de ellos con la capacidad de trabajo con que contaba. Todos los contratos con la UTE terminaron rescindidos y las dos empresas que la conformaron, en concursos preventivos de acreedores.

La denuncia que el Ministerio de Educación elevó a la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de datos recogidos por su auditoría interna, había expuesto también posibles sobreprecios en las obras proyectadas. El costo por metro cuadrado se cifró en alrededor de 1.498 dólares en 2016, mientras que en 2021 las licitaciones públicas lo estimaban entre 708 y 870, según la región. Una caída poco verosímil, en dólares y al cabo de apenas un lustro.

Elaborado entre 2022 y 2024, el informe de la AGN sobre los jardines que no fueron se distribuyó la semana pasada. El organismo lo elevó al Congreso y al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Bajo su órbita se encuentran los restos del de Educación, extinta por la motosierra. Antes, le había remitido el proyecto de informe, para que formulase aclaraciones o comentarios. Cumplido el plazo previsto, reiteró la consulta. Nunca obtuvo respuesta.

 

 

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