DEFAULT y FMI

 

Antes de las PASO y de las medidas tomadas unilateralmente por el gobierno de Cambiemos  el 28 de agosto, se fugaron de la Argentina 73.170 millones de dólares entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019 [1]; los niveles de desinversión bruta fija eran alarmantes, perforando este año el piso del 13% del PIB (no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos); el consumo descendió fuertemente fruto de la desocupación y los bajos salarios y se incrementaron sideralmente la pobreza y la indigencia, que hace que hasta la misma Iglesia Católica llame a una “Emergencia Alimentaria” para asistir con un plato de comida a la población. El resultado de las PASO fue el fiel reflejo de la situación, el 68% de los sufragantes votaron contra la política del gobierno de Cambiemos.

Tras las PASO, las reservas internacionales del BCRA cayeron desde 66.039 millones de dólares al 9 de agosto a 56.713 millones de dólares a fin de mes. Es cierto que se pagaron REPO (seguros) por 2.639 millones de dólares para rescatar BONAR dados en garantía, pero 6.687 millones se fueron en tan solo en 15 días hábiles por compra de divisas, lo que significa, día tras día, un drenaje imposible de soportar hasta el fin del gobierno de Macri.

A eso se le suma que el total de títulos públicos en pesos y en divisas que vencen de agosto a diciembre de este año rondaban el equivalente a 23.500 millones de dólares, de los cuales eran LETES (Letras del Tesoro) en dólares 11.807 millones, que vencían y daban lugar a tres licitaciones por mes. Antes de las PASO, el rollover (cambio de deuda vieja por nueva) rondaba el 88% del total, en la licitación del 16 de agosto 2019 solo se renovó el 5% de la licitación (obviamente fue una repartición estatal) y el 28 de agosto la licitación de LETES en dólares se declaró desierta.

En ese marco de pérdida de reservas y sin poder pagar los vencimientos (al no renovarse), adoptaron el miércoles 28 de agosto de 2019 medidas unilaterales que llamaron “reperfilamiento” pero que es default técnico, al reprogramar los pagos y no respetar la  forma establecida en el contrato  de emisión de la deuda.

Ese día el ministro Hernán Lacunza anunció que el 90% del stock de deuda (en pesos y en divisas) que está en poder de bancos, fondos de inversión y organismos institucionales y vence en los próximos cuatro meses (como dijimos, por el equivalente a unos 23.500 millones de dólares) serán cancelados 15% al vencimiento, 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, respetando las demás condiciones originales del crédito y el capital [2].

Para el gobierno de Cambiemos no es default porque no hay cesación sino reprogramación de pago, y solo comprende la la deuda de corto plazo (Letes, Lecap, etcétera) y con inversores institucionales.  Sin embargo, al no poder cumplir en forma y plazo se deben pagar los contratos CDS (Credit Default Swaps) por incumplimiento que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares. Si se activa el seguro contra default es difícil argumentar que no se trata de un default.

El nuevo ministro anunció que la propuesta de reprogramación (reperfilamiento, en su lenguaje) de deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción argentina (regida por las leyes locales) será enviada al Congreso para fijar por ley una extensión de los plazos. La deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción extranjera será sometida a una negociación con acreedores internacionales [3], lo mismo que la deuda con el FMI. Los últimos datos de Hacienda, correspondientes al 31 de marzo de 2019, exhiben que el 50 % de la deuda está emitida bajo jurisdicción extranjera.

Los anuncios intentan ordenar el caos financiero causado por el propio gobierno, pero no pueden evitar la catarata de juicios por incumplimiento de contrato y, otra vez, que aparezcan fondos buitres para comprar esos papeles en litigio, que serán uno de los problemas de la administración de Alberto Fernández.

El mismo 28 de agosto 2019, tras los anuncios del ministro Lacunza, el BCRA con la firma de su presidente Guido Sandleris emitió un comunicado en el que admite que las decisiones fueron una “rápida respuesta” a la falta de renovación de la deuda de corto plazo. Sostuvo además que de esa manera se limita el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, en desmedro de los grandes inversores en deuda pública.

Esto es, no ponen límite a la compra y fuga de divisas, cuando es obvio, como sucedió en los días subsiguientes, que los que pueden comprar dólares lo hacen acelerando la conversión de plazos fijos en pesos a divisas y retiran de los bancos los depósitos en dólares (eran solo 31.683 millones el viernes 9 de agosto de 2019 y 3.546 millones menos el 26 de agosto de 2019), ante la pasividad del Banco Central.

A última hora del viernes 30 de agosto, el BCRA dio a conocer la Comunicación “A” 6768 que dispone que desde ese día, la banca extranjera deberá pedir autorización al BCRA para la distribución de sus utilidades, con lo que trata de limitar el giro de divisas. La medida tuvo inmediata respuesta: en ventas realizadas después del cierre del mercado cambiario local, el dólar contado con liqui se transó a $ 65,22.

Es claro que no adoptan ninguna otra medida de control cambiario para facilitar la fuga de capitales. Ese debe ser el acuerdo con los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs y Franklin Templeton que están posicionados en títulos públicos  y privados argentinos en pesos, y deben esperar a venderlos para comprar dólares y fugarlos.

Y es la razón por la que son tan cuidadosos de mencionar la palabra “default”, porque implica que grandes bancos y fondos de inversión por su propia carta orgánica y/o reglamento interno, deben desprenderse de las acciones y títulos en esa condición, lo que hará que descienda más aún el precio de los mismos. Valga como ejemplo que las acciones de seguro de YPF (ADR de NYSE) cotizaban el viernes 30 de agosto 2019 en Wall Street a 8,68 dólares, la mitad del valor que en diciembre de 2015. Y lo mismo sucede, en mayor o menor medida, con todas las empresas argentinas que cotizan en los mercados externos.

Que la calificadora de riesgos Standard & Poor haya bajado la calificación de los títulos públicos argentinos a “default selectivo” el jueves 29 y el viernes 30 corregido dicha calificación; que otra agencia, Fitch, ese día bajara la nota de la Argentina y la ubicara en “default restringido” o que la tasa de Riesgo País de JP Morgan alcanzara los 2.533 puntos (25,33% por encima de la tasa de los EE.UU.), son todas muestras de que la situación es grave y de que afuera le “bajaron el pulgar” al gobierno.

 

El FMI

Si hay una razón por la que el gobierno de Cambiemos no está peor, es por el apoyo del FMI, pero no de su staff técnico, que el 30 de agosto 2019 afirmó en un comunicado  que “el caso argentino está en proceso de elaboración y análisis”. Lo que queda claro es que los tiempos no son los que necesita el gobierno para cubrir los vencimientos, aún con la “reperfilación” anunciada.

A la Argentina se le destinó el mayor préstamo de la historia del organismo. (Unos 57.000 millones de dólares, de los que ya ingresaron 44.068 millones.) El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, al reunirse el mismo 30 de agosto 2019 con el board (consejo de administración del FMI), presentó el pedido de reformulación del actual plan stand-by, que incluso alcanza al nuevo gobierno que asuma en el país.

Los técnicos del FMI esperan para los próximos 100 días de gobierno de Mauricio Macri una dolarización potencial de 16.000 millones de dólares, equivalente a más del 100% de las reservas de libre disponibilidad del BCRA. Además infieren que el stock de LELIQs (al 27 de agosto de 2019 de $ 1.316.469 millones, que supera a la Base Monetaria que ese día fue de $ 1.242.570 millones) y el descenso de la demanda de dinero (nadie quiere pesos argentinos) sean fuentes potenciales de vulnerabilidad para el sistema bancario. Por lo tanto es probable que el gobierno argentino deba aplicar restricciones para retirar dinero y divisas de los bancos.

El fracaso del gobierno de Macri es evidente, sin que a Macri y al FMI les importe la población argentina. Esto no da para más. Primero se debe instrumentar ya un plan de emergencia social, segundo un estricto control de cambio y tercero, reestructurar la deuda.

Macri se aferra a Donald Trump que ya debe estar hastiado de él y de su gobierno. El Departamento de Estado, sin nombrarlo, dijo tras las PASO que “Estados Unidos espera continuar nuestra sólida asociación con el pueblo argentino y su liderazgo electo, sea cual sea el candidato que el pueblo argentino elija como su próximo Presidente”.

Y si no le sueltan la mano del todo (como han hecho otras veces con otras administraciones amigas) es porque reconocerían su propio fracaso y porque quieren utilizar el endeudamiento con el FMI para reconvertirlo en un crédito de facilidades extendidas, con plazos de devolución más largos, pero con compromisos de reformas estructurales en temas laborales, tributarios y previsionales.

El futuro Presidente Alberto Fernández aseveró que el FMI es copartícipe de la “catástrofe social” argentina y señaló que el programa que ahora se quiere renegociar “fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad para financiar una campaña electoral”.

La mayoría de los jubilados y pensionados perciben un ingreso de apenas $ 15.000 por mes, pero como son siete millones implica el mayor gasto presupuestario de la administración nacional (aproximadamente el 40%), a lo que se le suma el resto de los gastos sociales. Pero el sistema no se financia  ajustando tan magros haberes, sino creciendo y generando puestos de trabajos en blanco con aportes previsionales. La relación entre trabajadores en actividad con aportes y jubilados y pensionados es de 1,6 a 1.  Si se aumentan los puestos de trabajo, mejora el coeficiente.

Tampoco es flexibilizando las condiciones de trabajo, sino aumentando la demanda para que se produzca y se venda más.

Ambas variables se solucionan aumentando los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados, congelando las tarifas de combustibles, luz y gas, acordando con los grandes formadores de precios en una economía “cartelizada” como la argentina y bajando drásticamente la tasa de interés que no debe pujar contra el dólar.

Y por reforma tributaria, que se adopten medidas para que paguen los ricos, no aumentando el IVA o persiguiendo a los monotributistas. Para ello se debe aplicar correctamente un impuesto a la renta financiera y a la compra y venta de divisas, como tiene por ejemplo la Unión Europea. El BCRA sabe qué bancos compraron divisas desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, y esos bancos saben qué clientes se lo pidieron.  Deberán justificar si pagaron impuestos y desde ya decimos que no lo hicieron porque la compra supera los 100.000 millones de dólares y las contribuciones al fisco no alcanzan a ser el 5% de esa suma.

 

 

 

 

[1] En el Balance Cambiario del BCRA se denomina FAE – Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior. Obviamente nuestra burguesía se benefició de dichas compras, lo que hasta ahora no se puede saber porque el BCRA se niega a decir quienes compraron amparándose en el secreto bancario.

[2] El 10% restante está en poder de personas humanas y se le respeta las condiciones acordadas. Se definió que las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida, tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en estos activos, afirmaron.

[3] La Secretaría de Finanzas tratará de acordar con bancos y fondos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento”, como denominan la nueva reestructuración de vencimientos y de pagos, de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos 10 años.

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