Del dicho al hecho

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
 “Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

Cuando en 2015 Mauricio Macri arrancó su campaña electoral recogió el reclamo social de una mejor Justicia. En su discurso de asunción dijo: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas... A quienes quieran serlo les decimos claramente: no son bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”.

A través del Programa “Justicia 2020”, a cargo del ministro de Justicia Germán Garavano, Cambiemos prometía trabajar para tener una “Justicia independiente”. Los ejes eran acercarla a la ciudadanía, la incorporación de la tecnología, la oralidad de los procesos judiciales y una reforma del Consejo de la Magistratura.

En sus dos últimos discursos de despedida, Macri destacó como un logro suyo que “ahora la justicia es más independiente”.

Estas mentiras fueron repetidas pública y mediáticamente como verdades durante los últimos cuatros años. Cambiemos usó la bandera de la “República” y las instituciones, pero hasta sus propias estadísticas lo desmienten. De acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia de 2019, siete de cada diez argentinos (77%) cree que la Justicia funciona mal. En 2018 el índice el resultado arrojó 71%.

La Justicia federal tal como está es remunerativa para el poder de turno. El gobierno de Macri no mejoró su funcionamiento. Al igual que sus antecesores, la quiso y tuvo a su medida.

Además, en estos cuatro años el gobierno saliente toleró y se sirvió de prácticas alejadas del camino de la ley. El ejemplo más evidente es lo que desnudó el caso D'Alessio sobre cómo aprietes, venganzas, carpetazos, espionaje y disciplinamientos comenzaron a compartir la escena y a mezclarse con hechos propiamente judiciales. Estas practicas llamaron la atención de los organismos internacionales.

El Relator Especial Diego García Sayán de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habló en un informe sobre un “plan sistemático de amedrentamiento” para algunos sectores de la Justicia. “Se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, señaló.

Más allá de esto, hay otros ejemplos que siempre estuvieron a la vista de quienes quisieron ver:

• La imputación del juez Claudio Bonadío a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez por investigar al amigo de Macri y jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
• Los intentos de cerrar el expediente del Correo Argentino, acompañados por el hostigamiento a la fiscal Gabriela Boquín, el traslado del fiscal que lo imputó, Juan Pedro Zoni, y la investigación al juez Ariel Lijo en el Consejo de la Magistratura.
• El pedido de juicio político por TV de Macri al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y posteriores movimientos en el Consejo de la Magistratura.
• Las maniobras para “desarrepentir” a Manuel Vázquez en la causa Odebrecht & Soterramiento que iba a apuntar a Ángelo Cálcaterra.
• La declaración del empresario Cristóbal López frente a la jueza María Servini, denunciando la coacción del gobierno mientras dirigía el Grupo Indalo, y la de Daniel Vila ante la propia Servini.
• El desplazamiento del juez Alejandro Slokar de la causa D’Alessio.
• Los traslados de jueces o los tejes y manejes de los concursos para cubrir vacantes claves en la estructura judicial. Por ejemplo, los de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia a la Cámara Federal.
• El rol de la Oficina Anticorrupción (OA), encabezada por Laura Alonso, y la Unidad de Información Financiera (UIF), liderada por Mariano Federici, como querellantes en todas las causas de corrupción kirchnerista y no así en las del macrismo.
• La naturalización de los operadores judiciales. Más allá de las críticas, en soledad, de Elisa Carrió a Daniel Angelici, esto quedó evidenciado en la causa D'Alessio.
• La presencia del fiscal Carlos Stornelli en un acto de Macri en el Colegio Militar, mientras estaba en situación de rebeldía, de la mano de la gratitud del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.

El uso y abuso de las prisiones preventivas de políticos opositores acompañados del silencio y/o festejo oficial y el linchamiento mediático también fueron motivo de preocupación de organismos de derechos humanos.

El caso emblemático fue el de Milagro Sala, detenida en 2016 con prisión preventiva por protestar. La metieron presa y la imputaron por los delitos de “instigación a cometer ilícitos y tumultos”. Y recién después la comenzaron a investigar por el desvío de fondos públicos y otras cosas.

Según el cálculo de los colegas Patricia Blanco y Martín Angulo, durante la era Cambiemos llegaron a haber 74 ex funcionarios y empresarios detenidos con preventiva. Sin embargo, después del triunfo de Alberto y Cristina en las PASO comenzaron los “reperfilamientos” y las excarcelaciones. Esta también es la Justicia que deja Macri.

El uso y filtración de escuchas ilegales como principal alimento de expedientes judiciales también fue motivo de crítica de organismos internacionales. El Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas publicó en mayo de este año un informe preocupante sobre el tema en el que concluyó que “el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.

Más allá de que cada caso es diferente, más allá de la culpabilidad o inocencia, el uso de todas estas prácticas es lo que erosiona la legitimidad de la palabra judicial. Si esto no cambia, cada condena o absolución será sospechada e interpretada a la luz de la grieta. El efecto es una justicia cada vez más deteriorada que va rompiendo desde adentro los cimientos de la democracia.

En su discurso de asunción Alberto Fernández prometió terminar con todo esto. Buscará la federalización de todos los juzgados penales de la Capital Federal y la rápida implementación del sistema acusatorio para licuar el poder de los jueces de Comodoro Py. No dijo nada nuevo ni que no se haya dicho.

Lo distinto será si efectivamente lo logra hacer. Para ello será determinante el consenso político, institucional y social. Porque, como escribimos hace cuatro años con el fiscal Delgado en el libro La Cara Injusta de la Justicia, la Justicia se divorció de la Constitución y cambiarla es una construcción colectiva.

 

 

 

* Catalina de Elía es periodista y politóloga. Publicado en #Dosjusticias

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