Del banquillo al estrado

 

El presidente Mauricio Macri tiene la posibilidad de designar cinco jueces federales de Córdoba. La semana pasada ya envió al senado los pliegos de dos de ellos (ambos vinculados al radicalismo local).

Entre los otros tres podría encontrarse Justiniano Martínez (foto), defensor de varios de los policías y militares acusados de crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura.

En realidad el nombre de Martínez figura en una de las cinco ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura nacional al Presidente, pero en ámbitos tribunalicios se dice que “si pasan” los nombramientos de los “candidatos radicales”, será la hora de los candidatos consensuados entre Cambiemos y Unión por Córdoba (la versión peronista del cordobesismo). Sorprendentemente, la candidatura de Justiniano Martínez contaría con el apoyo del actual gobernador cordobés, Juan Schiaretti, que hasta el momento se ha mostrado siempre como defensor de las políticas por Memoria, Verdad y Justicia. Las fuentes de tribunales indican que el candidato se ganó el apoyo del gobernador cuando defendió de una acusación por abuso de poder al fiscal general adjunto de la provincia, José Gómez Demel.

Justiniano Martínez es un letrado muy particular. Antes de ser candidato a juez estuvo involucrado en las amenazas a un fiscal de instrucción (Carlos Matheu) cuando este investigaba los vínculos entre la trata de personas y la Policía de la ciudad de Carlos Paz. Además Martínez trabajó durante muchos años a la par de Juan Dómine, un ex policía que fue mano derecha de Carlos Tucán Yanicelli, el emblemático represor integrante de la patota policial cordobesa en tiempos de dictadura. Yanicelli y Dómine formaron parte de lo que se conoció como “las brigadas”, una estructura policial organizada durante el gobierno de Ramón Mestre bajo la órbita del entonces Ministro de Relaciones Institucionales de la provincia, Oscar Aguad. Esas brigadas policiales fueron denunciadas por Luis Urquiza, una víctima de la dictadura (también ex policía) y el ex legislador del Partido Intransigente, Atilio Tazzioli. Gracias a las notas publicadas en su momento por La Voz del Interior, donde se denunciaba que las brigadas albergaban a varios ex represores, todo derivó en un escándalo político que terminó con el pase a retiro de Yanicelli en el año 1997.

 

Perfilando al aspirante

El 6 de mayo de 2011, un ex policía de la provincia de Córdoba sufrió una descompensación mientras manejaba su automóvil. El vehículo, un Honda rojo, chocó contra un pilar de la luz en la esquina de Colón y Jujuy. La ambulancia llegó pronto y lo trasladó rápidamente al Hospital de Urgencias donde finalmente murió. Se llamaba Juan Dómine. Tenía 53 años.

Dómine era una rara avis dentro de la historia policial de Córdoba. Mientras la mayoría de los oficiales cordobeses que trabajaron en los '70 y '80 niegan cualquier vinculación con los grupos de tarea de aquellos años, Dómine acostumbraba vanagloriarse de haber formado parte de la patota, aunque en la práctica nunca le alcanzó la edad para ser parte de ella.

Lo que llamó la atención del ayudante de fiscal que llegó al lugar unos minutos después del choque, no fue la velocidad de la ambulancia que se había llevado al moribundo, sino que antes de que llegara la Justicia un alto jefe policial se presentó en el lugar y retiró del vehículo de Dómine, sin autorización judicial, un arma y una vieja agenda personal que el ex policía llevaba a todos lados y que contenía todos sus teléfonos y contactos.

Según el propio Dómine me contó unas semanas antes, él colaboraba como detective privado para el estudio de quien desde hace mucho tiempo es conocido en Córdoba como “el abogado de la Policía”, el aspirante a juez federal Justiniano Martínez.

La charla que habíamos tenido con Dómine días antes de su muerte comenzó mal. En los pasillos de los tribunales provinciales me recriminó por una nota escrita años antes cuando denuncié que El Tucán se manejaba a gusto y placer en la guardia de Infantería donde se encontraba detenido acusado de crímenes de lesa humanidad. En aquella nota conté que Dómine lo había ido a buscar en su Honda rojo cuando Yanicelli estaba privado de su libertad y lo había sacado a dar una vuelta sin autorización de la Justicia.

El enojo de Dómine no se debía a que mi información fuera falsa, de hecho —con la agenda que luego desaparecería bajo el brazo— me confirmó el episodio. Lo que le había molestado era que aquel día le había ido a hacer un favor a su amigo:

—Había muerto su mamá y a una persona que le ocurre algo tan triste no se la puede escrachar como nos escrachaste vos.

Acordamos que iba a hacerme una gestión para reunirme con su amigo en la cárcel de Bouwer, donde lo habían trasladado después de aquella nota. Le pregunté si había que hablar con su abogado y él contestó que no hacía falta .El abogado de Yanicelli era el actual candidato a juez federal Justiniano Martínez.

Tras la muerte de Dómine un policía de altísimo nivel me dijo que “unos amigos de Yanicelli”, entre los que él se encontraba, comentaban que “Juan estaba haciendo gestiones para una entrevista” y me recomendó en un tono que no supe diferenciar si era para protegerme o para asustarme, lo siguiente:

—Ya está. Dejate de joder con eso. No rompas más las bolas ahí.

No me animé a preguntar por la agenda. El hijo de Dómine es policía y trabaja actualmente en el área de inteligencia de dicho organismo.

Los vínculos entre Juan Dómine y el aspirante a juez quedaron registrados en otro hecho importante de la historia judicial de Córdoba, ocurrido apenas comenzado este siglo. La historia en cuestión puede verificarse en esta nota publicada por el diario Clarín el 10 de mayo de 2000 https://www.clarin.com/sociedad/escandalo-grabaciones_0_BkeHeslAYe.html y fue confirmada para esta nota por el fiscal que fue víctima de amenazas por realizar su trabajo.

El fiscal Carlos Matheu investigaba una red de trata de personas y prostitución que al parecer era administrada por la policía de Carlos Paz. La red traía extranjeras a las que hacían trabajar para ganancia de algunos jefes policiales. Matheu sospechaba que entre los organizadores de esa red estaba parte de la cúpula de la Unidad Regional 3 y, entre ellos, justamente Juan Dómine, a quien imputó por el hecho. El abogado de Dómine en el caso era Gustavo Franco, que durante algunos años compartió despacho con Justiniano Martínez en un estudio ubicado sobre la calle 9 de Julio en la ciudad de Córdoba.

Matheu ordenó intervenciones telefónicas a los policías involucrados. Entre ellos estaba Juan Dómine. Lo llamativo es que de las escuchas se desprendía que Dómine sabía que estaba siendo escuchado y por ello, aprovechando que Matheu lo iba a escuchar, mantuvo una serie de conversaciones con un abogado que por entonces formaba parte del Consejo de la Magistratura cordobés. En ese diálogo que reproducimos abajo, Dómine hablaba sobre Matheu sabiendo que el fiscal lo estaba escuchando.

—Policía: Vos integrás ese p... Consejo (de la magistratura) que hay ahí; quiero creer que le vas a pegar un fierrazo porque le van a surgir como 6 ó 7 juicios políticos.

—Abogado: Sí, ya tiene varios quilombos y varias denuncias y demás. Es un boludo. Ahí hay que apoyarse con (Luis) Maza (el juez de Villa Carlos Paz).

—Policía: Lo que pasa es que también están peleados.

—Abogado: Por eso hay que apoyarse con Maza.

—Policía: Claro, pero el que maneja la investigación es él.

El abogado con el que hablaba Dómine no era otro que Justiniano Martínez y Luis Maza era el juez del caso. Estas escuchas tomadas por lo que en su momento era la SIDE mostraban a un abogado (integrante por entonces del colegio de la magistratura provincial) hablando con un policía investigado que le pedía que destruyera a un fiscal. Como contrapartida, Justiniano Martínez (el abogado), le recomendaba a Dómine apoyarse en el juez para atacar a Matheu.

En otra conversación dos voces que la SIDE identificó como de Justiniano Martínez y Juan Dómine hablaban de que “había alguien escuchando” y acto seguido, la voz de Dómine decía: “Te vamos a cagar matando como al palomero”.

El palomero era Rafael Muriel, un guía de caza que fue asesinado el 18 de mayo de 1997, pero cuyo asesino nunca fue identificado. Al escuchar esa afirmación Matheu denunció a Dómine por amenazas. Dómine, por entonces sargento, se entregó a la Justicia y fue acusado como presunto autor de amenazas calificadas. Sin embargo, poco tiempo después fue liberado por el fiscal Gustavo Sandoval, que consideró que, si bien se trataba de las voces de Dómine y de Justiniano Martínez hablando en privado, como el mensaje no fue recibido directamente por Matheu ni éste era nombrado con nombre y apellido en la cinta, debía ser sobreseído.

Acorralado y después de recibir otras supuestas amenazas (un preso, Luis Domingo Arguello, declaró —ante otro fiscal— que el mismo Dómine le ofreció 1.000 dólares y un kilo de cocaína a cambio de matar a Matheu), el fiscal Matheu pidió su traslado a la ciudad de Córdoba dejando la investigación original de Trata de Personas para proteger su vida. La investigación nunca avanzó y el entonces gobernador De la Sota —por entonces vivía en Carlos Paz— ascendió como Jefe máximo de la Policía provincial a quien era jefe de la Unidad Regional 3, sospechada de coordinar la red de prostitución. Ese jefe se llamaba Jorge Rodríguez.

Justiniano Martínez, el aspirante a juez federal, también salió indemne de esos episodios.

 

Ternas por cinco

En la sagrada familia judicial federal cordobesa se deben llenar cinco cargos. Uno en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), otro en el TOF 2 y tres en el nuevo Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). Justiniano Martínez quedó número 13 en el orden de mérito después de pasar varios exámenes, pero como se crearon cinco ternas para cubrir esos cargos, está en iguales condiciones que los 12 anteriores para ocupar dichos lugares.

La semana pasada el presidente Macri envió al Senado de la Nación los pliegos de Noel Costa y Facundo Zapiola, que podrían ocupar un cargo en el TOF 2 (Costa) y otro en el TOF 3 (Zapiola). Todo indica que es el primer paso de un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias de la política cordobesa. Primero llegaron los que podríamos llamar los “candidatos radicales” y luego vendrían los del consenso entre Cambiemos y Unión por Córdoba, el partido gobernante provincial.

El vínculo de Costa y Zapiola con el radicalismo es evidente. Noel Costa es una joven letrada que actualmente se desempeña —designada por Oscar Aguad, el mismo que supo nombrar a Yanicelli— como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa (DNIEM). Zapiola es hijo del presidente del Comité Central de la UCR en Córdoba, Alberto Zapiola. En 1999, para designar a su hijo, entonces de 29 años, como juez de la intervención federal en Corrientes, Alberto Zapiola consiguió que Aguad cesanteara al titular con 30 años de antigüedad, que se suicidó.

 

Más de Justiniano

La candidatura de Justiniano Martínez no cuenta con el aval de la academia cordobesa. En los registros de la Justicia Federal de Córdoba Justiniano Martínez figura como representante de Yanicelli en las causas Alcin, Menéndez, UP1 y Videla. En todas ellas fue condenado, por secuestros y tortura seguida de muerte. Muchos se preguntan qué haría el hipotético juez Martínez ante los juicios de Lesa Humanidad que restan realizarse en Córdoba.

También defendió al acusado de sustracción de bebés en el hospital militar de Paraná, Alberto Paul Navone, quien no llegó a juicio porque, apenas unos días después de que Justiniano Martínez asumiera su defensa, fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su casa de Ascochinga.

Abogado de policías, Justiniano Martínez tuvo problemas extraños a lo largo de su vida. Uno muy recordado ocurrió en 2007, cuando fue víctima de un robo que terminó en secuestro. Durante varias horas permaneció capturado por personas que no fueron identificadas y que, según denunció después, lo obligaron a empuñar armas y tocar objetos que (se temió) iban a ser utilizados para inculparlo de delitos que no había cometido. El caso nunca se resolvió y muchos policías todavía desconfían de lo ocurrido.

 

Mucho para elegir

Si los pliegos de los radicales Costa y Zapiola pasan, todavía quedan otros tres cargos: dos en el Tribunal Oral Federal 3 y uno, en el Tribunal Oral Federal 1. La especulación es que los senadores cercanos a Schiaretti deben aprobar los nombres de los candidatos radicales para que después lleguen los otros entre los que se encontraría Justiniano Martínez.

Para llenar esos lugares el Consejo de la Magistratura ha aprobado y enviado al Poder Ejecutivo Nacional cinco ternas. La primera está conformada por Carolina Prado, Cristina Giordano y Fernando Carbajal; la segunda por María Noel Costa (ya postulada), Francisco Javier María Posse y Simón Pedro Braco, la tercera terna: Lorena Castelli, Facundo Carlos Cortez Olmedo y Justiniano Martínez, la cuarta por Facundo Zapiola (ya postulado), Sergio Andrés Delgadillo y Angel Luna Roldán y la quinta por Angel Francisco Andreu, Eduardo Caeiro y José Milton Peralta.

 

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