DEFENSA: REALIDADES Y NECESIDADES

 

La IIIa. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar se inició en diciembre de 1973 y finalizó el 30 de abril de 1982, fecha en la que se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR). Entró en vigor recién 12 años después, cuando se alcanzó la ratificación número 60 de los países que la habían establecido. Se la suele calificar como la “constitución” del mar, debido a la amplitud de los derechos y normas relativas a cuestiones marítimas y afines sobre las que se expidió. Entre muchas otras, las referidas a la plataforma continental y su delimitación.

En 1998 comenzó a funcionar en Buenos Aires la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), en el ámbito de la Cancillería, con el propósito de efectuar precisamente esa delimitación que fue elevada en 2009 a la consideración de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), creada por la CONVEMAR. Fue aprobada por unanimidad en 2016 pero dejó dos puntos en suspenso, con la recomendación de que se revisaran. Enmendado esto, la propuesta argentina fue aprobada de nuevo unánimemente, el 17 de marzo de 2017. La decisión de la CLPC omitió explícitamente pronunciarse sobre las zonas bajo disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido, así como sobre las regidas por el Tratado Antártico. (Dicho sea de paso, la reserva de la CLPC sobre las zonas en disputa con el Reino Unido implica un reconocimiento de hecho de la existencia de un conflicto de soberanía, que la pérfida Albión niega sistemáticamente). Culminaba así, con todo éxito, el brillante trabajo de la COPLA.

Como consecuencia de este reconocimiento, el nuevo límite de nuestra plataforma continental –que incluye aguas, lecho y subsuelo— agregó 1.782.000 km2 que se deben sumar a los 4.799.000 km2 ya reconocidos, lo que da un total de 6.581.000km2, que es casi el doble de la superficie emergida –es decir, territorial— de nuestro país, que alcanza a 3.761.274km2.

Las riquezas que albergan esos seis millones y pico de km2 son inconmensurables. Hasta donde se sabe: pesca, hidrocarburos, nódulos polimetálicos del fondo marino (cobalto, manganeso, hierro, cobre y níquel, entre otros), así como una biodiversidad sumergida que incluye una variedad de algas y una fauna hasta ahora no exploradas ni estudiadas.

Lo que se acaba de exponer de por sí dota al Atlántico Sur de una importancia estratégica y de una significación en términos de defensa nacional hoy ineludibles: el patrimonio soberano a custodiar y a explotar es inmenso. Pero, como bien se sabe, aquel océano incluye también otras problemáticas más conocidas que ésta.

 

 

Geopolítica del Atlántico Sur

Tres potencias nucleares mantienen posesiones y/o asentamientos militares y despliegues de fuerzas en el Atlántico Sur. Estados Unidos tiene una base militar en la isla de Ascención, que arrienda al Reino Unido que, a su vez, conserva la posibilidad de acceder a su uso. Recientemente, Estados Unidos alquiló a Brasil la base de Alcántara, originariamente destinada al desarrollo de programas y actividades espaciales brasileñas. No está claro aún cuáles son los propósitos de Estados Unidos respecto de aquella. Tiene, también, dos escuadras navales que operan en el Atlántico Sur como parte de sus respectivas jurisdicciones. La Sexta Flota, que lo hace sobre las aguas que dan a Africa Occidental, y la Cuarta Flota, que atiende a las que bañan el perfil oriental de América del Sur.

El Reino Unido, como bien sabemos, ha instalado una fuerte base militar en Malvinas, con contingentes de sus tres fuerzas: navales, aéreas y militares. Ejecutan periódicamente ejercitaciones básicamente marítimas. En ocasiones se ha detectado la participación de submarinos nucleares en ellas. Conviene mencionar, además, que las autoridades de las islas manejan el otorgamiento de licencias de pesca y que las británicas  han habilitado la exploración y la explotación petrolera offshore.

Francia, por su parte, conserva el territorio de ultramar de Guyana en el que ha instalado hace años ya el Centro Espacial de Kourou, utilizado en común con la Agencia Espacial Europea, que está dedicada a la puesta en órbita de satélites o sondas y a la exploración del espacio exterior.

La Argentina, Brasil y Uruguay, junto a un grupo de países de Africa Occidental, han constituido la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPACAS), con el propósito de resguardar la paz y contener la proliferación de armas nucleares en la región, sin mayores logros todavía.

El Atlántico Sur  es una de las vías de acceso a la Antártida. Y la Argentina y Chile son los países más cercanos a ella. Finalmente, hay que consignar que ha ganado cierta importancia el tráfico comercial que parte de Asia, por el Índico, con destino a las Américas. Y que la conexión entre los Océanos Atlántico y Pacífico por el extremo sur del continente americano es un recurso potencial frente a un eventual cierre del Canal de Panamá, y es usada también –dependiendo del costo del tránsito— como una alternativa para el regreso de buques ya sin carga, a sus puertos de origen.

Como puede verse, además del resguardo del patrimonio soberano de la porción del Atlántico Sur que nos corresponde, hay también otras problemáticas que pesan sobre la relevancia estratégica y sobre la importancia de la defensa nacional argentina, en lo que respecta a esa zona.

 

 

Las Fuerzas Armadas y la defensa nacional

Juan Domingo Perón, ese león herbívoro al que no pocos argentinos le tributamos un especial reconocimiento, sostenía en la conocida conferencia que ofreció en 1944 en la Universidad de la Plata, que tituló “La defensa nacional desde el punto de vista militar”, que “la preparación de la defensa nacional es obra de aliento y requiere un constante esfuerzo realizado durante largos años”. Y es efectivamente así: la defensa nacional debe ser preparada y sostenida en el tiempo. Lamentablemente nada de esto ocurre en la Argentina desde hace años. Más bien ha sucedido lo contrario: una prolongada desatención de la función defensa. Entre 1984 y 2019 el gasto militar promedió un 1,19% del PBI, un guarismo claramente insuficiente. Peor aún, en los 20 años que van entre 2000 y 2019 ese promedio fue de 0,90%. En el mismo período, Brasil alcanzó un promedio de 1,50%; Chile 2,18% y Uruguay 1,99%. El registro argentino es, por lejos, el más bajo de la serie.

Los sistemas de armas de las tres fuerzas perdidos en la guerra de Malvinas no se han recuperado. Los que aún subsisten transitan una riesgosa obsolescencia y/o fatiga de material, por más empeño que se ponga en su mantenimiento. El Ejército, desde la sustitución del servicio militar obligatorio por el voluntario, no ha conseguido superar un promedio de alrededor de 20.000 soldados, cifra insuficiente para cubrir las necesidades de las unidades que lo componen. Las horas de navegación de la Armada y de vuelo de la Fuerza Aérea son muy escasas. Se podría seguir con esta descripción de la penuria presupuestaria y de recursos que padecen las instituciones militares, pero lo expuesto es más que suficiente para comprender que la función defensa está en mora desde hace ya mucho tiempo. Y no por decisión de sus integrantes, que a esta altura hacen ya prácticamente lo imposible por mantener alguna capacidad operativa específicamente castrense.

 

 

Final

Llevamos a cuestas décadas de retraso en materia de defensa nacional. El desafío es mayúsculo, máxime si se suman las cuestiones propiamente territoriales con las marítimas, que han adquirido ya –como se ha visto al comienzo— una relevancia especial. Debemos dejar de llorar –metafóricamente hablando— sobre el Tratado de Tordesillas, violado una y otra vez por Portugal en detrimento de las posesiones hispanas en América del Sur. Enarbolar derechos no es suficiente para defender lo propio, hay que estar preparados para custodiarlo y para defenderlo, llegado el caso.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha dicho con toda claridad que por primera vez tenemos jefes militares que han egresado de las escuelas de formación junto con nuestra recuperada democracia. No quedan ya ni argumentos ni excusas. Debemos ocuparnos como corresponde de la defensa nacional, para lo cual es condición sine qua non recuperar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas.

En este sentido, el 20 de noviembre del año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que instaura un Fondo Nacional de la Defensa, presentado por el entonces diputado Agustín Rossi, hoy ministro de Defensa, que prevé un incremento progresivo del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas, con el propósito básico de reequiparlas. Fue aprobado por 188 votos a favor y 8 en contra, con 2 abstenciones.

Es auspicioso. Sería muy conveniente que el Senado le diera curso rápidamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

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